La idea de Ruiz-Gallardón no está exenta de polémica entre los profesionales del sector jurídico. Por una parte encontramos posturas como la de la Asociación de Fiscales (AP), que se muestra favorable por considerar que contribuiría a aliviar el colapso en los tribunales. Sin embargo otras entidades, como el Consejo General de la Abogacía (CGAE), cree que no se trata de una iniciativa acertada porque la actividad en los juzgados se atrasaría los meses de julio y septiembre (debido al reparto de vacaciones). También señalan la dificultad de citar a testigos o peritos durante agosto.

Fuente: Aeade

Marta Gonzalo Quiroga se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca. Se doctoró Cum Laude por unanimidad por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesora titular de Derecho Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Además, forma parte de la lista de árbitros de Aeade y ha ejercido árbitro internacional. Es experta en varias materias de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Derecho Internacional Privado y comercio internacional.

La tercera edición dará comienzo el próximo 22 de marzo en horario de tarde

El curso podrá cursarse en modalidades presencial (en Madrid, calle Campoamor, 18) on line en vivo o bajo demanda (los contenidos y grabaciones de las sesiones se mantienen durante un mes para que sea el propio alumno el que administre sus tiempos).

El Curso de arbitraje comercial capacitará a los alumnos para intervenir en los procedimientos arbitrales como árbitro o parte.

El coste de la matrícula asciende a 380 euros en el caso de la formación presencial y bajo demanda (en diferido a través de Internet) o 480 euros para la formación on line en directo (en ambos casos se hará una reducción en el precio para aquellos alumnos colaboradores de Aeade o de alguna de las instituciones colaboradoras en este proyecto).

Para más información: mailto:comunicacion@aeade.org

venezuela se retira del ciadi

Diana Droulers, directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, explica que “existe la percepción en el país, de que los únicos beneficiados con el hecho de pertenecer al Ciadi son los nacionales de otros países; sin embargo, destaca que no es así, pues las empresas venezolanas que hagan inversiones en el exterior también están en la capacidad de emplear los derechos que le proporciona este organismo.” Según recoge “Noticias Yaracuy” en un artículo facilitado por Entorno Inteligente.com.

El Ciadi es una institución del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y entidades extranjeras. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.

Droulers sostiene que “el retiro del Ciadi deja desamparados a inversores en el exterior y, específicamente, con aquellas latitudes con las que Venezuela no ha firmado tratados”.

Las empresas que han suscrito acuerdos con Venezuela, deben renegociar sus tratados de manera obligatoria con la República, señala Droulers. Por lo que deben fijarse nuevos parámetros para resolver disputas, así como definir los nuevos entes y organismos en los cuales se podrían dirimir los desacuerdos.

Según el artículo de Entornointeligente.com: “Desde que Venezuela formalmente le comunica al Ciadi que va a denunciar el tratado de Washington hay un período de seis mes de gracia, lapso en el que cualquier persona que esté preparando un arbitraje o cualquier inversionista que piense que las condiciones de su inversión ha sido desmejorada, puede solicitar un arbitraje en contra de la República de Venezuela.”

Fuentes: Entorno Inteligente.com y Yaracuy Noticias.

Los aumentos más significativos se han experimentado en el arbitraje entre empresas, en especial, entre Pymes y microempresas y en el arbitraje en arrendamientos urbanos. En el primero la subida es de un 6% pasando de 542 arbitrajes iniciados en 2010 a 574 en 2011. Es de destacar que en estos casos, el 98% de los arbitrajes se han tramitado por el procedimiento abreviado o fast track de Aeade, obteniéndose un laudo en un plazo medio inferior a los tres meses.

Arrendamientos urbanos y propiedad horizontal

Respecto al número de arbitrajes en arrendamientos urbanos, uno de los segmentos que históricamente más ha derivado sus controversias a la vía arbitral, también han subido de forma significativa. En 2011 se administraron 663, mientras que en 2010 fueron 611, lo que supone un incremento del 8,5%. Sin embargo, en propiedad horizontal (comunidades de propietarios) los arbitrajes tramitados han descendido más de un 20% (de 111 en 2010 hemos pasado a 84 en 2011).

