I Congreso Internacional de Arbitraje Comercial en Valencia

Los próximo 30 y 31 de octubre tendrá lugar en Valencia el I Congreso Internacional de Arbitraje Comercial y electrónico. En concreto versará sobre la “Ubicación geopolítica valenciana en las transacciones comerciales: el arbitraje como alternativa de resolución de conflictos” Sigue leyendo

El nuevo reglamento de la LCIA entrará en vigor el 1 de octubre

El 1 de octubre de 2014 entrará en vigor el nuevo reglamento de la LCIA, que sustituirá a la anterior normativa, en vigor desde el 1 de enero de 1998.

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) es una de las más importantes instituciones de arbitraje en el mundo. En los últimos 15 años, el panorama legal del arbitraje internacional ha cambiado significativamente, y el nuevo reglamento de la LCIA intentan abordar algunos de esos cambios. La modificación ha sido cuidadosa, y muchos de los artículos se han actualizado.

Los cambios más importantes incluyen:

La capacidad de consolidar similares procedimientos de arbitraje, que puedan tener audiencia ante el mismo tribunal arbitral.
Incluir la figura del árbitro de emergencia para atender peticiones urgentes antes de la constitución del tribunal arbitral.
Directrices sobre la conducta del abogado llamada “táctica de guerrilla” en el arbitraje internacional, como mentir a árbitros, tratando de influir en ellos o la presentación de pruebas falsas.
Más énfasis en la conducta expeditiva de arbitrajes internacionales.

El cambio en el Reglamento de arbitraje de la LCIA más novedoso es la inclusión de nuevas directrices para la conducta de los representantes legales de las partes, que se incluye como anexo.

El Reglamento de arbitraje de la LCIA exige a cada parte que asegure que sus abogados cumplen con sus directrices y crea también un mecanismo de denuncia por el que las controversias relativas a violaciones de las directrices puedan resolverse.

Fuente: LCIA

¿En qué consiste el pacto arbitral ficto?

“Pacto arbitral ficto”: una de las innovaciones más relevantes de la actual legislación arbitral colombiana.

Se trata de una herramienta que permitirá un mayor dinamismo del arbitraje y que promete sobrepasar algunos obstáculos, concretamente formales, de su práctica.

En el arbitraje las partes pueden, por voluntad, retirar la jurisdicción ordinaria para dársela a uno o varios particulares llamados “árbitros” quienes resolverán en derecho un determinado conflicto. Esta figura, sin duda, tiene sus ventajas frente a la cada vez más congestionada administración de justicia.

Para ello es necesario, que las diferentes partes del proceso consientan someterse al arbitraje mediante la demostración de la existencia de un acuerdo en la forma bien de “cláusula de compromiso”.

Hasta ahora, la demostración del acuerdo o pacto arbitral solo era posible presentando prueba documental de dicha voluntad. El nuevo estatuto arbitral, con la introducción del “pacto arbitral ficto”, introduce una suerte de flexibilización en la prueba del acuerdo arbitral, lo que permite llegar al arbitraje incluso sin la necesidad de contar con prueba escrita de la cláusula compromisoria o del compromiso, como hasta hace poco parecía imponerse.

En base al artículo 3º del actual estatuto arbitral, basta afirmar ante un juez o ante un centro de arbitraje que existe un pacto arbitral para que se entienda probada la existencia de ese pacto. Ahora, si ninguna de las partes lo niega expresamente al momento de la contestación de la demanda, se entenderá que ambos han entendido probada la existencia del pacto, sin necesidad de prueba adicional.

No obstantes, a pesar de las evidentes ventajas del “pacto arbitral ficto” -al menos en lo que respecta al intento de “relajar” la prueba del acuerdo arbitral-, la figura ofrece en sí misma un sinnúmero de retos tanto para la institución del arbitraje como para la salvaguarda de la voluntad de las partes, considerada desde siempre su columna vertebral.

Por ejemplo, si las partes no pactaron arbitramento y al momento de contestar el demandado omite hacer manifestación al respecto, ¿podría posteriormente objetarse la existencia del pacto arbitral en el que el demandante dice basarse pero que jamás existió? En los términos en los que está redactado el artículo 3º, la respuesta pareciera ser no. Si el demandado no hizo manifestación alguna sobre la inexistencia del pacto, se entendería que el mismo quedó probado y, en consecuencia, que las partes desplazaron la competencia del juez a los árbitros. No obstante, no puede menos que rechazarse tal interpretación.

