ENEL pide ante el Ciadi que cese el acoso del Estado

El socio estratégico de LaGeo busca la suspensión del proceso penal iniciado por la Fiscalía, así como de las medidas que afectan la generación geotérmica.

enelEl presidente de la compañía Enel Green Power para América Latina, Maurizio Bezzeccheri habla sobre la disputa que ha llegado al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), en Washington, y valora los elementos de una querella que ya recorrió instancias internacionales con sentencias favorables a sus peticiones.

El alto ejecutivo del consorcio italiano hace un análisis de una disputa donde hay reclamos por las millonarias inversiones realizadas en El Salvador y por la conflictividad que se desató cuando llegó el momento de cumplir los términos del contrato firmado entre ellos y la parte estatal, CEL, al concluir las negociaciones como socio estratégico de LaGeo, la empresa generadora de energía geotérmica en el país.

Bezzeccheri habla también de la agresividad desatada por el presidente Mauricio Funes, y de las actuaciones del fiscal general de la República, Luis Martínez, para atizar una hoguera que pudo resolverse por la vía de la negociación pacífica, cediendo ambas partes para lograr acuerdos. El presidente de Enel Green Power para Latinoamérica espera que al iniciar la gestión de Salvador Sánchez Cerén se abran puertas para encontrar vías de entendimiento apegadas a derecho.

El conflicto inició en 2007 cuanto CEL desconoció los derechos de Enel Green Power contenidos en el acuerdo de accionistas, y no le permitió invertir alrededor de 127 millones de dólares, los cuales serían utilizados para expandir la capacidad instalada de la generadora de energía geotérmica, LaGeo. Esta inversión habría convertido a Enel en el accionista mayoritario de la empresa, un derecho que la empresa italiana recuperó al ganar un arbitraje internacional en 2011. Hasta la fecha, el Gobierno rehusa aceptar el fallo.

Al leer la petición que Enel Green Power hace al CIADI, deja ver que hay una especie de “terrorismo de estado” contra la compañía, y que en los procesos que se siguen en El Salvador ante los tribunales no tiene derecho a defensa por la forma en que está planteado el conflicto ¿Considera que el CIADI tiene facultades para interceder y llevar el litigio a un escenario con condiciones de igualdad para las partes en Washington?

Hemos expresado fuerte preocupación y sorpresa por la estrategia del presidente saliente de forzar con todas las herramientas posibles un abandono por parte de ENEL de sus derechos, incluso atacando su reputación y sus otras inversiones de afuera de El Salvador. ¿De qué otra manera se puede interpretar un embargo por 2 mil millones de dólares sobre bienes locales e internacionales de Enel Green Power, realizado sin notificar a la misma por los apropiados canales internacionales? Monto calculado sobre la base de parámetros absurdos, con base en un reporte pagado por la misma CEL. El embargo no tiene ningún fundamento porque el delito de peculado sólo puede ser cometido por un funcionario público; con este embargo se está responsabilizando a ENEL de manera subsidiaria por el 98% del supuesto daño patrimonial causado al Estado, sobre la base de la supuesta participación secundaria de un exempleado de la empresa, acusado injustamente con este propósito. Es más, medidas Provisionales solicitadas por ENEL ya han tenido un efecto positivo porque El Salvador ha anunciado al tribunal que no va a intentar ejecutar internacionalmente el embargo.

¿Que estaría esperando Enel Green Power en la primera fase del caso, con la petición de que el tribunal dicte Medidas Cautelares?

Enel Green Power espera que el CIADI ordene al estado salvadoreño que se abstenga de tomar medidas que supongan una agravación de la disputa y que menoscaben la jurisdicción del Tribunal para decidir dicha disputa.

Al haber consenso para el nombramiento de los árbitros propuestos por las partes y en espera del nombramiento del presidente del tribunal. ¿Cual sería el perfil de ese tercer árbitro que inclinará de algún modo la balanza con su voto para seguir el caso?

El tribunal está compuesto por prestigiosos y respetados juristas. No consideramos que la valoración y decisión del tribunal pueda depender de un perfil de árbitro particular. ENEL tiene un derecho ya reconocido por un tribunal competente y claramente establecido en los documentos contractuales. Las acciones promovidas por el presidente saliente son manifiestamente contrarias a los derechos que Enel Green Power tiene como inversor en El Salvador, reconocidos en la Ley de Inversiones de El Salvador.

Me remito otra vez a su escrito de la petición, donde deja ver que el gobierno de El Salvador viola sistemáticamente la jurisprudencia internacional el status quo al generar más conflictividad al caso en lugar de dar espacio para que se generen condiciones para que opere la justicia. ¿Cómo se sustenta esa postura y que implicaciones puede tener a su favor?

