Las lecciones que las Bitcoin pueden aprender del arbitraje internacional

bitcoinsLas monedas virtuales o cripto-monedas, con BitCoin a la cabeza (o BTC, ya que este acrónimo identifica tanto a esta como al resto de las divisas virtuales) han experimentado un importante crecimiento en su popularidad. Hasta hace poco tiempo, muy poca gente las conocía y, mucho menos aún, las utilizaba.

Pero su evolución, con todos sus beneficios y contratiempos, ha sido notable y continúa transformando el panorama financiero pero aún no ha sido reconocido por estados y gobiernos. Como consecuencia de ello, tampoco ha sido todavía ampliamente aceptado por los diversos actores involucrados en el comercio nacional e internacional.

El Arbitraje Internacional, hoy ampliamente utilizado y respetado, surgió en circunstancias similares. Por lo tanto, creo que BTC tiene mucho que aprender de esta metodología.

Cómo incorporar a BTC al sistema y lograr su aceptación por parte de los gobiernos de todo el mundo es algo que estas monedas pueden aprender del Arbitraje Internacional.

EL MODELO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL

Para que BTC obtenga una amplia aceptación, es necesario que se fortalezca por cuenta propia, creando reglas y procedimientos que puedan armonizar su uso. En este punto, se puede establecer una analogía con el Arbitraje Internacional, la metodología privada de resolución de disputas comerciales entre países. La comparación es posible ya que ambos nacen como alternativas privadas a mecanismos que se encontraban bajo la órbita de los gobiernos. En un caso la resolución de disputas y, en el otro, las transacciones económicas.

Durante cientos de años, el método preferido para la solución de controversias era utilizar los tribunales creados por cada país, con el juzgado designado por cada gobierno. Sin embargo, en el comercio internacional, ninguna de las partes en conflicto quería que el juez sea de un país rival. Por lo tanto, la necesidad de una alternativa a estas cortes gubernamentales fue un tribunal privado con jueces independientes, pagados por ambas partes, encargados de resolver la controversia

Pero este proceso no fue reconocido ni permitido por los Gobiernos (como sucede con BTC). De hecho, fue incluso ilegal en muchos países. Esto hacía difícil hacer cumplir las decisiones tomadas por estos tribunales privados. Reconociendo estos desafíos, las partes involucradas en el comercio internacional crearon normas, procedimientos y otros instrumentos para armonizar el sistema y también presionaron a sus gobiernos para que promulguen leyes que los legitimen. Tomó tiempo, pero ahora el Arbitraje Internacional es un método privado ampliamente aceptado para la resolución de disputas. Muchos países promulgaron leyes y estatutos que facilitan el proceso, así como también rubricaron acuerdos internacionales para el reconocimiento de los laudos arbitrales.

BTC tiene que seguir un camino similar. Aunque casi todos los países tienen su propia divisa, las monedas virtuales se han convertido en una alternativa privada a las transacciones en moneda nacional. Lograr que BTC resulte ampliamente aceptado, como lo es el arbitraje internacional, no será un proceso sencillo. La buena noticia es que ya son muchos, en todo el mundo, a quienes les gustaría lograr este objetivo. Lo que queda será crear regulaciones, alianzas y compromisos, para que el sistema puede llegar a ser universal.

El comercio internacional ha tenido éxito en la creación de un sistema de resolución de controversias completamente privado y por fuera de los tribunales establecidos por los gobiernos, pero ampliamente reconocido y aceptado por esos mismos gobiernos en todo el mundo. Lo mismo es necesario para BTC (y todas las cripto-monedas) para tener éxito: un sistema que funcione independiente de los gobiernos, pero reconocido por ellos.

Esta divisa resulta prometedora ya que estamos ante un mundo el que las monedas tradicionales (que responden a un estado en particular), están perdiendo la credibilidad que tuvieron durante siglos, la intermediación financiera es cara y obsoleta y en el que la tecnología y el mundo digital avanzan sin frenos.

Fuente: Cio América Latina

El arbitraje por el sobrecoste del Canal de Panamá empezará este mes

Panama_Canal_Gatun_LocksEl arbitraje para definir quién asumirá los costos adicionales por 1.600 millones de dólares en el proyecto de expansión del Canal de Panamá comenzará este mes con sesiones privadas en Miami, a fin de solucionar una disputa que en los primeros meses del año paralizó temporalmente las obras, dijeron abogados.

