Solamente un 35% de las mediaciones civiles en Argentina retornan a los tribunales

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Elena Highton de Nolasco, ha presentado el estudio “Impacto de la Mediación Pre-Judicial Obligatoria en Argentina: Un aporte para el debate y la efectividad de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”, que ha sido realizado por un grupo de consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este post vamos a destacar los principales hallazgos del estudio que se ha basado en datos obtenidos entre los años 1996 y 2010:

En el fuero Civil, el ingreso de acciones judiciales se ha reducido en un 28.6%, y podría llegar al 38.8% si se considerara el crecimiento natural del índice de litigiosidad entre 1996 y 2010.

En conflictos de familia, la reducción observada puede desglosarse de la siguiente
manera: ‘custodia de los hijos’ 18,56; ‘pensión alimenticia’ 28,50. Ambos ejemplos son mostrados para el período 23-abr-1996 al 31-dic-2010.

Del total de mediaciones realizadas en el fuero Civil, solamente el 35% (media histórica que ha ido reduciéndose paulatinamente) retorna al sistema como causa judicial, el 65% restante no deriva en juicio. El porcentaje de los casos mediados que reingresaron en el año 2010 bajó al 31,9%. Se puede inferir que actualmente se realizan más mediaciones que juicios en las temáticas de derivación obligatoria lo que repercute en la disminución de la litigiosidad.

No existe información completa sobre el porcentaje de acuerdos. Para las mediaciones de sorteo las cifras oficiales hasta el 2006 arrojan un 37% de acuerdos; para las mediaciones por elección del requirente o de ambas partes, según datos parciales del MJyDH, los acuerdos alcanzan un 34%, y según registros de una institución privada que agrupa mediadores, los acuerdos en mediaciones y por elección representan un 52% del total hasta el año 2009. Para los casos de daños y perjuicios por accidente de tránsito el nivel de acuerdo alcanza al 60% entre el 2004 y el 2008.

Entre las fortalezas encontradas en la gestión de los conflictos mencionados precedentemente, se destaca la celeridad para solucionar los reclamos: la resolución por vía judicial implicaría 3.1 años y la mediación 0.9 años.

En el fuero civil y comercial federal el 36% de las mediaciones ralizadas finaliza con acuerdo. La tasa de retorno a juicio es del 32% y el restante no se judicializó.

Leer el informe completo

El Ministro de Exteriores español anuncia la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje

La Cumbre Iberoamericana que se celebra este viernes y sábado en Cádiz aprobará, entre otras cosas, la creación de un centro iberoamericano de arbitraje para litigios como los que este año han enfrentado a empresas españolas en Argentina y Bolivia con los gobiernos de estos países, que finalmente las nacionalizaron.

Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, José Manuel García-Margallo, en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado para dar cuenta de los prolegómenos del acontecimiento. Asimismo, García-Margallo confía en que la Cumbre concrete el papel de España como “plataforma para inversión de capitales de otros países en Latinoamérica”.

España apuesta alto por esta reunión que contará con grandes ausentes
El ministro, que reconoció el trabajo de los Reyes de España -video del Rey en relación con la Cumbre- y el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, para que la Cumbre sea un éxito, subrayó el papel preparatorio que han tenido las ocho reuniones ministeriales celebradas más otras entre empresarios, expertos constitucionales y representantes de gobiernos locales. Sin embargo, los grandes ausentes serán Paraguay, Argentina, Venezuela, Cuba, Guatemala, por diversas razones, que no enviarán a sus jefes de Gobierno”.

García Margallo es realista en referencia al papel que puede jugar Iberoamérica en la salida de la crisis de España: “Si hace diez años Europa era la que crecía por encima de América Latina, donde se hablaba de la década perdida, ahora es al revés y las oportunidades que se abren en ese continente son muy importantes para crear empleo para los españoles”. En este sentido ha recordado unas recientes palabras del presidente Santos: “España ha estado en los malos momentos con Iberoamérica y ahora es probable que sea Iberoamérica la que tenga que ayudar un poco más a España”.

