¿En qué consiste el pacto arbitral ficto?

“Pacto arbitral ficto”: una de las innovaciones más relevantes de la actual legislación arbitral colombiana.

Se trata de una herramienta que permitirá un mayor dinamismo del arbitraje y que promete sobrepasar algunos obstáculos, concretamente formales, de su práctica.

En el arbitraje las partes pueden, por voluntad, retirar la jurisdicción ordinaria para dársela a uno o varios particulares llamados “árbitros” quienes resolverán en derecho un determinado conflicto. Esta figura, sin duda, tiene sus ventajas frente a la cada vez más congestionada administración de justicia.

Para ello es necesario, que las diferentes partes del proceso consientan someterse al arbitraje mediante la demostración de la existencia de un acuerdo en la forma bien de “cláusula de compromiso”.

Hasta ahora, la demostración del acuerdo o pacto arbitral solo era posible presentando prueba documental de dicha voluntad. El nuevo estatuto arbitral, con la introducción del “pacto arbitral ficto”, introduce una suerte de flexibilización en la prueba del acuerdo arbitral, lo que permite llegar al arbitraje incluso sin la necesidad de contar con prueba escrita de la cláusula compromisoria o del compromiso, como hasta hace poco parecía imponerse.

En base al artículo 3º del actual estatuto arbitral, basta afirmar ante un juez o ante un centro de arbitraje que existe un pacto arbitral para que se entienda probada la existencia de ese pacto. Ahora, si ninguna de las partes lo niega expresamente al momento de la contestación de la demanda, se entenderá que ambos han entendido probada la existencia del pacto, sin necesidad de prueba adicional.

No obstantes, a pesar de las evidentes ventajas del “pacto arbitral ficto” -al menos en lo que respecta al intento de “relajar” la prueba del acuerdo arbitral-, la figura ofrece en sí misma un sinnúmero de retos tanto para la institución del arbitraje como para la salvaguarda de la voluntad de las partes, considerada desde siempre su columna vertebral.

Por ejemplo, si las partes no pactaron arbitramento y al momento de contestar el demandado omite hacer manifestación al respecto, ¿podría posteriormente objetarse la existencia del pacto arbitral en el que el demandante dice basarse pero que jamás existió? En los términos en los que está redactado el artículo 3º, la respuesta pareciera ser no. Si el demandado no hizo manifestación alguna sobre la inexistencia del pacto, se entendería que el mismo quedó probado y, en consecuencia, que las partes desplazaron la competencia del juez a los árbitros. No obstante, no puede menos que rechazarse tal interpretación.

La simple ausencia de manifestación del demandado no es posible -en mi opinión- restringírsele a este la demostración posterior de que tal acuerdo jamás existió. Decir lo contrario implicaría no solo desconocer la voluntad de las partes -esencia del arbitramento-, sino que además llevaría al absurdo de negar a los mismos árbitros la posibilidad de considerar que no son competentes para decidir el litigio si encuentran que, en efecto, jamás existió acuerdo o pacto arbitral.

Faltará ver cómo los jueces y los tribunales arbitrales interpretan la existencia de la figura del “pacto ficto”; más importante aún, de qué forma la articulan con la volunta de las partes, históricamente la esencia y columna vertebral de la  institución del arbitramento.

Fuente: La República

Bolivia presentará una queja contra el CIADI en caso Pan American Energy

El Tribunal del CIADI rechazó la solicitud del Estado boliviano de dividir el proceso arbitral que la empresa PAE presentó contra Bolivia. La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que presentará notas de protesta ante esa instancia.

El Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, publicó el lunes en su página web “una decisión sobre la solicitud de demanda de Bolivia para abordar las objeciones de jurisdicción como una cuestión preliminar”.

Consultado sobre dicha determinación, el procurador Hugo Montero explicó ayer que ese Tribunal declaró “injustificadas” las razones por las que Bolivia solicitó la división del caso Pan American Energy (PAE), pero que además “desestimó” el pedido, a pesar de que se presentaron los suficientes argumentos.

Por la mañana Montero señaló que en el caso PAE el CIADI pretende “mezclar” dos temas diferentes, uno de ellos referido a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos de 2004, y el otro a la nacionalización de la petrolera Chaco, el 23 de enero de 2009, en la que tenía el 50% de las acciones.

Por esta acción, la compañía reclama el pago de una compensación de 1.493 millones de dólares. En la nota enviada a La Razón, el Procurador señaló que uno de los argumentos de la PGE para que no se mezclen los temas es que Bolivia dejó de ser parte del CIADI desde el 2 de mayo de 2007.

El 12 de marzo de 2010, la petrolera de capitales anglo-argentinos PAE presentó una demanda arbitral en el CIADI en contra de Bolivia por la nacionalización de sus acciones en la actual YPFB Chaco (50% del paquete accionario).

