La autonomía de las partes en el arbitraje

Para que el arbitraje sea categorizado como tal, considerado como un equivalente jurisdiccional y goce de vida propia es necesario destacar uno de sus componentes: la autonomía de la voluntad y la libertad de los que contratan (empresas, abogados y ciudadanos). Sin libertad no hay arbitraje, sino que éste nace y permanece en la voluntad de las partes que son las que determinan que se opte por esta vía de resolución de conflictos.

El arbitraje, por tanto, encuentra su esencia en la libertad y en la autonomía de la voluntad, de modo que los ciudadanos disponen de esa autonomía, como titulares de verdaderos derechos subjetivos privados, para integrar cualquier relación jurídica que sea de libre disposición e, incluso, modificarla y extinguirla.

La autonomía de la voluntad empieza en la redacción del acuerdo arbitral, redacción que puede efectuarse tanto al redactar el contrato principal y, por tanto, con anterioridad a la controversia (lo más común), como después de surgida ésta, por entender las partes que hay razones para sustraerse de la jurisdicción estatal y solucionarlo vía arbitraje. Estas razones suelen ser la rapidez, la eficacia, la especialización del árbitro y la confidencialidad.

La redacción es importante porque supone vinculación, es decir, las partes no pueden desdecirse, salvo común acuerdo, de su opción por el arbitraje, decisión basada, insisto, en la autonomía de la voluntad.

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