En este sentido, el ministro señala que muchos países de otras zonas del mundo le han manifestado su interés “en trabajar en América Latina con empresas españolas. Tenemos en común la lengua, la cultura, nos entendemos muy bien, llevamos tiempo trabajando juntos y esa sinergia entre capitales de otros países y España puede ser muy beneficiosa para América Latina”.

En el encuentro, España, en concreto, se ofrecerá como mediadora de América Latina ante la UE. Precisamente, la celebración de cumbres bianuales entre ambas entidades supranacionales ha aconsejado abrir un grupo de reflexión para dar la misma periodicidad a las iberoamericanas, para que no sean “puramente retóricas”, de forma que cada año tenga lugar uno de estos eventos.

En la Cumbre participarán como observadores o invitados especiales los presidentes de la Comisión y el Parlamento Europeos, José Manuel Durao Barroso y Martin Schulz, la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, y el jefe del Servicio Exterior europeo.

Fuente: Servimedia y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Reivindicación del arbitraje ante la futura Ley del Alquiler

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, reivindica el arbitraje ante la futura Ley del alquiler alegando los buenos resultados logrados en los últimos cinco años y la reducción de los plazos de desahucio a menos de la mitad gracias a la especialización del Juzgado 101 de Madrid. Según los datos de Aeade, en 2012 los conflictos se resuelven en tres-cuatro meses a través del arbitraje, mientras que en 2007 se resolvían en ocho.  

A estos datos se une la alta satisfacción de los usuarios del arbitraje, ya que nueve de cada diez volverían a incluir cláusula arbitral en su contrato. Asimismo, a través del recientemente estrenado Servicio de Mediación de Aeade se evita el 30% de los desahucios, lo que demuestra que el arrendatario necesita información sobre la existencia del procedimiento y sus consecuencias. Cerca de cuatro de cada diez arrendatarios opta por una solución amistosa, lo que además implica: una reducción del tiempo (el desalojo se produce en menos de 20 días); del coste (a menos de la mitad); y de la carga emocional (se evita un desalojo forzoso).

Nueva Ley del alquiler

Respecto a la futura Ley del alquiler, Aeade valora de manera positiva el trabajo que está realizando el Gobierno en pro del fomento del alquiler de viviendas, especialmente la reducción de la comisión judicial a la mitad, hecho que favorecerá además al arbitraje -según los datos de la Asociación, permitirá acortar los plazos en un 30%-.

Por ello, Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, siente que no se dote de más medios materiales y humanos a los juzgados, ya que, en la situación actual “es una quimera agilizar los desahucios.” “Ha habido tres leyes desarrolladas con ese objetivo, pero ninguna de ellas ha surtido efecto. Todo lo contrario ha ocurrido en el ámbito del arbitraje, que se ha ido perfeccionando hasta conseguir, a día de hoy, los desahucios en tres-cuatro meses.”

Por ello, Íscar de Hoyos lamenta que “el Gobierno no haya tenido en cuenta el buen funcionamiento del arbitraje tomando como referencia la cifra de 4.000 conflictos arrendaticios resueltos con éxito por la Asociación”. Y añade que “el arbitraje ha experimentado una exitosa agilización en la práctica gracias al apoyo judicial y compromiso con los plazos, ejemplarizados en el Juzgado 101, que lo han hecho más eficaz que cualquier cambio legislativo.”

El secretario general de Aeade explica que “en los años en los que llevamos fomentando y administrando arbitrajes, hemos logrado un procedimiento rápido y eficaz; logro en el que han tenido mucho que ver los jueces, ya familiarizados con la herramienta y, en muchos casos, prescriptores de la misma.”

El arbitraje entre las recomendaciones de los expertos del Observatorio de la Justicia

La inversión en justicia gratuita desciende un 4% (246 millones) con respecto a 2010, cuando se gastaron 256,6 millones. Este es uno de los datos más destacables del VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer, y que supone por segundo año consecutivo una ruptura de la tendencia de crecimiento de la inversión de los ejercicios anteriores. El aumento en 2009 fue del 21% con respectoa 2008, mientras que entre los años 2006 a 2008 la subida media rondó el 11%. En 2010, la bajada fue del 3,8%.

