Comienzan las negociaciones del acuerdo de libre comercio e inversiones entre Unión Europea y EEUU

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han iniciado la ronda de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio e inversiones, con la ambición de avanzar en áreas como regulación o tarifas y tras cerrarse una consulta pública sobre el instrumento de solución de controversias inversor-Estado.

El equipo negociador europeo, dirigido por Ignacio García Bercero, y el estadounidense, encabezado por Dan Mullaney, iniciaron una nueva semana de trabajos en Bruselas centrada en el intercambio de bienes y servicios, reglamentación, mercados públicos, protección ambiental y de los trabajadores y energía y materias primas.

El acuerdo pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo (supondría el 50 % de la actividad económica global) y sentar un referente mundial con la armonización de la regulación europea y la estadounidense.

La UE y Estados Unidos iniciaron la negociación del tratado comercial y de inversiones (TTIP, en sus siglas en inglés) en julio de 2013 y, un año después, están inmersos en los trabajos técnicos en áreas como las tarifas, las inversiones o la contratación pública, un tema sobre el que aún no han intercambiado las primeras ofertas, según fuentes europeas.

Destacaron que esperan que haya nuevas propuestas sobre la mesa en esta ronda de cara a elaborar un texto de consenso para septiembre próximo sobre estándares, conformidades técnicas y normas sanitarias y fitosanitarias.

Otros asuntos que se abordarán serán los relativos a comercio y desarrollo sostenible, facilitación del comercio en aduanas o energía y las materias primas (para lo que la UE pide que haya un capítulo aparte).

Fuentes comunitarias indicaron que las partes seguirán hablando de la posibilidad de integrar los servicios financieros en el acuerdo, lo que el bloque europeo defiende.

Uno de los asuntos más polémicos para diferentes sectores es la posibilidad de que el pacto incluya un instrumento de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas en inglés), que busca definir la protección de las inversiones.

Precisamente, el domingo pasado concluyó el plazo abierto por la Comisión Europea para recabar opiniones de todas las partes interesadas sobre si dicho mecanismo puede lograr un “equilibrio adecuado” entre la protección de los inversores y del derecho y la capacidad de la UE de regular en favor del interés común.

Hoy, la Oficina Medioambiental Europea (EBB, en sus siglas en inglés), la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y la organización Transporte y Medioambiente (T&E) instaron en un comunicado a la Comisión -la institución que negocia este acuerdo en nombre de los veintiocho Estados comunitarios- a que excluya ese instrumento del tratado.

Estas organizaciones, miembros del grupo asesor en el TTIP en representación de la sociedad civil, afirmaron que la consulta pública sobre el mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado es una “oportunidad clave para que la Comisión proponga un proceso totalmente transparente y que no admita comentarios anónimos o secretos”.

Insistieron en que un ISDS permite a las empresas pasar por encima de la justicia de los países y poder demandar a gobiernos directamente a través de paneles de arbitraje especiales por medidas que, a su juicio, pueden “poner en peligro” leyes diseñadas para proteger los intereses públicos.

“Mina el Estado de derecho, hace a los ciudadanos pagar por los riesgos corporativos y hace que los gobiernos no se atrevan a legislar por miedo a que (las empresas) les lleven a juicio”, señalaron en un comunicado.

Al respecto, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) señaló en otro comunicado que “un arbitraje secreto no forma parte en absoluto” de un acuerdo equilibrado entre los intereses públicos y privados.

BEUC hizo hincapié en otro asunto que levanta polémica en la negociación, el de la regulación de los químicos en Estados Unidos.

“Nos preocupa que tratamientos químicos como los que emplean clorina sean la solución fácil para limpiar la carne (…) La UE ha elegido un enfoque que es científicamente sólido”, indicó y, por ello, pidió que Europa “no sacrifique sus estándares de salud pública y protección de los consumidores, a cambio de negociar ventajas en el TTIP”.

Según fuentes europeas, “de ninguna manera nuestra posición sugiere debilitar las normas en ese sector”.

