Las renovables cargan sus armas en Bruselas contra los recortes a las primas

El incumplimiento de diversas directivas europeas relativas a la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética (tanto en términos genéricos como en lo referente a edificación) es el principal asidero de las empresas y asociaciones del sector para judicializar la reforma eléctrica española.

Un nuevo escenario regulatorio que ha cambiado de arriba a abajo el esquema retributivo de las tecnologías limpias, que sufrirán recortes por valor de casi 1.800 millones de euros, según el Gobierno. Las empresas y asociaciones del sector lo elevan muy por encima de los 2.000.

Desde que se aprobara el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, los productores de energía renovable preparan las armas judiciales para combatir lo que consideran un quebranto de la seguridad jurídica y un flagrante caso de retroactividad. Y esto es así porque los nuevos parámetros de retribución a las renovables tendrán en cuenta toda la vida útil de las instalaciones, de forma que muchas de ellas, como el caso de los parques eólicos anteriores a 2005, se quedarán sin derecho a recibir primar. Otras verán como se les reducen de forma significativa.

En opinión de diversos juristas, «hay base legal sólida» para denunciar ante Bruselas el incumplimiento de varias directivas comunitarias que han de transponerse a la legislación de los Estados miembros. «Estas directivas proclaman el carácter preferente y no discriminatorio de las renovables, y obligan a los Estados a una estabilidad regulatoria que dé seguridad a las inversiones en renovables», expone Javier García Breva, experto en políticas energéticas y expresidente del Instituto para la Diversificación y el Ahorro (IDAE).

La Comisión Europea (CE) puede abrir un procedimiento de oficio, o a instancias de cualquier asociación, empresa o incluso particular que considere que la legislación de un Estado vulnera determinada directiva comunitaria. Si constata que es así, instará al Estado a modificar su legislación. Y si éste no se aviene a hacerlo, el caso se llevará al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el ‘Constitucional’ comunitario.

También existe la posibilidad de abrir procedimientos combinados:al tiempo que se denuncia en Bruselas, se pueden plantear cuestiones prejudiciales en los tribunales españoles (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo).

Otra vía es la del arbitraje internacional -por vulneración del Tratado de la Carta de la Energía-, aunque está reservada para firmas extranjeras con intereses en España. La reforma eléctrica acumula ocho denuncias de empresas y fondos de inversión foráneos, la mayoría presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Fuente: Finanzas

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