Consumo y Ryanair resolverán los conflictos caso por caso y por arbitraje

Ryanair en la única compañía aérea que opera en Andalucía en aceptar el arbitraje

Ryanair en la única compañía aérea  en aceptar el arbitraje en Andalucía

La Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha llegado a un principio de acuerdo con la compañía aérea Ryanair para resolver los conflictos de las personas consumidoras y usuarias a través de la mediación y el arbitraje de consumo.

La Secretaria General de Consumo en Andalucía, Dolores Muñoz, ha puntualizado en un comunicado que este inicio de acuerdo “convierte a Ryanair en la única compañía aérea que opera en nuestra comunidad en aceptar el arbitraje, si bien caso por caso, para resolver los numerosos conflictos que mantiene con las personas consumidoras”.

El procedimiento arbitral se iniciará cuando un consumidor presente una solicitud de arbitraje frente a una empresa para que resuelva la Junta Arbitral de Consumo.

Ryanair es la compañía aérea con más reclamaciones en Andalucía en los últimos dos años, con más del 50 % respecto al resto de compañías.

En 2012, las principales causas que han originado un total de 431 reclamaciones han sido provocadas por irregularidades en el horario de salida o llegada, con un total de 193 reclamaciones.

Fuente: Las Provincias

Anuncios

La Audiencia Provincial de Madrid vulnera el Artículo 11Bis de la Ley de arbitraje

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

El pasado 5 de octubre de 2012, en la Jornada de Unificación de Criterios de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid se aprobó, en el punto 2 lo siguiente: 2.- A efectos de despacho de ejecución de laudo arbitral no puede considerarse convenio arbitral un acuerdo adoptado en Junta pero no votado expresamente por el ejecutado. Votaron a favor 17 magistrados, en contra 12 y hubo 5 abstenciones.

Lo que dicen los magistrados en este acuerdo es, esencialmente, que en la celebración de Juntas (sean Juntas de Propietarios, sean Juntas de accionistas), si se aprobase, incluso por unanimidad, que todas las controversias entre socios y de los socios con la sociedad o de los comuneros con la Comunidad de Propietarios y de los comuneros entre sí) se solucionarán por arbitraje, el convenio arbitral no sería válido para los socios ausentes o comuneros ausentes o para aquellos que asistiendo no lo votaron expresamente.

Este acuerdo vulnera flagrantemente lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de arbitraje, actualizada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que dispone en su punto 2 lo siguiente:

2. La introducción en los estatutos sociales de una clausula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social“.

Es obvio que el legislador no está pensando en el momento de constituirse una sociedad de capital, dado que todos los acuerdos se aprueban por unanimidad y todos los socios están presentes. El legislador entiende que una sociedad activa en la que los socios decidan incluir en los Estatutos que sus controversias se resolverán por arbitraje requerirá el voto favorable de dos tercios del capital social.

No entraremos a discutir si el legislador se equivocó al cambiar la unanimidad por una mayoría de dos tercios o si hubiese sido preferible una mayoría simple. Lo cierto es que el legislador tomó una decisión y los jueces, en aplicación del principio de legalidad deben aplicarlo.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, en reunión al efecto deciden (por mayoría simple, todo sea dicho de paso) que el convenio arbitral no será válido para el socio ausente ni para el socio presente que no lo vote expresamente, vulnerando de forma clara lo dispuesto en la Ley de arbitraje.

Pero, a mayor abundamiento, tampoco será válido el convenio arbitral para los socios ausentes cuando se apruebe por unanimidad de los presentes que, a su vez representen más de dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social.

Este hecho causa una inseguridad jurídica grave a los ciudadanos que ven frustrado su derecho a optar por solucionar sus controversias. Será frecuente que, por tanto, nos encontremos con acuerdos adoptados conforme a Ley a la que, esta vez y en Madrid, los magistrados hacen caso omiso, haciendo su interpretación paralela e injusta.

Lo mismo para acuerdos en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal donde es prácticamente imposible el quórum del 100% de los comuneros. ¿Qué ocurre si no acude un comunero moroso o si acude pero, al tener voz pero no voto, no lo vota expresamente? Pues que el convenio arbitral no es válido para ese comunero, igual que no lo es para el socio ausente a la Junta o presente que vote en contra.

