Un fondo británico presenta la sexta denuncia contra España por los recortes a renovables

Molino-viento-personal-para-generar-energia-eolicaEl fondo británico InfraRed Environmental Infrastructure ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, la sexta denuncia contra España por los recortes a las energías renovables.

En este caso, el fondo presenta la reclamación junto a otras firmas de inversión.

Las denuncias presentadas se concentran hasta la fecha en el sector de la energía solar y, en concreto, en los recortes que comenzaron a aplicarse a finales de 2010, como parte del real decreto ley 14/2010.

Hace apenas una semana, el Ciadi registró la denuncia presentada por NextEra Energy Holdings y NextEra Energy Spain, que se suma a las presentadas por la firma de Abu Dabi Masdar Solar y por los fondos europeos Eiser Infrastructure Limited, RREEF y Antin.

Al conocerse las primeras denuncias el pasado 9 de diciembre, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya indicó que los servicios jurídicos del Estado han respaldado los recortes a las renovables y consideró que los demandantes aspiraban a rentabilidades del 20%.

‘El País’, que adelanta la nueva denuncia, explica que InfraRed tomó una participación en dos proyectos de energía termosolar en España en septiembre de 2011, uno en Morón de la Frontera (Sevilla) y otro en Olivenza (Badajoz).

Su entrada en estas dos plantas, de 50 megavatios (MW) cada una, se produjo antes de la puesta en marcha de las mismas. En el momento del anuncio de la toma de participación, InfraRed anunció que proporcionaría más de 500 millones de euros de financiación a través de capital y deuda.

Fuente: Europa Press

El Financial Times se pregunta si Argentina también logrará acordar con los Holdouts

financialtimesSuperada la negociación con el Club de París, el diario económico enumera los acuerdos que alcanzó la Argentina y abre la incógnita por los Fondos Buitre

El diario económico Financial Times destacó este jueves en un artículo titulado “Argentina gana respaldo tras alcanzar un acuerdo con el Club de París”, la firma entre el Gobierno y el organismo y deja un interrogante:”¿Finalmente cerrará también Argentina un acuerdo con los holdouts?, esa es la pregunta del millón”.

El diario enumera los últimos entendimientos que firmó el país, como la compensación a Repsol tras la estatización de sus acciones en YPF, los arreglos por las demandas en el CIADI, unidad de arbitraje del Banco Mundial, y la introducción de nuevos métodos de mediciones para las estadísticas económicas a pedido del FMI.

El único caso ahora que traba el acceso a los mercados internacionales de crédito es la pelea con los holdouts que hasta llegó a la Corte Suprema de los EE.UU.

“Incluso podría pagarle a los holdouts con nuevos bonos, en lugar de dinero en efectivo (como en el acuerdo con Repsol). Una ventana podría abrirse luego de fin de año, cuando expire una cláusula legal que prohibe que el gobierno acuerde con Elliot mejores condiciones a las que ofrecieron al resto de los acreedores en el pasado”, plantea el diario .

Mientras tanto, el diario describe que “para los argentinos, la economía se ha paralizado y la inflación se mantiene alta después de una devaluación de enero diseñado para detener la salida de las reservas en dólares. Este problema es prioridad uno para Cristina Kirchner, que necesita llegar al final de su presidencia en diciembre de 2015, sin un estallido económico importante o una crisis en la balanza de pagos”.

“Todos estos movimientos están dirigidos a mejorar las relaciones financieras. Cuanto antes lo consiga, más pronto Argentina podrá obtener dinero fresco del extranjero”, concluye.

Fuente: Iprofesional

Enel se ceñirá a litigio internacional y no a tribunales locales

enelLa apuesta de resolución de la empresa italiana Enel Green Power, ante los señalamientos de privatización y falta de cumplimiento de un laudo arbitral a su favor, se centra en el análisis que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) efectúa del caso, y no en el seguimiento de dos procesos judiciales activos en El Salvador. 

