El acuerdo secreto con el Club de París

La falta de información oficial transforma el acuerdo firmado en un convenio secreto: no se conoce qué obligaciones ha contraído el Gobierno, no se tiene acceso a los documentos.

En el marco de la nueva ola de endeudamiento de la Argentina que se está produciendo, el Gobierno nacional acelera los pasos de la hoja de ruta de Amado Boudou: 1) liquidación sí o sí del problema de las deudas endefault (Ciadi, Repsol, holdouts ); 2) arreglo de la deuda con el Club de París, para 3) volver al mercado de capitales y tomar nueva deuda en gran escala.

En este contexto, el allanamiento a las exigencias del Club de París tiene tres características centrales: la naturaleza secreta del arreglo, la falta de capacidad de repago de las obligaciones y la no intervención del Congreso.

Acuerdo secreto

La falta de información oficial transforma el acuerdo firmado en un convenio secreto: no se conoce qué obligaciones ha contraído el Gobierno, no se tiene acceso a los documentos firmados, no se sabe cuál ha sido el origen y la evolución de las acreencias reclamadas por los países acreedores, ni cómo ni cuándo se han incorporado otras deudas bilaterales.

Tampoco se explica cómo se ha producido el aumento del stock de la deuda desde los 1.800 millones de dólares, declarados oficialmente al 31 de diciembre de 2001, respecto de los 9.700 millones de dólares reconocidos ahora (cinco veces más), ni su correspondiente detalle desagregado por rubros (intereses acumulados, punitorios, incorporación de otras deudas, diferencias de cambio y otros conceptos).

La administración Kirchner no tiene intención de mostrar estos acuerdos suscriptos, ni mucho menos los antecedentes que debieran acompañarlos.

El ocultamiento de tales informaciones es a la vez parte de la complicidad con el endeudamiento irregular que viene de arrastre, pero también de sus compromisos propios negociados en secreto.

El Gobierno nacional debe dar a publicidad el convenio suscripto con el Club de París y debe desclasificar la documentación probatoria de las acreencias reconocidas –que están todavía bajo investigación de la Justicia– así como deslindar su cuota parte de responsabilidad por el reconocimiento y por la contracción de las nuevas deudas.

Incapacidad de repago

La administración Kirchner no ha demostrado la capacidad de repago del país sobre las nuevas obligaciones que está contrayendo –refinanciación de deudas “heredadas” y agregado de nuevas deudas– como no sea asumiendo deudas nuevas para cancelar los vencimientos que se vayan produciendo.

Lo mismo que en el caso de los pagos acordados por los laudos perdidos ante el Ciadi y por las indemnizaciones a Repsol, la nueva política K es el pago de los juicios que se pierden con títulos públicos (bonos que no tienen capacidad genuina de pago).

Esta política es aplicada ahora a la deuda externa con los países del Club de París, mientras se avanza en paralelo bajo este mismo criterio en el pago a los holdouts (los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010) por sus demandas ante los tribunales de Nueva York.

Fuera del Congreso

Así como la administración Kirchner no muestra la menor intención de dar a publicidad las informaciones que origina el nuevo acuerdo de pagos con el Club de París, mucho menos piensa someter dicho acuerdo al Congreso de la Nación, tal como le compete a este según sus atribuciones constitucionales, debido a que se trata de un acuerdo por suscribir entre estados, y los contratos entre estados son tratados que deben tener aprobación parlamentaria.

Esto surge de lo dicho por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante su informe ante la Cámara de Diputados, en el que precisó que el Ejecutivo interpreta que en función de las facultades delegadas no sólo no tendría que someter el acuerdo al Parlamento, sino que ni siquiera se consideraría obligado a remitir la documentación que lo respalda y que hasta la fecha nunca ha sido desclasificada.

