Bolivia descarta negociar con empresa india que reclamó un arbitraje en París

Bolivia ha descartado la posibilidad de negociar con la empresa india Jindal, que ha presentado una demanda contra La Paz en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París (CCI-París) por el fracaso del mayor proyecto siderúrgico del país andino, informó una fuente oficial.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, señaló que, “en una acción incomprensible”, Jindal presentó en marzo pasado “una supuesta solicitud de arbitraje en contra del Estado boliviano” ante la CCI-París.

Arce sostuvo que ese arbitraje “no tiene ninguna base jurisdiccional” y “no va a ser reconocido jamás por Bolivia”.

El procurador estuvo el pasado lunes en Francia para explicar al secretario general y otros altos cargos de la CCI-París las razones por las cuales su país desconoce la jurisdicción y competencia de esa instancia en la controversia con Jindal.

“Ellos han entendido los planteamientos y fundamentos de Bolivia y los fundamentos van a ser presentados por escrito en las próximas horas”, anunció Arce.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en la región oriental de Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay, que tiene unas reservas de 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato.

El Ejecutivo boliviano acusó a la firma india de no haber realizado las inversiones comprometidas e incluso la multó con el cobro de dos garantías bancarias por valor de 36 millones de dólares.

Jindal adujo por su parte que las autoridades no facilitaron su trabajo, poniendo trabas a su acceso a la mina, y que tampoco le otorgaron la suficiente seguridad jurídica.

Arce señaló que el contrato para la explotación del Mutún “establece la expresa exclusión de la aplicación de cualquier tratado bilateral de inversiones”.

Agregó que aquel documento tampoco incluye “ninguna cláusula compromisoria de arbitraje en contra del Estado boliviano”, por lo que insistió en que “no hay razón ni posibilidad alguna de que el Estado boliviano sea demandado”.

Fuente: La Vanguardia

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