La simple ausencia de manifestación del demandado no es posible -en mi opinión- restringírsele a este la demostración posterior de que tal acuerdo jamás existió. Decir lo contrario implicaría no solo desconocer la voluntad de las partes -esencia del arbitramento-, sino que además llevaría al absurdo de negar a los mismos árbitros la posibilidad de considerar que no son competentes para decidir el litigio si encuentran que, en efecto, jamás existió acuerdo o pacto arbitral.

Faltará ver cómo los jueces y los tribunales arbitrales interpretan la existencia de la figura del “pacto ficto”; más importante aún, de qué forma la articulan con la volunta de las partes, históricamente la esencia y columna vertebral de la  institución del arbitramento.

Fuente: La República

La Corte Suprema de Perú considera que deberá anularse el laudo cuando los árbitros no hayan revelado a las partes su relación de parentesco

Tanto la derogada Ley General de Arbitraje como la vigente no contemplan expresamente que el parentesco por consanguinidad o afinidad entre dos árbitros miembros de un ente colegiado sea causal de recusación de estos. No obstante, un reciente pronunciamiento de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, establece que sí pueden ser recusados los árbitros si este vínculo familiar no fue revelado por los propios involucrados al proponerse su nombramiento.

De acuerdo con la Casación N° 888-2013-Piura, se resolvió anular el laudo arbitral tras considerar que “si bien en el artículo 28 de la Ley N° 26572 (Ley General de Arbitraje) no se encuentra expresamente recogido como causal de recusación los vínculos familiares por consanguinidad o afinidad, lo cierto es que, el parentesco puede ser perfectamente enmarcado dentro del tercer inciso de dicho artículo, que prescribe que procede recusación cuando existan circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad o independencia de los árbitros”.

Esta asumida falta de imparcialidad se refleja en que “el parentesco entre dos árbitros y la acreditada relación familiar implica la posibilidad de generar suspicacias respecto a la independencia de ambos, máxime si uno representa a una de las partes que interviene en el proceso arbitral y el otro es el Presidente del Tribunal Arbitral, lo que, podría generar la emisión de una decisión arbitral sin la imparcialidad requerida”.

Para la Sala Suprema existiría un actuar doloso respecto de los árbitros involucrados por no haber revelado oportunamente su vínculo de afinidad (cuñados) pues, “los árbitros han faltado a su deber de informar de las causales de recusación (…), no siendo posible que aleguen desconocimiento de la causal, porque es evidente que el parentesco es anterior a la designación de ambos como árbitros del presente caso”.

De acuerdo con el caso, una vez conocida la relación de parentesco, la parte afectada (Gobierno Regional de Piura) denunció esta situación irregular, pero antes de que el Centro de Arbitraje resolviera la cuestión de recusación, los árbitros emitieron el laudo. Es decir, pese a que posteriormente la entidad estimara el pedido de recusación, el laudo había cobrado eficacia vinculante que solo podría ser rescindida a través de un proceso de anulación de laudo.

Si bien la casación resuelve el impase surgido aplicando la derogada Ley de Arbitraje por razón de temporalidad, sus fundamentos pueden ser válidamente aplicados a los procedimientos que se instalen con la Ley de Arbitraje vigente, Decreto Legislativo N° 1071.

Fuente: La Ley

ENEL pide ante el Ciadi que cese el acoso del Estado

El socio estratégico de LaGeo busca la suspensión del proceso penal iniciado por la Fiscalía, así como de las medidas que afectan la generación geotérmica.

enelEl presidente de la compañía Enel Green Power para América Latina, Maurizio Bezzeccheri habla sobre la disputa que ha llegado al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), en Washington, y valora los elementos de una querella que ya recorrió instancias internacionales con sentencias favorables a sus peticiones.

El alto ejecutivo del consorcio italiano hace un análisis de una disputa donde hay reclamos por las millonarias inversiones realizadas en El Salvador y por la conflictividad que se desató cuando llegó el momento de cumplir los términos del contrato firmado entre ellos y la parte estatal, CEL, al concluir las negociaciones como socio estratégico de LaGeo, la empresa generadora de energía geotérmica en el país.

