Las renovables cargan sus armas en Bruselas contra los recortes a las primas

El incumplimiento de diversas directivas europeas relativas a la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética (tanto en términos genéricos como en lo referente a edificación) es el principal asidero de las empresas y asociaciones del sector para judicializar la reforma eléctrica española.

Un nuevo escenario regulatorio que ha cambiado de arriba a abajo el esquema retributivo de las tecnologías limpias, que sufrirán recortes por valor de casi 1.800 millones de euros, según el Gobierno. Las empresas y asociaciones del sector lo elevan muy por encima de los 2.000.

Desde que se aprobara el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, los productores de energía renovable preparan las armas judiciales para combatir lo que consideran un quebranto de la seguridad jurídica y un flagrante caso de retroactividad. Y esto es así porque los nuevos parámetros de retribución a las renovables tendrán en cuenta toda la vida útil de las instalaciones, de forma que muchas de ellas, como el caso de los parques eólicos anteriores a 2005, se quedarán sin derecho a recibir primar. Otras verán como se les reducen de forma significativa.

En opinión de diversos juristas, «hay base legal sólida» para denunciar ante Bruselas el incumplimiento de varias directivas comunitarias que han de transponerse a la legislación de los Estados miembros. «Estas directivas proclaman el carácter preferente y no discriminatorio de las renovables, y obligan a los Estados a una estabilidad regulatoria que dé seguridad a las inversiones en renovables», expone Javier García Breva, experto en políticas energéticas y expresidente del Instituto para la Diversificación y el Ahorro (IDAE).

La Comisión Europea (CE) puede abrir un procedimiento de oficio, o a instancias de cualquier asociación, empresa o incluso particular que considere que la legislación de un Estado vulnera determinada directiva comunitaria. Si constata que es así, instará al Estado a modificar su legislación. Y si éste no se aviene a hacerlo, el caso se llevará al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el ‘Constitucional’ comunitario.

También existe la posibilidad de abrir procedimientos combinados:al tiempo que se denuncia en Bruselas, se pueden plantear cuestiones prejudiciales en los tribunales españoles (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo).

Otra vía es la del arbitraje internacional -por vulneración del Tratado de la Carta de la Energía-, aunque está reservada para firmas extranjeras con intereses en España. La reforma eléctrica acumula ocho denuncias de empresas y fondos de inversión foráneos, la mayoría presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Fuente: Finanzas

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Abengoa demanda al Gobierno ante un tribunal internacional por el recorte de las primas a las renovables

La reclamación ascendería a los 60 millones de euros por cada año que no se resuelva el conflicto, un litigio que podría durar varios años y que también se dirime en la Audiencia Provincial de Sevilla. “Cada uno tiene que defender sus intereses”, espeta la compañía.

La batalla legal que ha desatado la reforma eléctrica del Gobierno por la rebaja de las primas de la energía termosolar ha cruzado fronteras. Abengoa ha planteado una demanda de arbitraje internacional en nombre de su filial en Luxemburgo CSP Equity Investment Sarl, según publica el diario ‘El País’ citando el folleto de salida a Bolsa de la sevillana en el Nasdaq.

“En junio de 2013, presentamos una demanda de arbitraje en nombre de nuestra filial CSP Equity Investment Sarl contra el Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía”, reza el documento presentado ante la SEC, la comisión del mercado de valores estadounidense.

El arbitraje se realizará en La Haya, siguiendo las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, con un tribunal formado por tres árbitros. CSP Equity Investment es el titular de las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2.

“Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment y constituye una expropiación”, añade.

Aunque el pliego entregado al supervisor no especifica a cuánto asciende la reclamación de Abengoa, fuentes de la compañía indicaron al diario de Prisa que rondaría los 60 millones de euros por cada año que no se resuelva el conflicto. Esta cantidad equivaldría a un recorte del 33% en los ingresos de las termosolares. El litigio podría durar varios años.

Por otra parte, Abengoa emprendió acciones legales ante un juzgado de Sevilla con respecto a la planta Helios I. El juzgado estimó que Abengoa debía agotar primero la vía administrativa ante el Ministerio de Industria. La decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Manuel Sánchez, consejero delegado de Abengoa, declaró tras el estreno bursátil en el índice tecnológico Nasdaq que “cada uno tiene que defender sus intereses” y retó a aquellos que ponen en duda la madurez de la tecnología termosolar, invitándoles a que visiten su planta en Arizona. “Si no se convence con la primera vuelta lo hará en la segunda o en la tercera”.

Fuente: Vox Populi