Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales

Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.

Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EEUU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.

Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EEUU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.

Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.

“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

Documentos firmados por Wikileaks

Fuente: Libre Red

Empresarios bolivianos piden ser parte en la redacción de Ley de Arbitraje

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha pedido a la Procuraduría General del Estado ser partícipe en la redacción del proyecto de la Ley de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de tener más inversiones.

El presidente los empresarios, Daniel Sánchez, informó a periodistas en la ciudad de La Paz que esta solicitud se la hizo ante el procurador Héctor Arce, cuya instancia a su cargo es la encargada de elaborar el proyecto de ley.

La Ley de Inversiones tiene que esperar un adicional que es la Ley de Conciliación y Arbitraje. El procurador del Estado está preparando esa ley, hemos hablado con él para que podamos participar de ella y una vez tengamos eso seguramente a fin de año vamos a poder empezar a canalizar las inversiones gigantescas en temas mineros”, declaró.

Según Sánchez, el aporte de los privados al proyecto de ley es importante porque son los directos interesados en las inversiones y en que se garanticen esos recursos.

Además la CEPB planteó que las Cámaras de Comercio sean las instancias donde se ventilen los procesos de arbitraje, porque a su criterio estas entidades cuentan con la experiencia en estos temas.

La disposición transitoria tercera de la Ley de Promoción de Inversiones dispone que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de esa norma, elaboren la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, la cual incluirá regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones.

Según Sánchez, ese trabajo se inicia con la revisión de los aspectos hasta ahora regulados en Conciliación y Arbitraje, orientados a consolidar una cultura de paz, a generar las condiciones normativas e institucionales, en el marco de la nueva organización político administrativa del Estado y a compatibilizar la normativa interna con el derecho internacional.

El presidente boliviano Evo Morales informó que en 2013 la inversión extranjera llegó a 1.750 millones de dólares, mayor a la registrada en 2005, previo a su primer mandato, cuando llegó a un cifra negativa de menos 221 millones de dólares.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), en el primer trimestre de este año la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 469,1 millones de dólares, que representa un incremento de 37,9 por ciento con respecto a los capitales registrados en similar período en 2013.

Fuente: Spanish People

Bolivia se abre gustosa a la inversión minera Canadiense

Bolivia aguarda la cooperación comercial e inversiones mineras de Canadá, destacó el canciller boliviano David Choquehuanca en un encuentro con su homólogo canadiense John Baird.

Bolivia pretende fortalecer las relaciones comerciales con Canadá y aguarda cooperación e inversión en minería.

Sin embargo, el gobierno boliviano anuló hace dos años una concesión a la minera canadiense South American Silver Corporation para explotar un yacimiento de plata e indio en la región de Mallku Khota en el departamento de Potosí, sudoeste de Bolivia.

La minera canadiense, tras la anulación de la concesión, inició un arbitraje internacional contra el gobierno de Bolivia, respetando el reglamento de arbitraje de Naciones Unidas.

Pero otra minera canadiense, Mineralex Bolivia Corp suscribió el año pasado un contrato de riesgo compartido con la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la explotación de oro en el departamento de La Paz.

El contrato de asociación tendrá una vigencia de 15 años y operará en 10.200 hectáreas en las cercanías del río Suches, frontera con el Perú.

También trascendió en círculos mineros que existen tratativas para establecer acuerdos con la canadiense Kinross Gold Corp para la explotación de oro.

Fuente: Mdz Online

Enel se ceñirá a litigio internacional y no a tribunales locales

enelLa apuesta de resolución de la empresa italiana Enel Green Power, ante los señalamientos de privatización y falta de cumplimiento de un laudo arbitral a su favor, se centra en el análisis que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) efectúa del caso, y no en el seguimiento de dos procesos judiciales activos en El Salvador. 

Francisco Bertrand Galindo, asesor externo de la empresa italiana, dejó entrever que los extranjeros no están interesados en mostrarse parte en el proceso judicial que se sigue en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador contra nueve exdirectivos de la CEL, LaGeo y exrepresentantes de Enel. Todos están procesados por peculado. En este caso, Enel es demandada subsidiariamente. 

“CIADI suspende la jurisdicción local. Hay un requisito para poder ir al CIADI, que le impone al inversionista extranjero que cualquier cosa que tenga en el proceso local lo tiene que abandonar. O sea, o es la jurisdicción del CIADI o la jurisdicción local”, dijo Bertrand Galindo en entrevista. 

