Uruguay se expone a un juicio en el Ciadi

farmaciasEl gobierno uruguayo se expone a otra demanda internacional por alterar reglas de juego a una empresa extranjera a raíz de un sorpresivo decreto que limitó la posibilidad de que las farmacias compren o vendan locales. El conflicto fue analizado por el Parlamento en los últimos días, mientras un fondo de inversiones prepara la acción que el gobierno pretende evitar.

La reglamentación, dispuesta a fines del año pasado, fue recurrida por decenas de comercios, pero ahora un fondo internacional norteamericano se dispone a llevar el caso al Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). El argumento es que la prohibición va contra la protección de inversiones dada por Uruguay en tratados internacionales.

En el gobierno hay diversas posturas. La ministra de Salud, Susana Muñiz, dijo en la Cámara de Diputados que preparan una corrección de esa norma mediante una ley negociada con las partes. El presidente José Mujica está de visita en Washington, mientras el gobierno norteamericano analiza con preocupación el caso. El fondo Linzor Capital Partners, de ese origen, realizó una de las inversiones más grandes de los últimos meses en Uruguay, al comprar la cadena de farmacias Farmashop y la firma de panificados ultracongelados Pagnifique. El decreto, que limitó a 15 la cantidad de farmacias que puede tener un mismo titular, le impide al fondo seguir con el plan que venía ejecutando, para llevar su red de 92 a 130 farmacias. Al comprar la red de farmacias, Linzor busca ampliar su estructura y modernizar el servicio. El decreto no sólo afecta a Linzor, sino a otras cadenas.

En Uruguay hay unas 1100 farmacias, y las tres principales redes abarcan 13% del total. El líder del fondo, Tim Purcell, afirmó que el decreto supone “una expropiación sin compensación” y que los “perjudicó en forma arbitraria e innecesaria”. El argumento del decreto fue que se procuraba evitar la concentración en el mercado, pero pese a su expansión Farmashop sólo tiene 8,5% de participación en volumen y 15% por facturación.

El gobierno quiere mejorar su relación con las farmacias, porque las necesita como piezas clave en la venta de marihuana: la regulación dispone que se haga en estos locales a efectos de tener garantías.

Fuente: La Nación

Acuerdo entre Repsol y Argentina por la expropiación de YPF

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM

El consejo de administración de la petrolera española ha aceptado la compensación de 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF. Repsol cobrará en deuda pública argentina. El acuerdo se firmará el próximo jueves en Buenos Aires.

El acuerdo, que debe ser aprobado por los accionistas de la petrolera, garantiza que Repsol recibirá bonos argentinos con un valor de mercado de, al menos, 4.670 millones de dólares y un máximo de 6.000 millones y supone la retirada de todos los litigios judiciales pendientes entre ambas partes, así como la renuncia a futuras reclamaciones.

Según ha explicado el grupo presidido por Antonio Brufau, Argentina reconoce que tiene una deuda de 5.000 millones de dólares que sufragará mediante varias emisiones de bonos y no quedará saldada hasta que Repsol cobre el importe completo.

Mediante diversos mecanismos, la compensación mantendrá su valor convirtiéndose de deuda a dinero en efectivo, una de las principales reclamaciones que había llevado a cabo Repsol. El Gobierno argentino entregará a la petrolera española un primer paquete de acciones nominales con tres tipos de bonos soberanos: dos ampliaciones de emisiones existentes -una por 500 millones de dólares y otra por 1.250 millones de dólares- y una nueva, por un total de 3.250 millones.

A la ampliación de 1.250 millones hay que añadir otros 500 millones de intereses capitalizados que se suman al nominal y no se abonarán en efectivo. De este modo, el valor real de la emisión es de 1.750 millones. Además, la nueva emisión de 3.250 millones garantiza el pago del 8,75% de los intereses durante los primeros 18 meses.

En caso de que la emisión de 5.000 millones de dólares emitidos (5.500 millones si se suman los intereses capitalizados) tienen un valor en el mercado inferior a 4.670 millones, Argentina realizará nuevas emisiones por hasta 1.000 millones.

Como garantía adicional de pago, el hecho de que el acuerdo esté validado por el Congreso argentino supone que la deuda está reconocida oficialmente, por lo que ante cualquier impago Repsol podrá reclamar todas las cantidades pendientes de cobro en un arbitraje internacional sin necesidad de valoración previa.

Fuente: Expansión

Un grupo de inversores estadounidenses abren un proceso de arbitraje contra Costa Rica

Inversores estadounidenses han comenzado un proceso de arbitraje contra el Gobierno de Costa Rica amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana (Cafta).

Aducen que entre 2003 y 2007 llevaron a cabo inversiones en el país para construir viviendas de lujo en Playa Grande de Santa Cruz, Guanacaste, pero que desde 2006 comenzaron a recibir notificaciones oficiales del Gobierno de Costa Rica con la intención de expropiar esas tierras frente al mar.

