Venezuela apelará fallo arbitral sobre unidad en refinería Sweeny de Texas

El Gobierno de Venezuela ha dicho que apelará una sentencia arbitral que permite a la estadounidense Phillips 66 adquirir el 50 por ciento de su participación en Merey Sweeny, una unidad de la refinería Sweeny en Texas.

La Cámara Internacional de Comercio confirmó en abril el derecho de la estadounidense Phillips 66 de ejercer una opción de la participación de la estatal Petróleos de Venezuela en la unidad de coquefacción retardada, alegando que la petrolera venezolana incumplió con el contrato para el suministro de crudo a la planta.

“Sí claro, nosotros nos vamos a defender legalmente”, dijo a periodistas el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

La unidad tiene una capacidad para procesar 70.000 barriles por día en la refinería estadounidense Sweeny, cuyo volumen total es de 247.000 bpd.

La refinería Sweeny fue hasta el 2012 propiedad de ConocoPhillips que cedió sus activos a Phillips 66.

En el 2009, ConocoPhillips, ejerció una opción para comprar el 50 por ciento que Pdvsa ostenta en Merey Sweeny. Conoco alegó que Venezuela incumplió con un contrato para el suministro de crudo a la planta, por lo que notificó que ejercía la opción de compra contemplada en los términos de asociación entre ambas, reseñó Reuters.

Conoco interpuso un arbitraje internacional contra Venezuela en el 2007 para exigir compensación por la expropiación de un mejorador de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como varios proyectos costa afuera.

La petrolera estadounidense aspira a recibir una compensación de unos 30.000 millones de dólares, pero Venezuela se ofreció a pagar unos 2.000 millones de dólares.

Fuente: El Universal

Enel se ceñirá a litigio internacional y no a tribunales locales

enelLa apuesta de resolución de la empresa italiana Enel Green Power, ante los señalamientos de privatización y falta de cumplimiento de un laudo arbitral a su favor, se centra en el análisis que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) efectúa del caso, y no en el seguimiento de dos procesos judiciales activos en El Salvador. 

Francisco Bertrand Galindo, asesor externo de la empresa italiana, dejó entrever que los extranjeros no están interesados en mostrarse parte en el proceso judicial que se sigue en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra nueve exdirectivos de la CEL, LaGeo y exrepresentantes de Enel. Todos están procesados por peculado. En este caso, Enel es demandada subsidiariamente. 

“CIADI suspende la jurisdicción local. Hay un requisito para poder ir al CIADI, que le impone al inversionista extranjero que cualquier cosa que tenga en el proceso local lo tiene que abandonar. O sea, o es la jurisdicción del CIADI o la jurisdicción local”, dijo Bertrand Galindo en entrevista. 

Enel presentó en agosto del año pasado una queja ante el CIADI, demandando al Estado salvadoreño por la falta de cumplimiento de un laudo arbitral. 

En ese fallo internacional se estableció que El Salvador debía permitir que Enel efectuara una nueva inversión millonaria en LaGeo, para explotación de energía geotérmica. Esto llevaría a los extranjeros a poseer más del 50 % de las acciones de la empresa. 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a los exdirectivos de la CEL de permitir una “privatización encubierta”, a través de cambios de cláusulas en el contrato con Enel. 

Para Bertrand Galindo, el control que se derivaría del aumento de las acciones a favor de los italianos es “relativo”. Según el asesor, “la clave son los derechos del socio minoritario. Usted puede ser minoritario, pero puede tener el control político de la empresa. A la sociedad italiana lo que le interesa es el control técnico”. 

Enel, según los planteamientos de Bertrand Galindo, tampoco está interesada en mostrarse parte en la demanda contra ellos que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita. Para el asesor, la demanda no tiene sentido porque ya prescribió, según aseguró. 

La empresa italiana aún no ha podido ser notificada por ninguna de las dos sedes judiciales que tramitan los casos locales. Los abogados que se han presentado como representantes de Enel en el Juzgado Séptimo de Instrucción, fueron por Enel El Salvador. 

Fuente: La Prensa Gráfica

Ecuador recibió 113 demandas de arbitraje internacional en 2011

El sector petrolero encabeza las demandas internacionales en contra del Estado ecuatoriano, según un informe de la Procuraduría General del Estado.

Durante 2011, el organismo administró 113 arbitrajes. Se presentaron 30 nuevos arbitrajes nacionales; nueve acciones de nulidad y tres ejecuciones de laudos arbitrales.