Una vez que el tratado entre en vigor, las partes creen que aumentaría el producto interior bruto (PIB) de la UE en 120.000 millones de euros y el de Estados Unidos en 95.000 millones.

Fuente: El Universal

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Irán gana el arbitraje que mantenía con EEUU en el tribunal de La Haya después de 30 años

Después de 30 años, Irán gana un arbitraje que mantenía contra Estados Unidos en el Tribunal de Arbitraje de La Haya, según han anunciado fuentes oficiales.
Se trata de las obligaciones de Washington, en virtud de la Declaración de Argelia, de suspender las demandas jurídicas presentadas por ciudadanos o entidades del país norteamericano contra la República Islámica de Irán en tribunales estadounidenses.

De acuerdo con el artículo 7 de la Declaración de Argelia, firmado el 19 de enero de 1981, ni los tribunales de EE.UU. ni los de Irán tienen competencia para emitir sentencias sobre litigios entre ambos países.

Sin embargo, en aquel entonces, Irán acusó a EE.UU. de violar en un caso la citada declaración y pidió una indemnización.

El Tribunal de Arbitraje de La Haya ha emitido recientemente un dictamen en el que ha declarado culpable a EE.UU. y le ha condenado a pagar una multa de 842 mil dólares a Irán.

Con la mediación de Argelia y en el marco de la declaración sellada en este país, se puso fin a las cuestiones relacionadas a la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en noviembre de 1979.

Fuente: HispanTv

Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales

Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.

Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EEUU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.

Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EEUU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.

Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.

“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

Documentos firmados por Wikileaks

Fuente: Libre Red

IU presenta una proposición no de ley contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con el objetivo de que el Gobierno se comprometa públicamente a rechazar el Tratado de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos si incluye rebajas en las regulaciones comunitarias o una cláusula de protección de inversiones.

En la iniciativa, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Economía, la coalición afirma que el TTIP UE-EEUU no busca una reducción de los aranceles entre ambas zonas económicas para potenciar el intercambio de productos, sino que pretende superar las diferencias regulatorias, que según ha reconocido la Comisión Europea (CE) son “el mayor obstáculo para incrementar el comercio y la inversión”.

Esto supondrá, continúa IU-ICV-CHA, un “una carrera hacia el fondo” de la “regulación a la baja” que provocaré el “desplome de los estándares laborales, medioambientales o incluso democráticos”. “Se trata de un proceso de mínimo común denominador cuyo resultado será la igualación al nivel de la regulación más laxa “, pronostica.

Tribunales de arbitraje

Otro peligro que entraña este tratado de libre comercio es, según la Izquierda Plural, la posibilidad de que se incluya en él una cláusula de protección de los inversores extranjeros, un mecanismo que ya existe para otros países y zonas económicas y que supone una “supraconstitución”, al conllevar la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las empresas pueden denunciar a los Estados por aprobar normas que reducen sus beneficios presentes o futuros.

En virtud de este tipo de cláusulas, Argentina ya ha recibido más de 40 denuncias por parte de empresas multinacionales, Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por no construir un pozo en el Amazonas, y Libia fue sentenciada a resarcir con 900 millones de dólares a un proyecto turístico paralizado, en el que “sólo se habían invertido 5 millones de dólares”, recuerda el grupo parlamentario.

Por todo ello, IU-ICV-CHA quiere que el Congreso pida al Gobierno que se comprometa públicamente a rechazar el TTIP en caso de que “incluya la armonización a la baja de las regulaciones de barreras no arancelarias como los controles de calidad y salud o las normativas laborales, o incluya una cláusula de protección de inversores extranjeros.

Fuente: Público

Rusia exige que EEUU le devuelva siete libros de la Biblioteca Schneerson

Un tribunal de Moscú ordenó que EEUU devuelva a Rusia siete títulos de la llamada Biblioteca Schneerson, colección de antiguos libros y documentos que son sagrados para los jasidíes.

El Tribunal de Arbitraje de Moscú avaló con este veredicto la demanda del Ministerio ruso de Cultura y de la Biblioteca Nacional de Rusia (RGB) contra EEUU y la Biblioteca del Congreso de EEUU.

