Los interrogantes de la nueva Ley de Promoción de Inversiones de Bolivia

La nueva Ley de Promoción de Inversiones (LPI), de 4 de abril de 2014 – Ley N° 516– establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en Bolivia. El presidente Evo Morales expresó, al momento de promulgar la citada ley, que cualquier controversia en materia de inversiones debe resolverse en el territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje, donde, señaló, siempre pierde el Estado. Lo dicho por el Jefe de Estado, sumado a las disposiciones adicionales y transitorias de la LPI, plantean más interrogantes que certidumbre para el propósito de promover inversiones extranjeras.

En primer lugar, refiere la citada norma jurídica, que los tratados concernientes a inversiones extranjeras que sean renegociados deberán adecuarse a la norma constitucional y la LPI. Implícitamente, el legislador boliviano ha querido enfatizar que los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (BIT’s por sus siglas en inglés) serán de una u otra forma renegociados por el Estado boliviano y una veintena de países. ¿Estos acuerdos impondrán la cláusula según la cual la solución de controversias se dirimirá en territorio boliviano? Si así fuera, ¿tendrán los inversores extranjeros los suficientes incentivos y seguridad jurídica?

Más difícil aún es explicar el contenido de la Disposición Transitoria Tercera: en tanto se apruebe la nueva norma de conciliación y arbitraje y de suscitarse una controversia, las partes en conflicto aplicarán lo dispuesto en la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación. Si nos atenemos a los alcances de los BIT’s en vigor, ¿esta disposición transitoria no implica a su vez una colusión normativa? El BIT suscrito entre España y Bolivia que se encuentra en vigencia, indica que a falta de un arreglo amistoso, la controversia podrá someterse, a elección del inversor: a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; o a un tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional. Está claro que el inversor es quién decide, finalmente, el Tribunal de Arbitraje. Frente a esta sola situación presentada a manera de ejemplo, ¿las empresas españolas tienen la certeza sobre cuál es el marco jurídico que regula la solución de controversias en caso de invertir en Bolivia? Aún con la nueva ley de Arbitraje y Conciliación, cuyo anteproyecto no se conoce, la interrogante persiste.

Todo parece indicar, que la LPI recorrerá un largo trecho de negociaciones antes de ser plenamente vigente. A juzgar por lo que en la generalidad de países latinoamericanos se denomina promoción de inversiones extranjeras, cabe preguntarse si realmente valió la pena el esfuerzo legislativo, o por el contrario, se puso una “piedra en el zapato” al inversor extranjero con la máxima de solucionar a como dé lugar las controversias en territorio boliviano y renegociar los BIT’s.

Fuente: Los Tiempos

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Los países del ALBA crean un mecanismo para la defensa conjunta en arbitrajes internacionales

El ALBA decidió crear un mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional interpuestos por transnacionales.

Crean un mecanismo de coordinación regional para la defensa en arbitraje internacional

El pasado mes de abril se celebró la  I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales donde la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) decidió crear un mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional interpuestos por transnacionales.

En la conferencia participaron representantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, y Venezuela, según Efe. Además de esos países que forman la ALBA, también acudieron delegados de Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Uruguay.

Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano, afirmó que se trata de “un nuevo mecanismo de defensa y colaboración en asuntos de inversiones y transnacionales”. Por su parte, la canciller de Venezuela, Elías Jaua, aseguró que “los Estados no pueden ser tratados por las transnacionales como particulares, los Estados son representantes de los intereses de los pueblos y en consecuencia gozan de inmunidad y no nos pueden llevar a litigios internacionales e imponer legislaciones extrañas a las propias legislaciones”.

America Latina es la región con mayor cantidad de procesos arbitrales en su contra, sólo Argentina, Venezuela, Ecuador, México y Bolivia tiene abiertos el 27% del total de arbitrajes del mundo, según Cecilia Olivet, experta en materia de arbitraje. “Se ha creado una industria del arbitraje internacional que sostienen principalmente las firmas de abogados y los mismos árbitros de Estados Unidos, Europa y Canadá”, aseguró Olivet.

BITs

Los países latinoamericanos están atados a los Tratados Bilaterales de Inversión. Concretamente Venezuela, está suscrito con unos 26 países. En su cruzada contra el arbitraje internacional salió del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en 2012.

Sin embargo, se encuentran atados a los BITs donde se fijan las vías para solucionar las controversias entre un inversionista y el país que suelen incluir al Ciadi como opción de arbitraje o, en otras ocasiones, un tribunal ad hoc que se rige por las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).

Estos textos se pueden “renegociar”. Pero aún en caso de vencimiento conceden un margen de tiempo para que los inversionistas acudan al arbitraje. Venezuela acumula en el Ciadi al menos una veintena de reclamos.

Fuente: El Universal

India tratará de renegociar sus 72 tratados bilaterales de inversión

India ha anunciado recientemente que va a tratar de renegociar los 72 tratados bilaterales de inversión (BITs) de los que forma parte. Los inversores extranjeros en India deben de ser conscientes de que la renegociación de estos tratados pueden influir en la protección de sus inversiones.

Recientemente, India ha hecho frente a un número cada vez mayor de demandas por parte de inversores extranjeros que se encontraban bajo la protección un tratado bilateral. Por ejemplo, en 2011 una compañía minera australiana, White Industries, presentó una demanda exitosa contra la India por la violación del tratado bilateral entre Australia y la India, que surgió de los continuos retrasos del sistema judicial indio para la ejecución del laudo judicial.

Además, los afiliados mauritanos de dos firmas de capital norteamericanas interpusieron una demanda contra India por la violación de la protección que otorgaba el tratado Mauritania-India por la cancelación de un contrato que envolvía el departamento de marketing de la agencia espacial de India. También ha hecho frente a un número cada vez mayor de potenciales demandas. Se han presentado cartas pre-arbitrales de inversores extranjeros, muchas de las cuales hacen referencia a la finalización de licencias de telecomunicaciones por parte de la Corte Suprema de India.

A la luz de un creciente número de demandas, varios estados han tratado de poner fin a sus BITs y retirarse de los mecanismos internacionales de protección de la inversión. En lugar de retirarse de este régimen por completo, la India ha seguido el camino emprendido por varios estados, entre ellos Sudáfrica, para tratar de renegociar sus tratados bilaterales de inversión. A principios de este mes, el ministro indio de Finanzas anunció que se había aprobado la creación de un grupo permanente de secretarios que se encargarán de la renegociación de tratados bilaterales de inversión de la India.

Si la India no puede renegociar algunos de sus BITs, es posible que busque ponerles fin. Los inversores prudentes deberían realizar un seguimiento de la evolución del marco jurídico con el fin de maximizar la protección de sus inversiones en la India. Los derechos de un inversionista se conservan si el procedimiento se ha iniciado.

Aquí puedes ver el artículo completo: Hogan Lovells