La Audiencia Provincial de Madrid vulnera el Artículo 11Bis de la Ley de arbitraje

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

El pasado 5 de octubre de 2012, en la Jornada de Unificación de Criterios de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid se aprobó, en el punto 2 lo siguiente: 2.- A efectos de despacho de ejecución de laudo arbitral no puede considerarse convenio arbitral un acuerdo adoptado en Junta pero no votado expresamente por el ejecutado. Votaron a favor 17 magistrados, en contra 12 y hubo 5 abstenciones.

Lo que dicen los magistrados en este acuerdo es, esencialmente, que en la celebración de Juntas (sean Juntas de Propietarios, sean Juntas de accionistas), si se aprobase, incluso por unanimidad, que todas las controversias entre socios y de los socios con la sociedad o de los comuneros con la Comunidad de Propietarios y de los comuneros entre sí) se solucionarán por arbitraje, el convenio arbitral no sería válido para los socios ausentes o comuneros ausentes o para aquellos que asistiendo no lo votaron expresamente.

Este acuerdo vulnera flagrantemente lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de arbitraje, actualizada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que dispone en su punto 2 lo siguiente:

2. La introducción en los estatutos sociales de una clausula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social“.

Es obvio que el legislador no está pensando en el momento de constituirse una sociedad de capital, dado que todos los acuerdos se aprueban por unanimidad y todos los socios están presentes. El legislador entiende que una sociedad activa en la que los socios decidan incluir en los Estatutos que sus controversias se resolverán por arbitraje requerirá el voto favorable de dos tercios del capital social.

No entraremos a discutir si el legislador se equivocó al cambiar la unanimidad por una mayoría de dos tercios o si hubiese sido preferible una mayoría simple. Lo cierto es que el legislador tomó una decisión y los jueces, en aplicación del principio de legalidad deben aplicarlo.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, en reunión al efecto deciden (por mayoría simple, todo sea dicho de paso) que el convenio arbitral no será válido para el socio ausente ni para el socio presente que no lo vote expresamente, vulnerando de forma clara lo dispuesto en la Ley de arbitraje.

Pero, a mayor abundamiento, tampoco será válido el convenio arbitral para los socios ausentes cuando se apruebe por unanimidad de los presentes que, a su vez representen más de dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social.

Este hecho causa una inseguridad jurídica grave a los ciudadanos que ven frustrado su derecho a optar por solucionar sus controversias. Será frecuente que, por tanto, nos encontremos con acuerdos adoptados conforme a Ley a la que, esta vez y en Madrid, los magistrados hacen caso omiso, haciendo su interpretación paralela e injusta.

Lo mismo para acuerdos en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal donde es prácticamente imposible el quórum del 100% de los comuneros. ¿Qué ocurre si no acude un comunero moroso o si acude pero, al tener voz pero no voto, no lo vota expresamente? Pues que el convenio arbitral no es válido para ese comunero, igual que no lo es para el socio ausente a la Junta o presente que vote en contra.

A problemas graves, soluciones fáciles. Abogados, cuando aprueben la inclusión de una cláusula arbitral en Estatutos de sociedades de capital o en juntas de propietarios, pongan que aceptan el arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y que el lugar del arbitraje aceptado por las partes será ciudad distinta a Madrid. Esperemos que los magistrados de Barcelona, Valencia, Málaga, Salamanca, Palencia, Pontevedra, etc… no sigan este criterio contra legem.

Javier Íscar de Hoyos es secretario general de Aeade.

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Madrid será la capital del arbitraje marítimo en diciembre

Los proximos días 13 y 14 de diciembre tendrá lugar el I Curso de arbitraje marítimo organizado por Blas de Lezo Abogados, la London City Law School y Aeade.

Madrid es la capital de España: es su centro político, financiero y económico. Es una ciudad viva con una magnífica oferta cultural, incluyendo museos, teatros, su ópera… Madrid es una de las mayores capitales europeas y puede ser un importante centro de arbitraje marítimo.

Este curso proporcionará a los asistentes una visión detallada de los temas de actualidad en materia de arbitraje marítimo en sectores como el transporte marítimo, transporte terrestre y la legislación europea.

