El Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio de Santo Domingo pide incluir cláusula arbitral

El arbitraje comercial en la República Dominica cada vez gana más terreno con el aumento de casos en Santo Domingo y la apertura de nuevos centros de resolución alternativa de controversias en otras provincias del país.

Así lo destacó el presidente del bufete directivo del Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Manuel J. Luna, durante el cóctel inaugural de la VI Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, quien resaltó que a pesar de esto existen aún en el país importantes retos que se deben superar para convertir al arbitraje en el mecanísmo idóneo para la resolución alternativa de controversias dentro del sector comercial del país.

Luna solicitó la colaboración de los jueces y del Estado para superar los desafíos que enfrenta el arbitraje a través de la promoción del conocimiento y el entendimiento de la materia entre los integrantes del sistema judicial, del incentivo a la inclusión de la cláusula arbitral en los contratos que realice el Estado con empresas locales e internacionales y de que se mitiguen los litigios en los tribunales ordinarios siempre que exista una cláusula arbitral en un contrato.

Además destacó que hay otros mecanismos alternativos que están disponibles en el CRC de la Cámara de Santo Domingo, que son habitualmente utilizados en el extranjero, y en República Dominicana su uso es casi nulo, como son la mediación, la negociación y la conciliación.

El presidente del CRC hizo un llamado para que los sectores público y privado trabajen unidos para eliminar los paradigmas que han frenado el conocimiento y uso del arbitraje como vía para resolver disputas comerciales.

La celebración de la CLA en nuestro país se reviste de importancia debido a que el ambiente actual y los cambios que se avecinan en el entorno económico y comercial, generarán la necesidad de la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos cada vez más eficaces, rápidos, especializados y flexibles pues, en materia comercial el tiempo es dinero” expresó Luna, quien agregó que “La firma de tratados comerciales con varios países, los esfuerzos que ha realizado el gobierno para promover el aprovechamiento de los mismos brindan la plataforma idónea para un repunte en el conocimiento, aplicación y desarrollo del arbitraje comercial”.

El evento cuenta con la participación de representantes del poder judicial y del Gobierno de la altura del magistrado Julio César Castaños, presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; y el señor César Pina Toribio, consultor jurídico del poder ejecutivo, así como de expertos en arbitraje de la trascendencia y nivel de Jan Paulson, presidente del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial, e Yves Derains, presidente del ICC Institute of World Business Law.

La VI Conferencia Latinoamericana de Arbitraje CLA es organizada por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, junto al Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política de Paraguay (CEDEP) con el apoyo de la Cámara de Comercio Internacional y del International Bar Association (IBA).

El evento cuenta con el patrocinio del Banco Popular, Metaldom, Squire Sanders, Agrifeed, Biaggi Messina, Claro, Jiménez Cruz-Peña, Medina Garnes, Pellerano y Herrera, Roig Agro-Cacao, Villamayor y Asociados y el apoyo como Media Partners de Mercado Media Network, el LISTíN DIARIO y la revista Latin Counsel.

La CCPSD es la cámara comercial más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro, dice una nota de la entidad que tiene como fin promover el crecimiento de negocios formales, el diálogo y el consenso entre los sectores públicos y privados; apoyando la creación, desarrollo y competitividad empresarial en Santo Domingo y el país.

Asisten expertos de todo el mundo
La CLA está dirigida a profesionales especializados en arbitraje internacional – abogados, juristas de empresas, asesores corporativos, árbitros y académicos – y se realiza los días 28 al 30 de mayo del año en curso en el Centro de Convenciones del Barceló Hotels & Resorts de Bávaro, Punta Cana. Cuenta con la participación de destacados especialistas y académicos quienes disertarán sobre las mejores prácticas arbitrales reconocidas a nivel internacional.

Fuente: Listin Diario

ENEL pide ante el Ciadi que cese el acoso del Estado

El socio estratégico de LaGeo busca la suspensión del proceso penal iniciado por la Fiscalía, así como de las medidas que afectan la generación geotérmica.

enelEl presidente de la compañía Enel Green Power para América Latina, Maurizio Bezzeccheri habla sobre la disputa que ha llegado al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), en Washington, y valora los elementos de una querella que ya recorrió instancias internacionales con sentencias favorables a sus peticiones.

El alto ejecutivo del consorcio italiano hace un análisis de una disputa donde hay reclamos por las millonarias inversiones realizadas en El Salvador y por la conflictividad que se desató cuando llegó el momento de cumplir los términos del contrato firmado entre ellos y la parte estatal, CEL, al concluir las negociaciones como socio estratégico de LaGeo, la empresa generadora de energía geotérmica en el país.

