Ecuador recibió 113 demandas de arbitraje internacional en 2011

El sector petrolero encabeza las demandas internacionales en contra del Estado ecuatoriano, según un informe de la Procuraduría General del Estado.

Durante 2011, el organismo administró 113 arbitrajes. Se presentaron 30 nuevos arbitrajes nacionales; nueve acciones de nulidad y tres ejecuciones de laudos arbitrales.

También se administraron 15 casos de jurisdicción internacional, de los cuales, cuatro son petroleros, tres de denegación de justicia y mineros, y un caso eléctrico, de arbitraje Estado-Estado, bancario, telecomunicaciones, de juicio de Corte y, finalmente, uno internacional de justicia.

El caso más representativo en el que el Estado demandó el laudo arbitral en favor de Murphy Exploration and Producción Company, por la aplicación de la Ley 42-2006, tenía una cuantía reclamada de 185 millones de dólares. La compañía retiró su reclamación una vez que el Estado se opuso al registro del arbitraje. La Ley 42-2006 exigía a las compañías entregar al Estado un porcentaje de los ingresos obtenidos por el alto precio del petróleo.

Por acuerdo entre las partes se resolvieron dos casos contra Repsol II y Quiport.

Repsol, que produce unos 45 mil barriles diarios de crudo, desistió del arbitraje iniciado contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras suscribir el nuevo contrato de prestación de servicios para la explotación del bloque 16, y de beneficiarse con la extensión del convenio de 2012 hasta 2018.

Respecto a Quiport, el consorcio alcanzó un acuerdo con el Municipio de Quito y el Estado sobre los contratos de garantía de inversión y para la construcción del aeropuerto de la capital, por lo que retiró su arbitraje iniciado ante el Ciadi.

Según la Procuraduría, en este ámbito, se evitó que el Estado pagara 1.689 millones de dólares, que corresponden a los 185 millones del caso Murphy y 1.504 millones solicitado por Chevron, dentro del arbitraje por denegación de justicia, cuya pretensión inicial era de 1.600 millones, de los cuales se reconocieron 96 millones.

Para el procurador Diego García, es preocupante la deriva del arbitraje de inversiones, dado que los tribunales que conforman desestiman el valor de las leyes locales y los acuerdos entre las partes frente al derecho internacional. García cree que se altera el equilibrio de las causas y se otorga a la parte extranjera más derechos de lo que los propios tratados internacionales le conceden.

Paro el abogado Luis Aráuz, del Foro de Opinión Petrolera, el pronunciamiento de Garcia es para justificar y tratar de impugnar las resoluciones del Ciadi en contra de Ecuador.

El caso Chevron
Uno de los casos más relevantes en 2011 fue el arbitraje internacional iniciado por Chevron y Texaco en 2009 y que permaneció suspendido en 2011, a la espera de la decisión del tribunal arbitral sobre las objeciones jurisdiccionales planteadas por el Ecuador.

Sin perjuicio de ello, en febrero de 2011 el tribunal respondió a una solicitud de medidas provisionales formulada por los demandantes. Según la Procuraduría, mediante procedimientos judiciales se obtuvieron pruebas y documentos en poder de peritos y testigos de Chevron. Se indicó que la documentación sugiere que la compañía habría recogido muestras de suelo y agua para seleccionar las áreas con menos contaminación, para las inspecciones judiciales.

Lo último sobre el caso Chevron en este link:

Fuente: Hoy.com.ec

Presentada la demanda de Repsol contra Argentina en el Ciadi

Repsol y Repsol Butano han solicitado al Ciadi el inicio de un arbitraje contra la República Argentina por la expropiación de YPF y de YPF Gas el pasado abril, ya que supone una violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) firmado entre España y Argentina en 1991.

El 6 de noviembre terminó el plazo de seis meses establecido para que las partes lleguen a un acuerdo.

Para Repsol, la expropiación de YPF ha sido una operación “ilícita” y supone una violación del Tratado y el Derecho Internacional porque es “discriminatoria” (solo afectó a Repsol, a la que se le confiscó un 51% del 57% que tenía); no ha sido acreditada “la utilidad pública” por la que el Gobierno argentino justificó la expropiación; no se ha compensado económicamente a Repsol y ni siquiera se le ha ofrecido pago alguno; y se ha incumplido el Appri hispano-argentino. Asimismo, en el Estatuto de YPF figura la obligación, si el Estado decidiera tomar el control, de lanzar una opa por el 100%, algo que también se ha incumplido.

