2ª Conferencia Mediterránea de Arbitraje y Mediación

2 Conferencia Mediterránea de Arbitraje y Mediación

Organizada por Aeade y el Foro de Juristas Hispano Marroquí pretende establecer una serie de propuesta hacia una real integración jurídica de los países de la cuenca del Mediterráneo
Mañana tendrá lugar la 2ª Conferencia Mediterránea de Arbitraje y Mediación que se celebrará en Casa Árabe de 10 a 14 horas y que pretende establecer una serie de propuestas hacia una integración jurídica real de los países de la cuenca del Mediterráneo.
La cuenca del Mediterráneo constituye uno de los principales espacios de circulación de personas, ideas, culturas, bienes y capitales del mundo. Son millones las personas que intercambian residencia entre unos países y otros, lo que afecta a sus relaciones familiares, patrimoniales, culturales y económicas en general. Esto ha convertido a esta cuenca en un importante núcleo de intercambio económico.
Pese a ello, entre los países miembros de la cuenca existe la más alta dispersión jurídica y económica, con sistemas normativos en algunos casos contradictorios, constituyendo verdaderas barreras a la circulación del derecho y de los derechos subjetivos de cada uno.
A través de esta jornada se pretenden promover todos los medios posibles, modelos de cooperación jurídica que trabajen en la integración de los países de la cuenca mediterránea, principalmente, en su espacio occidental, donde se efectúan los intercambios personales, económicos y culturales.
Se parte de la premisa de que la unión de todas las culturas de la cuenca del mediterráneo puede facilitarse a través de la mediación, donde son las propias partes en conflicto las que buscan, proponen y consiguen los acuerdos, sin importar las diferencias sociales, culturales, económicas y lingüísticas.
Organizada por la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y el Foro de Juristas Hispano Marroquí se trata de una jornada de expertos para la promoción del arbitraje y de la mediación, entre los que se incluyen Ramón Enciso Bergé, coordinador español del Comité Averroes, José Miguel Júdice, árbitro internacional, Luis Martí Mingarro, presidente de la UIBA, Juan J. Escobar Stemman, embajador en Misión Especial para el Mediterráneo, Almudena Muñoz Guajardo, directora del Consorcio Público Casa Mediterráneo, Javier Laorden, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Francisco José Pascual Vives, Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Universidad de Alcalá), Gonzalo Stampa Casas, abogado, árbitro internacional (Stampa Abogados), Marisa García, abogada experta en mediación internacional con el mundo árabe (Amlex Abogados), Nazareth Romero, abogada experta en mediación y socia del despacho Óvoli de Roma, Alejandra Ramírez Cuenca, de la Junta Directiva del Foro Mundial de Mediación, Manuel Núñez Encabo, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE, Ana Encabo Balbín, secretaria general de la Cámara de Valencia, o Elena González Moñux, viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

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Introductory Course in Mediation del Chartered Institute of Arbitrators

Por primera vez, el Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), European Branch, trae a Madrid sus afamados cursos de mediación. En esta ocasión, el Introductory Course in Mediation se celebrará el 1 de marzo de 2013, de 8:30 a 18:00 horas, en las oficinas de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Madrid (calle Almagro, 9).

El Curso será impartido en inglés. El número de plazas es limitado por lo que las inscripciones se realizarán por orden de recepción de las solicitudes.

La inscripción deberá realizarse mediante remisión por email a Stuart Ness, CIArb European Branch Director of Training ( training@ciarb-europeanbranch.com).

El Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) es uno de los principales centros mundiales de excelencia en relación con el arbitraje, la mediación y otras formas de resolución de conflictos en todos los niveles.

La rama europea CIArb representa los intereses de sus miembros en todo el continente europeo, desde Lisboa a Letonia, de Bruselas a Budapest…

El CIArb fue fundado en 1915 y ahora cuenta con más de 13.000 miembros en más de 100 países. Se trata de una organización sin ánimo de lucro, que trabaja en interés público a través de su red internacional.

