Solamente un 35% de las mediaciones civiles en Argentina retornan a los tribunales

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Elena Highton de Nolasco, ha presentado el estudio “Impacto de la Mediación Pre-Judicial Obligatoria en Argentina: Un aporte para el debate y la efectividad de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”, que ha sido realizado por un grupo de consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este post vamos a destacar los principales hallazgos del estudio que se ha basado en datos obtenidos entre los años 1996 y 2010:

En el fuero Civil, el ingreso de acciones judiciales se ha reducido en un 28.6%, y podría llegar al 38.8% si se considerara el crecimiento natural del índice de litigiosidad entre 1996 y 2010.

En conflictos de familia, la reducción observada puede desglosarse de la siguiente
manera: ‘custodia de los hijos’ 18,56; ‘pensión alimenticia’ 28,50. Ambos ejemplos son mostrados para el período 23-abr-1996 al 31-dic-2010.

Del total de mediaciones realizadas en el fuero Civil, solamente el 35% (media histórica que ha ido reduciéndose paulatinamente) retorna al sistema como causa judicial, el 65% restante no deriva en juicio. El porcentaje de los casos mediados que reingresaron en el año 2010 bajó al 31,9%. Se puede inferir que actualmente se realizan más mediaciones que juicios en las temáticas de derivación obligatoria lo que repercute en la disminución de la litigiosidad.

No existe información completa sobre el porcentaje de acuerdos. Para las mediaciones de sorteo las cifras oficiales hasta el 2006 arrojan un 37% de acuerdos; para las mediaciones por elección del requirente o de ambas partes, según datos parciales del MJyDH, los acuerdos alcanzan un 34%, y según registros de una institución privada que agrupa mediadores, los acuerdos en mediaciones y por elección representan un 52% del total hasta el año 2009. Para los casos de daños y perjuicios por accidente de tránsito el nivel de acuerdo alcanza al 60% entre el 2004 y el 2008.

Entre las fortalezas encontradas en la gestión de los conflictos mencionados precedentemente, se destaca la celeridad para solucionar los reclamos: la resolución por vía judicial implicaría 3.1 años y la mediación 0.9 años.

En el fuero civil y comercial federal el 36% de las mediaciones ralizadas finaliza con acuerdo. La tasa de retorno a juicio es del 32% y el restante no se judicializó.

Leer el informe completo

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¿Encarecerá en 3.000 euros de media el acceso a la Justicia la nueva Ley de tasas?

La Ley de tasas puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La subida de tasas afecta a los procedimientos del orden civil, social y administrativo con la única excepción del penal.

La nueva ley prevé la creación de dos tipos de tasas: una con carácter fijo, dependiendo del tipo de procedimiento (van desde los 100 euros del monitorio o 150 de la primera instancia del procedimiento verbal hasta los 1.200 del recurso de casación ante el Tribunal Supremo). A estas tasas fijas hay que añadir una tasa variable que se calcula en función de la cuantía del pleito y cuya cuantía va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 hasta un máximo de 10.000 .

Además, al coste de las tasas es necesario añadir el coste de abogado y procurador que es obligatorio en muchos procedimientos, lo que lo encarecerá aún más.

A modo de ejemplo, la OCU apunta que un pleito para reclamar 3.500, con dos instancias judiciales, tendría unos costes entre tasas, abogado y procurador de más de 2.600 (de los que casi 1.000 corresponden solo a tasas) lo que en la práctica puede hacer disuasoria en muchos casos la reclamación judicial.

Si el Proyecto de Ley sale adelante, se van a pagar unas tasas por un servicio con el que los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos. En una reciente encuesta de la OCU, el 78% de los encuestados se mostraba insatisfecho con la justicia. Primero por la lentitud de los procesos, de 15 a 30 meses de duración, (dependiendo del tipo de procedimiento), segundo por el elevado coste: el coste medio de un juicio era de 8.400 euros, que se verán incrementados con las nuevas tasas y por último porque más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio.

Fuente: Diario de Tarragona

¿El pago de las tasas judiciales invitará a usar el arbitraje y la mediación?

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esta ley el Ministerio de Justicia persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.

Constitucionalidad
En esta reforma se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, en la que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia.

La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste de servicio que se presta por la Administración de Justicia. En este mismo sentido, las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza.

