Nuevo reglamento de arbitraje de la CIETAC

La Comisión Económica, Comercial e Internacional China  de Arbitraje (CIETAC) ha publicado su nuevo reglamento de arbitraje que entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Según ha comentado su secretario general, los cambios han obedecido a una mejora del procedimiento arbitral y a equiparar las reglas CIETAC a la práctica internacional.  Las nuevas reglas también tienen como objetivo aclarar la confusión y ambigüedad manifestadas a partir del llamado “CIETAC split”, cuando las comisiones de Shanghai y Shenzhen se separaron de la de Beijing y declararon su independencia.

Consulta las nuevas 2015 CIETAC Rules

Fuente: Herbert Smith Freehills

El nuevo reglamento de la LCIA entrará en vigor el 1 de octubre

El 1 de octubre de 2014 entrará en vigor el nuevo reglamento de la LCIA, que sustituirá a la anterior normativa, en vigor desde el 1 de enero de 1998.

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) es una de las más importantes instituciones de arbitraje en el mundo. En los últimos 15 años, el panorama legal del arbitraje internacional ha cambiado significativamente, y el nuevo reglamento de la LCIA intentan abordar algunos de esos cambios. La modificación ha sido cuidadosa, y muchos de los artículos se han actualizado.

Los cambios más importantes incluyen:

La capacidad de consolidar similares procedimientos de arbitraje, que puedan tener audiencia ante el mismo tribunal arbitral.
Incluir la figura del árbitro de emergencia para atender peticiones urgentes antes de la constitución del tribunal arbitral.
Directrices sobre la conducta del abogado llamada “táctica de guerrilla” en el arbitraje internacional, como mentir a árbitros, tratando de influir en ellos o la presentación de pruebas falsas.
Más énfasis en la conducta expeditiva de arbitrajes internacionales.

El cambio en el Reglamento de arbitraje de la LCIA más novedoso es la inclusión de nuevas directrices para la conducta de los representantes legales de las partes, que se incluye como anexo.

El Reglamento de arbitraje de la LCIA exige a cada parte que asegure que sus abogados cumplen con sus directrices y crea también un mecanismo de denuncia por el que las controversias relativas a violaciones de las directrices puedan resolverse.

Fuente: LCIA

Ralph Lauren a arbitraje por el jinete de polo

Ralph Lauren sale de los juzgados y pasa al arbitraje en su lucha de más de tres décadas contra la United States Polo Association (USPA) por el uso del logotipo con el jinete de polo. El juez Thomas Griesa, del tribunal del distrito sur de Nueva York, ha rechazado el recurso presentado en octubre de 2013 por Ralph Lauren contra la USPA y Arvind, en el que alegaba el uso no autorizado de la marca del jugador de polo.

En 2003, ambas partes ya llegaron a un acuerdo, aunque tanto la USPA como Ralph Lauren han seguido presentando demandas judiciales por el uso de la marca del jugador. En 2007, la USPA firmó un acuerdo de licencia con Arvind Brands, división del grupo indio Arvind, que dos años más tarde fue segregada en una filial llamada Arvind Lifestyle Brands.

Tras este cambio, Ralph Lauren inició un proceso de arbitraje en Bangalore (India) contra la USPA y Arvind, pero no contra Arvind Lifestyle, alegando el abuso del uso de la marca. Por su parte, la USPA y Arvind presentaron una demanda ante el tribunal de la ciudad, que dictó sentencia a su favor y tras no presentar ningún recurso, el proceso se dio por concluido.

Ahora, el juez de Nueva York ha instado a que “cualquier disputa, acción o controversia” entre ambas partes se resuelva a través de arbitraje y no a través de juzgados. 

Fuente: BACK STAGE MODAES

Venezuela espera la decisión del Ciadi sobre los casos Exxon y Conoco

En este momento, el Ciadi tiene 28 casos abiertos contra Venezuela. Un estudio elaborado por Scotia Bank explica que los laudos sobre los casos Exxon Mobil, Conoco Philips y Cold Reserve estarían al caer.
Estos tres asuntos podrían tener un coste de 24 mil millones de dólares, aunque esta cifra puede variar.