Bezzeccheri habla también de la agresividad desatada por el presidente Mauricio Funes, y de las actuaciones del fiscal general de la República, Luis Martínez, para atizar una hoguera que pudo resolverse por la vía de la negociación pacífica, cediendo ambas partes para lograr acuerdos. El presidente de Enel Green Power para Latinoamérica espera que al iniciar la gestión de Salvador Sánchez Cerén se abran puertas para encontrar vías de entendimiento apegadas a derecho.

El conflicto inició en 2007 cuanto CEL desconoció los derechos de Enel Green Power contenidos en el acuerdo de accionistas, y no le permitió invertir alrededor de 127 millones de dólares, los cuales serían utilizados para expandir la capacidad instalada de la generadora de energía geotérmica, LaGeo. Esta inversión habría convertido a Enel en el accionista mayoritario de la empresa, un derecho que la empresa italiana recuperó al ganar un arbitraje internacional en 2011. Hasta la fecha, el Gobierno rehusa aceptar el fallo.

Al leer la petición que Enel Green Power hace al CIADI, deja ver que hay una especie de “terrorismo de estado” contra la compañía, y que en los procesos que se siguen en El Salvador ante los tribunales no tiene derecho a defensa por la forma en que está planteado el conflicto ¿Considera que el CIADI tiene facultades para interceder y llevar el litigio a un escenario con condiciones de igualdad para las partes en Washington?

Hemos expresado fuerte preocupación y sorpresa por la estrategia del presidente saliente de forzar con todas las herramientas posibles un abandono por parte de ENEL de sus derechos, incluso atacando su reputación y sus otras inversiones de afuera de El Salvador. ¿De qué otra manera se puede interpretar un embargo por 2 mil millones de dólares sobre bienes locales e internacionales de Enel Green Power, realizado sin notificar a la misma por los apropiados canales internacionales? Monto calculado sobre la base de parámetros absurdos, con base en un reporte pagado por la misma CEL. El embargo no tiene ningún fundamento porque el delito de peculado sólo puede ser cometido por un funcionario público; con este embargo se está responsabilizando a ENEL de manera subsidiaria por el 98% del supuesto daño patrimonial causado al Estado, sobre la base de la supuesta participación secundaria de un exempleado de la empresa, acusado injustamente con este propósito. Es más, medidas Provisionales solicitadas por ENEL ya han tenido un efecto positivo porque El Salvador ha anunciado al tribunal que no va a intentar ejecutar internacionalmente el embargo.

¿Que estaría esperando Enel Green Power en la primera fase del caso, con la petición de que el tribunal dicte Medidas Cautelares?

Enel Green Power espera que el CIADI ordene al estado salvadoreño que se abstenga de tomar medidas que supongan una agravación de la disputa y que menoscaben la jurisdicción del Tribunal para decidir dicha disputa.

Al haber consenso para el nombramiento de los árbitros propuestos por las partes y en espera del nombramiento del presidente del tribunal. ¿Cual sería el perfil de ese tercer árbitro que inclinará de algún modo la balanza con su voto para seguir el caso?

El tribunal está compuesto por prestigiosos y respetados juristas. No consideramos que la valoración y decisión del tribunal pueda depender de un perfil de árbitro particular. ENEL tiene un derecho ya reconocido por un tribunal competente y claramente establecido en los documentos contractuales. Las acciones promovidas por el presidente saliente son manifiestamente contrarias a los derechos que Enel Green Power tiene como inversor en El Salvador, reconocidos en la Ley de Inversiones de El Salvador.

Me remito otra vez a su escrito de la petición, donde deja ver que el gobierno de El Salvador viola sistemáticamente la jurisprudencia internacional el status quo al generar más conflictividad al caso en lugar de dar espacio para que se generen condiciones para que opere la justicia. ¿Cómo se sustenta esa postura y que implicaciones puede tener a su favor?

El Convenio CIADI establece que el tribunal del Banco Mundial tiene jurisdicción exclusiva sobre las disputas sometidas a su consideración, para que los estados no sean juez y parte en juicios que los ven involucrados. Al intentar el gobierno que la disputa se decida en foros locales se está violando esta disposición del Convenio CIADI así como también la disposición del Acuerdo de Accionistas que establece que las disputas deben decidirse por medio de arbitraje internacional. El presidente saliente (Mauricio Funes) y el Fiscal General han estado pateando el tablero de una forma que daña severamente la credibilidad del país.