Repsol ha optado por acudir al Ciadi a los seis meses de la expropiación saltándose el trámite de pleitear antes en los tribunales argentinos, tal como establece el Appri. Para ello, alega la existencia de una cláusula de nación más favorecida (que permite eludirlo).

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la petrolera llegue a un acuerdo de compensación con el Gobierno argentino, sin esperar a un laudo que se demoraría hasta cuatro años. En Argentina, cada vez son más los que aconsejan poner punto y final a un conflicto que está frenando las inversiones multinacionales en YPF, que necesita del capital extranjero para explotar los yacimientos de Vaca Muerta.

Fuente: Cinco Días

RIM pierde un arbitraje contra Nokia

LOGO NOKIA

LOGO NOKIA

RIM y Nokia han tenido, durante los últimos años, varios conflictos legales. En el último, un arbitraje llevado a cabo en Suecia RIM ha perdido, ya que pedía ampliar un acuerdo de licencias compartidas firmado en 2003 por ambas empresas, con él buscaba introducir en sus términos la producción de dispositivos con varias patentes relacionadas con la tecnología WiFi propiedad de Nokia.

El tribunal ha considerado que dichas patentes no pueden ser cubiertas por el acuerdo existente, de forma que RIM tiene dos salidas posibles: o deja de fabricar BlackBerries con WiFi o accede a pagar a Nokia una serie de royalties por el uso de sus tecnologías. Nokia ya ha solicitado el cumplimiento del veredicto en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Nokia y RIM estuvieron negociando previamente, pero no llegaron a un acuerdo sobre los derechos de licencia. Erróneamente, en RIM pensaron que podrían beneficiarse al desencadenar un arbitraje, que se inició en abril de 2011. Sin embargo, después de una audiencia de arbitraje que se prolongó durante nueve días en septiembre, se emitió el laudo arbitral el pasado 6 de noviembre.

Nokia explica que “el Tribunal concluyó por unanimidad de la parte de Nokia en todas menos en una de sus solicitudes, y negó todas menos una de las solicitudes de RIM”. Además, ésta última deberá sufragar los costos del arbitraje y compensar a Nokia por sus gastos legales”.

Fuentes: engadget.com y fosspatents.com

Nuevo capítulo de descontento con Ciadi: Ecuador contra el laudo a favor de Oxy

La violación de un BIT (Tratado Bilateral de Inversiones) por parte de Ecuador al anular un contrato con la americana Oxy, le ha valido un laudo en contra del Ciadi que le ordena a pagar 1.700 millones de dólares.

Tras el resultado, el canciller de Ecuador ha pedido una oposición conjunta a los países latinoamericanos. Ya el pasado sábado, Rafael Correa habló de “nuevo abuso” en relación con el laudo.

La defensa de Ecuador se basa en que Oxy violó las leyes ecuatorianas y el propio convenio al haber transferido, en secreto, el 40 por ciento de sus derechos sobre el Bloque 15 (en la Amazonía ecuatoriana) a la petrolera Alberta Energy Corp (AEC), filial de la canadiense Encana.

El tribunal del Ciadi concluyó que la declaración de caducidad del contrato fue “equivalente a la expropiación” y violó el tratado bilateral de inversiones del país andino con Estados Unidos.

La sanción impuesta por el Ciadi, dijo Correa el sábado, es una consecuencia “de haber entregado la soberanía del país a estos tribunales” arbitrales que “siempre fallan a favor del capital, a favor de las compañías, nunca a favor del Estado”.

Aseguró que Oxy incumplió “descaradamente” el contrato de operaciones en la Amazonía ecuatoriana, a sabiendas de que la ley ecuatoriana sancionaba ese tipo de actuaciones con la caducidad del convenio.

El laudo fue aprobado por dos de los tres jueces que lo conforman.

Éste es un nuevo ejemplo del descontento de muchos países latinoamericanos en relación con el Ciadi…

Fuente: Que y elaboración propia

Laudo favorable para Petróleos de Venezuela en su conflicto con Conoco Phillips

Petróleos de Venezuela ha ganado a Conoco Phillips el segundo arbitraje interpuesto ante la Cámara de Comercio Internacional.