A problemas graves, soluciones fáciles. Abogados, cuando aprueben la inclusión de una cláusula arbitral en Estatutos de sociedades de capital o en juntas de propietarios, pongan que aceptan el arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y que el lugar del arbitraje aceptado por las partes será ciudad distinta a Madrid. Esperemos que los magistrados de Barcelona, Valencia, Málaga, Salamanca, Palencia, Pontevedra, etc… no sigan este criterio contra legem.

Javier Íscar de Hoyos es secretario general de Aeade.

¿Darán su beneplácito Venezuela y Argentina al Centro de Arbitraje Iberoamericano?

Dos de los grandes ausentes de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz han sido Argentina y Venezuela. Ambos estados reivindicativos con la actuación del Ciadi en los conflictos en los que se ven inmersos. El éxito de un Centro de Arbitraje Iberoamericano estará supeditado a la aceptación de todos los estados de este entorno, lo que significa que el trabajo para su desarrollo, aunque ha comenzado, tendrá que ser cuidadoso y muy duro.

Veremos qué ocurre con esta iniciativa en la que trabajan distintos sujetos jurídicos del contexto iberoamericano y hecho del que se ha erigido portavoz y propulsor la Unión Iberoamericna de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIBA.

Según dicta en el comunicado “En los márgenes de la XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se ha presentado el Acuerdo Marco de Colaboración para Promover la Conformación de un Centro Iberoamericano de Arbitraje, firmado el pasado 3 de octubre en Brasilia por los principales colegios y agrupaciones de abogados, asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Iberoamérica.”.

Es interesante también la siguiente afirmación: “Impulsada por el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XX Cumbre Iberoamericana celebrada en 2010 en Mar del Plata, se trata de una iniciativa destinada a crear un Centro de Arbitraje privado e independiente, sin perjuicio del apoyo que los Gobiernos de los países iberoamericanos puedan brindar para su puesta en marcha y funcionamiento.

¿Encarecerá en 3.000 euros de media el acceso a la Justicia la nueva Ley de tasas?

La Ley de tasas puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La subida de tasas afecta a los procedimientos del orden civil, social y administrativo con la única excepción del penal.

La nueva ley prevé la creación de dos tipos de tasas: una con carácter fijo, dependiendo del tipo de procedimiento (van desde los 100 euros del monitorio o 150 de la primera instancia del procedimiento verbal hasta los 1.200 del recurso de casación ante el Tribunal Supremo). A estas tasas fijas hay que añadir una tasa variable que se calcula en función de la cuantía del pleito y cuya cuantía va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 hasta un máximo de 10.000 .

Además, al coste de las tasas es necesario añadir el coste de abogado y procurador que es obligatorio en muchos procedimientos, lo que lo encarecerá aún más.

A modo de ejemplo, la OCU apunta que un pleito para reclamar 3.500, con dos instancias judiciales, tendría unos costes entre tasas, abogado y procurador de más de 2.600 (de los que casi 1.000 corresponden solo a tasas) lo que en la práctica puede hacer disuasoria en muchos casos la reclamación judicial.

Si el Proyecto de Ley sale adelante, se van a pagar unas tasas por un servicio con el que los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos. En una reciente encuesta de la OCU, el 78% de los encuestados se mostraba insatisfecho con la justicia. Primero por la lentitud de los procesos, de 15 a 30 meses de duración, (dependiendo del tipo de procedimiento), segundo por el elevado coste: el coste medio de un juicio era de 8.400 euros, que se verán incrementados con las nuevas tasas y por último porque más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio.

Fuente: Diario de Tarragona

La Corte de La Haya alarga el arbitraje Chevron-Ecuador hasta 2014

La Corte de Arbitraje de La Haya ha fijado un calendario para la disputa que se alarga hasta 2014. La disputa en cuestión contempla el hecho de que Ecuador violara un tratado con Estados Unidos que exigía que el país sudamericano le garantizara a Chevron un juicio justo. En febrero de 2011, un tribunal ecuatoriano falló contra Chevron. Chevron adquirió a Texaco en 2001.

