Bolivia no admitirá arbitrajes interpuestos fuera de su territorio

El documento fue entregado por el Gobierno el miércoles 2  a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

El  artículo 121 precisa que las partes  involucradas (en la controversia) estarán sometidas a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas y se regirán  por las siguientes reglas: resolución   de acuerdo con la Constitución  Política  del Estado (CPE),  las  leyes,  reglamentos  y   normas bolivianas.

Por ejemplo, el artículo 366 de la CPE señala que todas las empresas extranjeras que realicen actividades de la cadena de los hidrocarburos estarán sometidas a la soberanía, dependencia de leyes y autoridades del Estado.

El artículo 121 del proyecto de ley  agrega que las partes no estarán excluidas  del poder  de  control  y  fiscalización   de  los  órganos  y  entidades competentes del Estado boliviano.

Además subraya que el proceso de  arbitraje tendrá como sede el territorio bolivianoaunque esta disposición también  abre la  opción a que  las partes celebren las audiencias fuera del país.

La propuesta de norma, redactada por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado (PGE), estipula un  régimen especial cuando el Estado, sus órganos, instituciones o agencias sean parte en una controversia sujeta a arbitraje en los contratos.

El Estado celebra contratos  con empresas privadas, nacionales  o extranjeras, mediante instituciones  públicas,  cooperativas  o comunitarias, para la exploración, explotación, industrialización,  transporte y comercialización  de recursos naturales estratégicos.

También están los contratos suscritos por YPFB, bajo  el  régimen  de  prestación  de  servicios,  con  empresas  públicas,  mixtas  o privadas, bolivianas o extranjeras, para que esas compañías  realicen  determinadas  actividades  de  la  cadena  productiva  a cambio de una retribución o pago por sus servicios, además de otros convenios.

Arbitrajes

Bolivia actualmente afronta seis controversias con empresas extranjeras.

Entre ellas está el arbitraje internacional con  Pan American Energy (PAE),  que demanda una indemnización de más de 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco.

También se abrió un proceso por la reversión de las concesiones  en la mina Mallku Khota,  que era operada por la empresa American South Silver.

Además se encuentran los arbitrajes  iniciados por Abertis y AENA por la nacionalización de SABSA; el de Iberdrola debido a la reversión de Electropaz y ELFEO, y el de la empresa Red Eléctrica de  España por la estatización de la Transportadora de Electricidad.

Hay otro con Jindal por la ejecución de sus boletas de garantía y el de   Quiborax espera un fallo.

El tercer árbitro será designado por La Haya

El anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje propone que la designación del tercer árbitro esté a cargo del  Secretario de la Corte de  La  Haya. Además sugiere que el tribunal arbitral utilice el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

También precisa que  cada parte nombrará un árbitro.

“El tercer árbitro será designado por el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en el Reino de los Países Bajos -La Haya-, de las ternas de árbitros que presenten las partes”, dispone el artículo 122 o de Características Especiales.

El mismo artículo señala que el tribunal arbitral empleará el reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado.

Sin embargo,  aclara que la ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política del Estado y otras normas del ordenamiento jurídico boliviano.

Controversia
Recientemente, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en cumplimiento de las normas de la CNUDMI, dispuso que Bolivia indemnice a la empresa Rurelec por la nacionalización de Guaracachi.

El desembolso de más de 31 millones de dólares se hizo efectivo a finales de mayo, luego del fallo emitido en febrero.

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

Bolivia descarta negociar con empresa india que reclamó un arbitraje en París

Bolivia ha descartado la posibilidad de negociar con la empresa india Jindal, que ha presentado una demanda contra La Paz en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París (CCI-París) por el fracaso del mayor proyecto siderúrgico del país andino, informó una fuente oficial.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, señaló que, “en una acción incomprensible”, Jindal presentó en marzo pasado “una supuesta solicitud de arbitraje en contra del Estado boliviano” ante la CCI-París.

Arce sostuvo que ese arbitraje “no tiene ninguna base jurisdiccional” y “no va a ser reconocido jamás por Bolivia”.

