El Salvador pierde otra batalla con Enel y tendrá que entregar la mayor empresa geotérmica del país

El Estado salvadoreño perdió el laudo arbitral en una corte de Francia con la empresa italiana Enel Green Power, por lo que tendrá que entregar la mayoría accionarial de LaGeo, una empresa que tiene la exclusividad de producción de energía geotérmica en El Salvador.

La disputa comenzó cuando la empresa Enel intentó invertir $100 millones en LaGeo para convertirse en accionista mayoritario de la misma, pero las autoridades salvadoreñas se opusieron por considerar que la producción geotérmica es un recurso estratégico para el país, por lo que no podía ceder la mayoría de la empresa.

Ante la negativa del Estado salvadoreño, Enel lo acusó ante la Corte Internacional de Comercio en París, que le dio la razón a la firma europea. Posteriormente, ambas partes presentaron un recurso de casación en una Corte francesa, la que ayer rechazó el recurso salvadoreño.

Con la decisión, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y su subsidiaria Inversiones Energéticas S. A. (INE) tendrán además que asumir los gastos procesales.

Por medio de un comunicado hecho público por la firma italiana, Maurizio Bezzeccheri, presidente para América Latina de Enel Green Power, mostró su satisfacción por la resolución y se mostró abierto a buscar una salida negociada con el gobierno salvadoreño. 

“Reiteramos en esta ocasión, como consistentemente lo hemos hecho, nuestra firme intención de encontrar una solución negociada a nuestras diferencias que permita el desarrollo geotérmico del país”, aseguró.

Fuente: http://www.lapagina.com.sv

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ENEL pide ante el Ciadi que cese el acoso del Estado

El socio estratégico de LaGeo busca la suspensión del proceso penal iniciado por la Fiscalía, así como de las medidas que afectan la generación geotérmica.

enelEl presidente de la compañía Enel Green Power para América Latina, Maurizio Bezzeccheri habla sobre la disputa que ha llegado al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), en Washington, y valora los elementos de una querella que ya recorrió instancias internacionales con sentencias favorables a sus peticiones.

El alto ejecutivo del consorcio italiano hace un análisis de una disputa donde hay reclamos por las millonarias inversiones realizadas en El Salvador y por la conflictividad que se desató cuando llegó el momento de cumplir los términos del contrato firmado entre ellos y la parte estatal, CEL, al concluir las negociaciones como socio estratégico de LaGeo, la empresa generadora de energía geotérmica en el país.

Bezzeccheri habla también de la agresividad desatada por el presidente Mauricio Funes, y de las actuaciones del fiscal general de la República, Luis Martínez, para atizar una hoguera que pudo resolverse por la vía de la negociación pacífica, cediendo ambas partes para lograr acuerdos. El presidente de Enel Green Power para Latinoamérica espera que al iniciar la gestión de Salvador Sánchez Cerén se abran puertas para encontrar vías de entendimiento apegadas a derecho.

El conflicto inició en 2007 cuanto CEL desconoció los derechos de Enel Green Power contenidos en el acuerdo de accionistas, y no le permitió invertir alrededor de 127 millones de dólares, los cuales serían utilizados para expandir la capacidad instalada de la generadora de energía geotérmica, LaGeo. Esta inversión habría convertido a Enel en el accionista mayoritario de la empresa, un derecho que la empresa italiana recuperó al ganar un arbitraje internacional en 2011. Hasta la fecha, el Gobierno rehusa aceptar el fallo.

Al leer la petición que Enel Green Power hace al CIADI, deja ver que hay una especie de “terrorismo de estado” contra la compañía, y que en los procesos que se siguen en El Salvador ante los tribunales no tiene derecho a defensa por la forma en que está planteado el conflicto ¿Considera que el CIADI tiene facultades para interceder y llevar el litigio a un escenario con condiciones de igualdad para las partes en Washington?