Por residencia de las partes, la Comunidad de Madrid con 208 arbitrajes, fue la que más procedimientos registró, seguida del País Vasco (131), Comunidad Valenciana (100), Cataluña (68), Andalucía (54), Castilla-La Mancha (33), Cantabria (18), Asturias (14), Castilla y León (11), Islas Canarias (9), Islas Baleares (6), Aragón (4), Murcia (3), Extremadura (1) y La Rioja (1).

El tiempo medio de solución de las controversias fue de 40 días en arrendamientos urbanos y dos meses en propiedad horizontal.

Servicios, seguros, construcción, TIC y compraventa de empresas

El número de contratos que apuestan por el arbitraje sigue en ascenso si bien no ha habido un aumento en el número de procedimientos ordinarios de la Asociación, manteniéndose respecto al año 2010. Sin embargo, ha aumentado alrededor de un 50% la cuantía media de los arbitrajes, ascendiendo a 208.615 euros, superior a los 101.076 de 2010. Este tipo de procedimientos se resolvieron en una media de seis meses.

Arbitraje internacional

En 2011 en Aeade se ha instado un arbitraje internacional, donde las partes han elegido el francés como idioma y tres árbitros constituirán el Tribunal Arbitral.

Para Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade: “El arbitraje es una apuesta de largo recorrido donde los resultados llegan una vez trascurridos más de seis años desde que las partes deciden incluir convenios arbitrales. Aeade acaba de cumplir 12 años y los resultados responden al buen hacer y a la consolidación de muchos años de esfuerzo y apuesta por un arbitraje independiente, ágil y especializado”.

Antonino Burgos (izq.) y Javier Íscar (dcha.)

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y el gobierno de La Rioja han ratificado, por cuarto año consecutivo, el acuerdo para impulsar el arbitraje en el sector del alquiler inmobiliario.

A la firma en Logroño han acudido el consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial del ejecutivo riojano, Antonino Burgos y el secretario general de Aeade, Javier Íscar de Hoyos.

Desde 2008, fecha en la que se puso en marcha la colaboración entre ambas entidades, 923 contratos de alquiler han tenido a su disposición el servicio de arbitraje de Aeade. En caso de controversia entre las partes, un árbitro de la Asociación, imparcial y ajena a las mismas, será el encargado de dirimirla.

Hasta el día de hoy, Aeade ha administrado únicamente tres procedimientos por impago de rentas en La Rioja, lo que se traduce en un índice de morosidad del 0,33%, cuando en España es del 2,5%. El tiempo de resolución no superó los dos meses y la cuantía media ascendió a 6.240 euros.

Burgos ha afirmado que la iniciativa forma parte del “objetivo del Gobierno de La Rioja de impulsar el alquiler como opción de acceso a la vivienda”. También ha puesto de relieve la necesidad de “adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios ante posibles impagos o daños en sus viviendas”.

Los arrendadores y arrendatarios interesados en acogerse al convenio, deben incluir en el contrato de alquiler una cláusula de sometimiento voluntario al procedimiento de Aeade y adjuntar a dicho contrato la cláusula arbitral, firmada por ambas partes (arrendador y arrendatario). Los convenios están disponibles en las ventanillas únicas de vivienda y en la Oficina de Alquiler del Gobierno de La Rioja.

Según Rodrigo Rivera, viceministro de Transportes de Costa Rica: “este proceso de arbitraje podría costar entre uno y tres millones de dólares.”

Riteve reclama que desde los costes del servicio de revisión durante diez años. El Gobierno de Costa Rica hizo una propuesta a la empresa, a finales del año pasado, para llegar a un acuerdo y para que desestimara el arbitraje internacional, propuesta que fue rechazada.

El pasado 10 de diciembre venció el plazo fijado por el tribunal estadounidense para que ambas partes llegaran a un acuerdo.

Fuente informativa: La Nación.

nueva ley de arbitraje en colombia

El senado colombiano acaba de aprobar un nuevo reglamento de arbitraje, que introduce modificaciones en el arbitraje doméstico y, también, de cara al exterior. De hecho, una de las principales novedades es la adopción de las normas de las Naciones Unidas para arbitraje internacional.