El 21 de julio “ambas partes presentarán sus argumentos y borradores de órdenes de procedimiento respecto a cómo se desarrollará el caso”, dijo Carolyn Lamm, abogada de White & Case, que representa a un consorcio constructor encabezado por la firma española Sacyr.

Las disputas laborales y de costos han asediado los esfuerzos por expandir el canal de 100 años de antigüedad, avivando temores de retrasos que podrían costar a Panamá millones de dólares en pagos por embarques.

La situación también podría representar un revés para las compañías de todo el mundo que buscan utilizar para sus embarques el canal que conecta los puertos del este y el sur de Estados Unidos con los mercados asiáticos.

El mayor sindicato del sector de la construcción de Panamá reanudó sus obras el 8 de mayo luego de una huelga de dos semanas en demanda de alzas salariales.

Los trabajos también se detuvieron a inicios de febrero debido a una disputa sobre quién pagará por los costos adicionales que llevaron las cifras de inversión en el proyecto de ampliación del canal desde 5.250 millones a cerca de 7.000 millones de dólares.

En un acuerdo firmado en marzo, la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio controlado por Sacyr y la italiana Salini Impregilo accedieron a inyectar 100 millones de dólares para reanudar las obras.

También pactaron extender la devolución de 784 millones de dólares en pagos adelantados hechos por la Autoridad del Canal de Panamá al consorcio hasta el 2018 como mínimo.

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, dijo en junio que entre el 75 y el 76 por ciento del proyecto de ingeniería ya ha sido completado y que en enero del 2016 debería empezar a operar la tercera serie de esclusas del canal.

Fuente: Invertia

Bolivia no admitirá arbitrajes interpuestos fuera de su territorio

El documento fue entregado por el Gobierno el miércoles 2  a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

El  artículo 121 precisa que las partes  involucradas (en la controversia) estarán sometidas a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas y se regirán  por las siguientes reglas: resolución   de acuerdo con la Constitución  Política  del Estado (CPE),  las  leyes,  reglamentos  y   normas bolivianas.

Por ejemplo, el artículo 366 de la CPE señala que todas las empresas extranjeras que realicen actividades de la cadena de los hidrocarburos estarán sometidas a la soberanía, dependencia de leyes y autoridades del Estado.

El artículo 121 del proyecto de ley  agrega que las partes no estarán excluidas  del poder  de  control  y  fiscalización   de  los  órganos  y  entidades competentes del Estado boliviano.

Además subraya que el proceso de  arbitraje tendrá como sede el territorio bolivianoaunque esta disposición también  abre la  opción a que  las partes celebren las audiencias fuera del país.

La propuesta de norma, redactada por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado (PGE), estipula un  régimen especial cuando el Estado, sus órganos, instituciones o agencias sean parte en una controversia sujeta a arbitraje en los contratos.

El Estado celebra contratos  con empresas privadas, nacionales  o extranjeras, mediante instituciones  públicas,  cooperativas  o comunitarias, para la exploración, explotación, industrialización,  transporte y comercialización  de recursos naturales estratégicos.

También están los contratos suscritos por YPFB, bajo  el  régimen  de  prestación  de  servicios,  con  empresas  públicas,  mixtas  o privadas, bolivianas o extranjeras, para que esas compañías  realicen  determinadas  actividades  de  la  cadena  productiva  a cambio de una retribución o pago por sus servicios, además de otros convenios.

Arbitrajes

Bolivia actualmente afronta seis controversias con empresas extranjeras.

Entre ellas está el arbitraje internacional con  Pan American Energy (PAE),  que demanda una indemnización de más de 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco.

También se abrió un proceso por la reversión de las concesiones  en la mina Mallku Khota,  que era operada por la empresa American South Silver.

Además se encuentran los arbitrajes  iniciados por Abertis y AENA por la nacionalización de SABSA; el de Iberdrola debido a la reversión de Electropaz y ELFEO, y el de la empresa Red Eléctrica de  España por la estatización de la Transportadora de Electricidad.

