Los notarios quieren llevar el arbitraje a pie de calle

Los notarios quieren llevar el arbitraje a pie de calle. Con estas palabras lo explicó el Presidente del Notariado, José Manuel García Collantes, en el acto inaugural del curso de la Universidad Complutense sobre mediación y otros medios de resolución de conflictos. En él, Collantes ha manifestado que los notarios quieren alejar el arbitraje de la imagen de modelo alternativo de resolución de conflictos dirigido “casi en exclusiva a los grandes litigios de comercio internacional” para acercarlo a otros ámbitos como las sucesiones familiares.

Del mismo modo  “pretendemos consolidar la apuesta de la mediación como solución de éxito y de gran futuro, a medio plazo, a pesar de las actuales reticencias culturales, que está retardando que, en España, consiga tener calado su incuestionable grado de eficacia y aceptación que se ha labrado en otras latitudes del planeta”.

La mediación –aclaró Fernando Rodríguez Prieto, notario y patrono de la Fundación Signum- “ha tenido gran expansión por Europa, sobre todo en el norte, y otras áreas geográficas como la de los tigres asiáticos”, una de las zonas de mayor dinamismo económico del mundo. Prieto también ha hecho mención a la particularidad de Singapur, cuyo “sistema de Justicia demanda plazos muy cortos de resolución de controversias para mantener el vigoroso ritmo económico de su mercado, por lo que permite a los jueces a instar a acudir a procedimientos de mediación para facilitar acuerdos entre las partes”.

Rodríguez Prieto valoró la mediación en España como una “alternativa eficaz” para la resolución de controversias e “imperiosa” en un país con una justicia “sobrepasada y desbordada” con una tasa de pendencia de más de 3,5 millones de causas sin resolver.

A su juicio, esta figura contribuiría a rebajar las elevadas dosis de inseguridad jurídica derivada de “los insostenibles niveles de litigiosidad”; el lastre económico que su lentitud acarrea “en términos de retraimiento de la inversión y de ralentización de las cotas de contratación”; el grado de hostilidad entre las partes o en el gasto de recursos públicos destinados a la Justicia. A este respecto, destacó que cada asunto judicial que llega hasta la instancia del Tribunal Supremo cuesta a los contribuyentes españoles alrededor de 50.000 euros.

Fuente: Diario Jurídico

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