La americana exigía compensación por los recortes de producción de crudo que en 2006 el Gobierno se comprometió a realizar, debido a su pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La indemnización hubiera sido de 110 millones de dólares.

“Conoco había presentado dos demandas en las que alegaba que debía ser compensada por los ingresos que dejaría de percibir por los recortes de la OPEP, uno por la participación que tenía en las antiguas asociaciones estratégicas de Petrozuata y otro por Hamaca. El primero lo gano, pero el segundo no”, según el Gobierno de Venezuela.

Fuente informativa: El Nacional

Reivindicación del arbitraje ante la futura Ley del Alquiler

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, reivindica el arbitraje ante la futura Ley del alquiler alegando los buenos resultados logrados en los últimos cinco años y la reducción de los plazos de desahucio a menos de la mitad gracias a la especialización del Juzgado 101 de Madrid. Según los datos de Aeade, en 2012 los conflictos se resuelven en tres-cuatro meses a través del arbitraje, mientras que en 2007 se resolvían en ocho.  

A estos datos se une la alta satisfacción de los usuarios del arbitraje, ya que nueve de cada diez volverían a incluir cláusula arbitral en su contrato. Asimismo, a través del recientemente estrenado Servicio de Mediación de Aeade se evita el 30% de los desahucios, lo que demuestra que el arrendatario necesita información sobre la existencia del procedimiento y sus consecuencias. Cerca de cuatro de cada diez arrendatarios opta por una solución amistosa, lo que además implica: una reducción del tiempo (el desalojo se produce en menos de 20 días); del coste (a menos de la mitad); y de la carga emocional (se evita un desalojo forzoso).

Nueva Ley del alquiler

Respecto a la futura Ley del alquiler, Aeade valora de manera positiva el trabajo que está realizando el Gobierno en pro del fomento del alquiler de viviendas, especialmente la reducción de la comisión judicial a la mitad, hecho que favorecerá además al arbitraje -según los datos de la Asociación, permitirá acortar los plazos en un 30%-.

Por ello, Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, siente que no se dote de más medios materiales y humanos a los juzgados, ya que, en la situación actual “es una quimera agilizar los desahucios.” “Ha habido tres leyes desarrolladas con ese objetivo, pero ninguna de ellas ha surtido efecto. Todo lo contrario ha ocurrido en el ámbito del arbitraje, que se ha ido perfeccionando hasta conseguir, a día de hoy, los desahucios en tres-cuatro meses.”

Por ello, Íscar de Hoyos lamenta que “el Gobierno no haya tenido en cuenta el buen funcionamiento del arbitraje tomando como referencia la cifra de 4.000 conflictos arrendaticios resueltos con éxito por la Asociación”. Y añade que “el arbitraje ha experimentado una exitosa agilización en la práctica gracias al apoyo judicial y compromiso con los plazos, ejemplarizados en el Juzgado 101, que lo han hecho más eficaz que cualquier cambio legislativo.”

El secretario general de Aeade explica que “en los años en los que llevamos fomentando y administrando arbitrajes, hemos logrado un procedimiento rápido y eficaz; logro en el que han tenido mucho que ver los jueces, ya familiarizados con la herramienta y, en muchos casos, prescriptores de la misma.”

¿Podrían ayudar arbitraje y mediación a la descongestión de la Justicia madrileña?

Así lo ha destacado Francisco Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante la presentación de la Memoria 2011…

Los tribunales madrileños registraron el pasado año el ingreso de 1,4 millones de asuntos, lo que supone una reducción del 2,59 por ciento respecto al año anterior, y dejaron pendientes por el atasco judicial un total de 472.215 temas, una cifra que supone un 3,06 por ciento respecto a 2010.

Un año más, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha pormenorizado en rueda de prensa los datos que incluye la Memoria de esta sede judicial correspondiente a 2011.

Según Vieira, las cifras reflejan que uno de los principales problemas que aqueja a la Administración de Justicia sigue siendo la elevada litigiosidad que asumen los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. A ello se suma la deficiente situación de los inmuebles que albergan las sedes judiciales.