Hay otro con Jindal por la ejecución de sus boletas de garantía y el de   Quiborax espera un fallo.

El tercer árbitro será designado por La Haya

El anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje propone que la designación del tercer árbitro esté a cargo del  Secretario de la Corte de  La  Haya. Además sugiere que el tribunal arbitral utilice el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

También precisa que  cada parte nombrará un árbitro.

“El tercer árbitro será designado por el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en el Reino de los Países Bajos -La Haya-, de las ternas de árbitros que presenten las partes”, dispone el artículo 122 o de Características Especiales.

El mismo artículo señala que el tribunal arbitral empleará el reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado.

Sin embargo,  aclara que la ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política del Estado y otras normas del ordenamiento jurídico boliviano.

Controversia
Recientemente, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en cumplimiento de las normas de la CNUDMI, dispuso que Bolivia indemnice a la empresa Rurelec por la nacionalización de Guaracachi.

El desembolso de más de 31 millones de dólares se hizo efectivo a finales de mayo, luego del fallo emitido en febrero.

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales

Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.

Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EEUU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.

Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EEUU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.

Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.

“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

Documentos firmados por Wikileaks

Fuente: Libre Red

Montes del Plata contrademandó a la constructora

53aa2553a29eaEl pasado lunes 2 de junio, Celulosa y Energía Punta Pereira fue notificada de un procedimiento de arbitraje iniciado en su contra por la constructora que le reclama 200 millones de euros.

En ese momento, Stora Enso informó que presentaría una contrademanda a Andritz por incumplimiento de contrato, hecho que ocurrió el lunes según supo El País. El grupo Andritz fue el designado por Montes del Plata como abastecedor de tecnologías y equipamiento para la nueva fábrica y es uno de los mayores proveedores mundiales de equipamiento para papeleras.

El arbitraje iniciado se refiere a los contratos de suministro, construcción, montaje, puesta en marcha y finalización de Andritz de los principales componentes del proyecto de planta de celulosa de Montes del Plata.

Ahora, comienzan rondas de intercambio de información y alegatos. Lo más trascendental en este momento será definir la composición del tribunal arbitral con la designación de su presidente.

La posibilidad de iniciar el procedimiento de arbitraje estaba estipulada en el contrato entre Montes del Plata y la constructora austríaca. Esa opción únicamente puede ocurrir en caso que las partes lo hayan pactado en el acuerdo -o en instancias posteriores- como solución para dirimir cualquier diferendo entre los involucrados. También estuvo previsto en el acuerdo que este arbitraje fuera internacional, que en este caso se presentó en la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Andritz ya había tenido inconvenientes con Montes del Plata el año pasado. En el primer trimestre de 2013, la constructora tuvo un resultado negativo en el área de negocios denominada “Papel y pulpa” con una pérdida de 23,7 millones de euros.

Explicó que mientras otras áreas de negocio “observaron resultados satisfactorios, Pulpa y papel mostraron una pérdida de 23,7 millones de euros”, con costos relacionados con el suministro de tecnologías de producción y equipos para una planta de celulosa en América del Sur, por la de Colonia.

Fuente: El País

Una demanda de Telefónica impediría la reducción de tarifas en Perú

sedetelefonica-9may14El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, reveló que Telefónica del Perú prepara una demanda contra el Estado que podría impedir la reducción de las tarifas fijas por los próximos seis años.

En declaraciones a la revista ‘Caretas’, detalló que hace dos semanas llegó a la reguladora una carta de la empresa en la que citan a sus representantes para una audiencia de conciliación como paso previo a una demanda de arbitraje.

La razón de esta demanda es que Telefónica cuestiona la fórmula del Factor de Productividad por la cual se revisa cada tres años la tarifa de telefonía fija desde el año 2000, lo que ha permitido su reducción a lo largo del tiempo.

Este Factor de Productividad busca que los ahorros que va alcanzando la empresa se vayan trasladando al usuario progresivamente a través de la reducción de tarifas.

Sin embargo, ahora la empresa de capitales españoles pretende que se le devuelvan esas reducciones.  “Si el tribunal arbitral les da la razón podrían reclamar hasta 180 millones de soles”, advirtió Ruiz Díaz.

