Bolivia tendrá su propia Ley de arbitraje

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de arbitraje según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Al parecer, la nueva Ley será presentada en los próximos dos meses.

Por otro lado, la CEPB, que agrupa a todos los sectores empresariales bolivianos, ha recibido el proyecto de ley de inversiones que regulará las inversiones nacionales y extranjeras.

La CEPB, que está valorando el texto del proyecto, espera que la norma permita atraer la inversión extranjera y mejorar la inversión nacional; ya que, las recientes nacionalizaciones de distintas empresas dejaron en la incertidumbre a los inversores.

El presidente Morales comenzó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros que detentaban las transnacionales.

La medida determinó la expropiación de las acciones necesarias para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controlara como mínimo el 50 por ciento más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. Después se nacionalizó la mina de estaño de Huanuni y en febrero de 2007 se expropió la empresa suiza de fundición Vinto.

También se nacionalizaron la empresa eléctrica Valle Hermoso, donde la mitad del capital está en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia, y la cooperativa distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba.

Evo Morales ordenó el 1 de mayo de 2012 por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controlaba el 74 por ciento de las líneas de transmisión de electricidad del país. Horas después del anuncio, decenas de militares y policías tomaban, por mandato de Morales, las instalaciones de la firma expropiada en su sede de Cochabamba.

En diciembre de 2012 nacionalizó las empresas Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO S.A.), Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB) y Empresa de Servicios (Edeser), en manos de Iberdrola.

Fuente: Spanish.peopledaily.com

REE muestra su disposición para evitar el arbitraje con Bolivia

REE

La buena disposición en la negociación del Gobierno de Evo Morales podría disuadir a Red Eléctrica de España de seguir en el arbitraje. Todo depende del acuerdo sobre la valoración de Transportadora de Electricidad.

La filial fue expropiada en mayo del año pasado y se suponía que en el plazo de seis meses se fijaría la compensación, algo que no ha ocurrido. Esta semana se ha contratado una empresa independiente para que realice la tasación.

En un principio, Bolivia cifraba la compensación en unos 39,9 millones de dólares, importe que ingresó el país con su privatización hace quince años, lejos de los 92 millones de dólares que REE pagó en 2002 a Unión Fenosa por la compañía.

Fuente: CapitalBolsa.com

Bolivia a favor de la negociación para evitar el arbitraje con Iberdrola

Logo de Iberdrola.

Bolivia se ha mostrado a favor de una negociación con Iberdrola ante la nacionalización de sus filiales Electropaz y Elfeo. El gobierno de Bolivia ha desmentido la versión publicada por la prensa que afirmaba este hecho.

La ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila, aclaró en rueda de prensa que su Gobierno ha concertado una reunión con Iberdrola prevista para el próximo 21 de enero. Y añadió que “por lo pronto, no existe en este momento ninguna demanda que haya presentado la empresa española contra el gobierno boliviano por el tema de la nacionalización de Electropaz-Iberdrola. No hay tal situación”.

Por su parte, el gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Hugo Villarroel, aseveró que algunos medios tergiversaron la información e hicieron una mala interpretación de sus declaraciones sobre el tema.

“Yo hablé que Red Eléctrica de España, ex dueña de la TDE (Transportadora de Electricidad), ha notificado un inicio de la controversia a la Procuraduría General del Estado Plurinacional, no Iberdrola, yo no he mencionado a Iberdrola”, dijo el funcionario, al explicar que se trata de la otra empresa eléctrica que también fue nacionalizada el año pasado.

El presidente Evo Morales decretó en mayo de 2012 la expropiación de las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la TDE, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo económico.

El 29 de diciembre de 2012, el gobierno nacionalizó las empresas de Electricidad de La Paz (Electropaz) y Luz y Fuerza Sociedad Anónima de Oruro (ELFEO S.A.) alegando una cuestión de acceso universal a los servicios básicos regulados por la Constitución Boliviana.

La ministra de Comunicación ratificó que la única controversia que existe en el sector es la presentada por la empresa Red Eléctrica de España y no Iberdrola, lamentando esta circunstancia, ya que no se había “cumplido el plazo que se establece en los decretos para llegar a un entendimiento y a un acercamiento”.