Bezzeccheri habla también de la agresividad desatada por el presidente Mauricio Funes, y de las actuaciones del fiscal general de la República, Luis Martínez, para atizar una hoguera que pudo resolverse por la vía de la negociación pacífica, cediendo ambas partes para lograr acuerdos. El presidente de Enel Green Power para Latinoamérica espera que al iniciar la gestión de Salvador Sánchez Cerén se abran puertas para encontrar vías de entendimiento apegadas a derecho.

El conflicto inició en 2007 cuanto CEL desconoció los derechos de Enel Green Power contenidos en el acuerdo de accionistas, y no le permitió invertir alrededor de 127 millones de dólares, los cuales serían utilizados para expandir la capacidad instalada de la generadora de energía geotérmica, LaGeo. Esta inversión habría convertido a Enel en el accionista mayoritario de la empresa, un derecho que la empresa italiana recuperó al ganar un arbitraje internacional en 2011. Hasta la fecha, el Gobierno rehusa aceptar el fallo.

Al leer la petición que Enel Green Power hace al CIADI, deja ver que hay una especie de “terrorismo de estado” contra la compañía, y que en los procesos que se siguen en El Salvador ante los tribunales no tiene derecho a defensa por la forma en que está planteado el conflicto ¿Considera que el CIADI tiene facultades para interceder y llevar el litigio a un escenario con condiciones de igualdad para las partes en Washington?

Hemos expresado fuerte preocupación y sorpresa por la estrategia del presidente saliente de forzar con todas las herramientas posibles un abandono por parte de ENEL de sus derechos, incluso atacando su reputación y sus otras inversiones de afuera de El Salvador. ¿De qué otra manera se puede interpretar un embargo por 2 mil millones de dólares sobre bienes locales e internacionales de Enel Green Power, realizado sin notificar a la misma por los apropiados canales internacionales? Monto calculado sobre la base de parámetros absurdos, con base en un reporte pagado por la misma CEL. El embargo no tiene ningún fundamento porque el delito de peculado sólo puede ser cometido por un funcionario público; con este embargo se está responsabilizando a ENEL de manera subsidiaria por el 98% del supuesto daño patrimonial causado al Estado, sobre la base de la supuesta participación secundaria de un exempleado de la empresa, acusado injustamente con este propósito. Es más, medidas Provisionales solicitadas por ENEL ya han tenido un efecto positivo porque El Salvador ha anunciado al tribunal que no va a intentar ejecutar internacionalmente el embargo.

¿Que estaría esperando Enel Green Power en la primera fase del caso, con la petición de que el tribunal dicte Medidas Cautelares?

Enel Green Power espera que el CIADI ordene al estado salvadoreño que se abstenga de tomar medidas que supongan una agravación de la disputa y que menoscaben la jurisdicción del Tribunal para decidir dicha disputa.

Al haber consenso para el nombramiento de los árbitros propuestos por las partes y en espera del nombramiento del presidente del tribunal. ¿Cual sería el perfil de ese tercer árbitro que inclinará de algún modo la balanza con su voto para seguir el caso?

El tribunal está compuesto por prestigiosos y respetados juristas. No consideramos que la valoración y decisión del tribunal pueda depender de un perfil de árbitro particular. ENEL tiene un derecho ya reconocido por un tribunal competente y claramente establecido en los documentos contractuales. Las acciones promovidas por el presidente saliente son manifiestamente contrarias a los derechos que Enel Green Power tiene como inversor en El Salvador, reconocidos en la Ley de Inversiones de El Salvador.

Me remito otra vez a su escrito de la petición, donde deja ver que el gobierno de El Salvador viola sistemáticamente la jurisprudencia internacional el status quo al generar más conflictividad al caso en lugar de dar espacio para que se generen condiciones para que opere la justicia. ¿Cómo se sustenta esa postura y que implicaciones puede tener a su favor?

El Convenio CIADI establece que el tribunal del Banco Mundial tiene jurisdicción exclusiva sobre las disputas sometidas a su consideración, para que los estados no sean juez y parte en juicios que los ven involucrados. Al intentar el gobierno que la disputa se decida en foros locales se está violando esta disposición del Convenio CIADI así como también la disposición del Acuerdo de Accionistas que establece que las disputas deben decidirse por medio de arbitraje internacional. El presidente saliente (Mauricio Funes) y el Fiscal General han estado pateando el tablero de una forma que daña severamente la credibilidad del país.

¿Argumentan que están defendiendo los intereses del estado?

