Costa Rica inicia arbitraje con El Salvador por diferendo sobre Cafta

Costa Rica ha demandado a El Salvador ante el Mecanismo de Solución de Controversias del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (Cafta), por no aplicar a mercancías nacionales las preferencias arancelarias contenidas en el acuerdo.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó de que esto afecta la exportación de todos los productos originarios procedentes de Costa Rica, incluyendo los que están bajo regímenes especiales como Zona Franca y Perfeccionamiento Activo.

Entre los productos que más se exportan a dicho país están las preparaciones alimenticias, salsas, conductores eléctricos, artículos higiénicos, barras de hierro o acero, antisueros, refrigeradores, sardinas preparadas y galletas dulces.

Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior indicó que El Salvador ha interpretado que solo está en obligación de aplicar el trato arancelario preferencial a las mercancías estadounidenses.

Sin embargo, las disposiciones del Cafta son de aplicación entre todos los países parte del Tratado.

“Se agotaron todas las opciones para intentar un acuerdo entre las partes”, dijo Mora.

El funcionario agregó que ya Costa Rica tiene preparado el grupo arbitral para resolver la controversia, aunque está en disposición de aceptar alguna propuesta de El Salvador y retirar la demanda.

En relación con los costos del arbitraje, serán compartidos por ambas partes y se determinarán al final del proceso.

La primera queja costarricense como parte de este proceso se presentó en setiembre del 2013, pero esta etapa fracasó.

Tras varias reuniones bilaterales sin acuerdo, proseguía la demanda de conformidad con las disposiciones del Cafta.

Las ventas de Costa Rica al mercado salvadoreño crecieron 7,5%, en promedio, por año, durante la última década.

Fuente: Nación

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Expertos ambientalistas dicen que Costa Rica puede negarse a arbitraje de minera

Expertos ambientalistas han asegurado que Costa Rica podría negarse al arbitraje internacional puesto en marcha por la minera canadiense Infinito Gold en el que reclama 94 millones de dólares por la cancelación de un proyecto de minería de oro a cielo abierto.

Según los ambientalistas, el Tratado de Inversiones entre Costa Rica y Canadá indica que no se acudirá a la vía de arbitraje cuando ya exista una resolución de los tribunales del país.

El presidente de la Federación Ecologista (Fecon), Mauricio Álvarez, explicó a Efe que en ninguna parte de este acuerdo con Canadá se le da derecho a las compañías de pasar por encima de la legislación ambiental o las resoluciones de los tribunales costarricenses.

“Lo que estamos diciendo es que se puede valorar este tipo de argumentaciones que han estudiado abogados. Creo que el Gobierno podría valorarlo”, manifestó Álvarez.

Por su parte, el abogado ambientalista, Álvaro Sagot, se manifestó de la misma manera y adujo que si Costa Rica acude al arbitraje, debe presentar un argumento “muy simple” sobre el respeto a las resoluciones judiciales locales que establece el Tratado con Canadá.

Agregó que Industrias Infinito ya agotó los recursos judiciales en Costa Rica y que quedó determinado el impacto ambiental ocasionado por las primeras obras del proyecto minero, que nunca llegó a explotar oro.

“Por lo que me siento preocupado es porque el vocero, René Castro, (ministro del Ambiente y Energía) dice que van a discutir el estudio de impacto ambiental (en el arbitraje), cuando ya quedó demostrado que fueron los empresarios mineros quienes incumplieron”, dijo Sagot a Efe.

Este caso se remonta al 2010, durante el Gobierno del expresidente Óscar Arias (2006-2010), cuando el Tribunal Contencioso Administrativo declaró nula la concesión debido a irregularidades en los trámites, estudios y permisos otorgados a la empresa.

La Sala I y la Sala Constitucional también rechazaron constantes apelaciones presentadas por la minera, mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre el caso.

Infinito Gold anunció la presentación, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial, de una demanda por 94 millones de dólares contra Costa Rica debido a la cancelación del proyecto “Las Crucitas” .

El excandidato presidencial del izquierdista Partido Frente Amplio (FA), José María Villalta, también expresó su molestia con respecto al tema y escribió en las redes sociales que el “arbitraje solicitado por la trasnacional minera es improcedente” y que el “Gobierno debe negarse de plano a someterse al mismo”.

La firma, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.

Fuente: El País

El proceso de arbitraje con la empresa OAS podría ver la luz a finales de este año

Hasta ahora el proceso de arbitraje entre Costa Rica y la empresa OAS ha realizado un total de 10 negociaciones.

Las mismas, como lo establece la ley, son privadas y no puede comunicarse lo ahí discutido.

Sin embargo, el Ministro de Planificación, Roberto Gallardo, afirmó que esperan que a finales de este año se pueda llegar a una resolución final. En caso de que este acuerdo sea positivo se hacen de conocimiento público los detalles del mismo.

Ante la opción de no llegar a un acuerdo, Gallardo señaló que solo se darán a conocer las sanciones que proceden.

Quien pierda la negociación deberá pagar el monto económico establecido, además de un 10% a los abogados que participaron en el proceso, así lo señaló el ministro Gallardo.

Fuente: Teletica

Un grupo de inversores estadounidenses abren un proceso de arbitraje contra Costa Rica

Inversores estadounidenses han comenzado un proceso de arbitraje contra el Gobierno de Costa Rica amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana (Cafta).

Aducen que entre 2003 y 2007 llevaron a cabo inversiones en el país para construir viviendas de lujo en Playa Grande de Santa Cruz, Guanacaste, pero que desde 2006 comenzaron a recibir notificaciones oficiales del Gobierno de Costa Rica con la intención de expropiar esas tierras frente al mar.

Los inversores pretenden recibir un pago del Gobierno costarricense que compense la inversión que hicieron. “Los inversores no cuestionaran el derecho soberano de Costa Rica para expropiar tierras, de buena fe, para un propósito válido y público. Ellos solo quieren recibir el valor justo de mercado de las tierras que han sido forzadas a renunciar, tal como lo establece Cafta y el derecho internacional consuetudinario”, destacó el notario Vianney Saborío, uno de los abogados de los inversores.

Según el comunicado enviado por los estadounidenses, las autoridades costarricenses decidieron expropiar para la creación de un parque nacional que abarque la zona de anidación de la tortuga Baula en peligro de extinción. Por ello, los demandantes alegan que el Gobierno no cumplió con la compensación equivalente al valor justo de mercado de la inversión explotada.

Fuente: El financieroCR