Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales

Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.

Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EEUU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.

Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EEUU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.

Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.

“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

Documentos firmados por Wikileaks

Fuente: Libre Red

El acuerdo secreto con el Club de París

La falta de información oficial transforma el acuerdo firmado en un convenio secreto: no se conoce qué obligaciones ha contraído el Gobierno, no se tiene acceso a los documentos.

En el marco de la nueva ola de endeudamiento de la Argentina que se está produciendo, el Gobierno nacional acelera los pasos de la hoja de ruta de Amado Boudou: 1) liquidación sí o sí del problema de las deudas endefault (Ciadi, Repsol, holdouts ); 2) arreglo de la deuda con el Club de París, para 3) volver al mercado de capitales y tomar nueva deuda en gran escala.

En este contexto, el allanamiento a las exigencias del Club de París tiene tres características centrales: la naturaleza secreta del arreglo, la falta de capacidad de repago de las obligaciones y la no intervención del Congreso.

Acuerdo secreto

La falta de información oficial transforma el acuerdo firmado en un convenio secreto: no se conoce qué obligaciones ha contraído el Gobierno, no se tiene acceso a los documentos firmados, no se sabe cuál ha sido el origen y la evolución de las acreencias reclamadas por los países acreedores, ni cómo ni cuándo se han incorporado otras deudas bilaterales.

Tampoco se explica cómo se ha producido el aumento del stock de la deuda desde los 1.800 millones de dólares, declarados oficialmente al 31 de diciembre de 2001, respecto de los 9.700 millones de dólares reconocidos ahora (cinco veces más), ni su correspondiente detalle desagregado por rubros (intereses acumulados, punitorios, incorporación de otras deudas, diferencias de cambio y otros conceptos).

La administración Kirchner no tiene intención de mostrar estos acuerdos suscriptos, ni mucho menos los antecedentes que debieran acompañarlos.

El ocultamiento de tales informaciones es a la vez parte de la complicidad con el endeudamiento irregular que viene de arrastre, pero también de sus compromisos propios negociados en secreto.

El Gobierno nacional debe dar a publicidad el convenio suscripto con el Club de París y debe desclasificar la documentación probatoria de las acreencias reconocidas –que están todavía bajo investigación de la Justicia– así como deslindar su cuota parte de responsabilidad por el reconocimiento y por la contracción de las nuevas deudas.

Incapacidad de repago

La administración Kirchner no ha demostrado la capacidad de repago del país sobre las nuevas obligaciones que está contrayendo –refinanciación de deudas “heredadas” y agregado de nuevas deudas– como no sea asumiendo deudas nuevas para cancelar los vencimientos que se vayan produciendo.

Lo mismo que en el caso de los pagos acordados por los laudos perdidos ante el Ciadi y por las indemnizaciones a Repsol, la nueva política K es el pago de los juicios que se pierden con títulos públicos (bonos que no tienen capacidad genuina de pago).

Esta política es aplicada ahora a la deuda externa con los países del Club de París, mientras se avanza en paralelo bajo este mismo criterio en el pago a los holdouts (los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010) por sus demandas ante los tribunales de Nueva York.

Fuera del Congreso

Así como la administración Kirchner no muestra la menor intención de dar a publicidad las informaciones que origina el nuevo acuerdo de pagos con el Club de París, mucho menos piensa someter dicho acuerdo al Congreso de la Nación, tal como le compete a este según sus atribuciones constitucionales, debido a que se trata de un acuerdo por suscribir entre estados, y los contratos entre estados son tratados que deben tener aprobación parlamentaria.

Esto surge de lo dicho por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante su informe ante la Cámara de Diputados, en el que precisó que el Ejecutivo interpreta que en función de las facultades delegadas no sólo no tendría que someter el acuerdo al Parlamento, sino que ni siquiera se consideraría obligado a remitir la documentación que lo respalda y que hasta la fecha nunca ha sido desclasificada.

Esta postura oficial transgrede expresas disposiciones constitucionales al respecto, porque aquí estamos hablando de dos cuestiones diferentes que concurren ante un mismo hecho, que es el acuerdo de deuda entre estados:

Una es la delegación parlamentaria de facultades de reestructuración de la deuda pública al Ejecutivo en función del Presupuesto y de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, porque esto subvierte la intervención del Poder Legislativo en el arreglo de la deuda pública (artículos 29 y 75, incisos cuatro, siete y ocho de la Constitución Nacional).

Otra es la cuestión de delegar la firma de tratados sin intervención del Congreso (artículo 75 inciso 22 de la Constitución), siendo que los contratos entre estados son tratados internacionales, y los convenios binacionales, producto del acuerdo de base con el Club de París, entran dentro de esta categoría.