La Ley ha sido presentada por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Uno de los ponentes, el senador Hernán Andrade, manifestó que “se trata de un fortalecimiento del arbitraje en Colombia, tanto nacional como internacional, que conllevaría a una inminente mejora de nuestro país en los diferentes índices internacionales en relación con la seguridad jurídica ofrecida a inversionistas nacionales e internacionales y el mejoramiento del clima de inversión”.

Otro de los objetivos que se persiguen en la normativa es “acabar con el desequiliaribo o trato diferencial actual”. Para conseguirlo, se permitirán “la intervención directa de las partes en la justicia para aquellos procesos cuya cuantía no supere los 400 salarios mínimos legales vigentes. Con esta propuesta se igualaría la regulación del tratamiento del código de procedimiento civil para los casos en los que no se requiere abogado”.

En la Ley de Arbitraje, además, se recogen otros cambios, como la notificación por correo electrónico o la vigilancia de la procuraduría. La última es una entidad que velará por la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos en los eventos de amigable composición en los que el Estado (o alguno de sus organismos) sea una de las partes.

La amigable composición, recogida en la legislación colombiana, consiste en una vía de resolución de conflictos en la que una figura imparcial y ajena (el amigable componedor) decide sobre la controversia, según el poder que le ha sido otorgado por las partes. A diferencia de los árbitros en los procedimientos de arbitraje, no ejercen función estatal judicial.

Fuentes informativas: Crónica del Quindio / La Nación

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) acaba de hacer pública su postura  a través de un comunicado. En opinión del CGAE, por sí misma no es una acción acertada porque atrasaría la actividad de los juzgados los meses de julio y septiembre, durante los cuales los empleados deberían repartirse las vacaciones. También consideran la dificultad de citar a testigos y otros profesionales, como peritos, durante la fecha estival, lo que podría conducir a la suspensión de algún juicio.

Proponen en cambio, para combatir el colapso, juicios por las tardes, cumplimiento de horarios y de los señalamientos, entre otras actuaciones.

Por el contrario, la Asociación de Fiscales (AF) presidida por Francisco Jiménez Villarejo, se ha mostrado a favor de la idea de Gallardón. Coinciden con el CGAE en celebrar juicios por las tardes y los sábados por la mañana, pero a diferencia del Consejo, sí piensan que convertir agosto en un mes hábil es “interesante”, porque contribuiría a agilizar el funcionamiento de la Justicia. No obstante, la Asociación defiende que antes de tomar una decisión es necesario buscar el mayor consenso posible entre todas las partes implicadas, sin limitarse a la opinión de jueces y fiscales.

El punto de vista de la AF no es compartido por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuya postura es muy similar a la del CGAE.

En cualquier caso, la mayor parte de los profesionales coinciden en que, al margen de estas medidas, es necesario impulsar la mediación y el arbitraje y las nuevas tecnologías en los juzgados. La informatización de expedientes, las videoconferencias y la nueva oficina judicial, es, para los profesionales, un paso importante a la hora de aliviar el atasco judicial.

La próxima Comisión de Propiedad Intelectual constará de dos secciones. La segunda se encargará de “proteger” los derechos de propiedad intelectual bajo la premisa de que quienes los vulneren lo hagan “directa o indirectamente [...] con ánimo de lucro”, o que sean susceptibles de “causar un daño patrimonial al titular de tales derechos”.

Sin embargo, nos resulta de especial interés la Sección Primera. Estará formada por tres miembros (designados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte a propuesta de los subsecretarios de los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte y Economía y Competitividad), quienes ejercerán labores de mediación y de arbitraje. El tribunal deberá dirimir los conflictos que surjan entre los autores y las entidades de gestión y, a su vez, entre dichas gestoras y las empresas de radiodifusión.

Su cargo tendrá una duración de tres años y será renovable sólo una vez. En cuanto a la duración de los procedimientos, está previsto que el máximo sean seis meses a partir de la admisión a trámite de la solicitud. En los casos de arbitraje el plazo podrá ampliarse en otros dos meses, siempre y cuando las partes no decidan lo contrario.

Una de las acciones de la nueva Ley es la eliminación del canon digital, una de las medidas más controvertidas sin dudas adoptadas en materia de protección de la Propiedad Intelectual.

Fuente: Diario Jurídico