Ante esta “injusticia”, Montero anunció que la PGE “remitirá notas de protesta” ante el CIADI, “toda vez que pese a haber denunciado al Convenio, el Estado se ve obligado a someterse” a esta jurisdicción. Añadió que la Procuraduría “agotará todos los recursos existentes en el Reglamento en defensa legal del Estado”.

Por la mañana, la autoridad declaró en El Alto que el Tribunal no aceptó la solicitud, por lo que interpondrá “una excepción, un incidente de falta de jurisdicción del propio CIADI en este caso; esto va a tener su tiempo”.

Indicó que la compañía anglo-argentina pudo haber presentado una demanda arbitral en otros foros como la Corte Internacional de Arbitraje de París, las cámaras de comercio que hay en Latinoamérica y en Europa, cuyos centros tienen normativas propias a las cuales Bolivia “gustosamente puede acudir”, y no así a un escenario como es el CIADI que está “comprometido con los intereses del Banco Mundial (BM) y los intereses de las transnacionales.

El ingreso y la salida al Tribunal

Convenio

Bolivia firmó el convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de la Ley 1593 el 12 de agosto de 1994. El convenio entró en vigencia el 23 de julio de 1995. El gobierno de Evo Morales renunció al CIADI el 1 de mayo de 2007. Esta determinación se hizo efectiva en octubre del mismo año.

Terreno

El 4 de octubre de 2013, el mandatario Morales advirtió con tomar drásticas decisiones contra las petroleras que operan en el país y que tengan arbitrajes internacionales contra Bolivia.

Procuraduría espera dos laudos arbitrales

La Procuraduría General del Estado (PGE) está a la espera de dos laudos arbitrales respecto a las demandas interpuestas por dos empresas extranjeras contra Bolivia ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París y el CIADI.

Una de las demandas es de la compañía británica Guaracachi América Inc y Rurelec que recurrió el 13 de mayo de 2010 ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), razón por la que exige al Estado una indemnización de 142,3 millones de dólares.

En este caso, el procurador Hugo Montero informó ayer que en abril de este año asistió a una audiencia para exponer criterios y presentar pruebas. “Es un tema eléctrico y se espera un laudo, una resolución en noviembre o diciembre”, dijo.

La otra demanda es de la empresa Quiborax Non Metalic Minerals, que interpuso su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni. Por este hecho exige un resarcimiento de  146 millones de dólares. Sobre el caso, Montero indicó que en octubre de este año asistieron a una audiencia y se espera que en unos seis meses el CIADI dé su veredicto final.

Fuente: Eju

El convenio arbitral de las preferentes de Bankia

preferentes bankia

El proceso de arbitraje de las preferentes de Bankia es relativamente sencillo. En primer lugar, se debe de solicitar el arbitraje y después KPMG decide si la entidad acepta o no someterse al procedimiento. Si se acepta, el afectado también debe de mostrar su consentimiento con el arbitraje firmando el convenio arbitral.

El trámite del arbitraje se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Consumo cuyos árbitros son los que tomarán la decisión. Laudo que no es recurrible salvo que el cliente demuestre un grave error de procedimiento.

Firmando este convenio, los afectados por estos productos financieros renuncian a cualquier otra forma de reclamación. Pero fuentes jurídicas dudan de que la renuncia de acciones judiciales sea aplicable si finalmente hubo delito en la venta de preferentes. Consideran que esa renuncia se aplicaría sólo a la vía civil, no a la penal.

Posibles repercusiones

El convenio del Instituto Nacional de Consumo especifica que la renuncia a acciones futuras es “a efectos meramente enunciativos (pero no limitativos)”, de manera que “deja un poco en el aire si se podrá reclamar por la vía penal si uno se somete al arbitraje”, según Santiago Viciano, socio fundador de V Abogados.

Viciano advierte también de que el convenio abre la puerta a que, en el caso de que un cliente esté en juicio por las preferentes y finalmente se decante por el arbitraje, Bankia pueda exigir el pago de las costas procesales por el desistimiento por parte del demandante (es decir, el cliente, que primero intentó la vía judicial para recuperar su dinero).

Fuente: Cinco Días

Reivindicación del arbitraje ante la futura Ley del Alquiler

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, reivindica el arbitraje ante la futura Ley del alquiler alegando los buenos resultados logrados en los últimos cinco años y la reducción de los plazos de desahucio a menos de la mitad gracias a la especialización del Juzgado 101 de Madrid. Según los datos de Aeade, en 2012 los conflictos se resuelven en tres-cuatro meses a través del arbitraje, mientras que en 2007 se resolvían en ocho.  

A estos datos se une la alta satisfacción de los usuarios del arbitraje, ya que nueve de cada diez volverían a incluir cláusula arbitral en su contrato. Asimismo, a través del recientemente estrenado Servicio de Mediación de Aeade se evita el 30% de los desahucios, lo que demuestra que el arrendatario necesita información sobre la existencia del procedimiento y sus consecuencias. Cerca de cuatro de cada diez arrendatarios opta por una solución amistosa, lo que además implica: una reducción del tiempo (el desalojo se produce en menos de 20 días); del coste (a menos de la mitad); y de la carga emocional (se evita un desalojo forzoso).