El Club de París no es un organismo financiero internacional formal, sino una secretaría de coordinación de países acreedores y sus acuerdos deben traducirse a tantos convenios bilaterales como países involucrados haya; en este caso, 16 sobre los 19 países miembro. Y tales tratados tienen que ser aprobados por el Congreso.

Cualquiera sea la argumentación del Gobierno nacional acerca de su interpretación de las facultades delegadas para las reestructuraciones de deuda, en el caso del Club de París –e independientemente del carácter secreto de las gestiones de negociación realizadas– estas nunca abarcarían la delegación de firma de contratos que son tratados internacionales y que, como tales, deben ser aprobados por el Congreso.

En el contexto de la nueva ola de endeudamiento que se está produciendo en las postrimerías de la administración Kirchner –obligaciones que deberán ser asumidas esencialmente por el próximo gobierno–, el nuevo acuerdo con el Club de París es parte del “dictado” de los acreedores y de los grandes bancos colocadores de deuda externa para que la Argentina vuelva rápidamente a emitir bonos en el exterior, conforme la hoja de ruta de Amado Boudou.

Fuente: La Voz

El Financial Times se pregunta si Argentina también logrará acordar con los Holdouts

financialtimesSuperada la negociación con el Club de París, el diario económico enumera los acuerdos que alcanzó la Argentina y abre la incógnita por los Fondos Buitre

El diario económico Financial Times destacó este jueves en un artículo titulado “Argentina gana respaldo tras alcanzar un acuerdo con el Club de París”, la firma entre el Gobierno y el organismo y deja un interrogante:”¿Finalmente cerrará también Argentina un acuerdo con los holdouts?, esa es la pregunta del millón”.

El diario enumera los últimos entendimientos que firmó el país, como la compensación a Repsol tras la estatización de sus acciones en YPF, los arreglos por las demandas en el CIADI, unidad de arbitraje del Banco Mundial, y la introducción de nuevos métodos de mediciones para las estadísticas económicas a pedido del FMI.

El único caso ahora que traba el acceso a los mercados internacionales de crédito es la pelea con los holdouts que hasta llegó a la Corte Suprema de los EE.UU.

“Incluso podría pagarle a los holdouts con nuevos bonos, en lugar de dinero en efectivo (como en el acuerdo con Repsol). Una ventana podría abrirse luego de fin de año, cuando expire una cláusula legal que prohibe que el gobierno acuerde con Elliot mejores condiciones a las que ofrecieron al resto de los acreedores en el pasado”, plantea el diario .

Mientras tanto, el diario describe que “para los argentinos, la economía se ha paralizado y la inflación se mantiene alta después de una devaluación de enero diseñado para detener la salida de las reservas en dólares. Este problema es prioridad uno para Cristina Kirchner, que necesita llegar al final de su presidencia en diciembre de 2015, sin un estallido económico importante o una crisis en la balanza de pagos”.

“Todos estos movimientos están dirigidos a mejorar las relaciones financieras. Cuanto antes lo consiga, más pronto Argentina podrá obtener dinero fresco del extranjero”, concluye.

Fuente: Iprofesional

Acuerdo entre Repsol y Argentina por la expropiación de YPF

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM

El consejo de administración de la petrolera española ha aceptado la compensación de 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF. Repsol cobrará en deuda pública argentina. El acuerdo se firmará el próximo jueves en Buenos Aires.

El acuerdo, que debe ser aprobado por los accionistas de la petrolera, garantiza que Repsol recibirá bonos argentinos con un valor de mercado de, al menos, 4.670 millones de dólares y un máximo de 6.000 millones y supone la retirada de todos los litigios judiciales pendientes entre ambas partes, así como la renuncia a futuras reclamaciones.

Según ha explicado el grupo presidido por Antonio Brufau, Argentina reconoce que tiene una deuda de 5.000 millones de dólares que sufragará mediante varias emisiones de bonos y no quedará saldada hasta que Repsol cobre el importe completo.

Mediante diversos mecanismos, la compensación mantendrá su valor convirtiéndose de deuda a dinero en efectivo, una de las principales reclamaciones que había llevado a cabo Repsol. El Gobierno argentino entregará a la petrolera española un primer paquete de acciones nominales con tres tipos de bonos soberanos: dos ampliaciones de emisiones existentes -una por 500 millones de dólares y otra por 1.250 millones de dólares- y una nueva, por un total de 3.250 millones.