Pero al ser imposible que los usuarios devuelvan el dinero, “sería un saldo a favor (de la empresa) que no permitirá bajar las tarifas de aquí a seis años. No creemos que sea la mejor manera de resolver las discusiones entre el regulador y empresa”.

Telefónica es la única empresa de telecomunicaciones que ha recurrido al tribunal arbitral y ha ganado 4 de 5 procesos emprendidos contra el Estado.

Sin embargo, Ruiz Díaz criticó el sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), al indicar que “está pensado para la solución de controversias entre privados”.

“La figura se ha forzado para ventilar aspectos de políticas públicas y tarifarias. Y es conocido que en este sistema de arbitraje el Estado termina perdiendo”, indicó.

Añadió además que los laudos arbitrales son secretos, no están sujetos a escrutinio público y no hay doble instancia.

Fuente: RPP Noticias

Piden a Tribunal de La Haya que constate el daño de Chevron en la amazonia ecuatoriana

logoChevronEl Comité de Apoyo México Ecuador, líderes de asociaciones civiles y dirigentes del PRD entregaron una carta dirigida al árbitro del Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Horacio Grigera Naón, para invitarlo a que visite la amazonia ecuatoriana a fin de que constate los daños ambientales causados por la empresa Chevron-Texaco al suelo de esa nación.

Durante una concentración frente al hotel Four Seasons, una docena de participantes establecieron que los árbitros del Tribunal “son la última esperanza para que se haga justicia, porque en sus manos se encuentra el futuro de miles de ciudadanos afectados por las actividades de Chevron a la naturaleza de Ecuador, cuyos ríos quedaron contaminados”, dijo Carlos Enríquez Borges, representante del Comité de Apoyo México Ecuador.

Grigera Naón es uno de los árbitros del tribunal que decidirá sobre la culpabilidad de Chevron, empresa trasnacional que explotó durante más de 20 años los recursos naturales de Ecuador, y participa como panelista en la Primera Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB), en el hotel capitalino.

Fuente: La Jornada

Gazprom amenaza con llevar a Ucrania a una corte de arbitraje

gazprom

El gigante del gas ruso Gazprom afirmó que demandará a la compañía nacional de gas ucraniana, Naftogaz, si la disputa energética entre ambos países llega a los tribunales.

La amenaza ha llegado de la mano del máximo responsable de la gasista rusa, Alexei Miller, quien explicó que si la ucraniana decide recurrir a los jueces “Gazprom presentará una contrademanda contra Naftogaz ante el tribunal de arbitraje de Estocolmo”.

Ambas compañías están enfrascadas en un áspero contencioso económico y político desde que Moscú anunció su intención de duplicar el precio del gas que suministra a Ucrania después de que el Gobierno de este país cambiase de manos el pasado invierno, siendo ahora un Ejecutivo más cercano a Bruselas que a Moscú.

En concreto, Moscú ha amenazado en repetidas ocasiones con cortar el gas a Kiev si el nuevo gobierno ucraniano no paga su deuda pendiente con Gazprom.

Las palabras que ha pronunciado Miller contra Naftogaz se encuentran dentro del marco de otra advertencia: la de que si Ucrania –es decir, la gasista ucraniana- no paga sus deudas le aplicará a partir del próximo 16 de junio el sistema de pago por adelantado para el suministro de gas.

“Gazprom debe ver en su cuenta 1.951 millones de dólares antes de las diez de la mañana del 16 de junio. En caso contrario, introduciremos el régimen de prepago”, aseguró el presidente de Gazprom a varios medios locales. Miller se refiere a los 1.451 millones de dólares correspondientes a la factura de gas ruso importado por Kiev en diciembre y noviembre de 2013 y otros 500 millones de dólares por el gas recibido entre abril y mayo de este año.

Fuente: El Boletín

IU presenta una proposición no de ley contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con el objetivo de que el Gobierno se comprometa públicamente a rechazar el Tratado de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos si incluye rebajas en las regulaciones comunitarias o una cláusula de protección de inversiones.

En la iniciativa, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Economía, la coalición afirma que el TTIP UE-EEUU no busca una reducción de los aranceles entre ambas zonas económicas para potenciar el intercambio de productos, sino que pretende superar las diferencias regulatorias, que según ha reconocido la Comisión Europea (CE) son “el mayor obstáculo para incrementar el comercio y la inversión”.