Nueva Ley del alquiler

Respecto a la futura Ley del alquiler, Aeade valora de manera positiva el trabajo que está realizando el Gobierno en pro del fomento del alquiler de viviendas, especialmente la reducción de la comisión judicial a la mitad, hecho que favorecerá además al arbitraje -según los datos de la Asociación, permitirá acortar los plazos en un 30%-.

Por ello, Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, siente que no se dote de más medios materiales y humanos a los juzgados, ya que, en la situación actual “es una quimera agilizar los desahucios.” “Ha habido tres leyes desarrolladas con ese objetivo, pero ninguna de ellas ha surtido efecto. Todo lo contrario ha ocurrido en el ámbito del arbitraje, que se ha ido perfeccionando hasta conseguir, a día de hoy, los desahucios en tres-cuatro meses.”

Por ello, Íscar de Hoyos lamenta que “el Gobierno no haya tenido en cuenta el buen funcionamiento del arbitraje tomando como referencia la cifra de 4.000 conflictos arrendaticios resueltos con éxito por la Asociación”. Y añade que “el arbitraje ha experimentado una exitosa agilización en la práctica gracias al apoyo judicial y compromiso con los plazos, ejemplarizados en el Juzgado 101, que lo han hecho más eficaz que cualquier cambio legislativo.”

El secretario general de Aeade explica que “en los años en los que llevamos fomentando y administrando arbitrajes, hemos logrado un procedimiento rápido y eficaz; logro en el que han tenido mucho que ver los jueces, ya familiarizados con la herramienta y, en muchos casos, prescriptores de la misma.”

Manifestaciones sobre la reforma laboral: el arbitraje sigue siendo protagonista

A raíz de la nueva reforma laboral, las diferentes críticas y opiniones no se han dejado esperar. A continuación adjuntamos tres links en los que se habla de qué forma se ha tratado el arbitraje, veréis diferentes opiniones y puntos de vista… pero todos son interesantes para medir el clima instaurado a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral:

Cuatrecasas ve dudas legales sobre el periodo de prueba y el arbitraje
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/02/14/16965759.html

Una buena reforma laboral
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/buena-reforma-laboral/20120214cdscdiopi_1/

Los juristas dudan de la constitucionalidad de algunos aspectos de la reforma laboral
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/juristas-dudan-constitucionalidad-algunos-aspectos-reforma-laboral/csrcsrpor/20120214csrcsreco_17/Tes

Gonzalo Quiroga o la redacción del convenio arbitral en el Curso de arbitraje de Aeade

El 3º Curso de arbitraje comercial de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, arranca el próximo 22 de marzo. La profesora Marta Gonzalo Quiroga repite y, al igual que en las ediciones 1º y 2º, abordará las cuestiones “Introducción al arbitraje” y “La redacción del convenio arbitral”.

Marta Gonzalo Quiroga se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca. Se doctoró Cum Laude por unanimidad por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Además, forma parte de la lista de árbitros de Aeade y ha ejercido árbitro internacional. Es experta en varias materias de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Derecho Internacional Privado y comercio internacional.

La Rioja renueva el acuerdo con Aeade para impulsar el arbitraje en el alquiler de viviendas

Fomentar el arbitraje en el alquiler de viviendas

Antonino Burgos (izq.) y Javier Íscar (dcha.)

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y el gobierno de La Rioja han ratificado, por cuarto año consecutivo, el acuerdo para impulsar el arbitraje en el sector del alquiler inmobiliario.

A la firma en Logroño han acudido el consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial del ejecutivo riojano, Antonino Burgos y el secretario general de Aeade, Javier Íscar de Hoyos.

Desde 2008, fecha en la que se puso en marcha la colaboración entre ambas entidades, 923 contratos de alquiler han tenido a su disposición el servicio de arbitraje de Aeade. En caso de controversia entre las partes, un árbitro de la Asociación, imparcial y ajena a las mismas, será el encargado de dirimirla.

Hasta el día de hoy, Aeade ha administrado únicamente tres procedimientos por impago de rentas en La Rioja, lo que se traduce en un índice de morosidad del 0,33%, cuando en España es del 2,5%. El tiempo de resolución no superó los dos meses y la cuantía media ascendió a 6.240 euros.

Burgos ha afirmado que la iniciativa forma parte del “objetivo del Gobierno de La Rioja de impulsar el alquiler como opción de acceso a la vivienda”. También ha puesto de relieve la necesidad de “adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios ante posibles impagos o daños en sus viviendas”.

Los arrendadores y arrendatarios interesados en acogerse al convenio, deben incluir en el contrato de alquiler una cláusula de sometimiento voluntario al procedimiento de Aeade y adjuntar a dicho contrato la cláusula arbitral, firmada por ambas partes (arrendador y arrendatario). Los convenios están disponibles en las ventanillas únicas de vivienda y en la Oficina de Alquiler del Gobierno de La Rioja.