Hemos expresado fuerte preocupación y sorpresa por la estrategia del presidente saliente de forzar con todas las herramientas posibles un abandono por parte de ENEL de sus derechos, incluso atacando su reputación y sus otras inversiones de afuera de El Salvador. ¿De qué otra manera se puede interpretar un embargo por 2 mil millones de dólares sobre bienes locales e internacionales de Enel Green Power, realizado sin notificar a la misma por los apropiados canales internacionales? Monto calculado sobre la base de parámetros absurdos, con base en un reporte pagado por la misma CEL. El embargo no tiene ningún fundamento porque el delito de peculado sólo puede ser cometido por un funcionario público; con este embargo se está responsabilizando a ENEL de manera subsidiaria por el 98% del supuesto daño patrimonial causado al Estado, sobre la base de la supuesta participación secundaria de un exempleado de la empresa, acusado injustamente con este propósito. Es más, medidas Provisionales solicitadas por ENEL ya han tenido un efecto positivo porque El Salvador ha anunciado al tribunal que no va a intentar ejecutar internacionalmente el embargo.

¿Que estaría esperando Enel Green Power en la primera fase del caso, con la petición de que el tribunal dicte Medidas Cautelares?

Enel Green Power espera que el CIADI ordene al estado salvadoreño que se abstenga de tomar medidas que supongan una agravación de la disputa y que menoscaben la jurisdicción del Tribunal para decidir dicha disputa.

Al haber consenso para el nombramiento de los árbitros propuestos por las partes y en espera del nombramiento del presidente del tribunal. ¿Cual sería el perfil de ese tercer árbitro que inclinará de algún modo la balanza con su voto para seguir el caso?

El tribunal está compuesto por prestigiosos y respetados juristas. No consideramos que la valoración y decisión del tribunal pueda depender de un perfil de árbitro particular. ENEL tiene un derecho ya reconocido por un tribunal competente y claramente establecido en los documentos contractuales. Las acciones promovidas por el presidente saliente son manifiestamente contrarias a los derechos que Enel Green Power tiene como inversor en El Salvador, reconocidos en la Ley de Inversiones de El Salvador.

Me remito otra vez a su escrito de la petición, donde deja ver que el gobierno de El Salvador viola sistemáticamente la jurisprudencia internacional el status quo al generar más conflictividad al caso en lugar de dar espacio para que se generen condiciones para que opere la justicia. ¿Cómo se sustenta esa postura y que implicaciones puede tener a su favor?

El Convenio CIADI establece que el tribunal del Banco Mundial tiene jurisdicción exclusiva sobre las disputas sometidas a su consideración, para que los estados no sean juez y parte en juicios que los ven involucrados. Al intentar el gobierno que la disputa se decida en foros locales se está violando esta disposición del Convenio CIADI así como también la disposición del Acuerdo de Accionistas que establece que las disputas deben decidirse por medio de arbitraje internacional. El presidente saliente (Mauricio Funes) y el Fiscal General han estado pateando el tablero de una forma que daña severamente la credibilidad del país.

¿Argumentan que están defendiendo los intereses del estado?

El gobierno tiene el derecho de hacer valer sus posiciones y defender lo que piensa que le corresponde, pero ese partido debe jugarlo con base en las reglas aplicables. En un partido de fútbol el gobierno puede poner pierna fuerte, hacer penales para que no le hagan goles y esmerarse en ganar el partido, pero no puede cambiar el árbitro que antes aceptó, ni achicar su arco, ni amenazar al otro equipo con cobrarle penales si hace goles, ni, mucho menos, desconocer el resultado del partido. Y sin duda, El Salvador no puede ser árbitro en el mismo partido donde está jugando. Lamentablemente esto es lo que estuvo haciendo el presidente saliente. Esto va a tener un efecto en la vocación de otros inversores, ya que el mensaje para la comunidad internacional es que quien invierta en El Salvador estará sujeto a este tipo de conductas. Muy pocos van a estar dispuestos a jugar un partido con estas reglas.

La defensa de El Salvador asegura que el CIADI no tiene jurisdicción para conocer este caso porque desnaturalizaría el convenio al interferir en una disputa entre empresas privadas (Enel Green Power e Inversiones Energéticas, S.A. de C.V). ¿Puede explicar a donde está a su criterio el fondo del asunto?