¿Argumentan que están defendiendo los intereses del estado?

El gobierno tiene el derecho de hacer valer sus posiciones y defender lo que piensa que le corresponde, pero ese partido debe jugarlo con base en las reglas aplicables. En un partido de fútbol el gobierno puede poner pierna fuerte, hacer penales para que no le hagan goles y esmerarse en ganar el partido, pero no puede cambiar el árbitro que antes aceptó, ni achicar su arco, ni amenazar al otro equipo con cobrarle penales si hace goles, ni, mucho menos, desconocer el resultado del partido. Y sin duda, El Salvador no puede ser árbitro en el mismo partido donde está jugando. Lamentablemente esto es lo que estuvo haciendo el presidente saliente. Esto va a tener un efecto en la vocación de otros inversores, ya que el mensaje para la comunidad internacional es que quien invierta en El Salvador estará sujeto a este tipo de conductas. Muy pocos van a estar dispuestos a jugar un partido con estas reglas.

La defensa de El Salvador asegura que el CIADI no tiene jurisdicción para conocer este caso porque desnaturalizaría el convenio al interferir en una disputa entre empresas privadas (Enel Green Power e Inversiones Energéticas, S.A. de C.V). ¿Puede explicar a donde está a su criterio el fondo del asunto?

La sugerencia de que esto es una disputa privada no resiste análisis. Varias autoridades públicas, tal como el presidente saliente, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, los funcionarios de CEL y el propio Poder Judicial han hecho manifestaciones reiteradas y han actuado como si ésta fuera una disputa entre Enel Green Power y el mismo gobierno relativo a un recurso del Estado. De hecho, el propio delito de peculado que falsamente se imputa, tiene como presupuesto una conducta de la administración pública. Por estas razones es evidente que la jurisdicción del CIADI es la más apropiada.

¿Se responde la pregunta entonces de por qué son representantes del gobierno los que dicen que no van a cumplir el laudo a favor de Enel Green Power dado en París y ratificado en la apelación?

Exacto. Los argumentos del gobierno sobre este punto son refutados cotidianamente por los dichos y hechos de las propias autoridades.

¿Cree Enel que el tribunal del CIADI podría incidir para abrir la puerta secreta de contabilidad y otras acciones desconocidas de INE, que están salvaguardas por su naturaleza de ser una subsidiaria privada de CEL?

No tenemos opinión sobre esto. Lo que hacen o dejan de hacer INE y CEL a nivel interno es ajeno y desconocido por Enel Green Power.

¿La demanda ante el CIADI por parte de Enel es para conseguir una nueva sentencia de un tribunal arbitral o para obligar a El Salvador a cumplir el laudo de CCI del que la defensa dice que no hay jurisdicción?

El reclamo es para conseguir un nuevo laudo arbitral que ordene al gobierno cumplir con sus obligaciones con Enel Green Power, una de las cuales es cumplir con los derechos reconocidos en el laudo arbitral y para que se compense a Enel por los daños sufridos como consecuencias de las acciones del gobierno dirigidas a socavar sus derechos y destruir el valor de su inversión.

¿Qué expectativas tiene Enel ante el cambio de gobierno en El Salvador y si consideran que podría haber un espacio de diálogo para subsanar diferencias?

ENEL siempre ha tenido y tiene plena disposición para negociar y llegar a un acuerdo. Aprovechamos esta entrevista para reiterar nuestro deseo de encontrar una solución razonable para ambos accionistas y cerrar de manera definitiva este tema. Cabe destacar que Enel Green Power ha ofrecido al gobierno saliente alternativas, entre las que se cuentan limitar el derecho de Enel Green Power a acrecentar su participación accionaria más allá del 51% de LaGeo, para asegurarle al estado una participación activa y substancial en la gestión de la compañía.

Pero siempre con mayoría…

ENEL no es un inversor financiero de corto plazo, llegó a El Salvador para aportar tecnología y capital de riesgo, y llegó para contribuir a transformar a LaGeo en una compañía líder del sector en América Latina, que exporte servicios, genere actividades industriales, forme profesionales del sector y enorgullezca a todos los salvadoreños. Enel Green Power todavía aspira a cumplir estas metas y desarrollar la geotermia en el país. Pero para lograr esto tienen que respetarse sus derechos como socio de este proyecto común. Mientras ello no suceda, ENEL defenderá sus derechos con todos los recursos que el derecho le brinda. Es evidente que al gobierno, a Enel Green Power y a todos los salvadoreños les iría mejor si el tiempo, los esfuerzos y los recursos dedicados a esta disputa fueran dedicados a producir más energía, sustentable y competitiva.