Los inversores pretenden recibir un pago del Gobierno costarricense que compense la inversión que hicieron. “Los inversores no cuestionaran el derecho soberano de Costa Rica para expropiar tierras, de buena fe, para un propósito válido y público. Ellos solo quieren recibir el valor justo de mercado de las tierras que han sido forzadas a renunciar, tal como lo establece Cafta y el derecho internacional consuetudinario”, destacó el notario Vianney Saborío, uno de los abogados de los inversores.

Según el comunicado enviado por los estadounidenses, las autoridades costarricenses decidieron expropiar para la creación de un parque nacional que abarque la zona de anidación de la tortuga Baula en peligro de extinción. Por ello, los demandantes alegan que el Gobierno no cumplió con la compensación equivalente al valor justo de mercado de la inversión explotada.

Fuente: El financieroCR

Caratube Oil Company y su principal accionista, Devincci Hourani, presentan una solicitud de arbitraje ante el Ciadi

La compañía kazaja Caratube International Oil Company LLP (Caratube) y el ciudadano estadounidense Devincci Hourani (Khorani) (propietario del 92% de las acciones de Caratube), presentaron el pasado 5 de junio una solicitud de arbitraje contra la República de Kazajstán ante el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, CIADI, reclamando más de mil millones de dólares por daños y perjuicios.

El proceso se ha abierto a raíz de la expropiación de los activos pertenecientes a la familia Hourani, entre los cuales se encuentra la compañía Caratube, por la Republica de Kazajstán desde el año 2007. Hasta la fecha de la expropiación llevada a cabo ilegalmente, Caratube era titular de los derechos de exploración y producción de una gran cantidad de hidrocarburos. Dichos derechos fueron confirmados durante su administración en el terreno de Caratube ubicado en el Distrito de Baiganin, Aktobe – Oblast en la República de Kazajstán, de conformidad con el contrato concluido el 27 de mayo del 2002 con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Kazajstán..

Caratube y Devincci Hourani afirman que la expropiación de sus derechos fue ilegal y que en realidad es un daño colateral de la disputa existente entre el Presidente de Kazajstán y su cuñado, Rakhat Aliyev.

El nuevo arbitraje que se ha iniciado bajo tres instrumentos legales independientes: la ley de inversión extranjera de Kazajstán, el tratado de inversión bilateral concluido entre Kazajstán y EE.UU. y el contrato de exploración y producción de petróleo celebrado entre Caratube y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Kazajstán.

El Doctor Gharavi señala que los Tribunales ICSID ya han hecho declarado a Kazajstán responsable de apoderamientos similares, como en el caso Rumeli & Telsim contra Kazajstán, donde la República fue condenada a pagar la suma de 170 millones USD más intereses por la expropiación de Kar-Tel, propiedad de inversores turcos, el cual constituía en ese momento el segundo mayor operador móvil en Kazajstán.

Fuente: El Economista

Rusoro presenta una nueva demanda dentro del proceso de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela

RusoroMiningLa compañía minera canadiense, Rusoro Mining Ltd. ha presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una nueva demanda dentro del proceso de arbitraje que mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela por la nacionalización de sus activos en el país incumpliendo lo dispuesto en el Tratado Bilateral de Inversión entre Canadá y Venezuela.

Rusoro alega en esta demanda que Venezuela ha violado varias de las garantías del TBI, entre ellas, la expropiación de sus inversiones en el país venezolano sin una indemnización adecuada, el no haber garantizado la transferencia estricta de sus inversiones y ganancias, y no haber dispensado un trato justo y equitativo ni plena protección y seguridad a sus inversiones en el país.

Según la valoración llevada a cabo por diferentes expertos independientes la indemnización reclamada por Rusoro asciende a un total de 3.030 millones de dolores por la totalidad de sus pérdidas causadas por el incumplimiento del TBI.

El Presidente y CEO de Rusoro, Andre Agapoy, declaró que la presentación de esta demanda es un “hito importante en el proceso de arbitraje; creemos firmemente en nuestro caso y en la búsqueda de una justa indemnización por la pérdida de nuestra importante inversión en Venezuela”. Rusoro señala en su sitio web que tenía en Venezuela dos minas y 10 proyectos de exploración de oro ubicados en El Callao, estado Bolívar.

Venezuela nacionalizó la industria en septiembre de 2011 por decreto presidencial alegando razones de “conveniencia nacional y carácter estratégico”. En marzo de 2012, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció que estaban manteniendo conversaciones con Rusoro para la nacionalización de la compañía. En enero de este año el Gobierno creó la Corporación Venezolana de Minería, organismo adscrito a Petróleos de Venezuela, que estima para este año producir unas 4 toneladas de oro y 14 toneladas para 2019.

Fuente: El Mundo