Enel presentó en agosto del año pasado una queja ante el CIADI, demandando al Estado salvadoreño por la falta de cumplimiento de un laudo arbitral. 

En ese fallo internacional se estableció que El Salvador debía permitir que Enel efectuara una nueva inversión millonaria en LaGeo, para explotación de energía geotérmica. Esto llevaría a los extranjeros a poseer más del 50 % de las acciones de la empresa. 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a los exdirectivos de la CEL de permitir una “privatización encubierta”, a través de cambios de cláusulas en el contrato con Enel. 

Para Bertrand Galindo, el control que se derivaría del aumento de las acciones a favor de los italianos es “relativo”. Según el asesor, “la clave son los derechos del socio minoritario. Usted puede ser minoritario, pero puede tener el control político de la empresa. A la sociedad italiana lo que le interesa es el control técnico”. 

Enel, según los planteamientos de Bertrand Galindo, tampoco está interesada en mostrarse parte en la demanda contra ellos que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita. Para el asesor, la demanda no tiene sentido porque ya prescribió, según aseguró. 

La empresa italiana aún no ha podido ser notificada por ninguna de las dos sedes judiciales que tramitan los casos locales. Los abogados que se han presentado como representantes de Enel en el Juzgado Séptimo de Instrucción, fueron por Enel El Salvador. 

Fuente: La Prensa Gráfica

Los interrogantes de la nueva Ley de Promoción de Inversiones de Bolivia

La nueva Ley de Promoción de Inversiones (LPI), de 4 de abril de 2014 – Ley N° 516– establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en Bolivia. El presidente Evo Morales expresó, al momento de promulgar la citada ley, que cualquier controversia en materia de inversiones debe resolverse en el territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje, donde, señaló, siempre pierde el Estado. Lo dicho por el Jefe de Estado, sumado a las disposiciones adicionales y transitorias de la LPI, plantean más interrogantes que certidumbre para el propósito de promover inversiones extranjeras.

En primer lugar, refiere la citada norma jurídica, que los tratados concernientes a inversiones extranjeras que sean renegociados deberán adecuarse a la norma constitucional y la LPI. Implícitamente, el legislador boliviano ha querido enfatizar que los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (BIT’s por sus siglas en inglés) serán de una u otra forma renegociados por el Estado boliviano y una veintena de países. ¿Estos acuerdos impondrán la cláusula según la cual la solución de controversias se dirimirá en territorio boliviano? Si así fuera, ¿tendrán los inversores extranjeros los suficientes incentivos y seguridad jurídica?

Más difícil aún es explicar el contenido de la Disposición Transitoria Tercera: en tanto se apruebe la nueva norma de conciliación y arbitraje y de suscitarse una controversia, las partes en conflicto aplicarán lo dispuesto en la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación. Si nos atenemos a los alcances de los BIT’s en vigor, ¿esta disposición transitoria no implica a su vez una colusión normativa? El BIT suscrito entre España y Bolivia que se encuentra en vigencia, indica que a falta de un arreglo amistoso, la controversia podrá someterse, a elección del inversor: a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; o a un tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional. Está claro que el inversor es quién decide, finalmente, el Tribunal de Arbitraje. Frente a esta sola situación presentada a manera de ejemplo, ¿las empresas españolas tienen la certeza sobre cuál es el marco jurídico que regula la solución de controversias en caso de invertir en Bolivia? Aún con la nueva ley de Arbitraje y Conciliación, cuyo anteproyecto no se conoce, la interrogante persiste.

Todo parece indicar, que la LPI recorrerá un largo trecho de negociaciones antes de ser plenamente vigente. A juzgar por lo que en la generalidad de países latinoamericanos se denomina promoción de inversiones extranjeras, cabe preguntarse si realmente valió la pena el esfuerzo legislativo, o por el contrario, se puso una “piedra en el zapato” al inversor extranjero con la máxima de solucionar a como dé lugar las controversias en territorio boliviano y renegociar los BIT’s.

Fuente: Los Tiempos

Destacan la importancia de la nueva Ley de Promoción de Inversiones de Santa Cruz

El presidente de la Cámara de Comercio del Departamento de Santa Cruz, Luís Fernando Barbery, ha destacado la importancia de la aprobación ayer en la Cámara de Senadores de Bolivia de la nueva Ley de Promoción de Inversiones para fomentar las inversiones extranjeras en su país.