El Convenio CIADI establece que el tribunal del Banco Mundial tiene jurisdicción exclusiva sobre las disputas sometidas a su consideración, para que los estados no sean juez y parte en juicios que los ven involucrados. Al intentar el gobierno que la disputa se decida en foros locales se está violando esta disposición del Convenio CIADI así como también la disposición del Acuerdo de Accionistas que establece que las disputas deben decidirse por medio de arbitraje internacional. El presidente saliente (Mauricio Funes) y el Fiscal General han estado pateando el tablero de una forma que daña severamente la credibilidad del país.

¿Argumentan que están defendiendo los intereses del estado?

El gobierno tiene el derecho de hacer valer sus posiciones y defender lo que piensa que le corresponde, pero ese partido debe jugarlo con base en las reglas aplicables. En un partido de fútbol el gobierno puede poner pierna fuerte, hacer penales para que no le hagan goles y esmerarse en ganar el partido, pero no puede cambiar el árbitro que antes aceptó, ni achicar su arco, ni amenazar al otro equipo con cobrarle penales si hace goles, ni, mucho menos, desconocer el resultado del partido. Y sin duda, El Salvador no puede ser árbitro en el mismo partido donde está jugando. Lamentablemente esto es lo que estuvo haciendo el presidente saliente. Esto va a tener un efecto en la vocación de otros inversores, ya que el mensaje para la comunidad internacional es que quien invierta en El Salvador estará sujeto a este tipo de conductas. Muy pocos van a estar dispuestos a jugar un partido con estas reglas.

La defensa de El Salvador asegura que el CIADI no tiene jurisdicción para conocer este caso porque desnaturalizaría el convenio al interferir en una disputa entre empresas privadas (Enel Green Power e Inversiones Energéticas, S.A. de C.V). ¿Puede explicar a donde está a su criterio el fondo del asunto?

La sugerencia de que esto es una disputa privada no resiste análisis. Varias autoridades públicas, tal como el presidente saliente, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, los funcionarios de CEL y el propio Poder Judicial han hecho manifestaciones reiteradas y han actuado como si ésta fuera una disputa entre Enel Green Power y el mismo gobierno relativo a un recurso del Estado. De hecho, el propio delito de peculado que falsamente se imputa, tiene como presupuesto una conducta de la administración pública. Por estas razones es evidente que la jurisdicción del CIADI es la más apropiada.

¿Se responde la pregunta entonces de por qué son representantes del gobierno los que dicen que no van a cumplir el laudo a favor de Enel Green Power dado en París y ratificado en la apelación?

Exacto. Los argumentos del gobierno sobre este punto son refutados cotidianamente por los dichos y hechos de las propias autoridades.

¿Cree Enel que el tribunal del CIADI podría incidir para abrir la puerta secreta de contabilidad y otras acciones desconocidas de INE, que están salvaguardas por su naturaleza de ser una subsidiaria privada de CEL?

No tenemos opinión sobre esto. Lo que hacen o dejan de hacer INE y CEL a nivel interno es ajeno y desconocido por Enel Green Power.

¿La demanda ante el CIADI por parte de Enel es para conseguir una nueva sentencia de un tribunal arbitral o para obligar a El Salvador a cumplir el laudo de CCI del que la defensa dice que no hay jurisdicción?

El reclamo es para conseguir un nuevo laudo arbitral que ordene al gobierno cumplir con sus obligaciones con Enel Green Power, una de las cuales es cumplir con los derechos reconocidos en el laudo arbitral y para que se compense a Enel por los daños sufridos como consecuencias de las acciones del gobierno dirigidas a socavar sus derechos y destruir el valor de su inversión.

¿Qué expectativas tiene Enel ante el cambio de gobierno en El Salvador y si consideran que podría haber un espacio de diálogo para subsanar diferencias?

ENEL siempre ha tenido y tiene plena disposición para negociar y llegar a un acuerdo. Aprovechamos esta entrevista para reiterar nuestro deseo de encontrar una solución razonable para ambos accionistas y cerrar de manera definitiva este tema. Cabe destacar que Enel Green Power ha ofrecido al gobierno saliente alternativas, entre las que se cuentan limitar el derecho de Enel Green Power a acrecentar su participación accionaria más allá del 51% de LaGeo, para asegurarle al estado una participación activa y substancial en la gestión de la compañía.

Pero siempre con mayoría…

ENEL no es un inversor financiero de corto plazo, llegó a El Salvador para aportar tecnología y capital de riesgo, y llegó para contribuir a transformar a LaGeo en una compañía líder del sector en América Latina, que exporte servicios, genere actividades industriales, forme profesionales del sector y enorgullezca a todos los salvadoreños. Enel Green Power todavía aspira a cumplir estas metas y desarrollar la geotermia en el país. Pero para lograr esto tienen que respetarse sus derechos como socio de este proyecto común. Mientras ello no suceda, ENEL defenderá sus derechos con todos los recursos que el derecho le brinda. Es evidente que al gobierno, a Enel Green Power y a todos los salvadoreños les iría mejor si el tiempo, los esfuerzos y los recursos dedicados a esta disputa fueran dedicados a producir más energía, sustentable y competitiva.