La americana alega que a finales de noviembre el tribunal internacional conocerá el alcance de un convenio y de un acuerdo de exención, que se remonta a 1998, otorgado por el Gobierno de Ecuador a Texaco, la compañía que operaba en el país.

El fiscal general de Ecuador asevera que el Tribunal de La Haya no tiene jurisdicción porque el acuerdo de comercio bilateral entre Estados Unidos y su país entró en vigencia cinco años después de que Texaco finalizara sus operaciones en Ecuador, en 1992.

A comienzos de año, el panel de árbitros, compuesto por tres personas, ordenó a Ecuador suspender los pagos otorgados por la corte por las demandas contra Texaco, acusada de contaminar la selva tropical y de provocar enfermedades en las comunidades que residían en la zona. Chevron afirma que hay evidencia sobre fraudes cometidos por los abogados de los demandantes ecuatorianos, contra los que presentó cargos por chantaje y fraude, que ha estimado un Corte en Nueva York.

Por otro lado, como Chevron no tiene activos en Ecuador, los demandantes ecuatorianos han lanzado acciones legales en Canadá y Brasil para apoyar el fallo que les otorga una indemnización por 19.000 millones de dólares.

Chevron solicitó el arbitraje en septiembre de 2009. El panel de árbitros incluye a un miembro nombrado por Chevron, Horacio Grigera Naón, de la Escuela de Derecho de la American University, otro nombrado por Ecuador, Vaughan Lowe, profesor de Oxford, y V.V. Veeder, abogado londinense elegido por ambos árbitros.

La historia
Texaco (hoy parte de Chevron) empezó a explorar los campos de petróleo en el norte del Oriente de Ecuador (alrededor de la ciudad Lago Agrio) a partir de 1964. Entre 1972 y 1992 la empresa extrajo 1.5 mil millones de barriles de petróleo de Ecuador; durante el proceso, intencionadamente vertió 19 mil millones de galones de residuos en la región y derramó 17 millones de galones de petróleo (para referencia, la catástrofe Exxon-Valdez derramó 11 millones). Algunas organizaciones ecologistas han llamado la situación el peor desastre petrolero del mundo. La compañía esta acusada de no limpiar suficientemente la región a su salida en 1992 y de ignorar sus responsabilidades con las comunidades afectadas por sus actividades.

El Caso Legal
Después de diez años de proceso legal, las cortes estadounidenses decidieron que la empresa debía someterse a las cortes ecuatorianas. A partir de 2003, este proceso ha seguido en Lago Agrio. Los demandantes representen cinco nacionalidades indígenas, ochenta comunidades, y más de 30.000 personas que quieren que Chevron repare las zonas afectadas, que costará $US6 mil millones. Sin embargo, Chevron sostiene que ya ha limpiado la zona suficientemente.

Fuentes informativas: Reuters y http://rsechile.wordpress.com

¿El pago de las tasas judiciales invitará a usar el arbitraje y la mediación?

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esta ley el Ministerio de Justicia persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.

Constitucionalidad
En esta reforma se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, en la que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia.

La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste de servicio que se presta por la Administración de Justicia. En este mismo sentido, las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza.

Con esta reforma España homologa el sistema de tasas judiciales al que rige en los países de nuestro entorno, en el que, además de la financiación de la Administración de Justicia a través de los impuestos, se exige este tributo a los usuarios del servicio público.

Personas físicas y jurídicas
Con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas, y sólo se exonera a las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar, así como al Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas y organismos dependientes de ellas. Desde el punto de vista objetivo, se aplica la tasa a los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, aunque en éste último sólo en segunda instancia. Queda excluido el orden penal.

El hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación en las órdenes civil y contencioso-administrativo, y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

Se introducen distintas mejoras de gestión de la tasa, tanto para facilitar su pago a través del abogado y procurador (de especial utilidad cuando el litigante no reside en España), como para prever la modificación de la tasa a lo largo de la tramitación del proceso y la devolución de una parte importante de la tasa (el 60 por 100) cuando se alcance una solución extrajudicial del pleito.