A la ampliación de 1.250 millones hay que añadir otros 500 millones de intereses capitalizados que se suman al nominal y no se abonarán en efectivo. De este modo, el valor real de la emisión es de 1.750 millones. Además, la nueva emisión de 3.250 millones garantiza el pago del 8,75% de los intereses durante los primeros 18 meses.

En caso de que la emisión de 5.000 millones de dólares emitidos (5.500 millones si se suman los intereses capitalizados) tienen un valor en el mercado inferior a 4.670 millones, Argentina realizará nuevas emisiones por hasta 1.000 millones.

Como garantía adicional de pago, el hecho de que el acuerdo esté validado por el Congreso argentino supone que la deuda está reconocida oficialmente, por lo que ante cualquier impago Repsol podrá reclamar todas las cantidades pendientes de cobro en un arbitraje internacional sin necesidad de valoración previa.

Fuente: Expansión

YPF y Chevron resolverán sus litigios en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM

Uno de los aspectos que se destacan del contrato entre las petroleras para buscar hidrocarburos en Vaca Muerta, es la jurisdicción en la que se resolverán eventuales litigios. El escenario será el del Tribunal de Arbitraje de la ICC, donde ocupa un lugar nada menos que el abogado que logró el embargo de la fragata Libertad en Ghana. Por otro lado, en Wall Street están atentos a los aspectos reservados del acuerdo.

Entre las clausulas que incluye el acuerdo entre YPF y la estadounidense Chevron para buscar petróleo en la formación Vaca Muerta, muchas de ellas, de carácter reservado, se destaca la jurisdicción en la que las compañías resolverán eventuales litigios.

Miguel Galuccio confirmó la semana pasada que el contrato se regirá por la justicia de Nueva York y que en caso de pleito, el escenario será el del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), con sede en París.

En ese tribunal hay un viejo conocido de la Argertina. Se trata de Ace Anan Ankomah, el abogado que consiguió para el fondo buitre NML Elliot el embargo de la fragata Libertad en las costas de Ghana.

Tal como informó Urgente24 durante aquellos días de controversia con el buque escuela, Ankomah es socio del buffet Bentsi-Enchill, Letsa & Ankomah (BEL&A), una sociedad fundada en 1988.

El abogado fue designado en el ICC “para servir como miembro” del tribunal internacional por período de 3 años, desde el 1/7 último hasta el 30/6 de 2015.

Ankomah es uno de los 2 ghaneses que forman parte del tribunal de la ICC, pero el único con caracter permanente. El otro es Felix Ntrakwah, quien lleva el cargo de “miembro alternativo”.

De acuerdo a la página web de la ICC, su tribunal “es uno de los más experimentadas y renombradas instituciones de arbitraje internacional”.

Si bien Ankomah consiguió la retención de la fragata durante más de 70 días, la Corte Suprema de Ghana consideró, varios meses después de la liberación, que el embargo fue “injusto”.

Uno de los 9 miembros del tribunal, Kwasi Anin Yeboah, mantiene una vieja amistad con Ankomah. De hecho, el 3/9 el abogado publicó una columna en la que defiende al cortesano de los ataques del partido de gobierno ganhés, el Congreso Democrático Nacional, que lo acusa de decidir en base a “su filiación política”, ya que fue nombrado por la entonces administración del Nuevo Partido Democrático.

Volviendo al tema YPF-Chevron, hasta las manos del tribunal del ICC y de Ankomah podría llegar el reclamo de Repsol,  excontrolante de la petrolera, para conocer el contenido de las denominadas “cláusulas secretas” del contrato.

Las partes reservadas del acuerdo también estarían siendo seguidas de cerca por Wall Street. De acuerdo a comentarios de operadores a los que tuvo acceso Urgente24, el principal interés de la capital financiera es quién se hará cargo de los eventuales pasivos ambientales que dejen las operaciones en la provincia de Neuquén.

En Wall Street prestan atención a los antencedentes de Chevron en Ecuador, donde la herencia de Texaco es un enorme problema que trasciende la frontera del país de Rafael Correa. Basta recordar que la justicia llegó a embargar a la estadounidense en la Argentina, aunque zafó gracias a la intervención de la Corte Suprema.

Por otro lado, también resulta de interés el contenido del contrato por su presunto impacto en las acciones de Chevron. “La idea que circula es que será YPF la que asumirá los costos ambientales”, apuntan las versiones. Esto tendría un mayor impacto negativo en las acciones de la petrolera reestatizada.

 Fuente: Urgente 24

Ecuador pretende elaborar una “lista negra” de tribunales de arbitraje internacional

JORGEGLASS

Jorge Glass, Vicepresidente de Ecuador

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, anunció hoy que el Gobierno prevé elaborar una “lista negra” de tribunales de arbitraje internacional que intentan desprestigiar a “nuestros países”.

