Un fondo británico presenta la sexta denuncia contra España por los recortes a renovables

Molino-viento-personal-para-generar-energia-eolicaEl fondo británico InfraRed Environmental Infrastructure ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, la sexta denuncia contra España por los recortes a las energías renovables.

En este caso, el fondo presenta la reclamación junto a otras firmas de inversión.

Las denuncias presentadas se concentran hasta la fecha en el sector de la energía solar y, en concreto, en los recortes que comenzaron a aplicarse a finales de 2010, como parte del real decreto ley 14/2010.

Hace apenas una semana, el Ciadi registró la denuncia presentada por NextEra Energy Holdings y NextEra Energy Spain, que se suma a las presentadas por la firma de Abu Dabi Masdar Solar y por los fondos europeos Eiser Infrastructure Limited, RREEF y Antin.

Al conocerse las primeras denuncias el pasado 9 de diciembre, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya indicó que los servicios jurídicos del Estado han respaldado los recortes a las renovables y consideró que los demandantes aspiraban a rentabilidades del 20%.

‘El País’, que adelanta la nueva denuncia, explica que InfraRed tomó una participación en dos proyectos de energía termosolar en España en septiembre de 2011, uno en Morón de la Frontera (Sevilla) y otro en Olivenza (Badajoz).

Su entrada en estas dos plantas, de 50 megavatios (MW) cada una, se produjo antes de la puesta en marcha de las mismas. En el momento del anuncio de la toma de participación, InfraRed anunció que proporcionaría más de 500 millones de euros de financiación a través de capital y deuda.

Fuente: Europa Press

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Los interrogantes de la nueva Ley de Promoción de Inversiones de Bolivia

La nueva Ley de Promoción de Inversiones (LPI), de 4 de abril de 2014 – Ley N° 516– establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en Bolivia. El presidente Evo Morales expresó, al momento de promulgar la citada ley, que cualquier controversia en materia de inversiones debe resolverse en el territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje, donde, señaló, siempre pierde el Estado. Lo dicho por el Jefe de Estado, sumado a las disposiciones adicionales y transitorias de la LPI, plantean más interrogantes que certidumbre para el propósito de promover inversiones extranjeras.

En primer lugar, refiere la citada norma jurídica, que los tratados concernientes a inversiones extranjeras que sean renegociados deberán adecuarse a la norma constitucional y la LPI. Implícitamente, el legislador boliviano ha querido enfatizar que los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (BIT’s por sus siglas en inglés) serán de una u otra forma renegociados por el Estado boliviano y una veintena de países. ¿Estos acuerdos impondrán la cláusula según la cual la solución de controversias se dirimirá en territorio boliviano? Si así fuera, ¿tendrán los inversores extranjeros los suficientes incentivos y seguridad jurídica?

Más difícil aún es explicar el contenido de la Disposición Transitoria Tercera: en tanto se apruebe la nueva norma de conciliación y arbitraje y de suscitarse una controversia, las partes en conflicto aplicarán lo dispuesto en la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación. Si nos atenemos a los alcances de los BIT’s en vigor, ¿esta disposición transitoria no implica a su vez una colusión normativa? El BIT suscrito entre España y Bolivia que se encuentra en vigencia, indica que a falta de un arreglo amistoso, la controversia podrá someterse, a elección del inversor: a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; o a un tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional. Está claro que el inversor es quién decide, finalmente, el Tribunal de Arbitraje. Frente a esta sola situación presentada a manera de ejemplo, ¿las empresas españolas tienen la certeza sobre cuál es el marco jurídico que regula la solución de controversias en caso de invertir en Bolivia? Aún con la nueva ley de Arbitraje y Conciliación, cuyo anteproyecto no se conoce, la interrogante persiste.

Todo parece indicar, que la LPI recorrerá un largo trecho de negociaciones antes de ser plenamente vigente. A juzgar por lo que en la generalidad de países latinoamericanos se denomina promoción de inversiones extranjeras, cabe preguntarse si realmente valió la pena el esfuerzo legislativo, o por el contrario, se puso una “piedra en el zapato” al inversor extranjero con la máxima de solucionar a como dé lugar las controversias en territorio boliviano y renegociar los BIT’s.

Fuente: Los Tiempos

Ofensiva contra España por las renovables

La reforma eléctrica se complica cada vez más. Los grandes fondos de inversión internacionales han pasado de las amenazas a los hechos. Por primera vez, han demandado a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje que forma parte del Banco Mundial. España tendrá que defenderse ante el principal centro de arbitrajes contra Estados para la protección de inversiones. Es el mismo organismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF. El Estado español se jugará cientos de millones de euros en los tribunales por los recortes a las renovables.