Por primera vez, se programa en Madrid uno de sus seminarios de un día: el Curso de Introducción a la Mediación en España.

El curso es una introducción a la mediación y será el inicio de otros cursos de nivel avanzado, que se ofrecerán posteriormente, dentro de unos meses.

Ficha de inscripción

Programa

Solamente un 35% de las mediaciones civiles en Argentina retornan a los tribunales

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Elena Highton de Nolasco, ha presentado el estudio “Impacto de la Mediación Pre-Judicial Obligatoria en Argentina: Un aporte para el debate y la efectividad de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”, que ha sido realizado por un grupo de consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este post vamos a destacar los principales hallazgos del estudio que se ha basado en datos obtenidos entre los años 1996 y 2010:

En el fuero Civil, el ingreso de acciones judiciales se ha reducido en un 28.6%, y podría llegar al 38.8% si se considerara el crecimiento natural del índice de litigiosidad entre 1996 y 2010.

En conflictos de familia, la reducción observada puede desglosarse de la siguiente
manera: ‘custodia de los hijos’ 18,56; ‘pensión alimenticia’ 28,50. Ambos ejemplos son mostrados para el período 23-abr-1996 al 31-dic-2010.

Del total de mediaciones realizadas en el fuero Civil, solamente el 35% (media histórica que ha ido reduciéndose paulatinamente) retorna al sistema como causa judicial, el 65% restante no deriva en juicio. El porcentaje de los casos mediados que reingresaron en el año 2010 bajó al 31,9%. Se puede inferir que actualmente se realizan más mediaciones que juicios en las temáticas de derivación obligatoria lo que repercute en la disminución de la litigiosidad.

No existe información completa sobre el porcentaje de acuerdos. Para las mediaciones de sorteo las cifras oficiales hasta el 2006 arrojan un 37% de acuerdos; para las mediaciones por elección del requirente o de ambas partes, según datos parciales del MJyDH, los acuerdos alcanzan un 34%, y según registros de una institución privada que agrupa mediadores, los acuerdos en mediaciones y por elección representan un 52% del total hasta el año 2009. Para los casos de daños y perjuicios por accidente de tránsito el nivel de acuerdo alcanza al 60% entre el 2004 y el 2008.

Entre las fortalezas encontradas en la gestión de los conflictos mencionados precedentemente, se destaca la celeridad para solucionar los reclamos: la resolución por vía judicial implicaría 3.1 años y la mediación 0.9 años.

En el fuero civil y comercial federal el 36% de las mediaciones ralizadas finaliza con acuerdo. La tasa de retorno a juicio es del 32% y el restante no se judicializó.

Leer el informe completo

¿El pago de las tasas judiciales invitará a usar el arbitraje y la mediación?

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esta ley el Ministerio de Justicia persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.

Constitucionalidad
En esta reforma se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, en la que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia.

La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste de servicio que se presta por la Administración de Justicia. En este mismo sentido, las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza.

Con esta reforma España homologa el sistema de tasas judiciales al que rige en los países de nuestro entorno, en el que, además de la financiación de la Administración de Justicia a través de los impuestos, se exige este tributo a los usuarios del servicio público.

Personas físicas y jurídicas
Con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas, y sólo se exonera a las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar, así como al Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas y organismos dependientes de ellas. Desde el punto de vista objetivo, se aplica la tasa a los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, aunque en éste último sólo en segunda instancia. Queda excluido el orden penal.

El hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación en las órdenes civil y contencioso-administrativo, y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

Se introducen distintas mejoras de gestión de la tasa, tanto para facilitar su pago a través del abogado y procurador (de especial utilidad cuando el litigante no reside en España), como para prever la modificación de la tasa a lo largo de la tramitación del proceso y la devolución de una parte importante de la tasa (el 60 por 100) cuando se alcance una solución extrajudicial del pleito.

La utilización de medios telemáticos también se bonifica, al objeto de favorecer su utilización en la Administración de Justicia.

