El Ciadi condena a Venezuela a pagar 740 millones de dólares a Gold Reserve

El órgano de arbitraje del Banco Mundial, CIADI, ha condenado a Venezuela a pagar US$740,3 millones a la minera canadiense Gold Reserve por la expropiación del proyecto Las Brisas.

“Nos sentimos reivindicados por la clara conclusión del tribunal que el gobierno venezolano actúo ilegalmente al terminar el proyecto de Las Brisas”, dijo el presidente de Gold Reserve, Doug Belanger citado en un comunicado publicado el lunes en su sitio web.

Según el comunicado, los US$713 millones del laudo del CIADI (Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones) representan el valor de Las Brisas, una mina de oro y cobre situada en el sureste venezolano.

Otros US$22,3 millones representan intereses acumulados desde 2008 y US$5 millones gastos legales y técnicos.

Gold Reserve indicó que la cantidad debe ser pagada “inmediatamente”.

Gold Reserve adquirió en 1992 el proyecto Las Brisas, un enorme yacimiento con reservas de 10.2 millones de onzas de oro y 1.400 millones de libras de cobre, en el que invirtió US$300 millones, según la compañía.

Pero en 2009, la minera canadiense demandó a Venezuela ante el CIADI por incumplimiento de un tratado bilateral de inversiones entre Ottawa y Caracas después de que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez le revocó la concesión sobre el proyecto.

Venezuela en el Ciadi

Venezuela, el país con más demandas en curso ante el CIADI, se retiró de este órgano en 2012, cuando el gobierno cuestionó su imparcialidad y argumentó el “derecho del pueblo venezolano” para decidir sus orientaciones estratégicas.

No obstante, Caracas aún debe responder por los casos presentados con anterioridad a esa fecha.

La mayor parte de las demandas contra Venezuela en el CIADI son de empresas extranjeras que exigen ser indemnizadas por las nacionalizaciones de sus activos decretadas por el gobierno de Chávez (1999-2013).

Fuente: Estrategiaynegocios.net

El acuerdo secreto con el Club de París

La falta de información oficial transforma el acuerdo firmado en un convenio secreto: no se conoce qué obligaciones ha contraído el Gobierno, no se tiene acceso a los documentos.

En el marco de la nueva ola de endeudamiento de la Argentina que se está produciendo, el Gobierno nacional acelera los pasos de la hoja de ruta de Amado Boudou: 1) liquidación sí o sí del problema de las deudas endefault (Ciadi, Repsol, holdouts ); 2) arreglo de la deuda con el Club de París, para 3) volver al mercado de capitales y tomar nueva deuda en gran escala.

En este contexto, el allanamiento a las exigencias del Club de París tiene tres características centrales: la naturaleza secreta del arreglo, la falta de capacidad de repago de las obligaciones y la no intervención del Congreso.

Acuerdo secreto

La falta de información oficial transforma el acuerdo firmado en un convenio secreto: no se conoce qué obligaciones ha contraído el Gobierno, no se tiene acceso a los documentos firmados, no se sabe cuál ha sido el origen y la evolución de las acreencias reclamadas por los países acreedores, ni cómo ni cuándo se han incorporado otras deudas bilaterales.

Tampoco se explica cómo se ha producido el aumento del stock de la deuda desde los 1.800 millones de dólares, declarados oficialmente al 31 de diciembre de 2001, respecto de los 9.700 millones de dólares reconocidos ahora (cinco veces más), ni su correspondiente detalle desagregado por rubros (intereses acumulados, punitorios, incorporación de otras deudas, diferencias de cambio y otros conceptos).

La administración Kirchner no tiene intención de mostrar estos acuerdos suscriptos, ni mucho menos los antecedentes que debieran acompañarlos.

El ocultamiento de tales informaciones es a la vez parte de la complicidad con el endeudamiento irregular que viene de arrastre, pero también de sus compromisos propios negociados en secreto.

El Gobierno nacional debe dar a publicidad el convenio suscripto con el Club de París y debe desclasificar la documentación probatoria de las acreencias reconocidas –que están todavía bajo investigación de la Justicia– así como deslindar su cuota parte de responsabilidad por el reconocimiento y por la contracción de las nuevas deudas.