Esta postura oficial transgrede expresas disposiciones constitucionales al respecto, porque aquí estamos hablando de dos cuestiones diferentes que concurren ante un mismo hecho, que es el acuerdo de deuda entre estados:

Una es la delegación parlamentaria de facultades de reestructuración de la deuda pública al Ejecutivo en función del Presupuesto y de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, porque esto subvierte la intervención del Poder Legislativo en el arreglo de la deuda pública (artículos 29 y 75, incisos cuatro, siete y ocho de la Constitución Nacional).

Otra es la cuestión de delegar la firma de tratados sin intervención del Congreso (artículo 75 inciso 22 de la Constitución), siendo que los contratos entre estados son tratados internacionales, y los convenios binacionales, producto del acuerdo de base con el Club de París, entran dentro de esta categoría.

El Club de París no es un organismo financiero internacional formal, sino una secretaría de coordinación de países acreedores y sus acuerdos deben traducirse a tantos convenios bilaterales como países involucrados haya; en este caso, 16 sobre los 19 países miembro. Y tales tratados tienen que ser aprobados por el Congreso.

Cualquiera sea la argumentación del Gobierno nacional acerca de su interpretación de las facultades delegadas para las reestructuraciones de deuda, en el caso del Club de París –e independientemente del carácter secreto de las gestiones de negociación realizadas– estas nunca abarcarían la delegación de firma de contratos que son tratados internacionales y que, como tales, deben ser aprobados por el Congreso.

En el contexto de la nueva ola de endeudamiento que se está produciendo en las postrimerías de la administración Kirchner –obligaciones que deberán ser asumidas esencialmente por el próximo gobierno–, el nuevo acuerdo con el Club de París es parte del “dictado” de los acreedores y de los grandes bancos colocadores de deuda externa para que la Argentina vuelva rápidamente a emitir bonos en el exterior, conforme la hoja de ruta de Amado Boudou.

Fuente: La Voz

La Corte Suprema de Perú considera que deberá anularse el laudo cuando los árbitros no hayan revelado a las partes su relación de parentesco

Tanto la derogada Ley General de Arbitraje como la vigente no contemplan expresamente que el parentesco por consanguinidad o afinidad entre dos árbitros miembros de un ente colegiado sea causal de recusación de estos. No obstante, un reciente pronunciamiento de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, establece que sí pueden ser recusados los árbitros si este vínculo familiar no fue revelado por los propios involucrados al proponerse su nombramiento.

De acuerdo con la Casación N° 888-2013-Piura, se resolvió anular el laudo arbitral tras considerar que “si bien en el artículo 28 de la Ley N° 26572 (Ley General de Arbitraje) no se encuentra expresamente recogido como causal de recusación los vínculos familiares por consanguinidad o afinidad, lo cierto es que, el parentesco puede ser perfectamente enmarcado dentro del tercer inciso de dicho artículo, que prescribe que procede recusación cuando existan circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad o independencia de los árbitros”.

Esta asumida falta de imparcialidad se refleja en que “el parentesco entre dos árbitros y la acreditada relación familiar implica la posibilidad de generar suspicacias respecto a la independencia de ambos, máxime si uno representa a una de las partes que interviene en el proceso arbitral y el otro es el Presidente del Tribunal Arbitral, lo que, podría generar la emisión de una decisión arbitral sin la imparcialidad requerida”.

Para la Sala Suprema existiría un actuar doloso respecto de los árbitros involucrados por no haber revelado oportunamente su vínculo de afinidad (cuñados) pues, “los árbitros han faltado a su deber de informar de las causales de recusación (…), no siendo posible que aleguen desconocimiento de la causal, porque es evidente que el parentesco es anterior a la designación de ambos como árbitros del presente caso”.

De acuerdo con el caso, una vez conocida la relación de parentesco, la parte afectada (Gobierno Regional de Piura) denunció esta situación irregular, pero antes de que el Centro de Arbitraje resolviera la cuestión de recusación, los árbitros emitieron el laudo. Es decir, pese a que posteriormente la entidad estimara el pedido de recusación, el laudo había cobrado eficacia vinculante que solo podría ser rescindida a través de un proceso de anulación de laudo.