La sugerencia de que esto es una disputa privada no resiste análisis. Varias autoridades públicas, tal como el presidente saliente, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, los funcionarios de CEL y el propio Poder Judicial han hecho manifestaciones reiteradas y han actuado como si ésta fuera una disputa entre Enel Green Power y el mismo gobierno relativo a un recurso del Estado. De hecho, el propio delito de peculado que falsamente se imputa, tiene como presupuesto una conducta de la administración pública. Por estas razones es evidente que la jurisdicción del CIADI es la más apropiada.

¿Se responde la pregunta entonces de por qué son representantes del gobierno los que dicen que no van a cumplir el laudo a favor de Enel Green Power dado en París y ratificado en la apelación?

Exacto. Los argumentos del gobierno sobre este punto son refutados cotidianamente por los dichos y hechos de las propias autoridades.

¿Cree Enel que el tribunal del CIADI podría incidir para abrir la puerta secreta de contabilidad y otras acciones desconocidas de INE, que están salvaguardas por su naturaleza de ser una subsidiaria privada de CEL?

No tenemos opinión sobre esto. Lo que hacen o dejan de hacer INE y CEL a nivel interno es ajeno y desconocido por Enel Green Power.

¿La demanda ante el CIADI por parte de Enel es para conseguir una nueva sentencia de un tribunal arbitral o para obligar a El Salvador a cumplir el laudo de CCI del que la defensa dice que no hay jurisdicción?

El reclamo es para conseguir un nuevo laudo arbitral que ordene al gobierno cumplir con sus obligaciones con Enel Green Power, una de las cuales es cumplir con los derechos reconocidos en el laudo arbitral y para que se compense a Enel por los daños sufridos como consecuencias de las acciones del gobierno dirigidas a socavar sus derechos y destruir el valor de su inversión.

¿Qué expectativas tiene Enel ante el cambio de gobierno en El Salvador y si consideran que podría haber un espacio de diálogo para subsanar diferencias?

ENEL siempre ha tenido y tiene plena disposición para negociar y llegar a un acuerdo. Aprovechamos esta entrevista para reiterar nuestro deseo de encontrar una solución razonable para ambos accionistas y cerrar de manera definitiva este tema. Cabe destacar que Enel Green Power ha ofrecido al gobierno saliente alternativas, entre las que se cuentan limitar el derecho de Enel Green Power a acrecentar su participación accionaria más allá del 51% de LaGeo, para asegurarle al estado una participación activa y substancial en la gestión de la compañía.

Pero siempre con mayoría…

ENEL no es un inversor financiero de corto plazo, llegó a El Salvador para aportar tecnología y capital de riesgo, y llegó para contribuir a transformar a LaGeo en una compañía líder del sector en América Latina, que exporte servicios, genere actividades industriales, forme profesionales del sector y enorgullezca a todos los salvadoreños. Enel Green Power todavía aspira a cumplir estas metas y desarrollar la geotermia en el país. Pero para lograr esto tienen que respetarse sus derechos como socio de este proyecto común. Mientras ello no suceda, ENEL defenderá sus derechos con todos los recursos que el derecho le brinda. Es evidente que al gobierno, a Enel Green Power y a todos los salvadoreños les iría mejor si el tiempo, los esfuerzos y los recursos dedicados a esta disputa fueran dedicados a producir más energía, sustentable y competitiva.

Fuente: El Salvador

Enel se ceñirá a litigio internacional y no a tribunales locales

enelLa apuesta de resolución de la empresa italiana Enel Green Power, ante los señalamientos de privatización y falta de cumplimiento de un laudo arbitral a su favor, se centra en el análisis que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) efectúa del caso, y no en el seguimiento de dos procesos judiciales activos en El Salvador. 