Incapacidad de repago

La administración Kirchner no ha demostrado la capacidad de repago del país sobre las nuevas obligaciones que está contrayendo –refinanciación de deudas “heredadas” y agregado de nuevas deudas– como no sea asumiendo deudas nuevas para cancelar los vencimientos que se vayan produciendo.

Lo mismo que en el caso de los pagos acordados por los laudos perdidos ante el Ciadi y por las indemnizaciones a Repsol, la nueva política K es el pago de los juicios que se pierden con títulos públicos (bonos que no tienen capacidad genuina de pago).

Esta política es aplicada ahora a la deuda externa con los países del Club de París, mientras se avanza en paralelo bajo este mismo criterio en el pago a los holdouts (los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010) por sus demandas ante los tribunales de Nueva York.

Fuera del Congreso

Así como la administración Kirchner no muestra la menor intención de dar a publicidad las informaciones que origina el nuevo acuerdo de pagos con el Club de París, mucho menos piensa someter dicho acuerdo al Congreso de la Nación, tal como le compete a este según sus atribuciones constitucionales, debido a que se trata de un acuerdo por suscribir entre estados, y los contratos entre estados son tratados que deben tener aprobación parlamentaria.

Esto surge de lo dicho por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante su informe ante la Cámara de Diputados, en el que precisó que el Ejecutivo interpreta que en función de las facultades delegadas no sólo no tendría que someter el acuerdo al Parlamento, sino que ni siquiera se consideraría obligado a remitir la documentación que lo respalda y que hasta la fecha nunca ha sido desclasificada.

Esta postura oficial transgrede expresas disposiciones constitucionales al respecto, porque aquí estamos hablando de dos cuestiones diferentes que concurren ante un mismo hecho, que es el acuerdo de deuda entre estados:

Una es la delegación parlamentaria de facultades de reestructuración de la deuda pública al Ejecutivo en función del Presupuesto y de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, porque esto subvierte la intervención del Poder Legislativo en el arreglo de la deuda pública (artículos 29 y 75, incisos cuatro, siete y ocho de la Constitución Nacional).

Otra es la cuestión de delegar la firma de tratados sin intervención del Congreso (artículo 75 inciso 22 de la Constitución), siendo que los contratos entre estados son tratados internacionales, y los convenios binacionales, producto del acuerdo de base con el Club de París, entran dentro de esta categoría.

El Club de París no es un organismo financiero internacional formal, sino una secretaría de coordinación de países acreedores y sus acuerdos deben traducirse a tantos convenios bilaterales como países involucrados haya; en este caso, 16 sobre los 19 países miembro. Y tales tratados tienen que ser aprobados por el Congreso.

Cualquiera sea la argumentación del Gobierno nacional acerca de su interpretación de las facultades delegadas para las reestructuraciones de deuda, en el caso del Club de París –e independientemente del carácter secreto de las gestiones de negociación realizadas– estas nunca abarcarían la delegación de firma de contratos que son tratados internacionales y que, como tales, deben ser aprobados por el Congreso.

En el contexto de la nueva ola de endeudamiento que se está produciendo en las postrimerías de la administración Kirchner –obligaciones que deberán ser asumidas esencialmente por el próximo gobierno–, el nuevo acuerdo con el Club de París es parte del “dictado” de los acreedores y de los grandes bancos colocadores de deuda externa para que la Argentina vuelva rápidamente a emitir bonos en el exterior, conforme la hoja de ruta de Amado Boudou.

Fuente: La Voz

Un fondo británico presenta la sexta denuncia contra España por los recortes a renovables

Molino-viento-personal-para-generar-energia-eolicaEl fondo británico InfraRed Environmental Infrastructure ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, la sexta denuncia contra España por los recortes a las energías renovables.

En este caso, el fondo presenta la reclamación junto a otras firmas de inversión.

Las denuncias presentadas se concentran hasta la fecha en el sector de la energía solar y, en concreto, en los recortes que comenzaron a aplicarse a finales de 2010, como parte del real decreto ley 14/2010.

Hace apenas una semana, el Ciadi registró la denuncia presentada por NextEra Energy Holdings y NextEra Energy Spain, que se suma a las presentadas por la firma de Abu Dabi Masdar Solar y por los fondos europeos Eiser Infrastructure Limited, RREEF y Antin.