Durante 2011 el número de asuntos de Asistencia Jurídica Gratuita tramitados por los Colegios de Abogados fue de casi 1.700.000. Andalucía es la comunidad autónoma que más asuntos de Justicia Gratuita ha tramitado, con 340.105 expedientes que representan el 20% del total a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña, con más de 313.000 asuntos que representan más del 18% del total.

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos: promover mediación y arbitraje
El Observatorio, asimismo, recoge las recomendaciones de un Comité integrado por representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los sectores sociales afectados, que se elevan al Ministerio de Justicia y a las Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas.

Las 12 recomendaciones del Comité de Expertos del VI Observatorio son:

1.- Reivindicar la figura del Abogado de Oficio como fundamental en el Estado de Derecho, especialmente en una situación de crisis económica como la actual.

2.- Mantener vigente el modelo actual del servicio de justicia gratuita y adaptación, en su caso, a la realidad social, económica y legislativa del mismo.

3.- Ante la situación de crisis, presentar propuestas para evitar un abuso fraudulento por el beneficiario de Justicia Gratuita y conseguir una gestión más eficiente de los presupuestos. Epígrafe dentro del que se hace referencia a la inclusión en el beneficio de otros mecanismos alternativos al judicial
para la resolución de conflictos (mediación, arbitraje…).

4.- Impulsar el servicio de asistencia jurídica gratuita como servicio público. Determinar la responsabilidad de las diferentes Administraciones Públicas a la hora de elaborar y aprobar los presupuestos dedicados a justicia gratuita y de efectuar los oportunos libramientos.

5.- Necesidad de revisión, con carácter urgente, de los requisitos de acceso de los letrados a la prestación del servicio del turno de oficio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso.

6.- Fomentar la formación continua en las distintas especialidades del servicio.

7.- Garantizar el cobro de los honorarios del abogado de oficio, aun cuando no sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita al solicitante.

8.- Elaborar un Protocolo de actuación para los abogados que prestan el servicio en favor de las víctimas de Violencia de Género.

9.- Implantación del SOAJP en todos los Centros Penitenciarios y preceptiva intervención de letrado ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

10.- Garantizar la asistencia jurídica de las personas extranjeras.

11.- Acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a la justicia gratuita. Creación de nuevos servicios de orientación jurídica gratuita y creación de un turno especializado en materia de discapacidad.

12.- Fomentar la creación en los Colegios de Abogados de Servicios de Orientación de Ejecución Hipotecaria.

Más información

¿Podrían ayudar arbitraje y mediación a la descongestión de la Justicia madrileña?

Así lo ha destacado Francisco Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante la presentación de la Memoria 2011…

Los tribunales madrileños registraron el pasado año el ingreso de 1,4 millones de asuntos, lo que supone una reducción del 2,59 por ciento respecto al año anterior, y dejaron pendientes por el atasco judicial un total de 472.215 temas, una cifra que supone un 3,06 por ciento respecto a 2010.

Un año más, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha pormenorizado en rueda de prensa los datos que incluye la Memoria de esta sede judicial correspondiente a 2011.

Según Vieira, las cifras reflejan que uno de los principales problemas que aqueja a la Administración de Justicia sigue siendo la elevada litigiosidad que asumen los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. A ello se suma la deficiente situación de los inmuebles que albergan las sedes judiciales.

La Memoria incorpora una serie de medidas propuestas por Vieira para combatir este atasco judicial, advirtiendo de que con más juzgados se corre el riesgo de incrementar el nivel de ineficacia. No obstante, Vieira ha recalcado que la sobrecarga de trabajo no está de momento repercutiendo de manera grave en los ciudadanos.

Así, expone que sólo con la adopción de medidas legales urgentes se podrá reducir la abrumadora carga de trabajo, el principal azote de los tribunales desde los últimos años.

Entre las medidas planteadas, Vieira ha destacado la necesidad de racionalizar el acceso a los tribunales y, en este punto, ha hecho referencia a la necesidad de modificar la actual regulación de la asistencia jurídica gratuita.

