Bolivia tendrá su propia Ley de arbitraje

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de arbitraje según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Al parecer, la nueva Ley será presentada en los próximos dos meses.

Por otro lado, la CEPB, que agrupa a todos los sectores empresariales bolivianos, ha recibido el proyecto de ley de inversiones que regulará las inversiones nacionales y extranjeras.

La CEPB, que está valorando el texto del proyecto, espera que la norma permita atraer la inversión extranjera y mejorar la inversión nacional; ya que, las recientes nacionalizaciones de distintas empresas dejaron en la incertidumbre a los inversores.

El presidente Morales comenzó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros que detentaban las transnacionales.

La medida determinó la expropiación de las acciones necesarias para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controlara como mínimo el 50 por ciento más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. Después se nacionalizó la mina de estaño de Huanuni y en febrero de 2007 se expropió la empresa suiza de fundición Vinto.

También se nacionalizaron la empresa eléctrica Valle Hermoso, donde la mitad del capital está en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia, y la cooperativa distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba.

Evo Morales ordenó el 1 de mayo de 2012 por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controlaba el 74 por ciento de las líneas de transmisión de electricidad del país. Horas después del anuncio, decenas de militares y policías tomaban, por mandato de Morales, las instalaciones de la firma expropiada en su sede de Cochabamba.

En diciembre de 2012 nacionalizó las empresas Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO S.A.), Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB) y Empresa de Servicios (Edeser), en manos de Iberdrola.

Fuente: Spanish.peopledaily.com

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Solamente un 35% de las mediaciones civiles en Argentina retornan a los tribunales

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Elena Highton de Nolasco, ha presentado el estudio “Impacto de la Mediación Pre-Judicial Obligatoria en Argentina: Un aporte para el debate y la efectividad de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”, que ha sido realizado por un grupo de consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este post vamos a destacar los principales hallazgos del estudio que se ha basado en datos obtenidos entre los años 1996 y 2010:

En el fuero Civil, el ingreso de acciones judiciales se ha reducido en un 28.6%, y podría llegar al 38.8% si se considerara el crecimiento natural del índice de litigiosidad entre 1996 y 2010.

En conflictos de familia, la reducción observada puede desglosarse de la siguiente
manera: ‘custodia de los hijos’ 18,56; ‘pensión alimenticia’ 28,50. Ambos ejemplos son mostrados para el período 23-abr-1996 al 31-dic-2010.

Del total de mediaciones realizadas en el fuero Civil, solamente el 35% (media histórica que ha ido reduciéndose paulatinamente) retorna al sistema como causa judicial, el 65% restante no deriva en juicio. El porcentaje de los casos mediados que reingresaron en el año 2010 bajó al 31,9%. Se puede inferir que actualmente se realizan más mediaciones que juicios en las temáticas de derivación obligatoria lo que repercute en la disminución de la litigiosidad.

No existe información completa sobre el porcentaje de acuerdos. Para las mediaciones de sorteo las cifras oficiales hasta el 2006 arrojan un 37% de acuerdos; para las mediaciones por elección del requirente o de ambas partes, según datos parciales del MJyDH, los acuerdos alcanzan un 34%, y según registros de una institución privada que agrupa mediadores, los acuerdos en mediaciones y por elección representan un 52% del total hasta el año 2009. Para los casos de daños y perjuicios por accidente de tránsito el nivel de acuerdo alcanza al 60% entre el 2004 y el 2008.

Entre las fortalezas encontradas en la gestión de los conflictos mencionados precedentemente, se destaca la celeridad para solucionar los reclamos: la resolución por vía judicial implicaría 3.1 años y la mediación 0.9 años.

En el fuero civil y comercial federal el 36% de las mediaciones ralizadas finaliza con acuerdo. La tasa de retorno a juicio es del 32% y el restante no se judicializó.

Leer el informe completo

La Audiencia Provincial de Madrid vulnera el Artículo 11Bis de la Ley de arbitraje

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

El pasado 5 de octubre de 2012, en la Jornada de Unificación de Criterios de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid se aprobó, en el punto 2 lo siguiente: 2.- A efectos de despacho de ejecución de laudo arbitral no puede considerarse convenio arbitral un acuerdo adoptado en Junta pero no votado expresamente por el ejecutado. Votaron a favor 17 magistrados, en contra 12 y hubo 5 abstenciones.

Lo que dicen los magistrados en este acuerdo es, esencialmente, que en la celebración de Juntas (sean Juntas de Propietarios, sean Juntas de accionistas), si se aprobase, incluso por unanimidad, que todas las controversias entre socios y de los socios con la sociedad o de los comuneros con la Comunidad de Propietarios y de los comuneros entre sí) se solucionarán por arbitraje, el convenio arbitral no sería válido para los socios ausentes o comuneros ausentes o para aquellos que asistiendo no lo votaron expresamente.