Al conocerse las primeras denuncias el pasado 9 de diciembre, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya indicó que los servicios jurídicos del Estado han respaldado los recortes a las renovables y consideró que los demandantes aspiraban a rentabilidades del 20%.

‘El País’, que adelanta la nueva denuncia, explica que InfraRed tomó una participación en dos proyectos de energía termosolar en España en septiembre de 2011, uno en Morón de la Frontera (Sevilla) y otro en Olivenza (Badajoz).

Su entrada en estas dos plantas, de 50 megavatios (MW) cada una, se produjo antes de la puesta en marcha de las mismas. En el momento del anuncio de la toma de participación, InfraRed anunció que proporcionaría más de 500 millones de euros de financiación a través de capital y deuda.

Fuente: Europa Press

El Financial Times se pregunta si Argentina también logrará acordar con los Holdouts

financialtimesSuperada la negociación con el Club de París, el diario económico enumera los acuerdos que alcanzó la Argentina y abre la incógnita por los Fondos Buitre

El diario económico Financial Times destacó este jueves en un artículo titulado “Argentina gana respaldo tras alcanzar un acuerdo con el Club de París”, la firma entre el Gobierno y el organismo y deja un interrogante:”¿Finalmente cerrará también Argentina un acuerdo con los holdouts?, esa es la pregunta del millón”.

El diario enumera los últimos entendimientos que firmó el país, como la compensación a Repsol tras la estatización de sus acciones en YPF, los arreglos por las demandas en el CIADI, unidad de arbitraje del Banco Mundial, y la introducción de nuevos métodos de mediciones para las estadísticas económicas a pedido del FMI.

El único caso ahora que traba el acceso a los mercados internacionales de crédito es la pelea con los holdouts que hasta llegó a la Corte Suprema de los EE.UU.

“Incluso podría pagarle a los holdouts con nuevos bonos, en lugar de dinero en efectivo (como en el acuerdo con Repsol). Una ventana podría abrirse luego de fin de año, cuando expire una cláusula legal que prohibe que el gobierno acuerde con Elliot mejores condiciones a las que ofrecieron al resto de los acreedores en el pasado”, plantea el diario .

Mientras tanto, el diario describe que “para los argentinos, la economía se ha paralizado y la inflación se mantiene alta después de una devaluación de enero diseñado para detener la salida de las reservas en dólares. Este problema es prioridad uno para Cristina Kirchner, que necesita llegar al final de su presidencia en diciembre de 2015, sin un estallido económico importante o una crisis en la balanza de pagos”.

“Todos estos movimientos están dirigidos a mejorar las relaciones financieras. Cuanto antes lo consiga, más pronto Argentina podrá obtener dinero fresco del extranjero”, concluye.

Fuente: Iprofesional

ENEL pide ante el Ciadi que cese el acoso del Estado

El socio estratégico de LaGeo busca la suspensión del proceso penal iniciado por la Fiscalía, así como de las medidas que afectan la generación geotérmica.

enelEl presidente de la compañía Enel Green Power para América Latina, Maurizio Bezzeccheri habla sobre la disputa que ha llegado al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), en Washington, y valora los elementos de una querella que ya recorrió instancias internacionales con sentencias favorables a sus peticiones.

El alto ejecutivo del consorcio italiano hace un análisis de una disputa donde hay reclamos por las millonarias inversiones realizadas en El Salvador y por la conflictividad que se desató cuando llegó el momento de cumplir los términos del contrato firmado entre ellos y la parte estatal, CEL, al concluir las negociaciones como socio estratégico de LaGeo, la empresa generadora de energía geotérmica en el país.

Bezzeccheri habla también de la agresividad desatada por el presidente Mauricio Funes, y de las actuaciones del fiscal general de la República, Luis Martínez, para atizar una hoguera que pudo resolverse por la vía de la negociación pacífica, cediendo ambas partes para lograr acuerdos. El presidente de Enel Green Power para Latinoamérica espera que al iniciar la gestión de Salvador Sánchez Cerén se abran puertas para encontrar vías de entendimiento apegadas a derecho.

El conflicto inició en 2007 cuanto CEL desconoció los derechos de Enel Green Power contenidos en el acuerdo de accionistas, y no le permitió invertir alrededor de 127 millones de dólares, los cuales serían utilizados para expandir la capacidad instalada de la generadora de energía geotérmica, LaGeo. Esta inversión habría convertido a Enel en el accionista mayoritario de la empresa, un derecho que la empresa italiana recuperó al ganar un arbitraje internacional en 2011. Hasta la fecha, el Gobierno rehusa aceptar el fallo.