Francisco Bertrand Galindo, asesor externo de la empresa italiana, dejó entrever que los extranjeros no están interesados en mostrarse parte en el proceso judicial que se sigue en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra nueve exdirectivos de la CEL, LaGeo y exrepresentantes de Enel. Todos están procesados por peculado. En este caso, Enel es demandada subsidiariamente. 

“CIADI suspende la jurisdicción local. Hay un requisito para poder ir al CIADI, que le impone al inversionista extranjero que cualquier cosa que tenga en el proceso local lo tiene que abandonar. O sea, o es la jurisdicción del CIADI o la jurisdicción local”, dijo Bertrand Galindo en entrevista. 

Enel presentó en agosto del año pasado una queja ante el CIADI, demandando al Estado salvadoreño por la falta de cumplimiento de un laudo arbitral. 

En ese fallo internacional se estableció que El Salvador debía permitir que Enel efectuara una nueva inversión millonaria en LaGeo, para explotación de energía geotérmica. Esto llevaría a los extranjeros a poseer más del 50 % de las acciones de la empresa. 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a los exdirectivos de la CEL de permitir una “privatización encubierta”, a través de cambios de cláusulas en el contrato con Enel. 

Para Bertrand Galindo, el control que se derivaría del aumento de las acciones a favor de los italianos es “relativo”. Según el asesor, “la clave son los derechos del socio minoritario. Usted puede ser minoritario, pero puede tener el control político de la empresa. A la sociedad italiana lo que le interesa es el control técnico”. 

Enel, según los planteamientos de Bertrand Galindo, tampoco está interesada en mostrarse parte en la demanda contra ellos que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita. Para el asesor, la demanda no tiene sentido porque ya prescribió, según aseguró. 

La empresa italiana aún no ha podido ser notificada por ninguna de las dos sedes judiciales que tramitan los casos locales. Los abogados que se han presentado como representantes de Enel en el Juzgado Séptimo de Instrucción, fueron por Enel El Salvador. 

Fuente: La Prensa Gráfica

Costa Rica inicia arbitraje con El Salvador por diferendo sobre Cafta

Costa Rica ha demandado a El Salvador ante el Mecanismo de Solución de Controversias del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (Cafta), por no aplicar a mercancías nacionales las preferencias arancelarias contenidas en el acuerdo.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó de que esto afecta la exportación de todos los productos originarios procedentes de Costa Rica, incluyendo los que están bajo regímenes especiales como Zona Franca y Perfeccionamiento Activo.

Entre los productos que más se exportan a dicho país están las preparaciones alimenticias, salsas, conductores eléctricos, artículos higiénicos, barras de hierro o acero, antisueros, refrigeradores, sardinas preparadas y galletas dulces.

Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior indicó que El Salvador ha interpretado que solo está en obligación de aplicar el trato arancelario preferencial a las mercancías estadounidenses.

Sin embargo, las disposiciones del Cafta son de aplicación entre todos los países parte del Tratado.

“Se agotaron todas las opciones para intentar un acuerdo entre las partes”, dijo Mora.

El funcionario agregó que ya Costa Rica tiene preparado el grupo arbitral para resolver la controversia, aunque está en disposición de aceptar alguna propuesta de El Salvador y retirar la demanda.

En relación con los costos del arbitraje, serán compartidos por ambas partes y se determinarán al final del proceso.

La primera queja costarricense como parte de este proceso se presentó en setiembre del 2013, pero esta etapa fracasó.

Tras varias reuniones bilaterales sin acuerdo, proseguía la demanda de conformidad con las disposiciones del Cafta.

Las ventas de Costa Rica al mercado salvadoreño crecieron 7,5%, en promedio, por año, durante la última década.

Fuente: Nación

El CIADI falla a favor de El Salvador en la indemnización a Commerce Group

El Salvador no pagará los 100 millones de dólares de indemnización a la empresa minera estadounidense, Commerce Group,  tras ganar un arbitraje internacional.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial rechazó “la semana pasada” un recurso de nulidad de la minera contra una resolución favorable a El Salvador que ese tribunal dictó en marzo de 2011, explicó Martínez.

