Nuevo reglamento de arbitraje de la CIETAC

La Comisión Económica, Comercial e Internacional China  de Arbitraje (CIETAC) ha publicado su nuevo reglamento de arbitraje que entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Según ha comentado su secretario general, los cambios han obedecido a una mejora del procedimiento arbitral y a equiparar las reglas CIETAC a la práctica internacional.  Las nuevas reglas también tienen como objetivo aclarar la confusión y ambigüedad manifestadas a partir del llamado “CIETAC split”, cuando las comisiones de Shanghai y Shenzhen se separaron de la de Beijing y declararon su independencia.

Consulta las nuevas 2015 CIETAC Rules

Fuente: Herbert Smith Freehills

El nuevo reglamento de la LCIA entrará en vigor el 1 de octubre

El 1 de octubre de 2014 entrará en vigor el nuevo reglamento de la LCIA, que sustituirá a la anterior normativa, en vigor desde el 1 de enero de 1998.

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) es una de las más importantes instituciones de arbitraje en el mundo. En los últimos 15 años, el panorama legal del arbitraje internacional ha cambiado significativamente, y el nuevo reglamento de la LCIA intentan abordar algunos de esos cambios. La modificación ha sido cuidadosa, y muchos de los artículos se han actualizado.

Los cambios más importantes incluyen:

La capacidad de consolidar similares procedimientos de arbitraje, que puedan tener audiencia ante el mismo tribunal arbitral.
Incluir la figura del árbitro de emergencia para atender peticiones urgentes antes de la constitución del tribunal arbitral.
Directrices sobre la conducta del abogado llamada “táctica de guerrilla” en el arbitraje internacional, como mentir a árbitros, tratando de influir en ellos o la presentación de pruebas falsas.
Más énfasis en la conducta expeditiva de arbitrajes internacionales.

El cambio en el Reglamento de arbitraje de la LCIA más novedoso es la inclusión de nuevas directrices para la conducta de los representantes legales de las partes, que se incluye como anexo.

El Reglamento de arbitraje de la LCIA exige a cada parte que asegure que sus abogados cumplen con sus directrices y crea también un mecanismo de denuncia por el que las controversias relativas a violaciones de las directrices puedan resolverse.

Fuente: LCIA

Nuevo centro de arbitraje en Camboya

El tan esperado Centro Camboyano Nacional de Arbitraje ha sido oficialmente inaugurado esta semana, en medio de las esperanzas de que el país se vuelva más atractivo para inversores tanto locales, como extranjeros.

La Ley de arbitraje de Camboya se aprobó en marzo de 2006 y entró en vigor a principios de 2007. Esta ley contemplaba la creación de un Consejo Nacional de Arbitraje para evitar que los arbitrajes domésticos no salieran del país, así como atraer arbitrajes internacionales.

Fuentes: GAR.

La Audiencia Provincial de Madrid vulnera el Artículo 11Bis de la Ley de arbitraje

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

El pasado 5 de octubre de 2012, en la Jornada de Unificación de Criterios de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid se aprobó, en el punto 2 lo siguiente: 2.- A efectos de despacho de ejecución de laudo arbitral no puede considerarse convenio arbitral un acuerdo adoptado en Junta pero no votado expresamente por el ejecutado. Votaron a favor 17 magistrados, en contra 12 y hubo 5 abstenciones.

Lo que dicen los magistrados en este acuerdo es, esencialmente, que en la celebración de Juntas (sean Juntas de Propietarios, sean Juntas de accionistas), si se aprobase, incluso por unanimidad, que todas las controversias entre socios y de los socios con la sociedad o de los comuneros con la Comunidad de Propietarios y de los comuneros entre sí) se solucionarán por arbitraje, el convenio arbitral no sería válido para los socios ausentes o comuneros ausentes o para aquellos que asistiendo no lo votaron expresamente.

Este acuerdo vulnera flagrantemente lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de arbitraje, actualizada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que dispone en su punto 2 lo siguiente:

2. La introducción en los estatutos sociales de una clausula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social“.

Es obvio que el legislador no está pensando en el momento de constituirse una sociedad de capital, dado que todos los acuerdos se aprueban por unanimidad y todos los socios están presentes. El legislador entiende que una sociedad activa en la que los socios decidan incluir en los Estatutos que sus controversias se resolverán por arbitraje requerirá el voto favorable de dos tercios del capital social.

No entraremos a discutir si el legislador se equivocó al cambiar la unanimidad por una mayoría de dos tercios o si hubiese sido preferible una mayoría simple. Lo cierto es que el legislador tomó una decisión y los jueces, en aplicación del principio de legalidad deben aplicarlo.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, en reunión al efecto deciden (por mayoría simple, todo sea dicho de paso) que el convenio arbitral no será válido para el socio ausente ni para el socio presente que no lo vote expresamente, vulnerando de forma clara lo dispuesto en la Ley de arbitraje.

Pero, a mayor abundamiento, tampoco será válido el convenio arbitral para los socios ausentes cuando se apruebe por unanimidad de los presentes que, a su vez representen más de dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social.

Este hecho causa una inseguridad jurídica grave a los ciudadanos que ven frustrado su derecho a optar por solucionar sus controversias. Será frecuente que, por tanto, nos encontremos con acuerdos adoptados conforme a Ley a la que, esta vez y en Madrid, los magistrados hacen caso omiso, haciendo su interpretación paralela e injusta.