Fuente informativa: Consejo de MInistros

El arbitraje entre las recomendaciones de los expertos del Observatorio de la Justicia

La inversión en justicia gratuita desciende un 4% (246 millones) con respecto a 2010, cuando se gastaron 256,6 millones. Este es uno de los datos más destacables del VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer, y que supone por segundo año consecutivo una ruptura de la tendencia de crecimiento de la inversión de los ejercicios anteriores. El aumento en 2009 fue del 21% con respectoa 2008, mientras que entre los años 2006 a 2008 la subida media rondó el 11%. En 2010, la bajada fue del 3,8%.

Durante 2011 el número de asuntos de Asistencia Jurídica Gratuita tramitados por los Colegios de Abogados fue de casi 1.700.000. Andalucía es la comunidad autónoma que más asuntos de Justicia Gratuita ha tramitado, con 340.105 expedientes que representan el 20% del total a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña, con más de 313.000 asuntos que representan más del 18% del total.

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos: promover mediación y arbitraje
El Observatorio, asimismo, recoge las recomendaciones de un Comité integrado por representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los sectores sociales afectados, que se elevan al Ministerio de Justicia y a las Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas.

Las 12 recomendaciones del Comité de Expertos del VI Observatorio son:

1.- Reivindicar la figura del Abogado de Oficio como fundamental en el Estado de Derecho, especialmente en una situación de crisis económica como la actual.

2.- Mantener vigente el modelo actual del servicio de justicia gratuita y adaptación, en su caso, a la realidad social, económica y legislativa del mismo.

3.- Ante la situación de crisis, presentar propuestas para evitar un abuso fraudulento por el beneficiario de Justicia Gratuita y conseguir una gestión más eficiente de los presupuestos. Epígrafe dentro del que se hace referencia a la inclusión en el beneficio de otros mecanismos alternativos al judicial
para la resolución de conflictos (mediación, arbitraje…).

4.- Impulsar el servicio de asistencia jurídica gratuita como servicio público. Determinar la responsabilidad de las diferentes Administraciones Públicas a la hora de elaborar y aprobar los presupuestos dedicados a justicia gratuita y de efectuar los oportunos libramientos.

5.- Necesidad de revisión, con carácter urgente, de los requisitos de acceso de los letrados a la prestación del servicio del turno de oficio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso.

6.- Fomentar la formación continua en las distintas especialidades del servicio.

7.- Garantizar el cobro de los honorarios del abogado de oficio, aun cuando no sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita al solicitante.

8.- Elaborar un Protocolo de actuación para los abogados que prestan el servicio en favor de las víctimas de Violencia de Género.

9.- Implantación del SOAJP en todos los Centros Penitenciarios y preceptiva intervención de letrado ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

10.- Garantizar la asistencia jurídica de las personas extranjeras.

11.- Acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a la justicia gratuita. Creación de nuevos servicios de orientación jurídica gratuita y creación de un turno especializado en materia de discapacidad.

12.- Fomentar la creación en los Colegios de Abogados de Servicios de Orientación de Ejecución Hipotecaria.

Más información

¿Podrían ayudar arbitraje y mediación a la descongestión de la Justicia madrileña?

Así lo ha destacado Francisco Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante la presentación de la Memoria 2011…

Los tribunales madrileños registraron el pasado año el ingreso de 1,4 millones de asuntos, lo que supone una reducción del 2,59 por ciento respecto al año anterior, y dejaron pendientes por el atasco judicial un total de 472.215 temas, una cifra que supone un 3,06 por ciento respecto a 2010.

Un año más, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha pormenorizado en rueda de prensa los datos que incluye la Memoria de esta sede judicial correspondiente a 2011.

Según Vieira, las cifras reflejan que uno de los principales problemas que aqueja a la Administración de Justicia sigue siendo la elevada litigiosidad que asumen los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. A ello se suma la deficiente situación de los inmuebles que albergan las sedes judiciales.