Esto supondrá, continúa IU-ICV-CHA, un “una carrera hacia el fondo” de la “regulación a la baja” que provocaré el “desplome de los estándares laborales, medioambientales o incluso democráticos”. “Se trata de un proceso de mínimo común denominador cuyo resultado será la igualación al nivel de la regulación más laxa “, pronostica.

Tribunales de arbitraje

Otro peligro que entraña este tratado de libre comercio es, según la Izquierda Plural, la posibilidad de que se incluya en él una cláusula de protección de los inversores extranjeros, un mecanismo que ya existe para otros países y zonas económicas y que supone una “supraconstitución”, al conllevar la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las empresas pueden denunciar a los Estados por aprobar normas que reducen sus beneficios presentes o futuros.

En virtud de este tipo de cláusulas, Argentina ya ha recibido más de 40 denuncias por parte de empresas multinacionales, Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por no construir un pozo en el Amazonas, y Libia fue sentenciada a resarcir con 900 millones de dólares a un proyecto turístico paralizado, en el que “sólo se habían invertido 5 millones de dólares”, recuerda el grupo parlamentario.

Por todo ello, IU-ICV-CHA quiere que el Congreso pida al Gobierno que se comprometa públicamente a rechazar el TTIP en caso de que “incluya la armonización a la baja de las regulaciones de barreras no arancelarias como los controles de calidad y salud o las normativas laborales, o incluya una cláusula de protección de inversores extranjeros.

Fuente: Público

Ecuador acoge reunión preparatoria sobre Estados afectados por trasnacionales

Representantes diplomáticos de once países latinoamericanos ha celebrado en Quito una reunión técnica preparatoria sobre la Segunda Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales, que se celebrará en Caracas dentro de un mes.

En la reunión ministerial se tratará sobre la creación de un Observatorio del Sur para la asistencia en materia de inversiones a Estados que tengan litigios con trasnacionales, informó en un comunicado la Cancillería ecuatoriana.

El observatorio se financiará exclusivamente con aportaciones de sus países integrantes “y no de países externos” como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

El organismo, además, dará cuenta periódicamente del estado de los litigios internacionales; identificará procedimientos para dar seguimiento a la acción de los tribunales internacionales de arbitraje; propondrá mecanismos para la reforma de instancias arbitrales y apoyará la creación de mecanismos alternativos de intermediación, entre otras acciones.

“Debemos lograr un equilibrio necesario entre las garantías razonables, debidas a todo inversor que apuesta honestamente por un proyecto empresarial en el extranjero, por un lado, y la legítima coherencia de los marcos jurídicos nacionales por el otro”, dijo el canciller ecuatoriano.

El ministro también abogó “por la construcción y el intercambio de información, por la ruptura de ese monopolio perverso, que ha tenido un costo directamente cuantificable para nuestros países”.

Sobre los tratados bilaterales de inversiones (TBI) y los centros de arbitraje, Patiño dijo que no se han podido comprobar sus beneficios, pero sí existen pruebas de los reclamos de las trasnacionales en contra de los países. Según dijo, existe toda una industria del arbitraje, dominada por un reducido grupo de firmas de abogados y árbitros especializados, casi todos procedentes de Europa, Estados Unidos y Canadá, que han resuelto el 55 % de todas las disputas conocidas.

El ministro, según el comunicado, agregó que estos profesionales se encuentran regularmente en los mismos paneles arbitrales, ejercen como árbitros y como representantes de las partes e incluso se citan entre sí para actuar como testigos en los casos.

El canciller agregó que, según datos publicados en 2013 por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) registraba 439 casos de conflictos entre empresas privadas y Estados, el 36 % de los cuales involucraban a países latinoamericanos; el 23 % africanos y el 19 % a países de Europa del este. Junto a ellos, el 16 % afectaba a países de Asia, mientras que Europa Occidental y Norteamérica estaban involucrados en el 6 % de los casos. A la reunión técnica asisten representantes diplomáticos de El Salvador, Honduras, Argentina, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela y Ecuador. EFE

Fuente: Entorno Inteligente