Al leer la petición que Enel Green Power hace al CIADI, deja ver que hay una especie de “terrorismo de estado” contra la compañía, y que en los procesos que se siguen en El Salvador ante los tribunales no tiene derecho a defensa por la forma en que está planteado el conflicto ¿Considera que el CIADI tiene facultades para interceder y llevar el litigio a un escenario con condiciones de igualdad para las partes en Washington?

Hemos expresado fuerte preocupación y sorpresa por la estrategia del presidente saliente de forzar con todas las herramientas posibles un abandono por parte de ENEL de sus derechos, incluso atacando su reputación y sus otras inversiones de afuera de El Salvador. ¿De qué otra manera se puede interpretar un embargo por 2 mil millones de dólares sobre bienes locales e internacionales de Enel Green Power, realizado sin notificar a la misma por los apropiados canales internacionales? Monto calculado sobre la base de parámetros absurdos, con base en un reporte pagado por la misma CEL. El embargo no tiene ningún fundamento porque el delito de peculado sólo puede ser cometido por un funcionario público; con este embargo se está responsabilizando a ENEL de manera subsidiaria por el 98% del supuesto daño patrimonial causado al Estado, sobre la base de la supuesta participación secundaria de un exempleado de la empresa, acusado injustamente con este propósito. Es más, medidas Provisionales solicitadas por ENEL ya han tenido un efecto positivo porque El Salvador ha anunciado al tribunal que no va a intentar ejecutar internacionalmente el embargo.

¿Que estaría esperando Enel Green Power en la primera fase del caso, con la petición de que el tribunal dicte Medidas Cautelares?

Enel Green Power espera que el CIADI ordene al estado salvadoreño que se abstenga de tomar medidas que supongan una agravación de la disputa y que menoscaben la jurisdicción del Tribunal para decidir dicha disputa.

Al haber consenso para el nombramiento de los árbitros propuestos por las partes y en espera del nombramiento del presidente del tribunal. ¿Cual sería el perfil de ese tercer árbitro que inclinará de algún modo la balanza con su voto para seguir el caso?

El tribunal está compuesto por prestigiosos y respetados juristas. No consideramos que la valoración y decisión del tribunal pueda depender de un perfil de árbitro particular. ENEL tiene un derecho ya reconocido por un tribunal competente y claramente establecido en los documentos contractuales. Las acciones promovidas por el presidente saliente son manifiestamente contrarias a los derechos que Enel Green Power tiene como inversor en El Salvador, reconocidos en la Ley de Inversiones de El Salvador.

Me remito otra vez a su escrito de la petición, donde deja ver que el gobierno de El Salvador viola sistemáticamente la jurisprudencia internacional el status quo al generar más conflictividad al caso en lugar de dar espacio para que se generen condiciones para que opere la justicia. ¿Cómo se sustenta esa postura y que implicaciones puede tener a su favor?

El Convenio CIADI establece que el tribunal del Banco Mundial tiene jurisdicción exclusiva sobre las disputas sometidas a su consideración, para que los estados no sean juez y parte en juicios que los ven involucrados. Al intentar el gobierno que la disputa se decida en foros locales se está violando esta disposición del Convenio CIADI así como también la disposición del Acuerdo de Accionistas que establece que las disputas deben decidirse por medio de arbitraje internacional. El presidente saliente (Mauricio Funes) y el Fiscal General han estado pateando el tablero de una forma que daña severamente la credibilidad del país.

¿Argumentan que están defendiendo los intereses del estado?

El gobierno tiene el derecho de hacer valer sus posiciones y defender lo que piensa que le corresponde, pero ese partido debe jugarlo con base en las reglas aplicables. En un partido de fútbol el gobierno puede poner pierna fuerte, hacer penales para que no le hagan goles y esmerarse en ganar el partido, pero no puede cambiar el árbitro que antes aceptó, ni achicar su arco, ni amenazar al otro equipo con cobrarle penales si hace goles, ni, mucho menos, desconocer el resultado del partido. Y sin duda, El Salvador no puede ser árbitro en el mismo partido donde está jugando. Lamentablemente esto es lo que estuvo haciendo el presidente saliente. Esto va a tener un efecto en la vocación de otros inversores, ya que el mensaje para la comunidad internacional es que quien invierta en El Salvador estará sujeto a este tipo de conductas. Muy pocos van a estar dispuestos a jugar un partido con estas reglas.