Francisco Bertrand Galindo, asesor externo de la empresa italiana, dejó entrever que los extranjeros no están interesados en mostrarse parte en el proceso judicial que se sigue en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra nueve exdirectivos de la CEL, LaGeo y exrepresentantes de Enel. Todos están procesados por peculado. En este caso, Enel es demandada subsidiariamente. 

“CIADI suspende la jurisdicción local. Hay un requisito para poder ir al CIADI, que le impone al inversionista extranjero que cualquier cosa que tenga en el proceso local lo tiene que abandonar. O sea, o es la jurisdicción del CIADI o la jurisdicción local”, dijo Bertrand Galindo en entrevista. 

Enel presentó en agosto del año pasado una queja ante el CIADI, demandando al Estado salvadoreño por la falta de cumplimiento de un laudo arbitral. 

En ese fallo internacional se estableció que El Salvador debía permitir que Enel efectuara una nueva inversión millonaria en LaGeo, para explotación de energía geotérmica. Esto llevaría a los extranjeros a poseer más del 50 % de las acciones de la empresa. 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a los exdirectivos de la CEL de permitir una “privatización encubierta”, a través de cambios de cláusulas en el contrato con Enel. 

Para Bertrand Galindo, el control que se derivaría del aumento de las acciones a favor de los italianos es “relativo”. Según el asesor, “la clave son los derechos del socio minoritario. Usted puede ser minoritario, pero puede tener el control político de la empresa. A la sociedad italiana lo que le interesa es el control técnico”. 

Enel, según los planteamientos de Bertrand Galindo, tampoco está interesada en mostrarse parte en la demanda contra ellos que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita. Para el asesor, la demanda no tiene sentido porque ya prescribió, según aseguró. 

La empresa italiana aún no ha podido ser notificada por ninguna de las dos sedes judiciales que tramitan los casos locales. Los abogados que se han presentado como representantes de Enel en el Juzgado Séptimo de Instrucción, fueron por Enel El Salvador. 

Fuente: La Prensa Gráfica

Anglo American inicia arbitraje contra Venezuela ante el Ciadi

La minera Anglo American, con sede en Londres, ha demandado a Venezuela por la cancelación de unas concesiones, sumándose a la larga lista de empresas que han solicitado arbitraje internacional contra el país petrolero en los últimos años.

Venezuela enfrenta casi una treintena de demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por unos 45.000 millones de dólares. Los mayores reclamos son los de las petroleras estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips.

Anglo American, una de las mayores mineras del mundo, fue propietaria del 91,4 por ciento de la mina Loma de Níquel en Venezuela hasta el año 2012 cuando el Gobierno del fallecido Hugo Chávez le canceló 13 concesiones y se negó a renovarle otras tres, según relató la firma en su sitio web.

La minera es un gran productor de diamantes, cobre, níquel, hierro, carbón y el mayor productor mundial de platino, con alrededor del 40 por ciento de la producción mundial. Además, tiene operaciones en todo el mundo.

El arbitraje fue admitido por el Ciadi el pasado jueves, pero el tribunal dependiente del Banco Mundial no dio más detalles.

En el 2012, Chávez solicitó oficialmente abandonar el Ciadi, con sede en Washington, sin embargo ello no exime al país de cumplir los fallos que emita el tribunal por casos anteriores y por todos los que se inicien hasta por un período de 10 años.

Chávez, un socialista como su sucesor Nicolás Maduro, dijo que Venezuela no aceptaría ninguna resolución del tribunal arbitral, a pesar de tener casi 30 casos pendientes.

Fuente: Notimerica

Unasur diseña una instancia especial para resolver litigios en inversiones

Representantes de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reúnen desde ayer, y hasta el viernes, en la capital, para avanzar en la creación del Centro de Solución de Controversias en Materia de Inversiones.