Fuente: El Salvador

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Interoil invertirá 100 millones de dólares si gana el arbitraje contra Perú

La petrolera noruega afirmó su permanencia por un año en lotes III y IV en caso de que pierda. Si se queda, duplicará su producción.

Interoil ha confirmado que ha suscrito un contrato de licencia temporal con Perú-Petro para ampliar su permanencia en los lotes III y IV de Talara por 12 meses, pero aclaró que este acuerdo se aplicará solo si pierde el arbitraje que mantiene con el Estado en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París.

“Si el laudo es negativo y no contamos con un contrato como este, tendríamos que irnos inmediatamente, con lo cual todos perderíamos, pues nuestras operaciones generan 2.400 barriles diarios de petróleo y regalías para el Estado”, explicó Steven Benedetti, gerente general de Interoil.

El ejecutivo puntualizó que este convenio representa un ‘seguro’ contra dicha eventualidad y no una confesión de derrota. “Nadie sabe el resultado [del laudo], salvo que haya habido una fuga de información, cosa que dudo”, refirió.

La CCI tiene hasta el 31 de marzo para dirimir si la petrolera noruega pierde o no estas concesiones. Perú-Petro aduce que estas caducaron en marzo pasado, pero Interoil sostiene que siguen vigentes hasta octubre del 2014 (lote IV) y enero del 2016 (lote III).

Si el laudo favorece a Interoil, Perú-Petro deberá incluirla inmediatamente en la extensión de 10 años que beneficia a Sapet y a Petrolera Monterrico. Si pierde, tendrá que devolver los lotes a la agencia estatal para su licitación, pero “después de un período de transición ordenada de 12 meses”, señaló Benedetti.

La noruega informó que está preparada para participar en la licitación de los lotes III y IV. De conseguirlo, invertirá no menos de 100 millones de dólares para duplicar su producción corriente, de 2.400 a 5.000 barriles diarios.

Fuente: El Comercio

Max Marambio gana un arbitraje internacional contra la empresa cubana Coralsa

La Corte Internacional de Arbitraje (CIA) ha condenado a la empresa estatal cubana Coralsa a pagar una indemnización de 17.523.095 de dólares a la compañía Ingelco, del empresario chileno Max Marambio, por no colaborar en el proceso de liquidación de la productora de alimentos Río Zaza, en la cual ambas partes eran socios (50% cada una).

El fallo fue emitido el 17 de julio pasado en París por este tribunal que depende de la Cámara Internacional de Comercio (CCI). La Corte también condenó a Coralsa a pagar a Ingelco otros 500.000 dólares por los costes del arbitraje al que Marambio recurrió en 2010.

Según la resolución, la estatal cubana debe pagar la indemnización “por concepto de daños por su rechazo a colaborar de buena fe” en el proceso de liquidación de la empresa Río Zaza, en la que Coralsa e Ingelco fueron socios por más de 16 años, hasta que la productora de lácteos y jugo de frutas fue intervenida en 2010.

“Una vez que la demandada (Coralsa) haya satisfecho plenamente el presente laudo, Ingelco dejará de ser titular de sus acciones en ARZ (Alimentos Río Zaza) y de gozar de sus derechos en su calidad de accionista de dicha compañía”, concluye el fallo de los jueces Alexis Mourre (francés, presidente de la corte), Francisco Orrego Vicuña (chileno, árbitro) y Rodolfo Dávalos Fernández (cubano, árbitro).

Fuente: La Nación

YPF pierde el arbitraje internacional por la suspensión de envío de gas a Brasil

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) falló el pasado lunes en contra de YPF por la rescisión de contratos de suministro de gas a Brasil dentro del proceso de arbitraje internacional por el cual dos empresas brasileñas y argentinas reclaman más de 1500 millones de dólares de indemnización por falta de cumplimiento de un contrato. La petrolera está a la espera de la decisión de la cámara de cuánto dinero debe pagar para restituir los daños.

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM. El fallo se da en momentos en que la empresa busca socios para financiar un ambicioso plan estratégico de US$ 7.000 millones anuales hasta el 2017 para levantar su alicaída producción de hidrocarburos.

El laudo, explica, “sólo decide sobre la responsabilidad de las partes”, de modo que queda pendiente “la determinación de los daños que pudieran existir, sujeta a un nuevo procedimiento arbitral ante el mismo tribunal”. Por su parte, YPF está “analizando” el contenido del laudo arbitral y adelante que “defenderá enérgicamente” sus intereses y los de sus accionistas para lograr la resolución más favorable del caso.

Fuente: Europa Press