A su juicio, el sistema actual no permite una valoración previa para el que solicita este servicio. Además, ha considerado que la reducción de un 20 por ciento en la partida destinada al Turno de Oficio en los Presupuestos no tendrá “efectos perniciosos” siempre que haya medidas que reduzcan el ingreso de asuntos en este área.

Asimismo, el máximo responsable de la Justicia madrileña ha apostado por fomentar las medidas de resolución extrajudicial de conflictos: el arbitraje y la mediación.

La jurisdicción Contencioso-Administrativo al alza
En cuanto a los datos, la única jurisdicción que ha aumentado debido a la crisis ha sido la Contencioso-Administrativa en la que las entradas de asuntos subieron un 14,87 por ciento y los asuntos en trámites, al acabar 2011, en un 15,27 por ciento. Vieira ha mostrado especial preocupación por la carga de trabajo en estos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que han registrado un incremento de un 26,76 por ciento de los asuntos. Así, se han resuelto un 4,63 por ciento más que el año anterior y se han elevado el número de asuntos pendientes, en un 27,80 por ciento.

En este punto, el presidente del TSJM ha recalcado que es especialmente preocupante la dilación de los señalamientos de los procedimientos abreviados, que en algunos Juzgados lo están siendo ya para el año 2017.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

En cambio, la tendencia bajista se centra en la jurisdicción civil, donde se ha producido una reducción del 16,01 por ciento en los ingresos y del 14,22 por ciento en los asuntos pendientes al acabar el año.

También en la jurisdicción social hay un descenso en los ingresos del 8,05 por ciento, si bien los asuntos en trámite al acabar la anualidad se elevaron en un 5,24 por ciento. Y la Jurisdicción penal se estabilizó, elevándose en un 0,50 por ciento los ingresos y en un 0,93 por ciento los asuntos que había al acabar el año.

Entre los datos de la Audiencia Provincial de Madrid, destaca la entrada de 33.307 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento respecto al año anterior. Además, se han resulto un total de 31.297 asuntos, un 2,71 por ciento por debajo de los 32.168.

Por ello, el número de asuntos pendientes ha aumentado en un 27,74 por ciento, ascendiendo a 8.901 frente a los 6.968 que había al inicio de año. Según Vieira, este incremento se debe a la supresión del plan de refuerzo con el que contaban las secciones penales.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

¿Hará la especialización y el ajuste de costes que las constructoras acudan al arbitraje?

Hace una semana se presentó el Comité de Arbitraje de la Construcción de Aeade con la pretensión de que la especialización de los árbitros y el ajuste de costes, entre otros asuntos, animen a las constructoras a usar el arbitraje.

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, hizo referencia a la confianza que genera el que detrás del Comité haya una relación de expertos de prestigio, entre los que se encuentran abogados de empresas constructoras y explicó que para que la administración de arbitrajes sea posible, es necesaria una estructura profesionalizada.

Íscar de Hoyos animó a las empresas a confiar en el arbitraje, y comentó como Aeade ha hecho un esfuerzo para adecuar el coste del procedimiento a la coyuntura actual.

Ernesto García-Trevijano Garnica, presidente del Comité de Arbitraje de la Construcción subrayó “la independencia y honorabilidad” que debe caracterizar a los árbitros.

Juan Lazcano Acedo, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción inició su ponencia hablando de la rapidez y eficacia del arbitraje, como herramienta, “a la postre, más económica que otras vías de solución”. Asimismo, subrayó el importante papel que la institución juega en relación con la designación de árbitros en este sector, dadas la especialización y la movilidad de los profesionales en el entorno de la construcción.

Los mejores expertos en arbitraje en nuestro país según Chambers and Partners

La prestigiosa revista británica Chambers and Partners ha elaborado una lista actualizada con los mejores abogados especialistas en arbitraje y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos (Alternative Dispute Resolution, ADR)  de España.

Desde su fundación en 1990, Chambers and Partners ha editado un gran número de guías relacionadas con el ámbito de la abogacía en todo el mundo. Su equipo de investigadores se dedica a identificar a los profesionales con mayor consideración a nivel internacional.