Hace 6 años Ecuador planteó la necesidad de contar con una instancia regional de solución de controversias que se desmarque de sistemas actuales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que pertenece al Banco Mundial, indicó la Cancillería.

Su titular, Ricardo Patiño, quien inauguró ayer la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de la entidad, señaló que el tema que se analiza en la reunión es fundamental, porque no tiene que ver solamente con los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) sino, en general, con cualquier inversión, aunque no estén amparados en esos convenios.

“Si hay conflictos entre inversores y estados, es importante que haya una instancia judicial, regional, extraterritorial, que no solamente sea ecuatoriana, que pueda atender y encontrar salidas, en algunos casos, a través de mediación; en otros, a través de fallos de arbitraje ante controversias que haya”, dijo.

Hizo hincapié en que ya no se requiera ir a Holanda o a otro país de Europa “para que allá nos resuelvan los temas”.

La principal tarea de los expertos de Unasur es negociar el Acuerdo Constitutivo del Centro de Solución de Controversias, en temas como su naturaleza jurídica, el objeto y la jurisdicción del centro. Además, funciones, mecanismos, estructura y financiamiento.

“En el caso del Ecuador, el disparate jurídico planteado por Chevron contra su Estado, constituye el mejor ejemplo de que las cosas en esta materia deben cambiar”, señaló.

Según Patiño, el país no ha desconocido la importancia de seguir creyendo y recibiendo inversión extranjera. Agregó que no se deben cerrar las puertas a los grupos y empresas de carácter transnacional que se interesan por invertir en Sudamérica, de manera social y ambientalmente responsable.

Unasur está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Fuente: El Universal

El Perito, figura clave en el Arbitraje de Inversión Internacional

Aquí os dejamos un interesante artículo sobre la figura del perito en el arbitraje de inversión internacional de José Rovira, socio de Accuracy España.

José Rovira, socio de Accuracy España Eficiencia y maximización son dos términos muy de actualidad, tanto a nivel empresarial como en el ámbito personal. No dejan de ser otra cosa que ahorrar y optimizar en tiempo y recursos, potenciando al máximo los resultados. Esta simplificación en tiempo y costes también se encuentra en búsqueda permanente en el apartado de resolución de conflictos de las empresas e instituciones.

En los últimos meses hemos contemplado cómo los procedimientos de arbitraje internacional se han multiplicado. En 2012 se alcanzó un récord de casos en el organismo internacional de arbitraje, CIADI, llegando al nada desdeñable número de 50.

La razón de este repunte es que las empresas ven en el arbitraje de inversión un medio de solución de controversias disponible para poder reclamar en un plano internacional contra los Estados en caso de que éstos afecten a sus inversiones, por ejemplo mediante expropiaciones y nacionalizaciones. Se tarda menos tiempo, la resolución es habitualmente más práctica y el coste, por lo general, suele ser menor. Es por ello que en los últimos 5 años, el Organismo dependiente del Banco Mundial, CIADI, ha registrado el 47% de los casos desde su puesta en funcionamiento, hace más de 40 años.

De forma paralela a este aumento de actividad arbitral se han introducido cambios en la normativa y regulación , tanto a nivel internacional como local. El objetivo de estos cambios en la regulación no es otro que poner en valor y dotar de mayor relevancia del proceso, otorgando un papel fundamental a la figura del perito, un perito independiente y realmente profesional.

Estos cambios normativos favorecen, entre otros aspectos reseñables, la confidencialidad, la flexibilidad y la comunicación de los peritos con los árbitros, convirtiéndolos en auténticos auxiliares de los árbitros que buscan la consecución de acuerdos de diferentes dictámenes, permitiendo al árbitro centrarse en las áreas reales de desacuerdo.

