La minera canadiense SASC inicia un arbitraje contra Bolivia por la anulación de una concesión

La minera canadiense South American Silver Corporation (SASC) inició el pasado jueves un arbitraje contra el Gobierno de Bolivia

La minera canadiense SASC ha iniciado un arbitraje contra el Gobierno de Bolivia

La minera canadiense South American Silver Corporation (SASC) inició el pasado jueves un arbitraje contra el Gobierno de Bolivia por la anulación de su concesión en una mina de plata e indio en la región andina de Potosí, decretada en 2012 por el presidente Evo Morales.

Esta medida está contemplada en el reglamento de arbitraje de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional y el tratado de protección de inversiones firmado entre el país andino y el Reino Unido. Este decreto emitido por Morales en agosto de 2012, según recordó la empresa, “revocó las concesiones mineras incluidas en el Proyecto Minero Malku Khota” que eran administradas por la Compañía Minera Malku Khota, una de sus subsidiarias.

Así la empresa minera alega que Bolivia ha incumplido los requisitos señalados en el tratado de inversiones para “proporcionar protección y seguridad a los inversionistas extranjeros y sus inversiones, así como las protecciones contra la expropiación sin justa y efectiva indemnización”.

Según el presidente de la SASC, Phillip Brodie-Hall, “Bolivia optó por expropiar nuestras concesiones mineras; ahora debe cumplir con sus obligaciones legales y compensarnos por esta pérdida significativa”. “Aunque estamos abiertos al diálogo con el Gobierno, estamos dispuestos a llegar hasta el final del arbitraje, si eso es lo que se necesita para obtener una indemnización razonable. Nuestros accionistas leales no merecen menos”, agregó.

La SASC precisó en su comunicado que sus abogados se reunieron en abril pasado con las autoridades bolivianas, “pero no se llegó a ninguna resolución y no se ofreció ninguna compensación”.

La empresa perdió su concesión cuando el Gobierno de Evo Morales cedió en 2012 a la presión de los indígenas del lugar que realizaron diversas protestas e incluso secuestraron a siete personas, entre ellos cinco empleados de la firma. Esta concesión, que era explotada desde 2007, pasó entonces a manos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

El Gobierno no reconoce la relación de dependencia entre la minera canadiense y Malku Khota, y ha acusado a la empresa extranjera de haber usado ilegalmente el valor de ese yacimiento para incrementar sus acciones en bolsas de valores internacionales.

Así Bolivia tiene 30 días para responder a la demanda y se espera que el arbitraje lleve entre dos a tres años desde el inicio del procedimiento hasta la representación de un laudo definitivo, “a menos que haya una solución negociada”.

Fuente: Finanzas

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