La defensa de El Salvador asegura que el CIADI no tiene jurisdicción para conocer este caso porque desnaturalizaría el convenio al interferir en una disputa entre empresas privadas (Enel Green Power e Inversiones Energéticas, S.A. de C.V). ¿Puede explicar a donde está a su criterio el fondo del asunto?

La sugerencia de que esto es una disputa privada no resiste análisis. Varias autoridades públicas, tal como el presidente saliente, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, los funcionarios de CEL y el propio Poder Judicial han hecho manifestaciones reiteradas y han actuado como si ésta fuera una disputa entre Enel Green Power y el mismo gobierno relativo a un recurso del Estado. De hecho, el propio delito de peculado que falsamente se imputa, tiene como presupuesto una conducta de la administración pública. Por estas razones es evidente que la jurisdicción del CIADI es la más apropiada.

¿Se responde la pregunta entonces de por qué son representantes del gobierno los que dicen que no van a cumplir el laudo a favor de Enel Green Power dado en París y ratificado en la apelación?

Exacto. Los argumentos del gobierno sobre este punto son refutados cotidianamente por los dichos y hechos de las propias autoridades.

¿Cree Enel que el tribunal del CIADI podría incidir para abrir la puerta secreta de contabilidad y otras acciones desconocidas de INE, que están salvaguardas por su naturaleza de ser una subsidiaria privada de CEL?

No tenemos opinión sobre esto. Lo que hacen o dejan de hacer INE y CEL a nivel interno es ajeno y desconocido por Enel Green Power.

¿La demanda ante el CIADI por parte de Enel es para conseguir una nueva sentencia de un tribunal arbitral o para obligar a El Salvador a cumplir el laudo de CCI del que la defensa dice que no hay jurisdicción?

El reclamo es para conseguir un nuevo laudo arbitral que ordene al gobierno cumplir con sus obligaciones con Enel Green Power, una de las cuales es cumplir con los derechos reconocidos en el laudo arbitral y para que se compense a Enel por los daños sufridos como consecuencias de las acciones del gobierno dirigidas a socavar sus derechos y destruir el valor de su inversión.

¿Qué expectativas tiene Enel ante el cambio de gobierno en El Salvador y si consideran que podría haber un espacio de diálogo para subsanar diferencias?

ENEL siempre ha tenido y tiene plena disposición para negociar y llegar a un acuerdo. Aprovechamos esta entrevista para reiterar nuestro deseo de encontrar una solución razonable para ambos accionistas y cerrar de manera definitiva este tema. Cabe destacar que Enel Green Power ha ofrecido al gobierno saliente alternativas, entre las que se cuentan limitar el derecho de Enel Green Power a acrecentar su participación accionaria más allá del 51% de LaGeo, para asegurarle al estado una participación activa y substancial en la gestión de la compañía.

Pero siempre con mayoría…

ENEL no es un inversor financiero de corto plazo, llegó a El Salvador para aportar tecnología y capital de riesgo, y llegó para contribuir a transformar a LaGeo en una compañía líder del sector en América Latina, que exporte servicios, genere actividades industriales, forme profesionales del sector y enorgullezca a todos los salvadoreños. Enel Green Power todavía aspira a cumplir estas metas y desarrollar la geotermia en el país. Pero para lograr esto tienen que respetarse sus derechos como socio de este proyecto común. Mientras ello no suceda, ENEL defenderá sus derechos con todos los recursos que el derecho le brinda. Es evidente que al gobierno, a Enel Green Power y a todos los salvadoreños les iría mejor si el tiempo, los esfuerzos y los recursos dedicados a esta disputa fueran dedicados a producir más energía, sustentable y competitiva.

Fuente: El Salvador

Enel se ceñirá a litigio internacional y no a tribunales locales

enelLa apuesta de resolución de la empresa italiana Enel Green Power, ante los señalamientos de privatización y falta de cumplimiento de un laudo arbitral a su favor, se centra en el análisis que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) efectúa del caso, y no en el seguimiento de dos procesos judiciales activos en El Salvador. 