Está diseñado para proporcionar un amplio aprendizaje para abogados y empresarios. El curso, que se impartirá en inglés, tendrá cabida para profesionales de España, de Europa y del resto del mundo; y ofrecerá una valiosa oportunidad para aprender de distinguidos académicos y profesionales del Derecho.

El programa está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de abogados y profesionales que puedan estar buscando ampliar su práctica en el campo del arbitraje en Derecho Marítimo, así como para cumplir con las necesidades de ejecutivos con interés en controlar las cuestiones jurídicas que puedan afectar a su ámbito comercial.

Lo marítimo, de moda
El derecho marítimo está muy de moda, como indican nuevas legislativas como el Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima.

Más: Informe sobre el anteproyecto de ley de navegacion marítima
Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima

¿Encarecerá en 3.000 euros de media el acceso a la Justicia la nueva Ley de tasas?

La Ley de tasas puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La subida de tasas afecta a los procedimientos del orden civil, social y administrativo con la única excepción del penal.

La nueva ley prevé la creación de dos tipos de tasas: una con carácter fijo, dependiendo del tipo de procedimiento (van desde los 100 euros del monitorio o 150 de la primera instancia del procedimiento verbal hasta los 1.200 del recurso de casación ante el Tribunal Supremo). A estas tasas fijas hay que añadir una tasa variable que se calcula en función de la cuantía del pleito y cuya cuantía va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 hasta un máximo de 10.000 .

Además, al coste de las tasas es necesario añadir el coste de abogado y procurador que es obligatorio en muchos procedimientos, lo que lo encarecerá aún más.

A modo de ejemplo, la OCU apunta que un pleito para reclamar 3.500, con dos instancias judiciales, tendría unos costes entre tasas, abogado y procurador de más de 2.600 (de los que casi 1.000 corresponden solo a tasas) lo que en la práctica puede hacer disuasoria en muchos casos la reclamación judicial.

Si el Proyecto de Ley sale adelante, se van a pagar unas tasas por un servicio con el que los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos. En una reciente encuesta de la OCU, el 78% de los encuestados se mostraba insatisfecho con la justicia. Primero por la lentitud de los procesos, de 15 a 30 meses de duración, (dependiendo del tipo de procedimiento), segundo por el elevado coste: el coste medio de un juicio era de 8.400 euros, que se verán incrementados con las nuevas tasas y por último porque más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio.

Fuente: Diario de Tarragona

Reivindicación del arbitraje ante la futura Ley del Alquiler

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, reivindica el arbitraje ante la futura Ley del alquiler alegando los buenos resultados logrados en los últimos cinco años y la reducción de los plazos de desahucio a menos de la mitad gracias a la especialización del Juzgado 101 de Madrid. Según los datos de Aeade, en 2012 los conflictos se resuelven en tres-cuatro meses a través del arbitraje, mientras que en 2007 se resolvían en ocho.  

A estos datos se une la alta satisfacción de los usuarios del arbitraje, ya que nueve de cada diez volverían a incluir cláusula arbitral en su contrato. Asimismo, a través del recientemente estrenado Servicio de Mediación de Aeade se evita el 30% de los desahucios, lo que demuestra que el arrendatario necesita información sobre la existencia del procedimiento y sus consecuencias. Cerca de cuatro de cada diez arrendatarios opta por una solución amistosa, lo que además implica: una reducción del tiempo (el desalojo se produce en menos de 20 días); del coste (a menos de la mitad); y de la carga emocional (se evita un desalojo forzoso).

Nueva Ley del alquiler

Respecto a la futura Ley del alquiler, Aeade valora de manera positiva el trabajo que está realizando el Gobierno en pro del fomento del alquiler de viviendas, especialmente la reducción de la comisión judicial a la mitad, hecho que favorecerá además al arbitraje -según los datos de la Asociación, permitirá acortar los plazos en un 30%-.

Por ello, Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, siente que no se dote de más medios materiales y humanos a los juzgados, ya que, en la situación actual “es una quimera agilizar los desahucios.” “Ha habido tres leyes desarrolladas con ese objetivo, pero ninguna de ellas ha surtido efecto. Todo lo contrario ha ocurrido en el ámbito del arbitraje, que se ha ido perfeccionando hasta conseguir, a día de hoy, los desahucios en tres-cuatro meses.”