El perito realmente profesional es aquella figura que es totalmente independiente, es decir, que no trabaja con honorarios de éxito, no forma parte de la misma organización que realiza la auditoría estatutaria, ni de la que realiza la labor de asesoría fiscal. En definitiva, un profesional que además de serlo, ha de parecerlo. El perito independiente es aquel que basa su labor en aportar claridad meridiana en el dictamen y el que realiza una descripción exhaustiva de los hechos en los que fundamenta sus opiniones para poder llegar a una conclusión válida. Por ello es una figura buscada y codiciada en la actualidad.

Es necesario desterrar rancias tradiciones por las que no era habitual documentar las afirmaciones ni se acreditaban los cálculos, basando las conclusiones únicamente en ese áurea y halo de falso experto para defender meras opiniones subjetivas y/o juicios de valor.

Es labor de todos los peritos de profesión y de todos los que, de alguna forma, formamos parte del arbitraje exigir independencia de todos sus profesionales con respecto al tribunal arbitral de las partes y de los abogados. Como diría un inglés, ‘it’s a must’. Hemos de acreditar que no existe interés económico alguno en los resultados, más allá de los propios honorarios.

Con estas novedades se pretende claramente acabar con cierto intrusismo en la profesión, la cual se ha acelerado en la medida que los litigios se han incrementado y se solicitan otro tipo de asesoramiento (M&A y Due Dilligence). Por otro lado, se consigue evitar el flaco favor que hacían ciertos peritos a determinados clientes, ocultando circunstancias que podían perjudicar la posición de independencia con la consiguiente recusación de la intervención.

En la medida que seamos capaces de avanzar en este camino, a la vez que se mejora y actualiza la normativa, seremos capaces de convertir al arbitraje de inversión en una clara alternativa a otros mecanismos de resolución de conflictos , para ser, como fue ideado en origen, un procedimiento más ágil, flexible y profesional.

Fuente: LawyerPress

El Ciadi constituye el tribunal arbitral de la expropiación de YPF a Repsol

El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión) constituyó definitivamente la pasada semana el tribunal arbitral que decidirá sobre la expropiación de YPF.

Según indicaron fuentes consultadas por el diario El Economista, el organismo dependiente del Banco Mundial nombró, tal y como se había adelantado, como presidente del tribunal arbitral a Claus von Wobeser, un prestigioso abogado mexicano.

Wobeser será, por lo tanto, la persona que tendrá la última palabra en este delicado asunto en el que la compañía española reclama más de 10.300 millones de euros al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Junto a él, estarán en el tribunal arbitral el chileno Francisco Orrego, a propuesta de Repsol, y la francesa Brigitte Stern, en representación de YPF.

Wobeser es socio fundador del despacho que lleva su nombre y cuenta con más de 40 años de experiencia asesorando a algunas de las 500 empresas más grandes del mundo, así como a entidades gubernamentales.

El abogado tiene una amplia experiencia en controversias internacionales de inversión o comerciales en las que ha participado en más de un centenar y ha ejercido como presidente en al menos 15 de estos litigios, algunos de ellos todavía abiertos.

Su trabajo más reciente incluye la asesoría a Anheuser Busch Inbev en su reciente adquisición de Grupo Modelo y a The Coca Cola Company en varias de sus transacciones clave de fusiones y adquisiciones.

El abogado mexicano nació el 3 de febrero de 1954, estudió en la Escuela Libre de derecho de México y se doctoró en Derecho Mercantil Europeo en la Universidad Droit, d’Economie et des Sciences Sociales de París.

El nuevo presidente del tribunal arbitral trabajó en Union Carbide (1975-1977) en el despacho Goodrich, Riquelme y Asociados (1977-1985) y desde 1986 formó su propio despacho desde el que ha representado a empresas nacionales y extranjeras en arbitrajes internacionales conducidos bajo las reglas de arbitraje más variadas.

Sus tesis profesionales se titularon ‘Algunos aspectos constitucionales de la legislación de inversiones extranjeras’ y otra sobre el ‘Control de cambio francés frente al principio de libre circulación de capitales de la Comunidad Económica Europea’.

Fuente: El Economista