De momento, los inversores internacionales han presentado dos solicitudes de arbitraje en el Ciadi frente a España. La primera la suscriben RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure II Lux. La segunda ha sido presentada por las sociedades Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar BV.

RREEF Infrastructure es un vehículo de inversión promovido por Deutsche Bank que tiene en España inversiones en energías renovables, tanto eólica como solar. Antin es una firma francesa de inversión en infraestructuras en la que BNP es socio de la gestora y el principal inversor del fondo con el que arrancó su actividad. Tiene inversiones en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, entre otros países. En España controla Axión (competidor de Abertis en el negocio de torres de comunicaciones) y también tiene inversiones en energía solar, las que provocan el pleito.

RREEF y Antin compraron a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y Andasol 2, en una operación que supuso una valoración en torno a los 830 millones de euros, deuda incluida. Cada uno de los inversores compró el 45% del capital, mientras que la empresa presidida por Florentino Pérez retuvo el 10% restante. Según las cuentas anuales de ACS de 2012, Andasol 1 y 2 tenían en 2012 unos activos de 620 millones y una cifra de negocio de 101 millones. Las dos plantas están situadas en Guadix, Granada, a unos 1.100 metros de altitud, y empezaron a operar en 2008 y 2009.

Las demandas de arbitraje se deben a los recortes en la retribución de las actividades termosolares. En la información sobre los activos de RREEF, Deutsche Bank señalaba para justificar su inversión que “ambas plantas se benefician de un marco regulatorio transparente, estable y atractivo con la venta de su producción garantizada durante sus vidas operativas”. RREEF y Antin pagaron un alto precio por Andasol 1 y 2 a ACS contando con la rentabilidad asociada a las primas a las renovables. Consideran que el recorte de la rentabilidad viola la seguridad jurídica de sus inversiones y supone un cambio retroactivo de las reglas del juego.

Según fuentes del Ciadi, ambas presentaron sus solicitudes de arbitraje el pasado 22 de noviembre. Ambas están representadas por la oficina londinense de Allen & Overy, el despacho de abogados más activo en las demandas contra España por los recortes en las renovables. Por parte del Estado español será la Abogacía General del Estado y la Dirección del Servicio Jurídico del Estado quienes tengan que hacer frente al pleito.

España solo había recibido hasta ahora otras dos demandas de inversores internacionales ante el Ciadi en los 19 años en que ha formado parte del organismo. La primera fue en 1997, cuando el argentino Agustín Maffezini demandó por una inversión en el sector químico a España, que acabó siendo condenada a pagar unos 350.000 euros. La segunda fue una demanda presentada el año pasado por una firma venezolana (IGB) por inversiones inmobiliarias en Las Rozas (Madrid) por unos 25 millones de euros.

Los países más demandados ante el Ciadi son con frecuencia los que tienen más problemas de seguridad jurídica. A la cabeza se encuentran Venezuela (que ha decidido dejar el organismo tras la avalancha de reclamaciones) y Argentina, por las frecuentes expropiaciones e incumplimientos de contratos.

Pero España afronta ahora el riesgo de recibir también un aluvión de demandas ante el Ciadi y otros organismos internacionales de arbitraje, no solo por los recortes a la retribución de las renovables ya realizados, sino también por los que están en marcha a punto de aprobarse.

Los recortes a la retribución de la energía fotovoltaica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya provocaron algunas demandas internacionales que denunciaban la violación del Tratado de la Carta de la Energía al aplicar, en su opinión, recortes con carácter retroactivo. Alegando esa violación, un grupo de 16 inversores (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energía Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) presentaron en noviembre de 2011 una demanda contra España bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, que fuentes del sector cifraban en unos 600 millones.

Este año, Abengoa, a través de su filial CSP Equity Investment Sarl, ha demandado al Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía por lo que considera una “expropiación” de sus legítimos intereses en las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2. El arbitraje será realizado en La Haya de acuerdo con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, según desveló Abengoa en un folleto de emisión registrado en Estados Unidos.

Pero fuentes del sector consideran que la ofensiva no ha hecho más que empezar y esperan muchas más demandas de los inversores, tanto por los recortes de primas a las renovables de finales del pasado año como por los que llegarán cuando se empiece a aplicar el concepto de “rentabilidad razonable” previsto en la reforma del sector, contestada también en los tribunales españoles por las empresas nacionales. España se juega cientos, si no miles, de millones en una reforma del sector eléctrico que se ha convertido en un gran negocio para los abogados.