Este acuerdo vulnera flagrantemente lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de arbitraje, actualizada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que dispone en su punto 2 lo siguiente:

2. La introducción en los estatutos sociales de una clausula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social“.

Es obvio que el legislador no está pensando en el momento de constituirse una sociedad de capital, dado que todos los acuerdos se aprueban por unanimidad y todos los socios están presentes. El legislador entiende que una sociedad activa en la que los socios decidan incluir en los Estatutos que sus controversias se resolverán por arbitraje requerirá el voto favorable de dos tercios del capital social.

No entraremos a discutir si el legislador se equivocó al cambiar la unanimidad por una mayoría de dos tercios o si hubiese sido preferible una mayoría simple. Lo cierto es que el legislador tomó una decisión y los jueces, en aplicación del principio de legalidad deben aplicarlo.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, en reunión al efecto deciden (por mayoría simple, todo sea dicho de paso) que el convenio arbitral no será válido para el socio ausente ni para el socio presente que no lo vote expresamente, vulnerando de forma clara lo dispuesto en la Ley de arbitraje.

Pero, a mayor abundamiento, tampoco será válido el convenio arbitral para los socios ausentes cuando se apruebe por unanimidad de los presentes que, a su vez representen más de dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social.

Este hecho causa una inseguridad jurídica grave a los ciudadanos que ven frustrado su derecho a optar por solucionar sus controversias. Será frecuente que, por tanto, nos encontremos con acuerdos adoptados conforme a Ley a la que, esta vez y en Madrid, los magistrados hacen caso omiso, haciendo su interpretación paralela e injusta.

Lo mismo para acuerdos en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal donde es prácticamente imposible el quórum del 100% de los comuneros. ¿Qué ocurre si no acude un comunero moroso o si acude pero, al tener voz pero no voto, no lo vota expresamente? Pues que el convenio arbitral no es válido para ese comunero, igual que no lo es para el socio ausente a la Junta o presente que vote en contra.

A problemas graves, soluciones fáciles. Abogados, cuando aprueben la inclusión de una cláusula arbitral en Estatutos de sociedades de capital o en juntas de propietarios, pongan que aceptan el arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y que el lugar del arbitraje aceptado por las partes será ciudad distinta a Madrid. Esperemos que los magistrados de Barcelona, Valencia, Málaga, Salamanca, Palencia, Pontevedra, etc… no sigan este criterio contra legem.

Javier Íscar de Hoyos es secretario general de Aeade.

¿Encarecerá en 3.000 euros de media el acceso a la Justicia la nueva Ley de tasas?

La Ley de tasas puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La subida de tasas afecta a los procedimientos del orden civil, social y administrativo con la única excepción del penal.

La nueva ley prevé la creación de dos tipos de tasas: una con carácter fijo, dependiendo del tipo de procedimiento (van desde los 100 euros del monitorio o 150 de la primera instancia del procedimiento verbal hasta los 1.200 del recurso de casación ante el Tribunal Supremo). A estas tasas fijas hay que añadir una tasa variable que se calcula en función de la cuantía del pleito y cuya cuantía va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 hasta un máximo de 10.000 .

Además, al coste de las tasas es necesario añadir el coste de abogado y procurador que es obligatorio en muchos procedimientos, lo que lo encarecerá aún más.

A modo de ejemplo, la OCU apunta que un pleito para reclamar 3.500, con dos instancias judiciales, tendría unos costes entre tasas, abogado y procurador de más de 2.600 (de los que casi 1.000 corresponden solo a tasas) lo que en la práctica puede hacer disuasoria en muchos casos la reclamación judicial.

Si el Proyecto de Ley sale adelante, se van a pagar unas tasas por un servicio con el que los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos. En una reciente encuesta de la OCU, el 78% de los encuestados se mostraba insatisfecho con la justicia. Primero por la lentitud de los procesos, de 15 a 30 meses de duración, (dependiendo del tipo de procedimiento), segundo por el elevado coste: el coste medio de un juicio era de 8.400 euros, que se verán incrementados con las nuevas tasas y por último porque más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio.

Fuente: Diario de Tarragona

Nuevo capítulo en el conflicto Repsol-YPF

http://www.repsol.comRepsol alega competencia desleal por el ofrecimiento de YPF a Chevron del yacimiento de Vaca Muerta, ante Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que ha admitido a trámite la demanda.

