Panamá: acercamiento de posturas

La Autoridad Canal de Panamá (ACP) propone adelantar a GUCP, Grupo Unido por el Canal de Panamá liderado por Sacyr, 100 millones de dólares adicionales a los 784 millones que ya ha cobrado. Sin embargo, exige que el consorcio desista de suspender la obra. Además, pide que se garantice el pago a los proveedores a los que adeuda.

El grupo empresarial obtuvo un contrato por 3.118 millones de dólares, pero hace una semana amenazó con parar los trabajos si no sea autorizaba el pago por un sobrecoste de 1.600 millones.

La propuesta no ha sido aceptada aún por el Consorcio contratista, pero han comunicado que la analizarán.

Fuente: CNN

Nuevo centro de arbitraje en Camboya

El tan esperado Centro Camboyano Nacional de Arbitraje ha sido oficialmente inaugurado esta semana, en medio de las esperanzas de que el país se vuelva más atractivo para inversores tanto locales, como extranjeros.

La Ley de arbitraje de Camboya se aprobó en marzo de 2006 y entró en vigor a principios de 2007. Esta ley contemplaba la creación de un Consejo Nacional de Arbitraje para evitar que los arbitrajes domésticos no salieran del país, así como atraer arbitrajes internacionales.

Fuentes: GAR.

Chevron dispuesta a una mediación con Ecuador

El presidente de Chevron África-Latinoamérica, Ali Moshiri, afirmó que quieren elevar la producción en Petropiar y Petroboscán N. ROCCO/ARCHIVO


La estadounidense Chevron está dispuesta a que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) medien en el conflicto que mantiene con Ecuador, según declaraciones del presidente de la petrolera para África-Latinoamérica, Alí Moshiri, a la prensa de Caracas.

En una entrevista difundida por el diario El Universal, el directivo aseguró que han iniciado contactos con el Gobierno de Ecuador para “tener una discusión directa con Quito”.

“Estamos abiertos a que organizaciones como ALBA o Unasur intermedien”, señaló Moshiri, quien consideró que Chevron “tiene una buena relación con los países en América Latina”.

Asimismo, Moshiri aprovechó la entrevista para afirmar que Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, “fue un buen socio en Ecuador, que siguió los procesos y procedimientos” y achacó el problema a “un grupo de abogados en Estados Unidos que no tienen otra intención que la de extraer dinero a Chevron”.

Fuentes informativas: Eldiario.ec
Ver entrevista completa en El Universal

Acercamiento a Ohada, ¿cómo está el arbitraje en África?

ohadaEn los últimos diez años, África se ha manifestados como centro económico en crecimiento. Desde la minería a la manufactura, al sector financiero y a las telecomunicaciones, casi cada industria ha tenido una rápida expansión en África, liderada por empresas africanas y otras provenientes de todas las partes del mundo. El crecimiento en comercio internacional ha conllevado, asimismo, un aumento del arbitraje internacional, renovando el interés del mundo del arbitraje en la región.

Las partes que buscan arbitraje en África pueden elegir entre varias reconocidas instituciones de arbitraje, incluido el Centro de Arbitraje del Cairo en la parte norte, la Arbitration Foundation of Southern Africa en el sur, y la London Court of International Arbitration de la República de Mauricio en el este. En el oeste y en África Central, territorio mayoritariamente francófono, la institución líder es la Common Court of Justice con sede en Abiyán, Costa de Márfil, que fue creada por la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (Ohada, en su acrónimo francés).

El origen de Ohada yace en una serie de encuentros entre los líderes francófonos africanos en Ouagadougou, Burkina Faso, y París, en 1991. Estos encuentros acabaron con la propuesta del jurista senegalés Kéba M’Baye de lo que sería Ohada, organización supranacional que tiene como objetivo armonizar la ley mercantil entre sus miembros y aumentar la inversión nacional y extranjera en las zonas oeste y centro de África. Continuando con la propuesta de M’Baye, siete ministerios de Economía africanos, junto con M’Baye y los juristas franceses Martin Kisch y Michel Gentot, redactaron el tratado de creación de Ohada. El acuerdo final fue firmado por siete estados africanos francófonos el 17 de octubre de 1993 en Port Louis, Mauricio, y entró en vigor después de su ratificación en 1995.

La Ohada, a cuya membresía puede acceder cualquier estado africano, integra actualmente diecisiete naciones, algunas de ellas no francófonas. Aún así, como se puede esperar dados sus orígenes, Ohada debe mucho al código civil francés.

El derecho francés no es la única influencia en la ley africana. Muchos han argüido que la diversidad legal de África y las particularidades de sus leyes mercantiles, junto a la negativa percepción de alguna zonas del África subsahariana han inhibido la inversión extranjera y el crecimiento económico de la zona. Por lo tanto, Ohada, además de pretender armonizar la Ley, también busca un aumento de la confianza a través de la utilización del arbitraje internacional.

To this end, OHADA Member States have adopted a variety of Uniform Acts pertaining to various aspects of business law, including securities regulation, bankruptcy procedures, and company law. OHADA has also created a unique, hybrid judicial body: the CCJA, a supranational court of seven judges that administers not only appeals of a commercial nature from national courts of OHADA Member States, but also dispute resolution proceedings under OHADA’s own rules of arbitration.