Fuente: El Salvador

RIM pierde un arbitraje contra Nokia

LOGO NOKIA

LOGO NOKIA

RIM y Nokia han tenido, durante los últimos años, varios conflictos legales. En el último, un arbitraje llevado a cabo en Suecia RIM ha perdido, ya que pedía ampliar un acuerdo de licencias compartidas firmado en 2003 por ambas empresas, con él buscaba introducir en sus términos la producción de dispositivos con varias patentes relacionadas con la tecnología WiFi propiedad de Nokia.

El tribunal ha considerado que dichas patentes no pueden ser cubiertas por el acuerdo existente, de forma que RIM tiene dos salidas posibles: o deja de fabricar BlackBerries con WiFi o accede a pagar a Nokia una serie de royalties por el uso de sus tecnologías. Nokia ya ha solicitado el cumplimiento del veredicto en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Nokia y RIM estuvieron negociando previamente, pero no llegaron a un acuerdo sobre los derechos de licencia. Erróneamente, en RIM pensaron que podrían beneficiarse al desencadenar un arbitraje, que se inició en abril de 2011. Sin embargo, después de una audiencia de arbitraje que se prolongó durante nueve días en septiembre, se emitió el laudo arbitral el pasado 6 de noviembre.

Nokia explica que “el Tribunal concluyó por unanimidad de la parte de Nokia en todas menos en una de sus solicitudes, y negó todas menos una de las solicitudes de RIM”. Además, ésta última deberá sufragar los costos del arbitraje y compensar a Nokia por sus gastos legales”.

Fuentes: engadget.com y fosspatents.com

Posible arbitraje Gdels vs Ministerio de Defensa portugués

GDLES y su socio portugués, Fabrequipa, han fabricado y entregado ya 166 vehículos a las Fuerzas Armadas portuguesas y están esperando entregar 27 más que están listos para la recepción desde 2011.

Los vehículos Pandur proporcionarán protección crítica y ventajas de movilidad a las Fuerzas Armadas lusas. El programa de desarrollo supone unos 200 empleos directos en Barreiro (Portugal) y muchos más en empresas proveedoras que son esenciales para el programa.

La compañía añade que General Dynamics “no ha tenido otra opción” que presentar la Solicitud de Arbitraje, dado el anuncio del ministro de Defensa, el pasado 16 de octubre, de su intención de cancelar el contrato debido a supuestos “incumplimientos” por parte de la empresa.

La firma asegura que “no ha habido incumplimiento del contrato”, y tanto General Dynamics como Fabrequipa están preparadas y comprometidas a fabricar el resto de vehículos requeridos por contrato, “sujeto a la confirmación por parte del Ministerio de Defensa de que está dispuesto y puede pagar dichos vehículos”.

“Hemos comunicado de forma repetida e insistente al Ministerio de Defensa Nacional que General Dynamics European Land Systems está dispuesta a trabajar en una solución aceptable para ambos, tomando en consideración la situación económica actual en Portugal y las necesidades de las Fuerzas Armadas portuguesas”, ha señalado Alfonso Ramonet, presidente de GDELS.

“General Dynamics European Land Systems ha continuado cumpliendo las obligaciones que marca el contrato con Portugal, que incluye, no sólo la fabricación de 193 vehículos en fecha, sino también la de transferencia de tecnología y know-how a la industria local, creando unos 200 puestos de trabajo de alta calidad técnica en Portugal”, ha añadido.

“Esperamos que el Ministerio de Defensa Nacional acuerde sentarse a la mesa con General Dynamics European Land Systems para encontrar una solución que capacite a la compañía y a su socio portugués Fabrequipa a fabricar el resto de vehículos pedidos bajo contrato, manteniendo así los empleos en Portugal, proporcionando los vehículos necesitados por las Fuerzas Armadas portuguesas y permitiendo a las partes satisfacer sus obligaciones contractuales”, ha concluido Ramonet.

Fuente: infodefensa.com

Laudo favorable para Petróleos de Venezuela en su conflicto con Conoco Phillips

Petróleos de Venezuela ha ganado a Conoco Phillips el segundo arbitraje interpuesto ante la Cámara de Comercio Internacional.

La americana exigía compensación por los recortes de producción de crudo que en 2006 el Gobierno se comprometió a realizar, debido a su pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La indemnización hubiera sido de 110 millones de dólares.