También se administraron 15 casos de jurisdicción internacional, de los cuales, cuatro son petroleros, tres de denegación de justicia y mineros, y un caso eléctrico, de arbitraje Estado-Estado, bancario, telecomunicaciones, de juicio de Corte y, finalmente, uno internacional de justicia.

El caso más representativo en el que el Estado demandó el laudo arbitral en favor de Murphy Exploration and Producción Company, por la aplicación de la Ley 42-2006, tenía una cuantía reclamada de 185 millones de dólares. La compañía retiró su reclamación una vez que el Estado se opuso al registro del arbitraje. La Ley 42-2006 exigía a las compañías entregar al Estado un porcentaje de los ingresos obtenidos por el alto precio del petróleo.

Por acuerdo entre las partes se resolvieron dos casos contra Repsol II y Quiport.

Repsol, que produce unos 45 mil barriles diarios de crudo, desistió del arbitraje iniciado contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras suscribir el nuevo contrato de prestación de servicios para la explotación del bloque 16, y de beneficiarse con la extensión del convenio de 2012 hasta 2018.

Respecto a Quiport, el consorcio alcanzó un acuerdo con el Municipio de Quito y el Estado sobre los contratos de garantía de inversión y para la construcción del aeropuerto de la capital, por lo que retiró su arbitraje iniciado ante el Ciadi.

Según la Procuraduría, en este ámbito, se evitó que el Estado pagara 1.689 millones de dólares, que corresponden a los 185 millones del caso Murphy y 1.504 millones solicitado por Chevron, dentro del arbitraje por denegación de justicia, cuya pretensión inicial era de 1.600 millones, de los cuales se reconocieron 96 millones.

Para el procurador Diego García, es preocupante la deriva del arbitraje de inversiones, dado que los tribunales que conforman desestiman el valor de las leyes locales y los acuerdos entre las partes frente al derecho internacional. García cree que se altera el equilibrio de las causas y se otorga a la parte extranjera más derechos de lo que los propios tratados internacionales le conceden.

Paro el abogado Luis Aráuz, del Foro de Opinión Petrolera, el pronunciamiento de Garcia es para justificar y tratar de impugnar las resoluciones del Ciadi en contra de Ecuador.

El caso Chevron
Uno de los casos más relevantes en 2011 fue el arbitraje internacional iniciado por Chevron y Texaco en 2009 y que permaneció suspendido en 2011, a la espera de la decisión del tribunal arbitral sobre las objeciones jurisdiccionales planteadas por el Ecuador.

Sin perjuicio de ello, en febrero de 2011 el tribunal respondió a una solicitud de medidas provisionales formulada por los demandantes. Según la Procuraduría, mediante procedimientos judiciales se obtuvieron pruebas y documentos en poder de peritos y testigos de Chevron. Se indicó que la documentación sugiere que la compañía habría recogido muestras de suelo y agua para seleccionar las áreas con menos contaminación, para las inspecciones judiciales.

Lo último sobre el caso Chevron en este link:

Fuente: Hoy.com.ec

Presentada la demanda de Repsol contra Argentina en el Ciadi

Repsol y Repsol Butano han solicitado al Ciadi el inicio de un arbitraje contra la República Argentina por la expropiación de YPF y de YPF Gas el pasado abril, ya que supone una violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) firmado entre España y Argentina en 1991.

El 6 de noviembre terminó el plazo de seis meses establecido para que las partes lleguen a un acuerdo.

Para Repsol, la expropiación de YPF ha sido una operación “ilícita” y supone una violación del Tratado y el Derecho Internacional porque es “discriminatoria” (solo afectó a Repsol, a la que se le confiscó un 51% del 57% que tenía); no ha sido acreditada “la utilidad pública” por la que el Gobierno argentino justificó la expropiación; no se ha compensado económicamente a Repsol y ni siquiera se le ha ofrecido pago alguno; y se ha incumplido el Appri hispano-argentino. Asimismo, en el Estatuto de YPF figura la obligación, si el Estado decidiera tomar el control, de lanzar una opa por el 100%, algo que también se ha incumplido.

Repsol ha optado por acudir al Ciadi a los seis meses de la expropiación saltándose el trámite de pleitear antes en los tribunales argentinos, tal como establece el Appri. Para ello, alega la existencia de una cláusula de nación más favorecida (que permite eludirlo).