En el estudio realizado sobre los expertos en ADR en nuestro país se enumeran a varios abogados de diferentes despachos, todos ellos de gran presitigio. Un amplio abanico de operadores jurídicos que abarcan todo tipo de sectores.

En el siguiente enlace encontraréis el interesante artículo.

Reconocido árbitro internacional a favor del arbitraje institucional

Jernej Sekolec es vicepresidente de la London Court of International Arbitration (LCIA). Ha sido secretario de UNCITRAL y director de la División de Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU. Actualmente forma parte del Tribunal arbitral de cinco árbitros designado en el conflicto transfronterizo entre Eslovenia y Croacia.

Transcribimos el texto de sus respuestas en inglés:

¿Qué opinión tienen en el resto de Europa de la posición de España en relación con el arbitraje internacional?

 

The Spanish legislative and judicial system offers a hospitable legal environment for international arbitrations. Spain has experienced arbitral institutions, and the legal profession offers excellent services, including for the most specialized arbitration cases. Parties in commercial transactions, in and outside of Spain, thus have a good basis to designate Spain as the seat of international arbitrations.  Spain should regard itself as a good place for international irrespective of the language of the proceedings and irrespective of whether the case is administered by a Spanish or foreign arbitral institution.

 

De su intervención durante la presentación del Comité de Arbitraje Marítimo de Aeade en diciembre de 2011 se dejó entrever su claro posicionamiento hacia el arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc. Un año después, con las nuevas reglas UNCITRAL ¿sigue opinando lo mismo? ¿Qué razones destacaría?

 

The basic principle is that the parties must remain free to choose among the various forms of commercial arbitration, including the so called ad hoc arbitration, that is arbitration that does not rely on the administrative and supervisory support of an arbitral institution. However, experience shows that there are very few cases where one can say that there exist rational reasons for using ad hoc arbitration; in the vast majority of cases the parties should, in their own interest, agree on arbitration administered by an institution. In ad hoc arbitrations the parties are exposed to many risks that are difficult to manage and could be avoided by using the services of an experienced and reputable arbitral institution.  It is misguided to think, as some parties or even legal practitioners do, that ad hoc arbitration has cost advantages over administered arbitration. The opposite is true: it is typically less costly and more time-efficient to use the services of a dependable arbitral institution than to try to leave the administrative aspect of the process to the arbitral tribunal and the parties. The revised UNCITRAL Arbitration Rules do not change that reality. The modernized version of the UNCITRAL Rules transcend ad hoc arbitration in that they are used not only in ad hoc arbitration, but are relied on as a model or inspiration by arbitral institutions that wish to keep their institutional rules modern and attractive to parties from different parts of the world. Many arbitral institutions are also ready to provide administrative services to cases governed by the UNCITRAL Rules.

 

Como árbitro internacional, ¿qué opina en relación con la práctica del “discovery o disclosure” en el arbitraje internacional?

 

The practice of ordering discovery or disclosure of documents is like a sharp surgeon’s knife: it should be used only where necessary, by skilled practitioners and not more than necessary. Experienced arbitrators will know how to use this delicate tool in the interest of justice without allowing it to be misused for purposes that undermine justice. At the same time it is important that parties – in particular the parties from countries where the practice of discovery of documents has been limited – to be aware, in their own interest, that that their transactional documents and communications may need to be disclosed if there is an international dispute. The need for such disclosure is an increasing reality also outside the context of arbitral proceedings, such as in regulatory matters.

 

Y, finalmente, la pregunta infiltrada: Miquel Roca, presidente del Comité de Arbitraje Marítimo de Aeade, sugiere: “Existe en el arbitraje internacional un factor que siempre hace que me muerda las uñas. Y es que, es muy difícil, por no decir imposible, que ciertos testigos comparezcan en la vista. ¿Cómo hacerlo? ¿Puede el árbitro obligarle a comparecer? Hay quien defiende que sí, que sus competencias abarcan esas cuestiones, pero lamentablemente en muchas ocasiones no hay más remedio que acudir a un Juzgado… y ello lógicamente te destroza lo fundamental: las partes no querían acudir frente a un Juez y la cosa se puede demorar muchísimo… me gustaría saber cuál es su opinión al respecto.