Con este objetivo, los miembros de Ohada han adoptado una serie de normas relativas a varios aspectos del derecho mercantil.

Fuente informativa: Kluwer Arbitration Blog. Arbitrating in West and Central Africa: An Introduction to OHADA
By Benoit Le Bars
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Más sobre Ohada: http://www.ohada.com

Nuevas en el caso Chevron

Chevron

Un laudo emitido por un panel de árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, dispone que Ecuador ha violado fallos provisionales previos, bajo el derecho internacional y el tratado bilateral de inversiones entre Quito y Washington.

En esos laudos se instaba a Ecuador a “tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera de Ecuador de cualquier sentencia” contra Chevron.

En sus resoluciones anteriores, el tribunal había advertido, además, de que “cualquier pérdida surgida de la ejecución (de la sentencia) serían pérdidas por las que (Ecuador) sería responsable (ante Chevron) bajo el derecho internacional”.

Asimismo, la corte ordenó a las autoridades de ese país “explicar por qué no se ordenó una compensación a Chevron por todos los daños consiguientes” de su intento de ejecutar dicha sentencia, surgida de un juicio ambiental en contra de la compañía en Lago Agrio, Ecuador.

Según Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron, en su opinión, Ecuador “se ha aliado” con abogados estadounidenses “que han usado cortes corruptas para llevar adelante un fraude sin precedentes”.

Declaró, asimismo, que “no es demasiado tarde para revertir el curso, declarar la sentencia de Lago Agrio ilegítima y enfrentar los desafíos reales que enfrentan sus ciudadanos”.

Un juzgado ecuatoriano condenó en febrero de 2011 a Chevron a pagar la millonaria indemnización por daños ambientales que ocasionó la petrolera Texaco en la Amazonía entre 1964 y 1990, una empresa que fue posteriormente adquirida por la ahora segunda mayor petrolera de Estados Unidos.

La multa, considerada la más cuantiosa de la historia por una cuestión medioambiental, es resultado de un caso judicial iniciado en 1993 por el que comunidades de la Amazonía ecuatoriana, tuteladas por abogados estadounidenses, demandaron a Texaco por la contaminación.

Fuente informativa: EFE.

REE muestra su disposición para evitar el arbitraje con Bolivia

REE

La buena disposición en la negociación del Gobierno de Evo Morales podría disuadir a Red Eléctrica de España de seguir en el arbitraje. Todo depende del acuerdo sobre la valoración de Transportadora de Electricidad.

La filial fue expropiada en mayo del año pasado y se suponía que en el plazo de seis meses se fijaría la compensación, algo que no ha ocurrido. Esta semana se ha contratado una empresa independiente para que realice la tasación.

En un principio, Bolivia cifraba la compensación en unos 39,9 millones de dólares, importe que ingresó el país con su privatización hace quince años, lejos de los 92 millones de dólares que REE pagó en 2002 a Unión Fenosa por la compañía.

Fuente: CapitalBolsa.com

Bolivia a favor de la negociación para evitar el arbitraje con Iberdrola

Logo de Iberdrola.

Bolivia se ha mostrado a favor de una negociación con Iberdrola ante la nacionalización de sus filiales Electropaz y Elfeo. El gobierno de Bolivia ha desmentido la versión publicada por la prensa que afirmaba este hecho.

La ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila, aclaró en rueda de prensa que su Gobierno ha concertado una reunión con Iberdrola prevista para el próximo 21 de enero. Y añadió que “por lo pronto, no existe en este momento ninguna demanda que haya presentado la empresa española contra el gobierno boliviano por el tema de la nacionalización de Electropaz-Iberdrola. No hay tal situación”.

Por su parte, el gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Hugo Villarroel, aseveró que algunos medios tergiversaron la información e hicieron una mala interpretación de sus declaraciones sobre el tema.

“Yo hablé que Red Eléctrica de España, ex dueña de la TDE (Transportadora de Electricidad), ha notificado un inicio de la controversia a la Procuraduría General del Estado Plurinacional, no Iberdrola, yo no he mencionado a Iberdrola”, dijo el funcionario, al explicar que se trata de la otra empresa eléctrica que también fue nacionalizada el año pasado.

El presidente Evo Morales decretó en mayo de 2012 la expropiación de las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la TDE, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo económico.

El 29 de diciembre de 2012, el gobierno nacionalizó las empresas de Electricidad de La Paz (Electropaz) y Luz y Fuerza Sociedad Anónima de Oruro (ELFEO S.A.) alegando una cuestión de acceso universal a los servicios básicos regulados por la Constitución Boliviana.

La ministra de Comunicación ratificó que la única controversia que existe en el sector es la presentada por la empresa Red Eléctrica de España y no Iberdrola, lamentando esta circunstancia, ya que no se había “cumplido el plazo que se establece en los decretos para llegar a un entendimiento y a un acercamiento”.