Fuente: spanish.china.org.cn

La demanda de Repsol contra Argentina ya en las arcas del Ciadi

repsol

Repsol

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha admitido a trámite la demanda presentada por Repsol y Repsol Butano contra Argentina por la expropiación de un 51% de YPF. Esta demanda ha sido admitida a trámite en un tiempo menor que otros procedimientos, apenas quince días, y consolida a Argentina como el país del mundo con más denuncias ante los tribunales de arbitraje, cerca de medio centenar.

Repsol y el Gobierno argentino ya han prefijado una fórmula para la constitución del tribunal de arbitraje. En todo caso, el Ciadi les emplaza a comunicar cualquier estipulación previa en la que se haya convenido el número de árbitros del proceso, su método de nombramiento. Además, les invita a constituir el tribunal tan pronto como sea posible y les remite la lista de los miembros del Ciadi con funciones de conciliadores y árbitros.

La compañía española había presentado su demanda una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó formalmente a Argentina la existencia de la controversia acerca de la expropiación a la compañía española de las participaciones de control de YPF y de YPF Gas.

Repsol denunció a Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina, de 1991.

Repsol y la también demandante Repsol Butano ya han indicado que, en sus escritos de alegaciones, concretarán las reparaciones y compensaciones que reclamarán a Argentina «sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas».

Una vez admitida a trámite la demanda y notificada la decisión a las partes por parte del Ciadi, deberá constituirse el tribunal de arbitraje y los afectados deberán presentar sus escritos de alegaciones completos sobre el fondo del asunto. Tras ese momento, los procedimientos suelen tener una duración media de entre 3 y 6 años. En primer lugar, se celebrará una vista preliminar para determinar cuestiones de procedimiento como, por ejemplo, el idioma del arbitraje, el número y el orden de los escritos y los plazos dentro de los cuales deben ser presentados. A falta de acuerdo entre las partes, estos extremos serán fijados por el tribunal. Tras el proceso, el Ciadi emitirá un laudo, cuyo cumplimiento es obligatorio y definitivo para las partes y no puede ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, salvo en los casos excepcionales previstos en el convenio.

Repsol considera que la expropiación del 51% de su filial argentina supone una «expropiación ilícita» y una violación del Derecho internacional ya que, entre otros motivos, tiene carácter discriminatorio al afectar solo a la compañía española, y no a otros inversores en YPF. Además, denuncia que el Gobierno argentino no ha acreditado la existencia de una causa de utilidad pública ni ha respetado las disposiciones legales para llevar a cabo la expropiación, ya que no se ha realizado pago u ofrecimiento de pago alguno.

Repsol también denuncia ante el organismo internacional que Argentina ha incumplido sus obligaciones de protección y justo trato a la inversión extranjera, al tiempo que ha incumplido los estatutos de YPF, en los que se le emplazaba a lanzar una opa para tomar el control de la empresa.

Fuente: Europa Press.

La compañía de seguros Achmea gana un arbitraje contra Eslovaquia

Achmea, aseguradora holandesa.

Achmea BV ha obtenido un laudo arbitral a su favor en el conflicto que sostenía contra Eslovaquia, en éste la aseguradora holandesa reclamaba al país por violar el tratado de inversión al prohibir a las aseguradoras obtener ganancias.

El pasado 7 de diciembre, Achmea recibió el laudo en el que se condenaba a Eslovaquia a indemnizarla por 22 millones de euros por los daños sufridos por su filial Unión Eslovaca, debido a la prohibición de lucro, según un comunicado de la aseguradora.

El Ministerio de Finanzas eslovaco ha analizado la sentencia, que considera inaplicable. Su portavoz Marek Rockar en una declaración de 8 de diciembre explicó que esta decisión “puede ser apelada en los próximos tres meses”.