Lo mismo para acuerdos en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal donde es prácticamente imposible el quórum del 100% de los comuneros. ¿Qué ocurre si no acude un comunero moroso o si acude pero, al tener voz pero no voto, no lo vota expresamente? Pues que el convenio arbitral no es válido para ese comunero, igual que no lo es para el socio ausente a la Junta o presente que vote en contra.

A problemas graves, soluciones fáciles. Abogados, cuando aprueben la inclusión de una cláusula arbitral en Estatutos de sociedades de capital o en juntas de propietarios, pongan que aceptan el arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y que el lugar del arbitraje aceptado por las partes será ciudad distinta a Madrid. Esperemos que los magistrados de Barcelona, Valencia, Málaga, Salamanca, Palencia, Pontevedra, etc… no sigan este criterio contra legem.

Javier Íscar de Hoyos es secretario general de Aeade.

¿Darán su beneplácito Venezuela y Argentina al Centro de Arbitraje Iberoamericano?

Dos de los grandes ausentes de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz han sido Argentina y Venezuela. Ambos estados reivindicativos con la actuación del Ciadi en los conflictos en los que se ven inmersos. El éxito de un Centro de Arbitraje Iberoamericano estará supeditado a la aceptación de todos los estados de este entorno, lo que significa que el trabajo para su desarrollo, aunque ha comenzado, tendrá que ser cuidadoso y muy duro.

Veremos qué ocurre con esta iniciativa en la que trabajan distintos sujetos jurídicos del contexto iberoamericano y hecho del que se ha erigido portavoz y propulsor la Unión Iberoamericna de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIBA.

Según dicta en el comunicado “En los márgenes de la XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se ha presentado el Acuerdo Marco de Colaboración para Promover la Conformación de un Centro Iberoamericano de Arbitraje, firmado el pasado 3 de octubre en Brasilia por los principales colegios y agrupaciones de abogados, asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Iberoamérica.”.

Es interesante también la siguiente afirmación: “Impulsada por el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XX Cumbre Iberoamericana celebrada en 2010 en Mar del Plata, se trata de una iniciativa destinada a crear un Centro de Arbitraje privado e independiente, sin perjuicio del apoyo que los Gobiernos de los países iberoamericanos puedan brindar para su puesta en marcha y funcionamiento.

El interés por el arbitraje en España crece entre las Cortes de América Latina

Aeade estará presente en dos congresos internacionales de arbitraje en Costa Rica

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, a través de su secretario general, Javier Íscar de Hoyos, estará presente en dos congresos internacionales de arbitraje durante la última semana de noviembre en San José, capital de Costa Rica.

El primero de los congresos, que trata sobre “Fortaleciendo el acceso a la justicia por medio de los mecanismo de Resolución Alterna de Conflictos”, está organizado por el Ministerio de Justicia y Paz y conmemora el 15 aniversario de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos de Costa Rica. Íscar de Hoyos hablará sobre “Arbitraje comercial. Una perspectiva desde la Europa mediterránea”. En el congreso participarán importantes personalidades del panorama jurídico latinoamericano y mundial como Rodrigo Oreamuno Blanco, árbitro internacional, José Rafael Fernández, presidente de ICC Costa Rica, y otros representantes del mundo arbitral de México, Argentina o Chile.

Por otro lado, el secretario general de Aeade participará también en el congreso sobre la “Propuesta de reglamento de defensa y protección del consumidor de seguros”, organizado por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica (CICA). Íscar de Hoyos expondrá la “Visión general sobre la tendencia de la solución de controversias en materia de seguros en la experiencia española y europea”.

Ambas jornadas tendrán lugar entre los próximos días 27 y 29 de noviembre.

Javier Íscar de Hoyos cree que, en ambos casos, “la actividad arbitral española, cada vez más, adquiere importancia mundial debido al movimiento de cortes arbitrales como Aeade, así como al interés creciente y manifiesto por impulsar estos mecanismos del estado español. Mi propósito, en estas colaboraciones, será el de dar una visión general sobre el tema, en la experiencia española y, en la medida de lo posible, europea.”

¿Encarecerá en 3.000 euros de media el acceso a la Justicia la nueva Ley de tasas?

La Ley de tasas puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La subida de tasas afecta a los procedimientos del orden civil, social y administrativo con la única excepción del penal.

La nueva ley prevé la creación de dos tipos de tasas: una con carácter fijo, dependiendo del tipo de procedimiento (van desde los 100 euros del monitorio o 150 de la primera instancia del procedimiento verbal hasta los 1.200 del recurso de casación ante el Tribunal Supremo). A estas tasas fijas hay que añadir una tasa variable que se calcula en función de la cuantía del pleito y cuya cuantía va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 hasta un máximo de 10.000 .

Además, al coste de las tasas es necesario añadir el coste de abogado y procurador que es obligatorio en muchos procedimientos, lo que lo encarecerá aún más.

A modo de ejemplo, la OCU apunta que un pleito para reclamar 3.500, con dos instancias judiciales, tendría unos costes entre tasas, abogado y procurador de más de 2.600 (de los que casi 1.000 corresponden solo a tasas) lo que en la práctica puede hacer disuasoria en muchos casos la reclamación judicial.

Si el Proyecto de Ley sale adelante, se van a pagar unas tasas por un servicio con el que los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos. En una reciente encuesta de la OCU, el 78% de los encuestados se mostraba insatisfecho con la justicia. Primero por la lentitud de los procesos, de 15 a 30 meses de duración, (dependiendo del tipo de procedimiento), segundo por el elevado coste: el coste medio de un juicio era de 8.400 euros, que se verán incrementados con las nuevas tasas y por último porque más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio.

Fuente: Diario de Tarragona