En declaraciones a EFE, Barbery afirmó que el objetivo de esta ley “es que se respeten los derechos y la seguridad jurídica de los inversionistas y garantiza la posibilidad de resolver controversias mediante la conciliación y el arbitraje”.

Barbery también mencionó el objetivo de esta ley de “establecer una institucionalidad en la que quede claro el funcionamiento independiente del poder judicial y donde la aplicación de la ley sea una norma”.

Además, Barbery destacó la mejora de las relaciones del organismo que preside, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de Bolivia (Cainco), con el Gobierno Central de Evo Morales, cuyo trabajo conjunto dio lugar a la elaboración de la mencionada Ley de Inversiones.

“Es una ley que se ha trabajado de manera consensuada entre el Gobierno, que la redactó, y las instituciones empresariales, a quienes se nos hizo conocer y presentamos nuestras observaciones, que dieron lugar a cambios importantes”, declaró Barbey.

“En los últimos tres o cuatro años ha habido un proceso de aflojamiento de las tensiones y se han establecido puentes de confianza y las relaciones han mejorado muchísimo. Actualmente hay contactos permanentes”, afirmó el Presidente de Cainco sobre sus relaciones con el Gobierno.

Barbery, que se encuentra estos días en Europa para fomentar la inversión extranjera en Santa Cruz y en todo su país, subrayó la importancia de la “apertura” que su país está realizando “hacia el sector privado”.

A este respecto Barbery afirmó que el Gobierno boliviano “se está dando cuenta de que su capacidad para trabajar en solitario es insuficiente y necesita al sector privado para apoyarse y elaborar inversiones y generar más oportunidades y crecimiento económico para el país” de cara al objetivo de acabar con la pobreza extrema en 2025.

“Creemos que la nueva Ley de Inversiones va a dar un apoyo importante. El Gobierno necesita generar más empleo y el sector privado está dispuesto a apoyar en ese proceso”, afirmó.

Según Barbery, la inversión tanto pública como privada en su país es de un 18 por ciento del PIB anual, de la cual muy poca es extranjera, “pero necesitamos estar por encima del 25 por ciento”.

Sobre su visita a España, el empresario señaló que su objetivo es realizar “visitas institucionales” para ver “opciones de negocio de las empresas bolivianas en el mercado Europeo y buscar posibilidades y recursos de apoyo a las pymes en Bolivia para desarrollar programas de internacionalización”.

El directivo señaló que a los productos bolivianos, sobre todo los del sector alimentario, artesano y textil, “les es muy difícil acceder al mercado europeo”, por lo que “el apoyo que se les puede brindar, sobre todo a través de contactos institucionales, es muy importante para hacer la diferencia entre entrar o no en él”.

Fuente: Jornadanet

Unasur diseña una instancia especial para resolver litigios en inversiones

Representantes de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reúnen desde ayer, y hasta el viernes, en la capital, para avanzar en la creación del Centro de Solución de Controversias en Materia de Inversiones.

Hace 6 años Ecuador planteó la necesidad de contar con una instancia regional de solución de controversias que se desmarque de sistemas actuales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que pertenece al Banco Mundial, indicó la Cancillería.

Su titular, Ricardo Patiño, quien inauguró ayer la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de la entidad, señaló que el tema que se analiza en la reunión es fundamental, porque no tiene que ver solamente con los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) sino, en general, con cualquier inversión, aunque no estén amparados en esos convenios.

“Si hay conflictos entre inversores y estados, es importante que haya una instancia judicial, regional, extraterritorial, que no solamente sea ecuatoriana, que pueda atender y encontrar salidas, en algunos casos, a través de mediación; en otros, a través de fallos de arbitraje ante controversias que haya”, dijo.

Hizo hincapié en que ya no se requiera ir a Holanda o a otro país de Europa “para que allá nos resuelvan los temas”.

La principal tarea de los expertos de Unasur es negociar el Acuerdo Constitutivo del Centro de Solución de Controversias, en temas como su naturaleza jurídica, el objeto y la jurisdicción del centro. Además, funciones, mecanismos, estructura y financiamiento.

“En el caso del Ecuador, el disparate jurídico planteado por Chevron contra su Estado, constituye el mejor ejemplo de que las cosas en esta materia deben cambiar”, señaló.

Según Patiño, el país no ha desconocido la importancia de seguir creyendo y recibiendo inversión extranjera. Agregó que no se deben cerrar las puertas a los grupos y empresas de carácter transnacional que se interesan por invertir en Sudamérica, de manera social y ambientalmente responsable.

Unasur está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Fuente: El Universal