El procurador estuvo el pasado lunes en Francia para explicar al secretario general y otros altos cargos de la CCI-París las razones por las cuales su país desconoce la jurisdicción y competencia de esa instancia en la controversia con Jindal.

“Ellos han entendido los planteamientos y fundamentos de Bolivia y los fundamentos van a ser presentados por escrito en las próximas horas”, anunció Arce.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en la región oriental de Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay, que tiene unas reservas de 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato.

El Ejecutivo boliviano acusó a la firma india de no haber realizado las inversiones comprometidas e incluso la multó con el cobro de dos garantías bancarias por valor de 36 millones de dólares.

Jindal adujo por su parte que las autoridades no facilitaron su trabajo, poniendo trabas a su acceso a la mina, y que tampoco le otorgaron la suficiente seguridad jurídica.

Arce señaló que el contrato para la explotación del Mutún “establece la expresa exclusión de la aplicación de cualquier tratado bilateral de inversiones”.

Agregó que aquel documento tampoco incluye “ninguna cláusula compromisoria de arbitraje en contra del Estado boliviano”, por lo que insistió en que “no hay razón ni posibilidad alguna de que el Estado boliviano sea demandado”.

Fuente: La Vanguardia

Empresarios bolivianos piden ser parte en la redacción de Ley de Arbitraje

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha pedido a la Procuraduría General del Estado ser partícipe en la redacción del proyecto de la Ley de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de tener más inversiones.

El presidente los empresarios, Daniel Sánchez, informó a periodistas en la ciudad de La Paz que esta solicitud se la hizo ante el procurador Héctor Arce, cuya instancia a su cargo es la encargada de elaborar el proyecto de ley.

La Ley de Inversiones tiene que esperar un adicional que es la Ley de Conciliación y Arbitraje. El procurador del Estado está preparando esa ley, hemos hablado con él para que podamos participar de ella y una vez tengamos eso seguramente a fin de año vamos a poder empezar a canalizar las inversiones gigantescas en temas mineros”, declaró.

Según Sánchez, el aporte de los privados al proyecto de ley es importante porque son los directos interesados en las inversiones y en que se garanticen esos recursos.

Además la CEPB planteó que las Cámaras de Comercio sean las instancias donde se ventilen los procesos de arbitraje, porque a su criterio estas entidades cuentan con la experiencia en estos temas.

La disposición transitoria tercera de la Ley de Promoción de Inversiones dispone que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de esa norma, elaboren la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, la cual incluirá regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones.

Según Sánchez, ese trabajo se inicia con la revisión de los aspectos hasta ahora regulados en Conciliación y Arbitraje, orientados a consolidar una cultura de paz, a generar las condiciones normativas e institucionales, en el marco de la nueva organización político administrativa del Estado y a compatibilizar la normativa interna con el derecho internacional.

El presidente boliviano Evo Morales informó que en 2013 la inversión extranjera llegó a 1.750 millones de dólares, mayor a la registrada en 2005, previo a su primer mandato, cuando llegó a un cifra negativa de menos 221 millones de dólares.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), en el primer trimestre de este año la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 469,1 millones de dólares, que representa un incremento de 37,9 por ciento con respecto a los capitales registrados en similar período en 2013.

Fuente: Spanish People

Bolivia se abre gustosa a la inversión minera Canadiense

Bolivia aguarda la cooperación comercial e inversiones mineras de Canadá, destacó el canciller boliviano David Choquehuanca en un encuentro con su homólogo canadiense John Baird.

Bolivia pretende fortalecer las relaciones comerciales con Canadá y aguarda cooperación e inversión en minería.

Sin embargo, el gobierno boliviano anuló hace dos años una concesión a la minera canadiense South American Silver Corporation para explotar un yacimiento de plata e indio en la región de Mallku Khota en el departamento de Potosí, sudoeste de Bolivia.