Con esta reforma España homologa el sistema de tasas judiciales al que rige en los países de nuestro entorno, en el que, además de la financiación de la Administración de Justicia a través de los impuestos, se exige este tributo a los usuarios del servicio público.

Personas físicas y jurídicas
Con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas, y sólo se exonera a las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar, así como al Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas y organismos dependientes de ellas. Desde el punto de vista objetivo, se aplica la tasa a los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, aunque en éste último sólo en segunda instancia. Queda excluido el orden penal.

El hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación en las órdenes civil y contencioso-administrativo, y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

Se introducen distintas mejoras de gestión de la tasa, tanto para facilitar su pago a través del abogado y procurador (de especial utilidad cuando el litigante no reside en España), como para prever la modificación de la tasa a lo largo de la tramitación del proceso y la devolución de una parte importante de la tasa (el 60 por 100) cuando se alcance una solución extrajudicial del pleito.

La utilización de medios telemáticos también se bonifica, al objeto de favorecer su utilización en la Administración de Justicia.

Fuente informativa: Consejo de MInistros

El arbitraje entre las recomendaciones de los expertos del Observatorio de la Justicia

La inversión en justicia gratuita desciende un 4% (246 millones) con respecto a 2010, cuando se gastaron 256,6 millones. Este es uno de los datos más destacables del VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer, y que supone por segundo año consecutivo una ruptura de la tendencia de crecimiento de la inversión de los ejercicios anteriores. El aumento en 2009 fue del 21% con respectoa 2008, mientras que entre los años 2006 a 2008 la subida media rondó el 11%. En 2010, la bajada fue del 3,8%.

Durante 2011 el número de asuntos de Asistencia Jurídica Gratuita tramitados por los Colegios de Abogados fue de casi 1.700.000. Andalucía es la comunidad autónoma que más asuntos de Justicia Gratuita ha tramitado, con 340.105 expedientes que representan el 20% del total a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña, con más de 313.000 asuntos que representan más del 18% del total.

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos: promover mediación y arbitraje
El Observatorio, asimismo, recoge las recomendaciones de un Comité integrado por representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los sectores sociales afectados, que se elevan al Ministerio de Justicia y a las Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas.

Las 12 recomendaciones del Comité de Expertos del VI Observatorio son:

1.- Reivindicar la figura del Abogado de Oficio como fundamental en el Estado de Derecho, especialmente en una situación de crisis económica como la actual.

2.- Mantener vigente el modelo actual del servicio de justicia gratuita y adaptación, en su caso, a la realidad social, económica y legislativa del mismo.

3.- Ante la situación de crisis, presentar propuestas para evitar un abuso fraudulento por el beneficiario de Justicia Gratuita y conseguir una gestión más eficiente de los presupuestos. Epígrafe dentro del que se hace referencia a la inclusión en el beneficio de otros mecanismos alternativos al judicial
para la resolución de conflictos (mediación, arbitraje…).

4.- Impulsar el servicio de asistencia jurídica gratuita como servicio público. Determinar la responsabilidad de las diferentes Administraciones Públicas a la hora de elaborar y aprobar los presupuestos dedicados a justicia gratuita y de efectuar los oportunos libramientos.

5.- Necesidad de revisión, con carácter urgente, de los requisitos de acceso de los letrados a la prestación del servicio del turno de oficio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso.

6.- Fomentar la formación continua en las distintas especialidades del servicio.

7.- Garantizar el cobro de los honorarios del abogado de oficio, aun cuando no sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita al solicitante.

8.- Elaborar un Protocolo de actuación para los abogados que prestan el servicio en favor de las víctimas de Violencia de Género.

9.- Implantación del SOAJP en todos los Centros Penitenciarios y preceptiva intervención de letrado ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

10.- Garantizar la asistencia jurídica de las personas extranjeras.

11.- Acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a la justicia gratuita. Creación de nuevos servicios de orientación jurídica gratuita y creación de un turno especializado en materia de discapacidad.

12.- Fomentar la creación en los Colegios de Abogados de Servicios de Orientación de Ejecución Hipotecaria.

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¿Podrían ayudar arbitraje y mediación a la descongestión de la Justicia madrileña?