A petición de los demandantes dispuso que el incumplimiento del veredicto se castigue con una multa de 50.000 dólares diarios. Se trata de una resolución en primera instancia que aún no ha entrado en vigor y admite el recurso de apelación.

El juicio se llevó a cabo en ausencia de la parte demandada a la que se había mandado la debida notificación.

La directora de Comunicaciones de la Biblioteca del Congreso de EEUU, Gayle Osterberg, aseguró anteriormente que esta entidad no ha cometido ninguna infracción con respecto a los libros de Biblioteca Schneerson.

La RGB envió siete libros de esta colección a EEUU en 1994, acorde a la práctica del préstamo interbibliotecario. En marzo de 2013 exigió su devolución, sin resultado hasta la fecha. Actualmente, los libros están en posesión de la ONG estadounidense Agudas Chasidei Chabad.

La Biblioteca Schneerson, que incluye unos 12.000 libros y 50.000 documentos antiguos fue recopilada a principios del siglo XX por el rabí Iosef Itzjak Schneerson, líder espiritual de la comunidad jasidí de Lubavitch, en el territorio de la actual Bielorrusia. Schneerson creó su biblioteca a partir de una colección que se remonta a 1772. Para los jasidíes, son libros sagrados.

Una parte de la colección fue nacionalizada en 1918. La otra se vio en Letonia y luego en Polonia después de que su propietario fuera deportado de la URSS, en 1927. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, los libros fueron trasladados a Alemania, y en 1945, recuperados por el Ejército Rojo.

Schneerson murió en 1950 sin dejar instrucciones acerca de la colección.

En julio de 2011, un tribunal estadounidense ordenó el traspaso de estos libros a la organización Jabad Lubavitch que desde la década de 1990 lucha por su recuperación. El veredicto, fuertemente criticado por Moscú, frenó el intercambio cultural entre Rusia y EEUU. Grandes museos rusos como la Galería Tretiakov o el Hermitage desistieron de exhibir sus obras en EEUU por miedo a un embargo. Por el mismo motivo se cancelaron las visitas del velero ruso “Nadezhda” a los puertos de Honolulu, en las Hawái, y San Francisco, en California, en octubre de 2011.

En enero de 2012, un tribunal de EEUU impuso al Gobierno ruso una multa de 50.000 dólares diarios hasta que traspase a Jabad Lubavitch la Biblioteca Schneerson. Por su parte, Moscú amenazó con una respuesta drástica y dejó claro que no negociará el futuro de la colección hasta que se anule la resolución judicial de julio de 2011.

El presidente ruso, Vladímir Putin, sugirió en febrero de 2013 emplazar la disputada colección en el Museo Judío de Moscú, uno de los mayores del mundo.

Fuente: La Voz de Rusia

México exige a EEUU que cumpla el fallo por el etiquetado “dolphin-safe”

dolphin_safe635x300Esta semana, la Secretaría de Economía (SE) presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una comunicación escrita para exigir que Estados Unidos cumpla con el fallo emitido en 2012 por dicha organización sobre las restricciones en materia de etiquetado “dolphin-safe” que afectan las exportaciones de atún mexicano a ese país.

La dependencia mexicana informa que el documento presentado por México incluye evidencia científica y técnica contundente que demuestra que Estados Unidos ha incumplido con sus obligaciones ante la OMC y que las prácticas de pesca que ese país promueve generan una mortalidad o daño a los delfines.

En un comunicado, refiere que por un procedimiento de arbitraje el pasado 20 de enero quedó conformado el panel de expertos de la OMC que analizará el asunto y que dará su decisión en diciembre de 2014.

Advierte que si la decisión del organismo internacional confirma que Estados Unidos ha faltado a sus obligaciones internacionales, México estaría en posibilidades de promover sanciones comerciales para la Unión Americana.

La Secretaría de Economía recuerda que México inició el 14 de noviembre pasado un arbitraje de cumplimiento ante la OMC contra las modificaciones administrativas que Estados Unidos adoptó en junio de 2013.