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la petrolera llegue a un acuerdo de compensación con el Gobierno argentino, sin esperar a un laudo que se demoraría hasta cuatro años. En Argentina, cada vez son más los que aconsejan poner punto y final a un conflicto que está frenando las inversiones multinacionales en YPF, que necesita del capital extranjero para explotar los yacimientos de Vaca Muerta.

Fuente: Cinco Días

RIM pierde un arbitraje contra Nokia

LOGO NOKIA

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RIM y Nokia han tenido, durante los últimos años, varios conflictos legales. En el último, un arbitraje llevado a cabo en Suecia RIM ha perdido, ya que pedía ampliar un acuerdo de licencias compartidas firmado en 2003 por ambas empresas, con él buscaba introducir en sus términos la producción de dispositivos con varias patentes relacionadas con la tecnología WiFi propiedad de Nokia.

El tribunal ha considerado que dichas patentes no pueden ser cubiertas por el acuerdo existente, de forma que RIM tiene dos salidas posibles: o deja de fabricar BlackBerries con WiFi o accede a pagar a Nokia una serie de royalties por el uso de sus tecnologías. Nokia ya ha solicitado el cumplimiento del veredicto en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Nokia y RIM estuvieron negociando previamente, pero no llegaron a un acuerdo sobre los derechos de licencia. Erróneamente, en RIM pensaron que podrían beneficiarse al desencadenar un arbitraje, que se inició en abril de 2011. Sin embargo, después de una audiencia de arbitraje que se prolongó durante nueve días en septiembre, se emitió el laudo arbitral el pasado 6 de noviembre.

Nokia explica que “el Tribunal concluyó por unanimidad de la parte de Nokia en todas menos en una de sus solicitudes, y negó todas menos una de las solicitudes de RIM”. Además, ésta última deberá sufragar los costos del arbitraje y compensar a Nokia por sus gastos legales”.

Fuentes: engadget.com y fosspatents.com

Nuevo capítulo de descontento con Ciadi: Ecuador contra el laudo a favor de Oxy

La violación de un BIT (Tratado Bilateral de Inversiones) por parte de Ecuador al anular un contrato con la americana Oxy, le ha valido un laudo en contra del Ciadi que le ordena a pagar 1.700 millones de dólares.

Tras el resultado, el canciller de Ecuador ha pedido una oposición conjunta a los países latinoamericanos. Ya el pasado sábado, Rafael Correa habló de “nuevo abuso” en relación con el laudo.

La defensa de Ecuador se basa en que Oxy violó las leyes ecuatorianas y el propio convenio al haber transferido, en secreto, el 40 por ciento de sus derechos sobre el Bloque 15 (en la Amazonía ecuatoriana) a la petrolera Alberta Energy Corp (AEC), filial de la canadiense Encana.

El tribunal del Ciadi concluyó que la declaración de caducidad del contrato fue “equivalente a la expropiación” y violó el tratado bilateral de inversiones del país andino con Estados Unidos.

La sanción impuesta por el Ciadi, dijo Correa el sábado, es una consecuencia “de haber entregado la soberanía del país a estos tribunales” arbitrales que “siempre fallan a favor del capital, a favor de las compañías, nunca a favor del Estado”.

Aseguró que Oxy incumplió “descaradamente” el contrato de operaciones en la Amazonía ecuatoriana, a sabiendas de que la ley ecuatoriana sancionaba ese tipo de actuaciones con la caducidad del convenio.

El laudo fue aprobado por dos de los tres jueces que lo conforman.

Éste es un nuevo ejemplo del descontento de muchos países latinoamericanos en relación con el Ciadi…

Fuente: Que y elaboración propia

Laudo favorable para Petróleos de Venezuela en su conflicto con Conoco Phillips

Petróleos de Venezuela ha ganado a Conoco Phillips el segundo arbitraje interpuesto ante la Cámara de Comercio Internacional.

La americana exigía compensación por los recortes de producción de crudo que en 2006 el Gobierno se comprometió a realizar, debido a su pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La indemnización hubiera sido de 110 millones de dólares.

“Conoco había presentado dos demandas en las que alegaba que debía ser compensada por los ingresos que dejaría de percibir por los recortes de la OPEP, uno por la participación que tenía en las antiguas asociaciones estratégicas de Petrozuata y otro por Hamaca. El primero lo gano, pero el segundo no”, según el Gobierno de Venezuela.

Fuente informativa: El Nacional