Cinco aerolíneas se irán de Venezuela y acudirán a arbitraje internacional

Debido a la prolongada demora del gobierno en pagarle a las líneas aéreas internacionales que operan en el país, cinco de ellas suspenderán operaciones en Venezuela, afirmó una fuente de la industria que pidió no ser identificada.

Ante la amenaza que en marzo pasado hizo el presidente Nicolás Maduro al sector, de confiscar la deuda a las empresas que abandonen el país, las líneas aéreas solicitarán un arbitraje internacional, agregó.

“Las casas matrices se sienten frustradas por lo que parece ser un nuevo engaño del gobierno venezolano, que desde octubre del año pasado ha ofrecido a las aerolíneas varias formas de pago, pero hasta la fecha ninguna se ha concretado”, dijo.

A pesar de que hace cerca de un mes, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Herbert García Plaza, informó en rueda de prensa que el Ejecutivo pagaría la deuda a la tasa que fue adquirida, las empresas recibieron otra información. La fuente señaló que García Plaza y el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Pedro González, convocaron a las líneas aéreas a una reunión y les notificaron que la cancelación del compromiso sería únicamente a tasa del Sicad I.

Al principio las aerolíneas rechazaron la propuesta y exigieron el pago al cambio al que fue adquirida la deuda. No obstante, después aceptaron la oferta, según la fuente. “En ese momento el gobierno le pidió a las empresas que presentaran propuestas en relación con el número de cuotas en que querían les cumplieran el compromiso”.

Las líneas, añadió la fuente, tenían mucha expectativa de que se les comenzaran a cancelar porque en el encuentro les aseguraron que el Ejecutivo disponía de 1,1 millón de dólares para honrar los primeros pagos. “Sin embargo, transcurrido aproximadamente un mes, desde que se llevaron a cabo las reuniones, el tema cayó en el mismo limbo de las ofertas anteriores”.

Fuente: El Nacional

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Acuerdo entre Repsol y Argentina por la expropiación de YPF

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM

El consejo de administración de la petrolera española ha aceptado la compensación de 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF. Repsol cobrará en deuda pública argentina. El acuerdo se firmará el próximo jueves en Buenos Aires.

El acuerdo, que debe ser aprobado por los accionistas de la petrolera, garantiza que Repsol recibirá bonos argentinos con un valor de mercado de, al menos, 4.670 millones de dólares y un máximo de 6.000 millones y supone la retirada de todos los litigios judiciales pendientes entre ambas partes, así como la renuncia a futuras reclamaciones.

Según ha explicado el grupo presidido por Antonio Brufau, Argentina reconoce que tiene una deuda de 5.000 millones de dólares que sufragará mediante varias emisiones de bonos y no quedará saldada hasta que Repsol cobre el importe completo.

Mediante diversos mecanismos, la compensación mantendrá su valor convirtiéndose de deuda a dinero en efectivo, una de las principales reclamaciones que había llevado a cabo Repsol. El Gobierno argentino entregará a la petrolera española un primer paquete de acciones nominales con tres tipos de bonos soberanos: dos ampliaciones de emisiones existentes -una por 500 millones de dólares y otra por 1.250 millones de dólares- y una nueva, por un total de 3.250 millones.

A la ampliación de 1.250 millones hay que añadir otros 500 millones de intereses capitalizados que se suman al nominal y no se abonarán en efectivo. De este modo, el valor real de la emisión es de 1.750 millones. Además, la nueva emisión de 3.250 millones garantiza el pago del 8,75% de los intereses durante los primeros 18 meses.

En caso de que la emisión de 5.000 millones de dólares emitidos (5.500 millones si se suman los intereses capitalizados) tienen un valor en el mercado inferior a 4.670 millones, Argentina realizará nuevas emisiones por hasta 1.000 millones.

Como garantía adicional de pago, el hecho de que el acuerdo esté validado por el Congreso argentino supone que la deuda está reconocida oficialmente, por lo que ante cualquier impago Repsol podrá reclamar todas las cantidades pendientes de cobro en un arbitraje internacional sin necesidad de valoración previa.

Fuente: Expansión