El gobierno tiene el derecho de hacer valer sus posiciones y defender lo que piensa que le corresponde, pero ese partido debe jugarlo con base en las reglas aplicables. En un partido de fútbol el gobierno puede poner pierna fuerte, hacer penales para que no le hagan goles y esmerarse en ganar el partido, pero no puede cambiar el árbitro que antes aceptó, ni achicar su arco, ni amenazar al otro equipo con cobrarle penales si hace goles, ni, mucho menos, desconocer el resultado del partido. Y sin duda, El Salvador no puede ser árbitro en el mismo partido donde está jugando. Lamentablemente esto es lo que estuvo haciendo el presidente saliente. Esto va a tener un efecto en la vocación de otros inversores, ya que el mensaje para la comunidad internacional es que quien invierta en El Salvador estará sujeto a este tipo de conductas. Muy pocos van a estar dispuestos a jugar un partido con estas reglas.

La defensa de El Salvador asegura que el CIADI no tiene jurisdicción para conocer este caso porque desnaturalizaría el convenio al interferir en una disputa entre empresas privadas (Enel Green Power e Inversiones Energéticas, S.A. de C.V). ¿Puede explicar a donde está a su criterio el fondo del asunto?

La sugerencia de que esto es una disputa privada no resiste análisis. Varias autoridades públicas, tal como el presidente saliente, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, los funcionarios de CEL y el propio Poder Judicial han hecho manifestaciones reiteradas y han actuado como si ésta fuera una disputa entre Enel Green Power y el mismo gobierno relativo a un recurso del Estado. De hecho, el propio delito de peculado que falsamente se imputa, tiene como presupuesto una conducta de la administración pública. Por estas razones es evidente que la jurisdicción del CIADI es la más apropiada.

¿Se responde la pregunta entonces de por qué son representantes del gobierno los que dicen que no van a cumplir el laudo a favor de Enel Green Power dado en París y ratificado en la apelación?

Exacto. Los argumentos del gobierno sobre este punto son refutados cotidianamente por los dichos y hechos de las propias autoridades.

¿Cree Enel que el tribunal del CIADI podría incidir para abrir la puerta secreta de contabilidad y otras acciones desconocidas de INE, que están salvaguardas por su naturaleza de ser una subsidiaria privada de CEL?

No tenemos opinión sobre esto. Lo que hacen o dejan de hacer INE y CEL a nivel interno es ajeno y desconocido por Enel Green Power.

¿La demanda ante el CIADI por parte de Enel es para conseguir una nueva sentencia de un tribunal arbitral o para obligar a El Salvador a cumplir el laudo de CCI del que la defensa dice que no hay jurisdicción?

El reclamo es para conseguir un nuevo laudo arbitral que ordene al gobierno cumplir con sus obligaciones con Enel Green Power, una de las cuales es cumplir con los derechos reconocidos en el laudo arbitral y para que se compense a Enel por los daños sufridos como consecuencias de las acciones del gobierno dirigidas a socavar sus derechos y destruir el valor de su inversión.

¿Qué expectativas tiene Enel ante el cambio de gobierno en El Salvador y si consideran que podría haber un espacio de diálogo para subsanar diferencias?

ENEL siempre ha tenido y tiene plena disposición para negociar y llegar a un acuerdo. Aprovechamos esta entrevista para reiterar nuestro deseo de encontrar una solución razonable para ambos accionistas y cerrar de manera definitiva este tema. Cabe destacar que Enel Green Power ha ofrecido al gobierno saliente alternativas, entre las que se cuentan limitar el derecho de Enel Green Power a acrecentar su participación accionaria más allá del 51% de LaGeo, para asegurarle al estado una participación activa y substancial en la gestión de la compañía.

Pero siempre con mayoría…

ENEL no es un inversor financiero de corto plazo, llegó a El Salvador para aportar tecnología y capital de riesgo, y llegó para contribuir a transformar a LaGeo en una compañía líder del sector en América Latina, que exporte servicios, genere actividades industriales, forme profesionales del sector y enorgullezca a todos los salvadoreños. Enel Green Power todavía aspira a cumplir estas metas y desarrollar la geotermia en el país. Pero para lograr esto tienen que respetarse sus derechos como socio de este proyecto común. Mientras ello no suceda, ENEL defenderá sus derechos con todos los recursos que el derecho le brinda. Es evidente que al gobierno, a Enel Green Power y a todos los salvadoreños les iría mejor si el tiempo, los esfuerzos y los recursos dedicados a esta disputa fueran dedicados a producir más energía, sustentable y competitiva.