Fuente: spanish.china.org.cn

La demanda de Repsol contra Argentina ya en las arcas del Ciadi

repsol

Repsol

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha admitido a trámite la demanda presentada por Repsol y Repsol Butano contra Argentina por la expropiación de un 51% de YPF. Esta demanda ha sido admitida a trámite en un tiempo menor que otros procedimientos, apenas quince días, y consolida a Argentina como el país del mundo con más denuncias ante los tribunales de arbitraje, cerca de medio centenar.

Repsol y el Gobierno argentino ya han prefijado una fórmula para la constitución del tribunal de arbitraje. En todo caso, el Ciadi les emplaza a comunicar cualquier estipulación previa en la que se haya convenido el número de árbitros del proceso, su método de nombramiento. Además, les invita a constituir el tribunal tan pronto como sea posible y les remite la lista de los miembros del Ciadi con funciones de conciliadores y árbitros.

La compañía española había presentado su demanda una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó formalmente a Argentina la existencia de la controversia acerca de la expropiación a la compañía española de las participaciones de control de YPF y de YPF Gas.

Repsol denunció a Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina, de 1991.

Repsol y la también demandante Repsol Butano ya han indicado que, en sus escritos de alegaciones, concretarán las reparaciones y compensaciones que reclamarán a Argentina «sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas».

Una vez admitida a trámite la demanda y notificada la decisión a las partes por parte del Ciadi, deberá constituirse el tribunal de arbitraje y los afectados deberán presentar sus escritos de alegaciones completos sobre el fondo del asunto. Tras ese momento, los procedimientos suelen tener una duración media de entre 3 y 6 años. En primer lugar, se celebrará una vista preliminar para determinar cuestiones de procedimiento como, por ejemplo, el idioma del arbitraje, el número y el orden de los escritos y los plazos dentro de los cuales deben ser presentados. A falta de acuerdo entre las partes, estos extremos serán fijados por el tribunal. Tras el proceso, el Ciadi emitirá un laudo, cuyo cumplimiento es obligatorio y definitivo para las partes y no puede ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, salvo en los casos excepcionales previstos en el convenio.

Repsol considera que la expropiación del 51% de su filial argentina supone una «expropiación ilícita» y una violación del Derecho internacional ya que, entre otros motivos, tiene carácter discriminatorio al afectar solo a la compañía española, y no a otros inversores en YPF. Además, denuncia que el Gobierno argentino no ha acreditado la existencia de una causa de utilidad pública ni ha respetado las disposiciones legales para llevar a cabo la expropiación, ya que no se ha realizado pago u ofrecimiento de pago alguno.

Repsol también denuncia ante el organismo internacional que Argentina ha incumplido sus obligaciones de protección y justo trato a la inversión extranjera, al tiempo que ha incumplido los estatutos de YPF, en los que se le emplazaba a lanzar una opa para tomar el control de la empresa.

Fuente: Europa Press.

Solamente un 35% de las mediaciones civiles en Argentina retornan a los tribunales

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Elena Highton de Nolasco, ha presentado el estudio “Impacto de la Mediación Pre-Judicial Obligatoria en Argentina: Un aporte para el debate y la efectividad de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”, que ha sido realizado por un grupo de consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este post vamos a destacar los principales hallazgos del estudio que se ha basado en datos obtenidos entre los años 1996 y 2010:

En el fuero Civil, el ingreso de acciones judiciales se ha reducido en un 28.6%, y podría llegar al 38.8% si se considerara el crecimiento natural del índice de litigiosidad entre 1996 y 2010.

En conflictos de familia, la reducción observada puede desglosarse de la siguiente
manera: ‘custodia de los hijos’ 18,56; ‘pensión alimenticia’ 28,50. Ambos ejemplos son mostrados para el período 23-abr-1996 al 31-dic-2010.

Del total de mediaciones realizadas en el fuero Civil, solamente el 35% (media histórica que ha ido reduciéndose paulatinamente) retorna al sistema como causa judicial, el 65% restante no deriva en juicio. El porcentaje de los casos mediados que reingresaron en el año 2010 bajó al 31,9%. Se puede inferir que actualmente se realizan más mediaciones que juicios en las temáticas de derivación obligatoria lo que repercute en la disminución de la litigiosidad.

No existe información completa sobre el porcentaje de acuerdos. Para las mediaciones de sorteo las cifras oficiales hasta el 2006 arrojan un 37% de acuerdos; para las mediaciones por elección del requirente o de ambas partes, según datos parciales del MJyDH, los acuerdos alcanzan un 34%, y según registros de una institución privada que agrupa mediadores, los acuerdos en mediaciones y por elección representan un 52% del total hasta el año 2009. Para los casos de daños y perjuicios por accidente de tránsito el nivel de acuerdo alcanza al 60% entre el 2004 y el 2008.

Entre las fortalezas encontradas en la gestión de los conflictos mencionados precedentemente, se destaca la celeridad para solucionar los reclamos: la resolución por vía judicial implicaría 3.1 años y la mediación 0.9 años.

En el fuero civil y comercial federal el 36% de las mediaciones ralizadas finaliza con acuerdo. La tasa de retorno a juicio es del 32% y el restante no se judicializó.

Leer el informe completo