Con el fallo se está “eximiendo al país del pago de 100 millones de dólares que la empresa minera demandaba como indemnización por la revocación de los permisos ambientales para la explotación de la minería” de metales preciosos, añadió el fiscal en rueda de prensa.

Martínez explicó que la demanda de Commerce Group Corp. “fue ganada en primera instancia por El Salvador en marzo del año 2011”, pero el 11 de julio del mismo año “la empresa minera interpuso un recurso de nulidad, el cual ha sido resuelto” a favor del país.

El fiscal general dijo que sólo cabe esperar que el CIADI “condene a la empresa al pago de las costas procesales“, que para El Salvador suman 1,4 millones de dólares, 800.000 en la primera instancia y 600.000 en la segunda. Además, recordó que la empresa minera demandó a El Salvador al amparo del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana, conocido como CAFTA-DR por su sigla en inglés.

Según se informó en Washington el 15 de marzo de 2011, el CIADI rechazó la demanda de Commerce Group en primera instancia por motivos procedimentales. El tribunal arbitral no entró a valorar los méritos de la disputa, ya que la parte reclamante no cumplió con uno de los requisitos que establece el CAFTA-DR.

El artículo 10.18 del CAFTA establece que ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje a menos que la notificación para este proceso se acompañe de la renuncia por escrito de la demandante de cualquier derecho a iniciar o continuar cualquier otro procedimiento respecto a la misma medida. Pero Commerce Group no desestimó los procedimientos sobre el mismo caso ante la Sala en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

Commerce Group se dedica a la extracción de metales preciosos en El Salvador desde 1968 .Entre 1987 y principios de 2006 expandió sus actividades mineras y afines en el país, reguladas por las licencias de exploración y por los permisos ambientales otorgados por el Gobierno de El Salvador.

Sin embargo, a finales de 2006 el Gobierno de El Salvador revocó los permisos ambientales de Commerce Group y no renovó sus licencias de exploración.Commerce Group alega que esas medidas violan lo estipulado en el CAFTA. De ahí que decidiese solicitar el arbitraje del CIADI para solucionar la disputa.Organizaciones salvadoreñas que se oponen a la explotación minera han denunciado daños derivados de la actividad de Commerce Group en las minas San Sebastián (La Unión, este) y San Cristóbal (San Miguel, este).

Fuente: La Información

El Salvador gana el arbitraje contra MECO

MECOUna corte de arbitraje internacional ha fallado en favor del Estado salvadoreño y del Fondo del Milenio de El Salvador (Fomilenio), a quienes la empresa costarricense MECO demandó por 1.3 millones de dólares alegando que El Salvador rompió la “adecuación financiera” del contrato de construcción del tramo II de la carretera Longitudinal del Norte: Metapán- Santa Rosa Guachipilín.

Con “adecuación financiera”, MECO se refería al cálculo de los incrementos de costos de la obra a través del tiempo (denominados fórmula polinómica).

Entre los argumentos, MECO señaló en su demanda que esa fórmula polinómica no cubría los posibles incrementos que los materiales, sobretodo el cemento, pudieran haber tenido en el transcurso de la ejecución de las obras. No obstante, el lunes anterior, el tribunal internacional ordenó a la empresa demandante pagarle a El Salvador el 75 por ciento de los gastos del arbitraje, lo que equivale a 43,262.97 dólares.

El laudo declara sin lugar, en todas sus partes, la demanda intentada por MECO y dice que otra pretensión (de la empresa) contra ese arbitraje será declarada improcedente“, explicó ayer el Fiscal General, Luis Martínez.

La demanda fue interpuesta en diciembre pasado, al concluir el proyecto, ante el Centro de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de México.

MECO quería que se cambiaran las reglas del contrato, lo que jurídicamente no es posible. Los tres árbitros dicen unánimemente que eso no es posible legalmente y tampoco era justo que el Estado cargara con la asunción de riesgo que todo contratista debe de hacer en este tipo de contratos”, explicó el fiscal del caso, Mario Sanz.

Fuente: El Salvador