La Memoria incorpora una serie de medidas propuestas por Vieira para combatir este atasco judicial, advirtiendo de que con más juzgados se corre el riesgo de incrementar el nivel de ineficacia. No obstante, Vieira ha recalcado que la sobrecarga de trabajo no está de momento repercutiendo de manera grave en los ciudadanos.

Así, expone que sólo con la adopción de medidas legales urgentes se podrá reducir la abrumadora carga de trabajo, el principal azote de los tribunales desde los últimos años.

Entre las medidas planteadas, Vieira ha destacado la necesidad de racionalizar el acceso a los tribunales y, en este punto, ha hecho referencia a la necesidad de modificar la actual regulación de la asistencia jurídica gratuita.

A su juicio, el sistema actual no permite una valoración previa para el que solicita este servicio. Además, ha considerado que la reducción de un 20 por ciento en la partida destinada al Turno de Oficio en los Presupuestos no tendrá “efectos perniciosos” siempre que haya medidas que reduzcan el ingreso de asuntos en este área.

Asimismo, el máximo responsable de la Justicia madrileña ha apostado por fomentar las medidas de resolución extrajudicial de conflictos: el arbitraje y la mediación.

La jurisdicción Contencioso-Administrativo al alza
En cuanto a los datos, la única jurisdicción que ha aumentado debido a la crisis ha sido la Contencioso-Administrativa en la que las entradas de asuntos subieron un 14,87 por ciento y los asuntos en trámites, al acabar 2011, en un 15,27 por ciento. Vieira ha mostrado especial preocupación por la carga de trabajo en estos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que han registrado un incremento de un 26,76 por ciento de los asuntos. Así, se han resuelto un 4,63 por ciento más que el año anterior y se han elevado el número de asuntos pendientes, en un 27,80 por ciento.

En este punto, el presidente del TSJM ha recalcado que es especialmente preocupante la dilación de los señalamientos de los procedimientos abreviados, que en algunos Juzgados lo están siendo ya para el año 2017.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

En cambio, la tendencia bajista se centra en la jurisdicción civil, donde se ha producido una reducción del 16,01 por ciento en los ingresos y del 14,22 por ciento en los asuntos pendientes al acabar el año.

También en la jurisdicción social hay un descenso en los ingresos del 8,05 por ciento, si bien los asuntos en trámite al acabar la anualidad se elevaron en un 5,24 por ciento. Y la Jurisdicción penal se estabilizó, elevándose en un 0,50 por ciento los ingresos y en un 0,93 por ciento los asuntos que había al acabar el año.

Entre los datos de la Audiencia Provincial de Madrid, destaca la entrada de 33.307 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento respecto al año anterior. Además, se han resulto un total de 31.297 asuntos, un 2,71 por ciento por debajo de los 32.168.

Por ello, el número de asuntos pendientes ha aumentado en un 27,74 por ciento, ascendiendo a 8.901 frente a los 6.968 que había al inicio de año. Según Vieira, este incremento se debe a la supresión del plan de refuerzo con el que contaban las secciones penales.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

Iberia impugnará el laudo alegando que el árbitro se excedió a su mandato

Según informa la agencia Reuters, Iberia impugnará el laudo impuesto en el proceso de arbitraje con sus pilotos porque teme que repercuta negativamente sobre los costes operativos de la aerolínea, citando palabras del presidente del holding IAG, que agrupa a la aerolínea española y a su socio British Airways.

“Iberia iniciará mañana un proceso de impugnación en base a la consideración … de que el árbitro se excedió respecto a los términos de su mandato”, según explicó Antonio Vázquez en la reunión anual de accionistas de IAG en Madrid.

Vázquez dijo que la decisión del árbitro podría afectar negativamente el margen de maniobra de los gestores de Iberia para alcanzar una adecuada base de costes e impedir oportunidades de crecimiento futuro.

El árbitro Jaime Montalvo, catedrático de Derecho del Trabajo, dio a Iberia vía libre para operar con su nueva aerolínea de bajo coste, aunque, en opinión de los sindicatos, obligó a la compañía a que los aviones de Iberia Express fueran pilotados por pilotos de Iberia.

La aerolínea, sin embargo, pretendía contratar pilotos y personal de cabina nuevos, con salarios más bajos, para la flota de Iberia Express a fin de abaratar la estructura de costes en sus rutas domésticas y europeas.