Convenio de YPF y Chevron
El convenio lo firmaron el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el presidente para América Latina y Africa de Chevron, Ali Moshiri. Ambas compañías llevaban negociando, desde el pasado 24 de agosto, la fórmula adecuada para asociarse. Por ahora se desconocen qué tipo de garantías ha ofrecido el Gobierno argentino a la firma estadounidense. (ver entrada Otro capítulo del conflicto Repsol-Kirchner: Argentina ya cuenta con nuevo socio)

Repsol tiene pleitos en Argentina y Estados Unidos, y ha iniciado los trámites para un arbitraje internacional ante el Ciadi contra la expropiación de YPF.

En la demanda presentada, Repsol alega que YPF está infringiendo la normativa sobre competencia desleal al ofrecer a terceros competidores derechos de explotación sobre las reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertos por Repsol antes de la expropiación y, especialmente, sobre el macroyacimiento de Vaca Muerta.

Fuente: Expansión

Reivindicación del arbitraje ante la futura Ley del Alquiler

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, reivindica el arbitraje ante la futura Ley del alquiler alegando los buenos resultados logrados en los últimos cinco años y la reducción de los plazos de desahucio a menos de la mitad gracias a la especialización del Juzgado 101 de Madrid. Según los datos de Aeade, en 2012 los conflictos se resuelven en tres-cuatro meses a través del arbitraje, mientras que en 2007 se resolvían en ocho.  

A estos datos se une la alta satisfacción de los usuarios del arbitraje, ya que nueve de cada diez volverían a incluir cláusula arbitral en su contrato. Asimismo, a través del recientemente estrenado Servicio de Mediación de Aeade se evita el 30% de los desahucios, lo que demuestra que el arrendatario necesita información sobre la existencia del procedimiento y sus consecuencias. Cerca de cuatro de cada diez arrendatarios opta por una solución amistosa, lo que además implica: una reducción del tiempo (el desalojo se produce en menos de 20 días); del coste (a menos de la mitad); y de la carga emocional (se evita un desalojo forzoso).

Nueva Ley del alquiler

Respecto a la futura Ley del alquiler, Aeade valora de manera positiva el trabajo que está realizando el Gobierno en pro del fomento del alquiler de viviendas, especialmente la reducción de la comisión judicial a la mitad, hecho que favorecerá además al arbitraje -según los datos de la Asociación, permitirá acortar los plazos en un 30%-.

Por ello, Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, siente que no se dote de más medios materiales y humanos a los juzgados, ya que, en la situación actual “es una quimera agilizar los desahucios.” “Ha habido tres leyes desarrolladas con ese objetivo, pero ninguna de ellas ha surtido efecto. Todo lo contrario ha ocurrido en el ámbito del arbitraje, que se ha ido perfeccionando hasta conseguir, a día de hoy, los desahucios en tres-cuatro meses.”

Por ello, Íscar de Hoyos lamenta que “el Gobierno no haya tenido en cuenta el buen funcionamiento del arbitraje tomando como referencia la cifra de 4.000 conflictos arrendaticios resueltos con éxito por la Asociación”. Y añade que “el arbitraje ha experimentado una exitosa agilización en la práctica gracias al apoyo judicial y compromiso con los plazos, ejemplarizados en el Juzgado 101, que lo han hecho más eficaz que cualquier cambio legislativo.”

El secretario general de Aeade explica que “en los años en los que llevamos fomentando y administrando arbitrajes, hemos logrado un procedimiento rápido y eficaz; logro en el que han tenido mucho que ver los jueces, ya familiarizados con la herramienta y, en muchos casos, prescriptores de la misma.”

¿El pago de las tasas judiciales invitará a usar el arbitraje y la mediación?

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esta ley el Ministerio de Justicia persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.

Constitucionalidad
En esta reforma se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, en la que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia.

La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste de servicio que se presta por la Administración de Justicia. En este mismo sentido, las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza.

Con esta reforma España homologa el sistema de tasas judiciales al que rige en los países de nuestro entorno, en el que, además de la financiación de la Administración de Justicia a través de los impuestos, se exige este tributo a los usuarios del servicio público.

Personas físicas y jurídicas
Con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas, y sólo se exonera a las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar, así como al Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas y organismos dependientes de ellas. Desde el punto de vista objetivo, se aplica la tasa a los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, aunque en éste último sólo en segunda instancia. Queda excluido el orden penal.

El hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación en las órdenes civil y contencioso-administrativo, y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

Se introducen distintas mejoras de gestión de la tasa, tanto para facilitar su pago a través del abogado y procurador (de especial utilidad cuando el litigante no reside en España), como para prever la modificación de la tasa a lo largo de la tramitación del proceso y la devolución de una parte importante de la tasa (el 60 por 100) cuando se alcance una solución extrajudicial del pleito.

La utilización de medios telemáticos también se bonifica, al objeto de favorecer su utilización en la Administración de Justicia.

Fuente informativa: Consejo de MInistros