La Memoria incorpora una serie de medidas propuestas por Vieira para combatir este atasco judicial, advirtiendo de que con más juzgados se corre el riesgo de incrementar el nivel de ineficacia. No obstante, Vieira ha recalcado que la sobrecarga de trabajo no está de momento repercutiendo de manera grave en los ciudadanos.

Así, expone que sólo con la adopción de medidas legales urgentes se podrá reducir la abrumadora carga de trabajo, el principal azote de los tribunales desde los últimos años.

Entre las medidas planteadas, Vieira ha destacado la necesidad de racionalizar el acceso a los tribunales y, en este punto, ha hecho referencia a la necesidad de modificar la actual regulación de la asistencia jurídica gratuita.

A su juicio, el sistema actual no permite una valoración previa para el que solicita este servicio. Además, ha considerado que la reducción de un 20 por ciento en la partida destinada al Turno de Oficio en los Presupuestos no tendrá “efectos perniciosos” siempre que haya medidas que reduzcan el ingreso de asuntos en este área.

Asimismo, el máximo responsable de la Justicia madrileña ha apostado por fomentar las medidas de resolución extrajudicial de conflictos: el arbitraje y la mediación.

La jurisdicción Contencioso-Administrativo al alza
En cuanto a los datos, la única jurisdicción que ha aumentado debido a la crisis ha sido la Contencioso-Administrativa en la que las entradas de asuntos subieron un 14,87 por ciento y los asuntos en trámites, al acabar 2011, en un 15,27 por ciento. Vieira ha mostrado especial preocupación por la carga de trabajo en estos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que han registrado un incremento de un 26,76 por ciento de los asuntos. Así, se han resuelto un 4,63 por ciento más que el año anterior y se han elevado el número de asuntos pendientes, en un 27,80 por ciento.

En este punto, el presidente del TSJM ha recalcado que es especialmente preocupante la dilación de los señalamientos de los procedimientos abreviados, que en algunos Juzgados lo están siendo ya para el año 2017.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

En cambio, la tendencia bajista se centra en la jurisdicción civil, donde se ha producido una reducción del 16,01 por ciento en los ingresos y del 14,22 por ciento en los asuntos pendientes al acabar el año.

También en la jurisdicción social hay un descenso en los ingresos del 8,05 por ciento, si bien los asuntos en trámite al acabar la anualidad se elevaron en un 5,24 por ciento. Y la Jurisdicción penal se estabilizó, elevándose en un 0,50 por ciento los ingresos y en un 0,93 por ciento los asuntos que había al acabar el año.

Entre los datos de la Audiencia Provincial de Madrid, destaca la entrada de 33.307 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento respecto al año anterior. Además, se han resulto un total de 31.297 asuntos, un 2,71 por ciento por debajo de los 32.168.

Por ello, el número de asuntos pendientes ha aumentado en un 27,74 por ciento, ascendiendo a 8.901 frente a los 6.968 que había al inicio de año. Según Vieira, este incremento se debe a la supresión del plan de refuerzo con el que contaban las secciones penales.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

La Ley de Mediación sigue adelante

 

Congreso de los Diputados

La Comisión de Justicia del Congreso dio ayer su respaldo a las enmiendas de La Ley de Mediación. El texto que aprobó ayer el Congreso y que continuará su tramitación en el Senado, dejó fuera una enmienda del PNV que proponía que la mediación abordara también conflictos de consumo.

 El Congreso validó ayer el proyecto de Ley de Mediación que permite a las corporaciones de Derecho Público ser un canal adecuado para la solución extrajudicial de los conflictos. La redacción del artículo 5 de la Ley de Mediación, en el que se regula cuáles serán las instituciones de mediación, ha sido uno de los más debatidos en la Comisión, como también lo ha sido la cuestión relativa a la responsabilidad de las instituciones de mediación.

 Centros de mediación
Se modificará -mediante una disposición final la Ley de Colegios Profesionales (Ley 2/1974)-, habilitándoles como centros de mediación para desempeñar funciones de mediación y arbitraje mercantil, nacional e internacional.

Fuente informativa: Expansión