“Hemos tomado la decisión de contactarnos con países amigos para publicar en una lista todos estos árbitros internacionales que se han dedicado a tratar de destruir a nuestros países“, dijo Glas en el informe semanal de labores en el que reemplaza al jefe de Estado, Rafael Correa, que se encuentra de vacaciones.

Glas apuntó que prevén “hacer una suerte de lista negra de estos árbitros para que Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, denunciemos este sistema corrompido de arbitrajes“.

No vamos a permitir que estos tribunales de arbitraje traten de destruir la economía de nuestros países y, todos juntos, nos opondremos a cualquier participación de este tipo de árbitros que están dedicados a destruir la economía de nuestras naciones y de ser serviles o complacientes” con compañías trasnacionales, dijo.

“La dignidad de nuestros pueblos puede más que el bolsillo gigante que tengan esas compañías trasnacionales y sus acólitos también, algunos congresistas norteamericanos que se dedican a atacar a Ecuador”, agregó el vicepresidente.

En marzo pasado, Correa aseguró que su país daría una respuesta “nacional, regional y global” ante los “abusos” que, dijo, han cometido las multinacionales, sobre todo petroleras, con demandas al Estado en organismos internacionales de arbitraje. Además, afirmó que la Asamblea Nacional denunciaría o anularía los tratados de protección bilateral de inversiones (TBI) suscritos en el pasado .Ello porque, según dijo, los TBI sólo benefician a las trasnacionales, así como los tribunales de arbitraje internacional que acogen este tipo de demandas de grandes corporaciones.

Correa puso el ejemplo del caso de la petrolera Occidental (Oxy), que ha demandado a Ecuador por supuesta infracción del TBI con Estados Unidos, aunque el tribunal arbitral que trató el caso reconoció que la compañía violó el contrato que tenía con el Estado ecuatoriano.

Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, se declaró competente para conocer el caso, pese a que no podía hacerlo según el propio contrato firmado por la petrolera, señaló entonces Correa.

También se refirió al caso abierto con la petrolera Chevron, que logró que un tribunal de arbitraje de Naciones Unidas fallara contra el Estado por no haber impedido que se aplicara una multimillonaria condena contra la compañía en un juicio entre particulares sobre contaminación ambiental en la Amazonía.

Correa explicó que los pleitos de carácter privado no están amparados en el TBI con Estados Unidos y que el juicio ambiental no lo planteó el Estado sino comunidades indígenas y de colonos de la Amazonía por el daño ambiental que consideran dejó en esa zona la petrolera Texaco mientras explotó yacimientos entre 1964 y 1990.

Recordó, asimismo, que Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, abandonó el país en 1992 y que el TBI con EEUU entró en vigor en 1997, por lo que, a su parecer, el tribunal ejerció su fallo de forma retroactiva, lo que es improcedente.

Fuente: Diario Vasco

España acumula ya dos denuncias ante las cortes de arbitraje por las primas a las fotovoltaicas

La juez internacional, Gabrielle Kaufmann-Kohler, será la encargada de dirimir si España actuó de forma justa cuando tomó la decisión de reducir en un 30% las primas a las fotovoltaicas.

Esta medida fue adoptada en junio de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián y puso en funcionamiento un sistema mixto que fija un cupo de hora al año con prima y en el que, más allá de ese umbral, la electricidad generada se paga conforme al mercado. Una acción que ha llevado, por primera vez, a España ante los tribunales internacionales de arbitraje, donde ya constan dos denuncias por este tema.

Kayfmann-Kohler es una de las expertas que participó en I Congreso de Arbitraje de Inversión en Iberoamérica, organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid. Profesionales del sector destacan que las “primas a las fotovoltaicas ha desencadenado el cambio de paradigma por el que España ya no es sólo un país demandante en casos de inversiones afectadas en el extranjero y ha pasado a ser, por primera vez, denunciado.

Argentina, el país más demandado

Uno de los casos más importantes que afectan hoy en día a nuestro país es el enfrentamiento entre Repsol y Argentina, pero no es el único. El caso de Repsol será resuelto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que, dentro del marco del Banco Mundial, se concibió para dirimir disputas entre naciones y empresas de diferentes países, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Sólo en el último año, han demandado a diferentes estados compañías como Telefónica, contra México, Ipsolux, contra Perú, el grupo Francisco Hernando contra Guinea Ecuatorial y Valle Verde Sociedad Financiera contra Bolivia.

Fuente: El Confidencial