Francisco Bertrand Galindo, asesor externo de la empresa italiana, dejó entrever que los extranjeros no están interesados en mostrarse parte en el proceso judicial que se sigue en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra nueve exdirectivos de la CEL, LaGeo y exrepresentantes de Enel. Todos están procesados por peculado. En este caso, Enel es demandada subsidiariamente. 

“CIADI suspende la jurisdicción local. Hay un requisito para poder ir al CIADI, que le impone al inversionista extranjero que cualquier cosa que tenga en el proceso local lo tiene que abandonar. O sea, o es la jurisdicción del CIADI o la jurisdicción local”, dijo Bertrand Galindo en entrevista. 

Enel presentó en agosto del año pasado una queja ante el CIADI, demandando al Estado salvadoreño por la falta de cumplimiento de un laudo arbitral. 

En ese fallo internacional se estableció que El Salvador debía permitir que Enel efectuara una nueva inversión millonaria en LaGeo, para explotación de energía geotérmica. Esto llevaría a los extranjeros a poseer más del 50 % de las acciones de la empresa. 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a los exdirectivos de la CEL de permitir una “privatización encubierta”, a través de cambios de cláusulas en el contrato con Enel. 

Para Bertrand Galindo, el control que se derivaría del aumento de las acciones a favor de los italianos es “relativo”. Según el asesor, “la clave son los derechos del socio minoritario. Usted puede ser minoritario, pero puede tener el control político de la empresa. A la sociedad italiana lo que le interesa es el control técnico”. 

Enel, según los planteamientos de Bertrand Galindo, tampoco está interesada en mostrarse parte en la demanda contra ellos que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita. Para el asesor, la demanda no tiene sentido porque ya prescribió, según aseguró. 

La empresa italiana aún no ha podido ser notificada por ninguna de las dos sedes judiciales que tramitan los casos locales. Los abogados que se han presentado como representantes de Enel en el Juzgado Séptimo de Instrucción, fueron por Enel El Salvador. 

Fuente: La Prensa Gráfica

Uruguay se expone a un juicio en el Ciadi

farmaciasEl gobierno uruguayo se expone a otra demanda internacional por alterar reglas de juego a una empresa extranjera a raíz de un sorpresivo decreto que limitó la posibilidad de que las farmacias compren o vendan locales. El conflicto fue analizado por el Parlamento en los últimos días, mientras un fondo de inversiones prepara la acción que el gobierno pretende evitar.

La reglamentación, dispuesta a fines del año pasado, fue recurrida por decenas de comercios, pero ahora un fondo internacional norteamericano se dispone a llevar el caso al Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). El argumento es que la prohibición va contra la protección de inversiones dada por Uruguay en tratados internacionales.

En el gobierno hay diversas posturas. La ministra de Salud, Susana Muñiz, dijo en la Cámara de Diputados que preparan una corrección de esa norma mediante una ley negociada con las partes. El presidente José Mujica está de visita en Washington, mientras el gobierno norteamericano analiza con preocupación el caso. El fondo Linzor Capital Partners, de ese origen, realizó una de las inversiones más grandes de los últimos meses en Uruguay, al comprar la cadena de farmacias Farmashop y la firma de panificados ultracongelados Pagnifique. El decreto, que limitó a 15 la cantidad de farmacias que puede tener un mismo titular, le impide al fondo seguir con el plan que venía ejecutando, para llevar su red de 92 a 130 farmacias. Al comprar la red de farmacias, Linzor busca ampliar su estructura y modernizar el servicio. El decreto no sólo afecta a Linzor, sino a otras cadenas.

En Uruguay hay unas 1100 farmacias, y las tres principales redes abarcan 13% del total. El líder del fondo, Tim Purcell, afirmó que el decreto supone “una expropiación sin compensación” y que los “perjudicó en forma arbitraria e innecesaria”. El argumento del decreto fue que se procuraba evitar la concentración en el mercado, pero pese a su expansión Farmashop sólo tiene 8,5% de participación en volumen y 15% por facturación.

El gobierno quiere mejorar su relación con las farmacias, porque las necesita como piezas clave en la venta de marihuana: la regulación dispone que se haga en estos locales a efectos de tener garantías.

Fuente: La Nación