Fuente informativa: El Universal

Las lecciones que las Bitcoin pueden aprender del arbitraje internacional

bitcoinsLas monedas virtuales o cripto-monedas, con BitCoin a la cabeza (o BTC, ya que este acrónimo identifica tanto a esta como al resto de las divisas virtuales) han experimentado un importante crecimiento en su popularidad. Hasta hace poco tiempo, muy poca gente las conocía y, mucho menos aún, las utilizaba.

Pero su evolución, con todos sus beneficios y contratiempos, ha sido notable y continúa transformando el panorama financiero pero aún no ha sido reconocido por estados y gobiernos. Como consecuencia de ello, tampoco ha sido todavía ampliamente aceptado por los diversos actores involucrados en el comercio nacional e internacional.

El Arbitraje Internacional, hoy ampliamente utilizado y respetado, surgió en circunstancias similares. Por lo tanto, creo que BTC tiene mucho que aprender de esta metodología.

Cómo incorporar a BTC al sistema y lograr su aceptación por parte de los gobiernos de todo el mundo es algo que estas monedas pueden aprender del Arbitraje Internacional.

EL MODELO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL

Para que BTC obtenga una amplia aceptación, es necesario que se fortalezca por cuenta propia, creando reglas y procedimientos que puedan armonizar su uso. En este punto, se puede establecer una analogía con el Arbitraje Internacional, la metodología privada de resolución de disputas comerciales entre países. La comparación es posible ya que ambos nacen como alternativas privadas a mecanismos que se encontraban bajo la órbita de los gobiernos. En un caso la resolución de disputas y, en el otro, las transacciones económicas.

Durante cientos de años, el método preferido para la solución de controversias era utilizar los tribunales creados por cada país, con el juzgado designado por cada gobierno. Sin embargo, en el comercio internacional, ninguna de las partes en conflicto quería que el juez sea de un país rival. Por lo tanto, la necesidad de una alternativa a estas cortes gubernamentales fue un tribunal privado con jueces independientes, pagados por ambas partes, encargados de resolver la controversia

Pero este proceso no fue reconocido ni permitido por los Gobiernos (como sucede con BTC). De hecho, fue incluso ilegal en muchos países. Esto hacía difícil hacer cumplir las decisiones tomadas por estos tribunales privados. Reconociendo estos desafíos, las partes involucradas en el comercio internacional crearon normas, procedimientos y otros instrumentos para armonizar el sistema y también presionaron a sus gobiernos para que promulguen leyes que los legitimen. Tomó tiempo, pero ahora el Arbitraje Internacional es un método privado ampliamente aceptado para la resolución de disputas. Muchos países promulgaron leyes y estatutos que facilitan el proceso, así como también rubricaron acuerdos internacionales para el reconocimiento de los laudos arbitrales.

BTC tiene que seguir un camino similar. Aunque casi todos los países tienen su propia divisa, las monedas virtuales se han convertido en una alternativa privada a las transacciones en moneda nacional. Lograr que BTC resulte ampliamente aceptado, como lo es el arbitraje internacional, no será un proceso sencillo. La buena noticia es que ya son muchos, en todo el mundo, a quienes les gustaría lograr este objetivo. Lo que queda será crear regulaciones, alianzas y compromisos, para que el sistema puede llegar a ser universal.

El comercio internacional ha tenido éxito en la creación de un sistema de resolución de controversias completamente privado y por fuera de los tribunales establecidos por los gobiernos, pero ampliamente reconocido y aceptado por esos mismos gobiernos en todo el mundo. Lo mismo es necesario para BTC (y todas las cripto-monedas) para tener éxito: un sistema que funcione independiente de los gobiernos, pero reconocido por ellos.

Esta divisa resulta prometedora ya que estamos ante un mundo el que las monedas tradicionales (que responden a un estado en particular), están perdiendo la credibilidad que tuvieron durante siglos, la intermediación financiera es cara y obsoleta y en el que la tecnología y el mundo digital avanzan sin frenos.

Fuente: Cio América Latina

Irán gana el arbitraje que mantenía con EEUU en el tribunal de La Haya después de 30 años

Después de 30 años, Irán gana un arbitraje que mantenía contra Estados Unidos en el Tribunal de Arbitraje de La Haya, según han anunciado fuentes oficiales.
Se trata de las obligaciones de Washington, en virtud de la Declaración de Argelia, de suspender las demandas jurídicas presentadas por ciudadanos o entidades del país norteamericano contra la República Islámica de Irán en tribunales estadounidenses.