La utilización de medios telemáticos también se bonifica, al objeto de favorecer su utilización en la Administración de Justicia.

Fuente informativa: Consejo de MInistros

¿Podrían ayudar arbitraje y mediación a la descongestión de la Justicia madrileña?

Así lo ha destacado Francisco Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante la presentación de la Memoria 2011…

Los tribunales madrileños registraron el pasado año el ingreso de 1,4 millones de asuntos, lo que supone una reducción del 2,59 por ciento respecto al año anterior, y dejaron pendientes por el atasco judicial un total de 472.215 temas, una cifra que supone un 3,06 por ciento respecto a 2010.

Un año más, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha pormenorizado en rueda de prensa los datos que incluye la Memoria de esta sede judicial correspondiente a 2011.

Según Vieira, las cifras reflejan que uno de los principales problemas que aqueja a la Administración de Justicia sigue siendo la elevada litigiosidad que asumen los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. A ello se suma la deficiente situación de los inmuebles que albergan las sedes judiciales.

La Memoria incorpora una serie de medidas propuestas por Vieira para combatir este atasco judicial, advirtiendo de que con más juzgados se corre el riesgo de incrementar el nivel de ineficacia. No obstante, Vieira ha recalcado que la sobrecarga de trabajo no está de momento repercutiendo de manera grave en los ciudadanos.

Así, expone que sólo con la adopción de medidas legales urgentes se podrá reducir la abrumadora carga de trabajo, el principal azote de los tribunales desde los últimos años.

Entre las medidas planteadas, Vieira ha destacado la necesidad de racionalizar el acceso a los tribunales y, en este punto, ha hecho referencia a la necesidad de modificar la actual regulación de la asistencia jurídica gratuita.

A su juicio, el sistema actual no permite una valoración previa para el que solicita este servicio. Además, ha considerado que la reducción de un 20 por ciento en la partida destinada al Turno de Oficio en los Presupuestos no tendrá “efectos perniciosos” siempre que haya medidas que reduzcan el ingreso de asuntos en este área.

Asimismo, el máximo responsable de la Justicia madrileña ha apostado por fomentar las medidas de resolución extrajudicial de conflictos: el arbitraje y la mediación.

La jurisdicción Contencioso-Administrativo al alza
En cuanto a los datos, la única jurisdicción que ha aumentado debido a la crisis ha sido la Contencioso-Administrativa en la que las entradas de asuntos subieron un 14,87 por ciento y los asuntos en trámites, al acabar 2011, en un 15,27 por ciento. Vieira ha mostrado especial preocupación por la carga de trabajo en estos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que han registrado un incremento de un 26,76 por ciento de los asuntos. Así, se han resuelto un 4,63 por ciento más que el año anterior y se han elevado el número de asuntos pendientes, en un 27,80 por ciento.

En este punto, el presidente del TSJM ha recalcado que es especialmente preocupante la dilación de los señalamientos de los procedimientos abreviados, que en algunos Juzgados lo están siendo ya para el año 2017.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

En cambio, la tendencia bajista se centra en la jurisdicción civil, donde se ha producido una reducción del 16,01 por ciento en los ingresos y del 14,22 por ciento en los asuntos pendientes al acabar el año.

También en la jurisdicción social hay un descenso en los ingresos del 8,05 por ciento, si bien los asuntos en trámite al acabar la anualidad se elevaron en un 5,24 por ciento. Y la Jurisdicción penal se estabilizó, elevándose en un 0,50 por ciento los ingresos y en un 0,93 por ciento los asuntos que había al acabar el año.

Entre los datos de la Audiencia Provincial de Madrid, destaca la entrada de 33.307 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento respecto al año anterior. Además, se han resulto un total de 31.297 asuntos, un 2,71 por ciento por debajo de los 32.168.

Por ello, el número de asuntos pendientes ha aumentado en un 27,74 por ciento, ascendiendo a 8.901 frente a los 6.968 que había al inicio de año. Según Vieira, este incremento se debe a la supresión del plan de refuerzo con el que contaban las secciones penales.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.