Lo anterior, explica, debido a que esos cambios no atienden debidamente el fallo de la OMC sobre los requisitos de etiquetado “dolphin-safe”, al no eliminar los aspectos discriminatorios.

Lo anterior, porque Estados Unidos no modificó los aspectos sustantivos que impiden el acceso del atún mexicano al mercado estadounidense, por lo que se continúa con afectación a las exportaciones mexicanas de productos de atún, argumenta.

Afirma que a diferencia de Estados Unidos, México ha demostrado que la pesca de atún nacional está certificada internacionalmente, sin daño ni mortalidad regular y significativa de delfines.

Fuente:  El Economistas América 

La petición de arbitraje de Filipinas está condenada al fracaso

A pesar de la oposición de China, Filipinas presentó una denuncia formal ante un tribunal internacional sobre la disputa del Mar de China Meridional el domingo pasado. Sin embargo, esta actuación está condenada al fracaso.

En primer lugar, el gobierno de Filipinas está tratando de eludir las limitaciones del derecho internacional. El gobierno filipino sabe perfectamente que sin el consentimiento de China, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), bajo la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar (CNUDM), no tiene derecho a tratar el tema de la soberanía sobre las islas y arrecifes por las que China y Filipinas están en disputa. China ya ha hizo una declaración de conformidad según el artículo 298 de la Convención en el año 2006, señalando que tales disputas sobre los límites fronterizos por mar y los derechos históricos no estarán sujetos al mecanismo obligatorio de solución de disputas de la Convención.

El gobierno filipino se ha trabajado mucho para elaborar una declaración de 4000 palabras. No hace ninguna petición directa al Tribunal de Arbitraje para que falle sobre la soberanía de las islas, arrecifes y aguas del Mar de China Meridional, pero intenta “demostrar” que China no cumple con las disposiciones de la Convención, con el fin de desmontar la base jurídica para reclamar ese territorio.

En segundo lugar, el gobierno de Filipinas está tratando de cerrar la puerta al diálogo bilateral. Según el artículo 286 de la Convención, el requisito para presentar una disputa marítima ante el Tribunal Internacional de Arbitraje es que el conflicto sigua sin resolverse después del diálogo bilateral, pero parece que Filipinas no tienen genuina intención de resolver la disputa a través de canales políticos y diplomáticos; por el contrario, ha rechazado las respuestas positivas de China.

De hecho, China ha hecho dos propuestas: establecer un mecanismo de consultas regulares sobre asuntos marítimos y reiniciar el mecanismo de medidas de confianza entre los dos países, en marzo de 2010 y enero de 2012 respectivamente. Los dos países también tienen una historia de consenso y han acordado la declaración sobre la conducta de cada parte en el Mar de China Meridional.

En tercer lugar, el gobierno filipino vive con esperanzas equivocadas. Filipinas debe ser consciente de que no tiene ninguna posibilidad de ganar el caso mediante un arbitraje internacional y sabe bien que China no aceptará ni participará en el proceso por la disputa del Mar de China Meridional. Filipinas quiere hacer creer que China se ha negado a aceptar la jurisdicción internacional con el fin de obtener la simpatía y el apoyo de la comunidad internacional. Filipinas tiene la esperanza de atraer a la opinión pública internacional y a ejercer presión sobre China. Todo el proceso de internacionalización de la cuestión del Mar de China Meridional es una farsa.

Filipinas confía en que reunirá el apoyo para su causa. Ya ha conseguido que EE.UU apoye al gobierno de Filipinas. En los últimos años, Estados Unidos ha dado un apoyo constante a Filipinas de diferentes maneras. Pero tanto Filipinas como Estados Unidos deben entender que la causa directa de la disputa es la ocupación ilegal de varios islotes chinos por parte de Filipinas.

Presionando para que el se produzca un arbitraje internacional, Filipinas intenta disimular el carácter ilegal de su ocupación sobre territorio chino. Esta actuación está condenada al fracaso.

Para Filipinas, la única vía pasa por el diálogo y la cooperación.

Fuente: Spanish People Daily