Por ello, Íscar de Hoyos lamenta que “el Gobierno no haya tenido en cuenta el buen funcionamiento del arbitraje tomando como referencia la cifra de 4.000 conflictos arrendaticios resueltos con éxito por la Asociación”. Y añade que “el arbitraje ha experimentado una exitosa agilización en la práctica gracias al apoyo judicial y compromiso con los plazos, ejemplarizados en el Juzgado 101, que lo han hecho más eficaz que cualquier cambio legislativo.”

El secretario general de Aeade explica que “en los años en los que llevamos fomentando y administrando arbitrajes, hemos logrado un procedimiento rápido y eficaz; logro en el que han tenido mucho que ver los jueces, ya familiarizados con la herramienta y, en muchos casos, prescriptores de la misma.”

Rajoy, la Pepa y el arbitraje…

Rajoy durante la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz.“No se podrá privar a ningún Español del derecho de terminar sus diferencias por medios de jueces árbitros elegidos por ambas partes”, así versa el Artículo 280 de la Constitución de Cádiz de 1812. Y éste fue el artículo elegido por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para conmemorar el bicentenario de “La Pepa”.

El artículo ha iniciado la campaña organizada por Acción Cultural Española que ha pedido a políticos, académicos, periodistas y personalidades del mundo de la cultura que envíen desde sus cuentas de Twitter su artículo preferido de la Constitución de 1812 para divulgarlo a través de twitter y Facebook.

Nosotros estamos de enhorabuena, ya que el Artículo 280 nos concierne directamente y esperamos que, además, de la posible repercusión de las palabras del Presidente sea el bautizo de una campaña que reivindique el contenido de la primera Carta Magna promulgada en España.

Consultar el Discurso del Presidente Mariano Rajoy

Aeade y Caser ponen un seguro a disposicion de los árbitros de la Corte

Durante la firma.

Javier Íscar (Aeade) y José Manuel Nieto (Caser).

Aeade y Caser han firmado un convenio de protocolización de seguro para árbitros. En virtud de este acuerdo los árbitros de Aeade podrán contratar la póliza de Responsabilidad Civil profesional, de acuerdo con la nueva Ley 11/2011, de 20 de mayo, por la que se reforma la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y se regula el arbitraje institucional en la Administración General del Estado.

De esta forma, la corte arbitral Aeade cumple con una de las obligaciones recogida en la Reforma, que introdujo el siguiente párrafo en el artículo 21.1:

“Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este seguro o garantía equivalente a las Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones públicas.”

Las garantías de este Seguro de RC de árbitros e Instituciones arbitrales incluyen: la Responsabilidad Civil Profesional, daños a los expedientes y documentos confiados, reclamaciones por incumplimiento de la L.O.P.D., gastos de Defensa Jurídica y Fianzas, Responsabilidad Civil de Explotación, Responsabilidad Civil Locativa por daños al inmueble arrendado e incluso las reclamaciones a contrarios.

La mediación electrónica en el RD de Ley de Mediación

El pasado viernes 1 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de RD de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Se traspone con así una directiva comunitaria sobre asuntos transfronterizos que se debió incorporar al cuerpo normativo español en mayo del año pasado.

Según Sáenz de Santamaría: “El real decreto se tramitará como proyecto de ley en las Cortes para incorporar las enmiendas de los grupos parlamentarios.”

El Real Decreto Ley de mediación se extiende al ámbito civil y mercantil, con exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las Administraciones públicas, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria que se traspone.

Se incluye la mediación electrónica en aquellas reclamaciones de cantidad que no superen los 600 euros. Siempre que ambas partes tengan acceso a medios electrónicos.

Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para reclamaciones de cantidad.

El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, promoverá la resolución de los
conflictos que versen sobre meras reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las posiciones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que la institución de mediación facilitará a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima improrrogable de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud por la institución de mediación.

Por otro lado, las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. Para ello, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley y que su contenido no es contrario a Derecho.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente redacción: «Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se
despache ejecución sea superior a 2.000 euros.»