De acuerdo con el artículo 7 de la Declaración de Argelia, firmado el 19 de enero de 1981, ni los tribunales de EE.UU. ni los de Irán tienen competencia para emitir sentencias sobre litigios entre ambos países.

Sin embargo, en aquel entonces, Irán acusó a EE.UU. de violar en un caso la citada declaración y pidió una indemnización.

El Tribunal de Arbitraje de La Haya ha emitido recientemente un dictamen en el que ha declarado culpable a EE.UU. y le ha condenado a pagar una multa de 842 mil dólares a Irán.

Con la mediación de Argelia y en el marco de la declaración sellada en este país, se puso fin a las cuestiones relacionadas a la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en noviembre de 1979.

Fuente: HispanTv

El arbitraje por el sobrecoste del Canal de Panamá empezará este mes

Panama_Canal_Gatun_LocksEl arbitraje para definir quién asumirá los costos adicionales por 1.600 millones de dólares en el proyecto de expansión del Canal de Panamá comenzará este mes con sesiones privadas en Miami, a fin de solucionar una disputa que en los primeros meses del año paralizó temporalmente las obras, dijeron abogados.

El 21 de julio “ambas partes presentarán sus argumentos y borradores de órdenes de procedimiento respecto a cómo se desarrollará el caso”, dijo Carolyn Lamm, abogada de White & Case, que representa a un consorcio constructor encabezado por la firma española Sacyr.

Las disputas laborales y de costos han asediado los esfuerzos por expandir el canal de 100 años de antigüedad, avivando temores de retrasos que podrían costar a Panamá millones de dólares en pagos por embarques.

La situación también podría representar un revés para las compañías de todo el mundo que buscan utilizar para sus embarques el canal que conecta los puertos del este y el sur de Estados Unidos con los mercados asiáticos.

El mayor sindicato del sector de la construcción de Panamá reanudó sus obras el 8 de mayo luego de una huelga de dos semanas en demanda de alzas salariales.

Los trabajos también se detuvieron a inicios de febrero debido a una disputa sobre quién pagará por los costos adicionales que llevaron las cifras de inversión en el proyecto de ampliación del canal desde 5.250 millones a cerca de 7.000 millones de dólares.

En un acuerdo firmado en marzo, la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio controlado por Sacyr y la italiana Salini Impregilo accedieron a inyectar 100 millones de dólares para reanudar las obras.

También pactaron extender la devolución de 784 millones de dólares en pagos adelantados hechos por la Autoridad del Canal de Panamá al consorcio hasta el 2018 como mínimo.

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, dijo en junio que entre el 75 y el 76 por ciento del proyecto de ingeniería ya ha sido completado y que en enero del 2016 debería empezar a operar la tercera serie de esclusas del canal.

Fuente: Invertia

Bolivia no admitirá arbitrajes interpuestos fuera de su territorio

El documento fue entregado por el Gobierno el miércoles 2  a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

El  artículo 121 precisa que las partes  involucradas (en la controversia) estarán sometidas a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas y se regirán  por las siguientes reglas: resolución   de acuerdo con la Constitución  Política  del Estado (CPE),  las  leyes,  reglamentos  y   normas bolivianas.

Por ejemplo, el artículo 366 de la CPE señala que todas las empresas extranjeras que realicen actividades de la cadena de los hidrocarburos estarán sometidas a la soberanía, dependencia de leyes y autoridades del Estado.

El artículo 121 del proyecto de ley  agrega que las partes no estarán excluidas  del poder  de  control  y  fiscalización   de  los  órganos  y  entidades competentes del Estado boliviano.

Además subraya que el proceso de  arbitraje tendrá como sede el territorio bolivianoaunque esta disposición también  abre la  opción a que  las partes celebren las audiencias fuera del país.

La propuesta de norma, redactada por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado (PGE), estipula un  régimen especial cuando el Estado, sus órganos, instituciones o agencias sean parte en una controversia sujeta a arbitraje en los contratos.

