Uruguay se expone a un juicio en el Ciadi

farmaciasEl gobierno uruguayo se expone a otra demanda internacional por alterar reglas de juego a una empresa extranjera a raíz de un sorpresivo decreto que limitó la posibilidad de que las farmacias compren o vendan locales. El conflicto fue analizado por el Parlamento en los últimos días, mientras un fondo de inversiones prepara la acción que el gobierno pretende evitar.

La reglamentación, dispuesta a fines del año pasado, fue recurrida por decenas de comercios, pero ahora un fondo internacional norteamericano se dispone a llevar el caso al Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). El argumento es que la prohibición va contra la protección de inversiones dada por Uruguay en tratados internacionales.

En el gobierno hay diversas posturas. La ministra de Salud, Susana Muñiz, dijo en la Cámara de Diputados que preparan una corrección de esa norma mediante una ley negociada con las partes. El presidente José Mujica está de visita en Washington, mientras el gobierno norteamericano analiza con preocupación el caso. El fondo Linzor Capital Partners, de ese origen, realizó una de las inversiones más grandes de los últimos meses en Uruguay, al comprar la cadena de farmacias Farmashop y la firma de panificados ultracongelados Pagnifique. El decreto, que limitó a 15 la cantidad de farmacias que puede tener un mismo titular, le impide al fondo seguir con el plan que venía ejecutando, para llevar su red de 92 a 130 farmacias. Al comprar la red de farmacias, Linzor busca ampliar su estructura y modernizar el servicio. El decreto no sólo afecta a Linzor, sino a otras cadenas.

En Uruguay hay unas 1100 farmacias, y las tres principales redes abarcan 13% del total. El líder del fondo, Tim Purcell, afirmó que el decreto supone “una expropiación sin compensación” y que los “perjudicó en forma arbitraria e innecesaria”. El argumento del decreto fue que se procuraba evitar la concentración en el mercado, pero pese a su expansión Farmashop sólo tiene 8,5% de participación en volumen y 15% por facturación.

El gobierno quiere mejorar su relación con las farmacias, porque las necesita como piezas clave en la venta de marihuana: la regulación dispone que se haga en estos locales a efectos de tener garantías.

Fuente: La Nación

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