Así lo ha destacado Francisco Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante la presentación de la Memoria 2011…

Los tribunales madrileños registraron el pasado año el ingreso de 1,4 millones de asuntos, lo que supone una reducción del 2,59 por ciento respecto al año anterior, y dejaron pendientes por el atasco judicial un total de 472.215 temas, una cifra que supone un 3,06 por ciento respecto a 2010.

Un año más, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha pormenorizado en rueda de prensa los datos que incluye la Memoria de esta sede judicial correspondiente a 2011.

Según Vieira, las cifras reflejan que uno de los principales problemas que aqueja a la Administración de Justicia sigue siendo la elevada litigiosidad que asumen los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. A ello se suma la deficiente situación de los inmuebles que albergan las sedes judiciales.

La Memoria incorpora una serie de medidas propuestas por Vieira para combatir este atasco judicial, advirtiendo de que con más juzgados se corre el riesgo de incrementar el nivel de ineficacia. No obstante, Vieira ha recalcado que la sobrecarga de trabajo no está de momento repercutiendo de manera grave en los ciudadanos.

Así, expone que sólo con la adopción de medidas legales urgentes se podrá reducir la abrumadora carga de trabajo, el principal azote de los tribunales desde los últimos años.

Entre las medidas planteadas, Vieira ha destacado la necesidad de racionalizar el acceso a los tribunales y, en este punto, ha hecho referencia a la necesidad de modificar la actual regulación de la asistencia jurídica gratuita.

A su juicio, el sistema actual no permite una valoración previa para el que solicita este servicio. Además, ha considerado que la reducción de un 20 por ciento en la partida destinada al Turno de Oficio en los Presupuestos no tendrá “efectos perniciosos” siempre que haya medidas que reduzcan el ingreso de asuntos en este área.

Asimismo, el máximo responsable de la Justicia madrileña ha apostado por fomentar las medidas de resolución extrajudicial de conflictos: el arbitraje y la mediación.

La jurisdicción Contencioso-Administrativo al alza
En cuanto a los datos, la única jurisdicción que ha aumentado debido a la crisis ha sido la Contencioso-Administrativa en la que las entradas de asuntos subieron un 14,87 por ciento y los asuntos en trámites, al acabar 2011, en un 15,27 por ciento. Vieira ha mostrado especial preocupación por la carga de trabajo en estos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que han registrado un incremento de un 26,76 por ciento de los asuntos. Así, se han resuelto un 4,63 por ciento más que el año anterior y se han elevado el número de asuntos pendientes, en un 27,80 por ciento.

En este punto, el presidente del TSJM ha recalcado que es especialmente preocupante la dilación de los señalamientos de los procedimientos abreviados, que en algunos Juzgados lo están siendo ya para el año 2017.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

En cambio, la tendencia bajista se centra en la jurisdicción civil, donde se ha producido una reducción del 16,01 por ciento en los ingresos y del 14,22 por ciento en los asuntos pendientes al acabar el año.

También en la jurisdicción social hay un descenso en los ingresos del 8,05 por ciento, si bien los asuntos en trámite al acabar la anualidad se elevaron en un 5,24 por ciento. Y la Jurisdicción penal se estabilizó, elevándose en un 0,50 por ciento los ingresos y en un 0,93 por ciento los asuntos que había al acabar el año.

Entre los datos de la Audiencia Provincial de Madrid, destaca la entrada de 33.307 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento respecto al año anterior. Además, se han resulto un total de 31.297 asuntos, un 2,71 por ciento por debajo de los 32.168.

Por ello, el número de asuntos pendientes ha aumentado en un 27,74 por ciento, ascendiendo a 8.901 frente a los 6.968 que había al inicio de año. Según Vieira, este incremento se debe a la supresión del plan de refuerzo con el que contaban las secciones penales.

Fuentes informativas: Europa Press y poderjudicial.es.

La Comunidad Valenciana cobrará de 50 a 95 euros por demanda a partir de julio

La iniciativa que mantiene divididos a los magistrados y a buena parte de los secretarios judiciales iniciará su andadura en la Comunidad en el segundo semestre y supondrá una recaudación de entre ocho y diez millones de euros, según los cálculos del Consell. Quienes tengan derecho a asistencia gratuita y quienes hayan acudido a la mediación no pagarán. La Conselleria prevé bonificaciones para autónomos, familias numerosas y monoparentales.