 

The current system is adapted to the typical arbitration case where each party is able to prove its case with the evidence at its disposal. That said, there are relatively rare situations, troublesome when they happen, in which the decision turns on facts that could be proven by a witnesses who is unwilling to testify. However, I think, that giving the arbitral tribunal the power to order such a witness to appear and testify at a hearing would create more problems than it would solve. One practical difficulty, which exists both in arbitral and judicial proceedings, is that compelling an unwilling witness to testify is not conducive to reliable testimony. For that and other reasons, the system would need to be supported by a system of sanctions for perjury, which would inject in the arbitral process many practical and legal complications. In addition, an arbitral tribunal’s order to a person to testify, for the order to be effective, would need to be backed by enforcement assistance; such assistance could only come from state courts, which would open an avenue for delay and obstruction. I therefore think that it is better to remain with the existing system according to which the party may approach the judge with a request for assistance in taking evidence of witnesses. Approaching the judge is admittedly cumbersome and may not be practical in all situations – but any remedy that one can think of seems to have such undesirable side effects that I think we should not try to improve the system.

Los jóvenes abogados, imprescindibles para la consolidación del arbitraje

Javier Íscar (izda.) y Fernando Rasche (Dcha.)“Los abogados jóvenes son un activo del que el arbitraje y la mediación no pueden prescindir; y acercarles ambas herramientas servirá para que éstas gocen de buena salud en el futuro.”

Son palabras de Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, quien ha firmado un convenio de colaboración con Fernando de Rasche Santaolalla, presidente de la Asociación Grupo Abogados Jóvenes de Madrid (GAJ), para impulsar el arbitraje y la mediación como mecanismos eficaces de solución de conflictos.

Los miembros de GAJ son abogados jóvenes menores de 35 años. Ambas entidades se comprometen a facilitarles el acceso al arbitraje y a la mediación a través de formación específica, cursos, seminarios, etcétera. Así, se pretende eliminar la barrera que en muchas ocasiones supone su juventud para el ejercicio de las ADR (mecanismos alternativos de resolución de conflictos).

“Desde la abogacía joven madrileña, queremos agradecer a Aeade y especialmente a su secretario general, don Javier Íscar, la oportunidad que se nos brinda de acercar a nuestro colectivo una materia tan relevante para el ejercicio de la abogacía, en unos términos de acceso tan ventajosos para nosotros”, ha afirmado Santaolalla.

La mayoría de los españoles prefiere vías alternativas a la judicial

informe 2011 de justicia

informe 2011 de justicia

Entonces ¿por qué no se refleja en el uso que se hacen de ellas?

El 15 de diciembre, la Fundación Wolters Kluwer presentó en Madrid su Informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia, coordinado por Enrique López López, magistrado de la Audiencia Nacional. Al finalizar la presentación se celebró una mesa redonda bajo el título “Un nuevo modelo de Justicia para una España en Crisis”.

En el contenido del estudio se refleja que “El Barómetro del Observatorio de la Actividad Judicial dejó claro que la mayoría de la población española prefiere resolver sus conflictos por vías alternativas a la judicial”. Por tanto la mediación y arbitraje “tienen que ocupar su función en España y descargar, en la medida de lo posible, a la Administración de Justicia de ciudadanos que llevan sus asuntos a ella al no haber alternativa”.

Los motivos de la preferencia por las ADRs son, según el documento, que aseguran tanto un procedimiento garantista como la satisfacción de las partes en la mayoría de las casos; gracias a que son un sistema cercano, ágil y cómodo. También se hace mención de la nueva Ley de Arbitraje y de su capacidad para evitar conflictos.

En el prólogo del informe se hace hincapié en que “los inevitables” recortes en la inversión y gasto hacen necesaria la introducción de reformas que “aseguren que no se va a ver afectada la función esencial de la justicia en un Estado social y democrático de Derecho”. Entre otros objetivos, Enrique López López menciona que “se trata en suma no de de hacer una justicia nueva para un Estado en crisis económica, sino de hacer una justicia más económica y que siga sirviendo sin merma de su eficacia a los fines que tiene encomendados”.