Bolivia no admitirá arbitrajes interpuestos fuera de su territorio

El documento fue entregado por el Gobierno el miércoles 2  a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

El  artículo 121 precisa que las partes  involucradas (en la controversia) estarán sometidas a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas y se regirán  por las siguientes reglas: resolución   de acuerdo con la Constitución  Política  del Estado (CPE),  las  leyes,  reglamentos  y   normas bolivianas.

Por ejemplo, el artículo 366 de la CPE señala que todas las empresas extranjeras que realicen actividades de la cadena de los hidrocarburos estarán sometidas a la soberanía, dependencia de leyes y autoridades del Estado.

El artículo 121 del proyecto de ley  agrega que las partes no estarán excluidas  del poder  de  control  y  fiscalización   de  los  órganos  y  entidades competentes del Estado boliviano.

Además subraya que el proceso de  arbitraje tendrá como sede el territorio bolivianoaunque esta disposición también  abre la  opción a que  las partes celebren las audiencias fuera del país.

La propuesta de norma, redactada por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado (PGE), estipula un  régimen especial cuando el Estado, sus órganos, instituciones o agencias sean parte en una controversia sujeta a arbitraje en los contratos.

El Estado celebra contratos  con empresas privadas, nacionales  o extranjeras, mediante instituciones  públicas,  cooperativas  o comunitarias, para la exploración, explotación, industrialización,  transporte y comercialización  de recursos naturales estratégicos.

También están los contratos suscritos por YPFB, bajo  el  régimen  de  prestación  de  servicios,  con  empresas  públicas,  mixtas  o privadas, bolivianas o extranjeras, para que esas compañías  realicen  determinadas  actividades  de  la  cadena  productiva  a cambio de una retribución o pago por sus servicios, además de otros convenios.

Arbitrajes

Bolivia actualmente afronta seis controversias con empresas extranjeras.

Entre ellas está el arbitraje internacional con  Pan American Energy (PAE),  que demanda una indemnización de más de 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco.

También se abrió un proceso por la reversión de las concesiones  en la mina Mallku Khota,  que era operada por la empresa American South Silver.

Además se encuentran los arbitrajes  iniciados por Abertis y AENA por la nacionalización de SABSA; el de Iberdrola debido a la reversión de Electropaz y ELFEO, y el de la empresa Red Eléctrica de  España por la estatización de la Transportadora de Electricidad.

Hay otro con Jindal por la ejecución de sus boletas de garantía y el de   Quiborax espera un fallo.

El tercer árbitro será designado por La Haya

El anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje propone que la designación del tercer árbitro esté a cargo del  Secretario de la Corte de  La  Haya. Además sugiere que el tribunal arbitral utilice el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

También precisa que  cada parte nombrará un árbitro.

“El tercer árbitro será designado por el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en el Reino de los Países Bajos -La Haya-, de las ternas de árbitros que presenten las partes”, dispone el artículo 122 o de Características Especiales.

El mismo artículo señala que el tribunal arbitral empleará el reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado.

Sin embargo,  aclara que la ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política del Estado y otras normas del ordenamiento jurídico boliviano.

Controversia
Recientemente, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en cumplimiento de las normas de la CNUDMI, dispuso que Bolivia indemnice a la empresa Rurelec por la nacionalización de Guaracachi.

El desembolso de más de 31 millones de dólares se hizo efectivo a finales de mayo, luego del fallo emitido en febrero.

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

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