Fuente: El Salvador

Miami acogerá el congreso del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial

iccaLa ciudad de Miami será la sede del Congreso bianual del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial (ICCA, por sus siglas en inglés) este mes de abril. La decisión de designar a Miami como sede de la conferencia se vio impulsada por el resurgimiento de la ciudad como una de las sedes más codiciadas para procedimientos de arbitraje en las Américas y su posición como un invernadero para la actividad comercial internacional.

Fundada en 1961, el ICCA es la organización líder a nivel mundial centrada en la práctica del arbitraje comercial internacional.

Este Congreso se celebrará del 6 hasta el 9 abril en el Hotel InterContinental de Miami y lugares cercanos al downtown de Miami, contará con la presencia de más de 1,000 autoridades de arbitraje y abogados de todo el mundo.

Lo más destacado de la agenda del ICCA 2014 incluyen un discurso de apertura por el juez Stephen M. Schwebel, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia y ex miembro de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional. Las sesiones del programa abordarán temas como los beneficios de distintas sedes de arbitraje en los EE.UU.; cómo el arbitraje se aplica en el fraude y abuso de derechos, los desafíos en relación con la legitimidad de arbitraje, y más.

“Los miembros de la comunidad legal de Miami han pasado la mayor parte de dos décadas desarrollando una infraestructura de arbitraje robusto con el objetivo de establecer nuestra ciudad como la capital de arbitraje para las Américas – y el mundo”, dice Burton Landy, presidente de la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami y miembro del Comité Organizador del evento. “La llegada del Congreso de ICCA en 2014 confirma que nuestros esfuerzos nos permite mostrar por qué Miami se ha ganado un lugar entre los mejores lugares a nivel mundial para los procedimientos de arbitraje”, agregó Landy, socio de la firma legal Akerman LLP.

El arbitraje internacional es comúnmente utilizado por las empresas para llegar a acuerdos en disputas sobre transacciones transfronterizas. El arbitraje es el método preferido de resolución alternativa de conflictos entre estas empresas por un número de razones, incluyendo la aplicación mundial de adjudicaciones arbitrales y la estabilidad y fiabilidad derivadas de llevar a cabo dichas acciones en un lugar neutral.

El crecimiento de Miami como una de las mejores ciudades del mundo para el arbitraje internacional y el derecho internacional ha sido impulsado por su ubicación como puente entre América del Norte, América Latina y el Caribe y Europa, su diversidad cultural y lingüística y por la creación de nuevas instalaciones y programas, incluyendo el segundo Tribunal del país de Arbitraje Internacional y programas de abogacía especializados y Especialización Internacional en Arbitraje ofrecido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami con cursos impartidos por profesionales en el campo del arbitraje más importantes del mundo, entre ellos el experto Jan Paulsson.

Igualmente importante, los grupos como la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami han ayudado a orquestar el paso de la legislación destinada a reforzar la viabilidad de la Florida como un destino de arbitraje neutral, que incluye la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Florida – que adoptó su versión más reciente de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional.

La viabilidad financiera es un factor clave en la decisión de organizar un procedimiento de arbitraje en Miami. Destino Florida, una asociación conjunta público-privada del Estado con el fin de promover el desarrollo económico y la conectividad con América Latina y el Caribe, realizó un estudio el cual reveló que el costo de los servicios, instalaciones y alojamientos en Miami se encuentra entre 30 y 60 por ciento menos que la de centros de arbitraje comparables en Ginebra, París, Londres y Madrid.

“Con más y más empresas en busca de maneras alternativas de resolución de disputas, Miami ocupa cada vez un mayor volumen de actividad de arbitraje de América Latina, Europa e incluso Asia”, señala Eduardo Palmer de Eduardo Palmer PA, Secretario de la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami. “A través de nuestros esfuerzos estratégicos para construir toda la infraestructura necesaria para proporcionar un sitio ideal para patrocinar procedimientos de arbitraje internacional, Miami se ha convertido en un sitio líder de arbitraje en las Américas y, por supuesto, cuando se trata de la asequibilidad, pocos lugares pueden competir con Miami.”