“Conoco había presentado dos demandas en las que alegaba que debía ser compensada por los ingresos que dejaría de percibir por los recortes de la OPEP, uno por la participación que tenía en las antiguas asociaciones estratégicas de Petrozuata y otro por Hamaca. El primero lo gano, pero el segundo no”, según el Gobierno de Venezuela.

Fuente informativa: El Nacional

Reivindicación del arbitraje ante la futura Ley del Alquiler

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, reivindica el arbitraje ante la futura Ley del alquiler alegando los buenos resultados logrados en los últimos cinco años y la reducción de los plazos de desahucio a menos de la mitad gracias a la especialización del Juzgado 101 de Madrid. Según los datos de Aeade, en 2012 los conflictos se resuelven en tres-cuatro meses a través del arbitraje, mientras que en 2007 se resolvían en ocho.  

A estos datos se une la alta satisfacción de los usuarios del arbitraje, ya que nueve de cada diez volverían a incluir cláusula arbitral en su contrato. Asimismo, a través del recientemente estrenado Servicio de Mediación de Aeade se evita el 30% de los desahucios, lo que demuestra que el arrendatario necesita información sobre la existencia del procedimiento y sus consecuencias. Cerca de cuatro de cada diez arrendatarios opta por una solución amistosa, lo que además implica: una reducción del tiempo (el desalojo se produce en menos de 20 días); del coste (a menos de la mitad); y de la carga emocional (se evita un desalojo forzoso).

Nueva Ley del alquiler

Respecto a la futura Ley del alquiler, Aeade valora de manera positiva el trabajo que está realizando el Gobierno en pro del fomento del alquiler de viviendas, especialmente la reducción de la comisión judicial a la mitad, hecho que favorecerá además al arbitraje -según los datos de la Asociación, permitirá acortar los plazos en un 30%-.

Por ello, Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, siente que no se dote de más medios materiales y humanos a los juzgados, ya que, en la situación actual “es una quimera agilizar los desahucios.” “Ha habido tres leyes desarrolladas con ese objetivo, pero ninguna de ellas ha surtido efecto. Todo lo contrario ha ocurrido en el ámbito del arbitraje, que se ha ido perfeccionando hasta conseguir, a día de hoy, los desahucios en tres-cuatro meses.”

Por ello, Íscar de Hoyos lamenta que “el Gobierno no haya tenido en cuenta el buen funcionamiento del arbitraje tomando como referencia la cifra de 4.000 conflictos arrendaticios resueltos con éxito por la Asociación”. Y añade que “el arbitraje ha experimentado una exitosa agilización en la práctica gracias al apoyo judicial y compromiso con los plazos, ejemplarizados en el Juzgado 101, que lo han hecho más eficaz que cualquier cambio legislativo.”

El secretario general de Aeade explica que “en los años en los que llevamos fomentando y administrando arbitrajes, hemos logrado un procedimiento rápido y eficaz; logro en el que han tenido mucho que ver los jueces, ya familiarizados con la herramienta y, en muchos casos, prescriptores de la misma.”

La especialización en el arbitraje societario, protagonista en el CGAE

INVITACION COMITE SOCIETARIO

INVITACION COMITE SOCIETARIO

Esta tarde se presenta en la sede del CGAE (Pº de Recoletos, 13) el Comité de Arbitraje Societario y Mercantil de Aeade. Se trata de una continuación de la apuesta de la Asociación Europea de Arbitraje por la especialización en el arbitraje, en este caso concreto, en los sectores societario y mercantil.

Antonia Magdaleno encabeza un Comité que representa a un nutrido grupo de expertos en el sector y al que introducirán, esta tarde, en la celebración de su presentación Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y César Belda Casanova, decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia.

El Comité de Arbitraje Societario y Mercantil se constituye en el seno de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade), al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.4 de su Reglamento. La iniciativa surge a raíz de la redacción dada por la Ley 11/2011 de reforma de la Ley 60/2003 de Arbitraje.

La Ley aclara los requisitos del arbitraje societario al exigir una mayoría legal reforzada de 2/3 para introducir en los estatutos sociales una cláusula de arbitraje; y establecer, como requisito para someter a arbitraje la impugnación de acuerdos sociales, que la administración y designación de los árbitros se haga por una institución arbitral, además de ampliar la posibilidad de ser árbitro en derecho a tener la condición de jurista.

Veremos cómo las sociedades valoran esta iniciativa…

Los expertos:

http://www.aeade.org/ficheros/ficheros/pdf/2012/arbitros-societario240412.pdf