La norma objeto de la disputa entró en vigor en 2007 con el gobierno de Robert Fico, que acusó a los aseguradores de salud privados de beneficiarse de los fondos públicos, que debían utilizarse completamente para los tratamientos. Dado que el Tribunal Constitucional resolvió que la medida contradice la Constitución, el gobierno de Fico está trabajando en un plan para expropiar a los proveedores privados y volver a una sola empresa estatal de seguros.

Un tercio de los 5,4 millones de ciudadanos de Eslovaquia están asegurados por la Compañía General de Seguros de Salud. Unión Eslovaca, filial de Achmea, cuenta con 400.000 clientes, mientras que Dovera, controlada por el grupo de capital privado checo-eslovaco Penta, cuenta con 1,4 millones de clientes.

Fuente: Bloomberg.

Prisas del presidente Correa para crear el centro regional de arbitraje para inversiones

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a Mercosur a crear un centro regional de resolución de controversias sobre inversiones para evitar que los países del bloque tengan que enfrentar organismos internacionales de arbitraje creados, en su opinión, para favorecer al capital.

Necesitamos denunciar esos tratados (de arbitraje) porque son realmente de sometimiento. Aquí lo que requerimos es una acción conjunta”, afirmó Correa ante la Cumbre de Mercosur que se celebra en Brasilia.

El presidente de Ecuador, país que es miembro asociado de Mercosur y negocia su inclusión como miembro pleno, aseguró que el bloque necesita adoptar políticas comunes en diferentes áreas “para que no sea el capital trasnacional el que imponga las condiciones”. Y aseguró que es necesario un acuerdo de los países para impedir que los arbitrajes tan sólo favorezcan a las trasnacionales y no a los gobiernos es necesario para que Mercosur “realmente ofrezca beneficios pragmáticos” para sus pueblos.

El mandatario se refirió a un fallo del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que condenó, en octubre pasado, a Ecuador a pagarle una indemnización de 2.300 millones de dólares a la petrolera estadounidense Oxy.

El fallo fue emitido en el marco de un arbitraje planteado por Oxy, después de que Ecuador declarara en 2006 caducado el contrato de la petrolera en el país por la decisión de la empresa de venderle en el año 2000, sin autorización del Estado, parte de sus acciones a la canadiense Encana.

Correa además abogó por la moneda única: “Para que podamos tener un arancel común y acuerdos de libre comercio con otros países y bloques, como la Unión Europea, necesitamos una moneda regional”, afirmó.

Fuentes: EFE y eldiario.es


Rafael Correa en su intervención durante la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

Presentada la demanda de Repsol contra Argentina en el Ciadi

Repsol y Repsol Butano han solicitado al Ciadi el inicio de un arbitraje contra la República Argentina por la expropiación de YPF y de YPF Gas el pasado abril, ya que supone una violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) firmado entre España y Argentina en 1991.

El 6 de noviembre terminó el plazo de seis meses establecido para que las partes lleguen a un acuerdo.

Para Repsol, la expropiación de YPF ha sido una operación “ilícita” y supone una violación del Tratado y el Derecho Internacional porque es “discriminatoria” (solo afectó a Repsol, a la que se le confiscó un 51% del 57% que tenía); no ha sido acreditada “la utilidad pública” por la que el Gobierno argentino justificó la expropiación; no se ha compensado económicamente a Repsol y ni siquiera se le ha ofrecido pago alguno; y se ha incumplido el Appri hispano-argentino. Asimismo, en el Estatuto de YPF figura la obligación, si el Estado decidiera tomar el control, de lanzar una opa por el 100%, algo que también se ha incumplido.

Repsol ha optado por acudir al Ciadi a los seis meses de la expropiación saltándose el trámite de pleitear antes en los tribunales argentinos, tal como establece el Appri. Para ello, alega la existencia de una cláusula de nación más favorecida (que permite eludirlo).

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la petrolera llegue a un acuerdo de compensación con el Gobierno argentino, sin esperar a un laudo que se demoraría hasta cuatro años. En Argentina, cada vez son más los que aconsejan poner punto y final a un conflicto que está frenando las inversiones multinacionales en YPF, que necesita del capital extranjero para explotar los yacimientos de Vaca Muerta.

Fuente: Cinco Días