Cuando el pago de tasas se instale en la autonomía, cada ciudadano que recurra a los tribunales a presentar una demanda ordinaria, a excepción de la vía penal, desembolsará entre 50 y 95 euros. El copago afectará a la jurisdicción civil, social y contenciosoadministrativa y también se posará sobre los recursos de casación y apelación. Se salvarán de depositar estas cantidades quienes tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita, quienes hayan sido víctimas de una sentencia de mediación frustrada (porque no se esté cumpliendo) y las entidades exentas del impuesto sobre sociedades. Tampoco pagarán quienes decidan recurrir en temas de sucesiones, familia y estado civil de las personas.

Estas tasas estarán entre un 16% y un 21% por debajo de las impuestas en Cataluña, donde gravan con 120 euros y que entraron en vigor la segunda semana de mayo.

Además, la Conselleria de Justicia también planifica incluir en su programa bonificar entre el 50% y el 75% del importe que se exigirá por litigar a los autonómos, las familias numerosas y las monoparentales.

¿Serán la mediación y el arbitraje los grandes beneficiados como indica el autor del artículo?

Las estimaciones son que se recaudarán entre 8 y 10 millones que irán a la Administración de Justicia. Se verán afectadas la jurisdicción civil, social y contencioso administrativa.

Fuente informativa: El Mundo.

En Canarias, el 80% de los pleitos entre pymes tarda más de un año en solucionarse

En un año, los conflictos mercantiles de los tribunales de Canarias han crecido más de un 46%. El incremento de la morosidad y el incumplimiento de contratos está desbordando a la Administración de Justicia, que en 2011 recibió 41.445 nuevos asuntos civiles y mercantiles, de los que 33.650 están pendientes de sentencia. De esta manera, la resolución de más del 80% de los pleitos entre pymes se demora, como mínimo, un año.

Estos datos fueron aportados durante la celebración del I Foro de Mediación y Arbitraje. A pesar del colapso de la Justicia, apenas un 1% de los empresarios de las Islas acuden a estas vías para resolver sus disputas, apuntó Ángeles Palmero, vicepresidenta de la Cámara de Comercio durante la apertura del citado foro.

En el foro, que contó con la asistencia de 200 empresarios y profesionales estuvieron también presentes el secretario general de Aeade, Javier Íscar de Hoyos, el socio director del Centro Europeo para la Resolución Eficaz de Conflictos, Paulino Fajardo, y uno de los mejores árbitros españoles en materias de derecho de la propiedad intelectual y de las nuevas tecnologías, Rafael García del Poyo.

Durante su intervención, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio comentó que “en muchas ocasiones, la situación económica está impidiendo que los empresarios puedan hacer frente a sus compromisos con proveedores y clientes, un panorama al que se suma, además, la fuerte restricción crediticia que está ahogando a muchos negocios. Es lógico que cuando el dinero no fluye, los conflictos entre empresas se disparen”.

Esta situación empuja a los promotores de negocio a acudir a los tribunales ante “el desconocimiento que tienen de vías alternativas el arbitraje y la mediación”, según destacó Paulino Fajardo, abogado y miembro destacado de la institución europea más importante en el ámbito de la mediación como es el Centro Europeo para la Resolución Eficaz de Conflictos.

Desconocimiento

Entre las ventajas que expuso durante su conferencia, Fajardo destacó que la mediación evita la erosión de la relación entre empresas, ya que no hay imposición, sino acuerdo voluntario y pactado entre las partes. Asimismo, llamó la atención sobre la confidencialidad del proceso, frente al carácter público de las resoluciones de los juzgados y el control de las decisiones que tienen los empresarios en todo el proceso de negociación.

Las Cortes Generales del Estado acaban de aprobar un Real Decreto de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012. Este decreto no solo representa un importante impulso normativo para aliviar de carga de trabajo a juzgados y a tribunales, sino también “una oportunidad para resolver de una forma rápida y económica los conflictos entre las pymes, que antes se demoraban años en los juzgados y condicionaban sus cuentas de resultados, cuando no derivaban en el propio cierre del negocio”, según el viceconsejero de Justicia.

Fuente informativa: El Día.