La minera canadiense, tras la anulación de la concesión, inició un arbitraje internacional contra el gobierno de Bolivia, respetando el reglamento de arbitraje de Naciones Unidas.

Pero otra minera canadiense, Mineralex Bolivia Corp suscribió el año pasado un contrato de riesgo compartido con la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la explotación de oro en el departamento de La Paz.

El contrato de asociación tendrá una vigencia de 15 años y operará en 10.200 hectáreas en las cercanías del río Suches, frontera con el Perú.

También trascendió en círculos mineros que existen tratativas para establecer acuerdos con la canadiense Kinross Gold Corp para la explotación de oro.

Fuente: Mdz Online

Los contratos de YPFB no irán a arbitrajes internacionales

Con la futura Ley de Conciliación y Arbitraje, que elabora una comisión del Órgano Ejecutivo, los contratos que suscriba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para tareas de exploración y explotación de hidrocarburos no estarán sujetos a procesos de arbitraje internacional.

El anuncio fue realizado por el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho, quien además explicó que los pilares de la nueva ley estarán basados en las normas nacionales y los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta para que la resolución de las controversias sean más rápidas.

“Hay un artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) que dice que los contratos que suscribe YPFB con relación a la exploración y explotación de hidrocarburos no están sujetos al arbitraje internacional, y se va a tomar esa previsión”, explicó Menacho tras la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

El artículo 366 de la Carta Magna indica que “todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.

Inversión. El parágrafo II del artículo 320 de la Constitución Política del Estado establece que “toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”. El subprocurador indicó que la nueva normativa está basa en la Ley de Promoción de Inversiones promulgada el 4 de abril del presente año.

“El arbitraje internacional estará contemplado para los privados”, dijo. Sin embargo, diferenció que el arbitraje comercial estará sujeto a las cámaras de arbitraje y de comercio, pero se verá cuál será la relación del Estado cuando le toque participar precautelando la seguridad para el Estado.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, aseguró que esa instancia estatal junto al Ministerio de Justicia “tiene el mandato de proponer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un mecanismo pacífico de solución de controversias en las bases y los parámetros que señala la CPE”.

Resultados de Quiborax

Demora

El fallo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el caso Quiborax se conocerá en un año más, informó el Procurador.

Fuente: La Razón

Los interrogantes de la nueva Ley de Promoción de Inversiones de Bolivia

La nueva Ley de Promoción de Inversiones (LPI), de 4 de abril de 2014 – Ley N° 516– establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en Bolivia. El presidente Evo Morales expresó, al momento de promulgar la citada ley, que cualquier controversia en materia de inversiones debe resolverse en el territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje, donde, señaló, siempre pierde el Estado. Lo dicho por el Jefe de Estado, sumado a las disposiciones adicionales y transitorias de la LPI, plantean más interrogantes que certidumbre para el propósito de promover inversiones extranjeras.

En primer lugar, refiere la citada norma jurídica, que los tratados concernientes a inversiones extranjeras que sean renegociados deberán adecuarse a la norma constitucional y la LPI. Implícitamente, el legislador boliviano ha querido enfatizar que los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (BIT’s por sus siglas en inglés) serán de una u otra forma renegociados por el Estado boliviano y una veintena de países. ¿Estos acuerdos impondrán la cláusula según la cual la solución de controversias se dirimirá en territorio boliviano? Si así fuera, ¿tendrán los inversores extranjeros los suficientes incentivos y seguridad jurídica?

Más difícil aún es explicar el contenido de la Disposición Transitoria Tercera: en tanto se apruebe la nueva norma de conciliación y arbitraje y de suscitarse una controversia, las partes en conflicto aplicarán lo dispuesto en la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación. Si nos atenemos a los alcances de los BIT’s en vigor, ¿esta disposición transitoria no implica a su vez una colusión normativa? El BIT suscrito entre España y Bolivia que se encuentra en vigencia, indica que a falta de un arreglo amistoso, la controversia podrá someterse, a elección del inversor: a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; o a un tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional. Está claro que el inversor es quién decide, finalmente, el Tribunal de Arbitraje. Frente a esta sola situación presentada a manera de ejemplo, ¿las empresas españolas tienen la certeza sobre cuál es el marco jurídico que regula la solución de controversias en caso de invertir en Bolivia? Aún con la nueva ley de Arbitraje y Conciliación, cuyo anteproyecto no se conoce, la interrogante persiste.