Estos factores han causado un aumento del volumen de arbitraje en Miami, donde el número de procedimientos de arbitraje pendientes ha aumentado de manera significativa al igual que la lista de casos de demandas civiles que se encuentran radicados por jurados ha disminuido tanto como un 25 por ciento, según algunas estimaciones. Algunas de las firmas de abogados más grandes del mundo están explorando esta actividad mediante el establecimiento de prácticas internacionales en el sur de la Florida.

Palmer explica que cómo la ciudad se beneficia de un repunte en la actividad de arbitraje: “El objeto de ser uno de los sitios del mundo para los arbitrajes significa un gran negocio para Miami. Más allá de la llegada de firmas de abogados nuevas, nuestra economía está recibiendo un grato impulso en manera de las estadías en hoteles, los cuotas por el uso de instalaciones para conferencias y oficinas, y la inscripción de proveedores de servicios que van desde reporteros de corte hasta traductores. Lo que antes era un subconjunto del sector jurídico ahora se está convirtiendo en una industria independiente por derecho propio”.

La inscripción para el ICCA 2014 ya está disponible en línea en www.ICCAMiami2014.com

Fuente: Noticias Jurídicas

El Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC) enmienda su reglamento para el arbitraje administrado

imagesTras varios años de experiencia en la administración de arbitrajes mercantiles internacionales basados en su reglamento de 2008 y un extenso proceso de consulta pública, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC) ha anunciado recientemente la entrada en vigor de su nuevo Reglamento de Arbitraje que entró en vigor el 1 de noviembre de este año.

La peculiaridad de este reglamento es su concepto de “administrado”. Lo que este concepto significa –y lo que lo hace distinto de otro tipo de reglamentos—es que HKIAC solo se involucra cuando es necesario, cuando las partes requieren asistencia administrativa sin tener que recurrir a un modelo arbitral reglado de la A la Z. Así, prima la voluntad de las partes en el desarrollo y administración del arbitraje con una intervención institucional limitada a necesidades puntuales que las partes pudieran tener. Digamos que este reglamento constituye un híbrido entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional.

¿Qué hay de nuevo o especial?

De un lado, este nuevo reglamento permite a los árbitros mayor flexibilidad en la forma en la que se les autoriza a consolidar asuntos ante HKIAC, bien sean de naturaleza multicontrato o multiparte (arts. 27, 28, 29).

El procedimiento para la agilización de arbitrajes (expedited procedures) también se ha enmendado. Para empezar, el procedimiento expedito es ahora voluntario en vez de obligatorio para disputas superiores a los 3 millones de dólares norteamericanos. Sobre la base de la voluntariedad en la aplicación de este mecanismo, las partes podrán recurrir a él en cualquier momento de su arbitraje. A menos que las partes pacten lo contrario, el procedimiento expedito asume arbitrarán ante un único árbitro, así como que las partes desean recibir el laudo dentro de los seis meses siguientes al traslado del expediente al árbitro. (art. 41).

Los honorarios de los árbitros ha sido objeto de mucha crítica en Hong Kong por su elevada cuantía. Este nuevo reglamento impone un techo para la compensación basada en horas trabajadas de aproximadamente 830 USD por hora a menos que las partes acuerden lo contrario. El esquema de compensación basado en la cuantía en disputa no varía. ¿Qué se pretende por parte de HKIAC? que las partes puedan llegar a una idea aproximada sobre el coste del arbitraje en lo tocante a los honorarios de los árbitros. (arts. 50, 54).

Las medidas cautelares de emergencia también han sido objeto de enmienda. Hablamos en este caso de nombrar a un árbitro o panel de emergencia de naturaleza interina que solo se ocupa de decidir este tipo de cuestiones. El motivo para la creación de este tipo de árbitro de emergencia reside en la naturaleza del acuerdo de las partes sobre los procesos de nombramiento de árbitros, y que en ocasiones impide la constitución de un panel hasta transcurrido varios meses. Gran parte del atractivo de este procedimiento reside en una enmienda reciente a la Ordenanza de Arbitraje de Hong Kong que permite ahora que las medidas cautelares dictadas por árbitros se ejecuten sin dilación en esta jurisdicción. (art. 58).

Reglamento para el Arbitraje Administrado del Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC) [en vigor desde el 1 de noviembre de 2013]

http://aryme.com/docs/adr/2-2-2983/reglamento-arbitraje-2013-china-hong-kong-hkiac-arbitration-rules.pdf

 Fuente: Aryme