El Estado celebra contratos  con empresas privadas, nacionales  o extranjeras, mediante instituciones  públicas,  cooperativas  o comunitarias, para la exploración, explotación, industrialización,  transporte y comercialización  de recursos naturales estratégicos.

También están los contratos suscritos por YPFB, bajo  el  régimen  de  prestación  de  servicios,  con  empresas  públicas,  mixtas  o privadas, bolivianas o extranjeras, para que esas compañías  realicen  determinadas  actividades  de  la  cadena  productiva  a cambio de una retribución o pago por sus servicios, además de otros convenios.

Arbitrajes

Bolivia actualmente afronta seis controversias con empresas extranjeras.

Entre ellas está el arbitraje internacional con  Pan American Energy (PAE),  que demanda una indemnización de más de 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco.

También se abrió un proceso por la reversión de las concesiones  en la mina Mallku Khota,  que era operada por la empresa American South Silver.

Además se encuentran los arbitrajes  iniciados por Abertis y AENA por la nacionalización de SABSA; el de Iberdrola debido a la reversión de Electropaz y ELFEO, y el de la empresa Red Eléctrica de  España por la estatización de la Transportadora de Electricidad.

Hay otro con Jindal por la ejecución de sus boletas de garantía y el de   Quiborax espera un fallo.

El tercer árbitro será designado por La Haya

El anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje propone que la designación del tercer árbitro esté a cargo del  Secretario de la Corte de  La  Haya. Además sugiere que el tribunal arbitral utilice el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

También precisa que  cada parte nombrará un árbitro.

“El tercer árbitro será designado por el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en el Reino de los Países Bajos -La Haya-, de las ternas de árbitros que presenten las partes”, dispone el artículo 122 o de Características Especiales.

El mismo artículo señala que el tribunal arbitral empleará el reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado.

Sin embargo,  aclara que la ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política del Estado y otras normas del ordenamiento jurídico boliviano.

Controversia
Recientemente, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en cumplimiento de las normas de la CNUDMI, dispuso que Bolivia indemnice a la empresa Rurelec por la nacionalización de Guaracachi.

El desembolso de más de 31 millones de dólares se hizo efectivo a finales de mayo, luego del fallo emitido en febrero.

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales

Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.

Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EEUU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.

Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EEUU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.

Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.

“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

Documentos firmados por Wikileaks

Fuente: Libre Red

Bolivia descarta negociar con empresa india que reclamó un arbitraje en París

Bolivia ha descartado la posibilidad de negociar con la empresa india Jindal, que ha presentado una demanda contra La Paz en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París (CCI-París) por el fracaso del mayor proyecto siderúrgico del país andino, informó una fuente oficial.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, señaló que, “en una acción incomprensible”, Jindal presentó en marzo pasado “una supuesta solicitud de arbitraje en contra del Estado boliviano” ante la CCI-París.

Arce sostuvo que ese arbitraje “no tiene ninguna base jurisdiccional” y “no va a ser reconocido jamás por Bolivia”.

El procurador estuvo el pasado lunes en Francia para explicar al secretario general y otros altos cargos de la CCI-París las razones por las cuales su país desconoce la jurisdicción y competencia de esa instancia en la controversia con Jindal.

“Ellos han entendido los planteamientos y fundamentos de Bolivia y los fundamentos van a ser presentados por escrito en las próximas horas”, anunció Arce.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en la región oriental de Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay, que tiene unas reservas de 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato.

El Ejecutivo boliviano acusó a la firma india de no haber realizado las inversiones comprometidas e incluso la multó con el cobro de dos garantías bancarias por valor de 36 millones de dólares.

Jindal adujo por su parte que las autoridades no facilitaron su trabajo, poniendo trabas a su acceso a la mina, y que tampoco le otorgaron la suficiente seguridad jurídica.

Arce señaló que el contrato para la explotación del Mutún “establece la expresa exclusión de la aplicación de cualquier tratado bilateral de inversiones”.

Agregó que aquel documento tampoco incluye “ninguna cláusula compromisoria de arbitraje en contra del Estado boliviano”, por lo que insistió en que “no hay razón ni posibilidad alguna de que el Estado boliviano sea demandado”.

Fuente: La Vanguardia