Todo parece indicar, que la LPI recorrerá un largo trecho de negociaciones antes de ser plenamente vigente. A juzgar por lo que en la generalidad de países latinoamericanos se denomina promoción de inversiones extranjeras, cabe preguntarse si realmente valió la pena el esfuerzo legislativo, o por el contrario, se puso una “piedra en el zapato” al inversor extranjero con la máxima de solucionar a como dé lugar las controversias en territorio boliviano y renegociar los BIT’s.

Fuente: Los Tiempos

Destacan la importancia de la nueva Ley de Promoción de Inversiones de Santa Cruz

El presidente de la Cámara de Comercio del Departamento de Santa Cruz, Luís Fernando Barbery, ha destacado la importancia de la aprobación ayer en la Cámara de Senadores de Bolivia de la nueva Ley de Promoción de Inversiones para fomentar las inversiones extranjeras en su país.

En declaraciones a EFE, Barbery afirmó que el objetivo de esta ley “es que se respeten los derechos y la seguridad jurídica de los inversionistas y garantiza la posibilidad de resolver controversias mediante la conciliación y el arbitraje”.

Barbery también mencionó el objetivo de esta ley de “establecer una institucionalidad en la que quede claro el funcionamiento independiente del poder judicial y donde la aplicación de la ley sea una norma”.

Además, Barbery destacó la mejora de las relaciones del organismo que preside, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de Bolivia (Cainco), con el Gobierno Central de Evo Morales, cuyo trabajo conjunto dio lugar a la elaboración de la mencionada Ley de Inversiones.

“Es una ley que se ha trabajado de manera consensuada entre el Gobierno, que la redactó, y las instituciones empresariales, a quienes se nos hizo conocer y presentamos nuestras observaciones, que dieron lugar a cambios importantes”, declaró Barbey.

“En los últimos tres o cuatro años ha habido un proceso de aflojamiento de las tensiones y se han establecido puentes de confianza y las relaciones han mejorado muchísimo. Actualmente hay contactos permanentes”, afirmó el Presidente de Cainco sobre sus relaciones con el Gobierno.

Barbery, que se encuentra estos días en Europa para fomentar la inversión extranjera en Santa Cruz y en todo su país, subrayó la importancia de la “apertura” que su país está realizando “hacia el sector privado”.

A este respecto Barbery afirmó que el Gobierno boliviano “se está dando cuenta de que su capacidad para trabajar en solitario es insuficiente y necesita al sector privado para apoyarse y elaborar inversiones y generar más oportunidades y crecimiento económico para el país” de cara al objetivo de acabar con la pobreza extrema en 2025.

“Creemos que la nueva Ley de Inversiones va a dar un apoyo importante. El Gobierno necesita generar más empleo y el sector privado está dispuesto a apoyar en ese proceso”, afirmó.

Según Barbery, la inversión tanto pública como privada en su país es de un 18 por ciento del PIB anual, de la cual muy poca es extranjera, “pero necesitamos estar por encima del 25 por ciento”.

Sobre su visita a España, el empresario señaló que su objetivo es realizar “visitas institucionales” para ver “opciones de negocio de las empresas bolivianas en el mercado Europeo y buscar posibilidades y recursos de apoyo a las pymes en Bolivia para desarrollar programas de internacionalización”.

El directivo señaló que a los productos bolivianos, sobre todo los del sector alimentario, artesano y textil, “les es muy difícil acceder al mercado europeo”, por lo que “el apoyo que se les puede brindar, sobre todo a través de contactos institucionales, es muy importante para hacer la diferencia entre entrar o no en él”.

Fuente: Jornadanet