Comienzan las negociaciones del acuerdo de libre comercio e inversiones entre Unión Europea y EEUU

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han iniciado la ronda de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio e inversiones, con la ambición de avanzar en áreas como regulación o tarifas y tras cerrarse una consulta pública sobre el instrumento de solución de controversias inversor-Estado.

El equipo negociador europeo, dirigido por Ignacio García Bercero, y el estadounidense, encabezado por Dan Mullaney, iniciaron una nueva semana de trabajos en Bruselas centrada en el intercambio de bienes y servicios, reglamentación, mercados públicos, protección ambiental y de los trabajadores y energía y materias primas.

El acuerdo pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo (supondría el 50 % de la actividad económica global) y sentar un referente mundial con la armonización de la regulación europea y la estadounidense.

La UE y Estados Unidos iniciaron la negociación del tratado comercial y de inversiones (TTIP, en sus siglas en inglés) en julio de 2013 y, un año después, están inmersos en los trabajos técnicos en áreas como las tarifas, las inversiones o la contratación pública, un tema sobre el que aún no han intercambiado las primeras ofertas, según fuentes europeas.

Destacaron que esperan que haya nuevas propuestas sobre la mesa en esta ronda de cara a elaborar un texto de consenso para septiembre próximo sobre estándares, conformidades técnicas y normas sanitarias y fitosanitarias.

Otros asuntos que se abordarán serán los relativos a comercio y desarrollo sostenible, facilitación del comercio en aduanas o energía y las materias primas (para lo que la UE pide que haya un capítulo aparte).

Fuentes comunitarias indicaron que las partes seguirán hablando de la posibilidad de integrar los servicios financieros en el acuerdo, lo que el bloque europeo defiende.

Uno de los asuntos más polémicos para diferentes sectores es la posibilidad de que el pacto incluya un instrumento de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas en inglés), que busca definir la protección de las inversiones.

Precisamente, el domingo pasado concluyó el plazo abierto por la Comisión Europea para recabar opiniones de todas las partes interesadas sobre si dicho mecanismo puede lograr un “equilibrio adecuado” entre la protección de los inversores y del derecho y la capacidad de la UE de regular en favor del interés común.

Hoy, la Oficina Medioambiental Europea (EBB, en sus siglas en inglés), la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y la organización Transporte y Medioambiente (T&E) instaron en un comunicado a la Comisión -la institución que negocia este acuerdo en nombre de los veintiocho Estados comunitarios- a que excluya ese instrumento del tratado.

Estas organizaciones, miembros del grupo asesor en el TTIP en representación de la sociedad civil, afirmaron que la consulta pública sobre el mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado es una “oportunidad clave para que la Comisión proponga un proceso totalmente transparente y que no admita comentarios anónimos o secretos”.

Insistieron en que un ISDS permite a las empresas pasar por encima de la justicia de los países y poder demandar a gobiernos directamente a través de paneles de arbitraje especiales por medidas que, a su juicio, pueden “poner en peligro” leyes diseñadas para proteger los intereses públicos.

“Mina el Estado de derecho, hace a los ciudadanos pagar por los riesgos corporativos y hace que los gobiernos no se atrevan a legislar por miedo a que (las empresas) les lleven a juicio”, señalaron en un comunicado.

Al respecto, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) señaló en otro comunicado que “un arbitraje secreto no forma parte en absoluto” de un acuerdo equilibrado entre los intereses públicos y privados.

BEUC hizo hincapié en otro asunto que levanta polémica en la negociación, el de la regulación de los químicos en Estados Unidos.

“Nos preocupa que tratamientos químicos como los que emplean clorina sean la solución fácil para limpiar la carne (…) La UE ha elegido un enfoque que es científicamente sólido”, indicó y, por ello, pidió que Europa “no sacrifique sus estándares de salud pública y protección de los consumidores, a cambio de negociar ventajas en el TTIP”.

Según fuentes europeas, “de ninguna manera nuestra posición sugiere debilitar las normas en ese sector”.

Una vez que el tratado entre en vigor, las partes creen que aumentaría el producto interior bruto (PIB) de la UE en 120.000 millones de euros y el de Estados Unidos en 95.000 millones.

Fuente: El Universal

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