Fuente informativa: Reuters

¿Hará la especialización y el ajuste de costes que las constructoras acudan al arbitraje?

Hace una semana se presentó el Comité de Arbitraje de la Construcción de Aeade con la pretensión de que la especialización de los árbitros y el ajuste de costes, entre otros asuntos, animen a las constructoras a usar el arbitraje.

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, hizo referencia a la confianza que genera el que detrás del Comité haya una relación de expertos de prestigio, entre los que se encuentran abogados de empresas constructoras y explicó que para que la administración de arbitrajes sea posible, es necesaria una estructura profesionalizada.

Íscar de Hoyos animó a las empresas a confiar en el arbitraje, y comentó como Aeade ha hecho un esfuerzo para adecuar el coste del procedimiento a la coyuntura actual.

Ernesto García-Trevijano Garnica, presidente del Comité de Arbitraje de la Construcción subrayó “la independencia y honorabilidad” que debe caracterizar a los árbitros.

Juan Lazcano Acedo, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción inició su ponencia hablando de la rapidez y eficacia del arbitraje, como herramienta, “a la postre, más económica que otras vías de solución”. Asimismo, subrayó el importante papel que la institución juega en relación con la designación de árbitros en este sector, dadas la especialización y la movilidad de los profesionales en el entorno de la construcción.

Alternativas al Ciadi en Suramérica

En un interesante artículo de Hildegard Rondón de Sansó que hemos tenido la oportunidad de leer en la web entornointeligente.com expone cuáles pueden ser las alternativas para Latinoamérica al Ciadi por encontrar una vía sustitutiva “más justa y menos lenta y onerosa”, como sugier el autor.

Rondón de Sansó sugiere, entre las medidas, la reforma del CIADI: Que se separe del Banco Mundial para eliminar su vinculación con el Fondo Monetario Internacional; que se constituya un tribunal permanente ó, conforme varios tribunales permanentes; y procedimientos claros que eliminen lagunas, tales como las relativas a la jurisdicción; la apelación y la ampliación de la nulidad.

Otra alternativa, sería “La creación de jueces asociados en los tribunales nacionales. La figura del juez asociado aparece en el CPC venezolano. Es la posibilidad de que el tribunal se constituya con dos jueces más, con lo cual se propicia la celeridad, y la incorporación de juristas ilustres e imparciales, propuestos por la contraparte del Estado demandado.”

Una tercera opción, “la Creación de un Tribunal Supranacional, con respecto a lo cual existen algunas experiencias. Así, la Corte Internacional de Justicia; el Tribunal del Acuerdo de Cartagena; el Tribunal Administrativo de la OIT; el Tribunal de la Organización Mundial de Comercio; el Tribunal de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial; los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, como el de San José de Costa Rica; el Tribunal Penal Internacional.”

Expone también el autor como alternativa la “creación de un Centro Regional de Arbitraje. La denominación de “centro” revela que el modelo que se ha tomado en cuenta es CIADI. Es decir, que no se va a crear un tribunal permanente que decida la controversia, sino crear un instituto para que “administre” la formación de organismos con potestad jurisdiccional para dirimir las controversias entre los Estados y los inversionistas. V.- Creación de varios tribunales regionales. Proceder a la creación de varios tribunales regionales, mediante tratado que suscriban los países latinoamericanos que están afectados por los arbitrajes internacionales (Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua) y la adhesión de otros como Brasil y de México.”

Habla Rondón de Sansó de la “creación de un primer Tribunal Arbitral, que podría estar ubicado en Venezuela, por su ubicación geográfica.”

Y explica que quedaría “así en manos de los organismos políticos, gestionar la adhesión del mayor número posible de países. Se eliminaría la regla de la inapelabilidad de la decisión la cual se concedería por ante la Corte Internacional de la Haya, temporalmente, esto es, hasta tanto se cree un Tribunal de Apelaciones. Los jueces serían designados por la vía diplomática, es decir, a través de las Cancillerías. Los candidatos deberían reunir las condiciones que exigen cada país para ser Magistrado del más Alto Tribunal. Debe tratarse de juristas de altos méritos. Requisito negativo es no haber sido abogados asesores de las empresas trasnacionales, ni miembros de los directorios bancarios, ó pertenecientes a los grandes bufetes internacionales.”

Fuente informativa: http://www.entornointeligente.com