Fuente: El País

Abengoa demanda al Gobierno ante un tribunal internacional por el recorte de las primas a las renovables

La reclamación ascendería a los 60 millones de euros por cada año que no se resuelva el conflicto, un litigio que podría durar varios años y que también se dirime en la Audiencia Provincial de Sevilla. “Cada uno tiene que defender sus intereses”, espeta la compañía.

La batalla legal que ha desatado la reforma eléctrica del Gobierno por la rebaja de las primas de la energía termosolar ha cruzado fronteras. Abengoa ha planteado una demanda de arbitraje internacional en nombre de su filial en Luxemburgo CSP Equity Investment Sarl, según publica el diario ‘El País’ citando el folleto de salida a Bolsa de la sevillana en el Nasdaq.

“En junio de 2013, presentamos una demanda de arbitraje en nombre de nuestra filial CSP Equity Investment Sarl contra el Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía”, reza el documento presentado ante la SEC, la comisión del mercado de valores estadounidense.

El arbitraje se realizará en La Haya, siguiendo las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, con un tribunal formado por tres árbitros. CSP Equity Investment es el titular de las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2.

“Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment y constituye una expropiación”, añade.

Aunque el pliego entregado al supervisor no especifica a cuánto asciende la reclamación de Abengoa, fuentes de la compañía indicaron al diario de Prisa que rondaría los 60 millones de euros por cada año que no se resuelva el conflicto. Esta cantidad equivaldría a un recorte del 33% en los ingresos de las termosolares. El litigio podría durar varios años.

Por otra parte, Abengoa emprendió acciones legales ante un juzgado de Sevilla con respecto a la planta Helios I. El juzgado estimó que Abengoa debía agotar primero la vía administrativa ante el Ministerio de Industria. La decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Manuel Sánchez, consejero delegado de Abengoa, declaró tras el estreno bursátil en el índice tecnológico Nasdaq que “cada uno tiene que defender sus intereses” y retó a aquellos que ponen en duda la madurez de la tecnología termosolar, invitándoles a que visiten su planta en Arizona. “Si no se convence con la primera vuelta lo hará en la segunda o en la tercera”.

Fuente: Vox Populi

Abengoa gana a México un arbitraje ante el Banco Mundial

Abengoa y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) han ganado a México un arbitraje por la imposibilidad de poner en marcha una planta de confinamiento de residuos del municipio de Zimapán, en el Estado de Hidalgo, violando el acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre México y España, según fuentes cercanas al proceso.

El arbitraje, interpuesto ante el Ciadi, finalizaba el pasado 18 cuando se presentó el laudo. Según las cuentas de 2012 de Abengoa, la demanda ascendía provisionalmente a 50,5 millones de dólares (cerca de 40 millones de euros) más intereses, pero el laudo con la cantidad final no ha sido hecho aún público por el Ciadi. El tribunal arbitral estaba presidido por el francés Alexis Mourre e integrado por el español Juan Fernández-Armesto y el mexicano Eduardo Siqueiros.

Fuente: El País

 

España acumula ya dos denuncias ante las cortes de arbitraje por las primas a las fotovoltaicas

La juez internacional, Gabrielle Kaufmann-Kohler, será la encargada de dirimir si España actuó de forma justa cuando tomó la decisión de reducir en un 30% las primas a las fotovoltaicas.

Esta medida fue adoptada en junio de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián y puso en funcionamiento un sistema mixto que fija un cupo de hora al año con prima y en el que, más allá de ese umbral, la electricidad generada se paga conforme al mercado. Una acción que ha llevado, por primera vez, a España ante los tribunales internacionales de arbitraje, donde ya constan dos denuncias por este tema.

Kayfmann-Kohler es una de las expertas que participó en I Congreso de Arbitraje de Inversión en Iberoamérica, organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid. Profesionales del sector destacan que las “primas a las fotovoltaicas ha desencadenado el cambio de paradigma por el que España ya no es sólo un país demandante en casos de inversiones afectadas en el extranjero y ha pasado a ser, por primera vez, denunciado.

Argentina, el país más demandado

Uno de los casos más importantes que afectan hoy en día a nuestro país es el enfrentamiento entre Repsol y Argentina, pero no es el único. El caso de Repsol será resuelto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que, dentro del marco del Banco Mundial, se concibió para dirimir disputas entre naciones y empresas de diferentes países, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Sólo en el último año, han demandado a diferentes estados compañías como Telefónica, contra México, Ipsolux, contra Perú, el grupo Francisco Hernando contra Guinea Ecuatorial y Valle Verde Sociedad Financiera contra Bolivia.

Fuente: El Confidencial