Si bien la casación resuelve el impase surgido aplicando la derogada Ley de Arbitraje por razón de temporalidad, sus fundamentos pueden ser válidamente aplicados a los procedimientos que se instalen con la Ley de Arbitraje vigente, Decreto Legislativo N° 1071.

Fuente: La Ley

Venezuela apelará fallo arbitral sobre unidad en refinería Sweeny de Texas

El Gobierno de Venezuela ha dicho que apelará una sentencia arbitral que permite a la estadounidense Phillips 66 adquirir el 50 por ciento de su participación en Merey Sweeny, una unidad de la refinería Sweeny en Texas.

La Cámara Internacional de Comercio confirmó en abril el derecho de la estadounidense Phillips 66 de ejercer una opción de la participación de la estatal Petróleos de Venezuela en la unidad de coquefacción retardada, alegando que la petrolera venezolana incumplió con el contrato para el suministro de crudo a la planta.

“Sí claro, nosotros nos vamos a defender legalmente”, dijo a periodistas el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

La unidad tiene una capacidad para procesar 70.000 barriles por día en la refinería estadounidense Sweeny, cuyo volumen total es de 247.000 bpd.

La refinería Sweeny fue hasta el 2012 propiedad de ConocoPhillips que cedió sus activos a Phillips 66.

En el 2009, ConocoPhillips, ejerció una opción para comprar el 50 por ciento que Pdvsa ostenta en Merey Sweeny. Conoco alegó que Venezuela incumplió con un contrato para el suministro de crudo a la planta, por lo que notificó que ejercía la opción de compra contemplada en los términos de asociación entre ambas, reseñó Reuters.

Conoco interpuso un arbitraje internacional contra Venezuela en el 2007 para exigir compensación por la expropiación de un mejorador de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como varios proyectos costa afuera.

La petrolera estadounidense aspira a recibir una compensación de unos 30.000 millones de dólares, pero Venezuela se ofreció a pagar unos 2.000 millones de dólares.

Fuente: El Universal

ENEL pide ante el Ciadi que cese el acoso del Estado

El socio estratégico de LaGeo busca la suspensión del proceso penal iniciado por la Fiscalía, así como de las medidas que afectan la generación geotérmica.

enelEl presidente de la compañía Enel Green Power para América Latina, Maurizio Bezzeccheri habla sobre la disputa que ha llegado al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), en Washington, y valora los elementos de una querella que ya recorrió instancias internacionales con sentencias favorables a sus peticiones.

El alto ejecutivo del consorcio italiano hace un análisis de una disputa donde hay reclamos por las millonarias inversiones realizadas en El Salvador y por la conflictividad que se desató cuando llegó el momento de cumplir los términos del contrato firmado entre ellos y la parte estatal, CEL, al concluir las negociaciones como socio estratégico de LaGeo, la empresa generadora de energía geotérmica en el país.

Bezzeccheri habla también de la agresividad desatada por el presidente Mauricio Funes, y de las actuaciones del fiscal general de la República, Luis Martínez, para atizar una hoguera que pudo resolverse por la vía de la negociación pacífica, cediendo ambas partes para lograr acuerdos. El presidente de Enel Green Power para Latinoamérica espera que al iniciar la gestión de Salvador Sánchez Cerén se abran puertas para encontrar vías de entendimiento apegadas a derecho.

El conflicto inició en 2007 cuanto CEL desconoció los derechos de Enel Green Power contenidos en el acuerdo de accionistas, y no le permitió invertir alrededor de 127 millones de dólares, los cuales serían utilizados para expandir la capacidad instalada de la generadora de energía geotérmica, LaGeo. Esta inversión habría convertido a Enel en el accionista mayoritario de la empresa, un derecho que la empresa italiana recuperó al ganar un arbitraje internacional en 2011. Hasta la fecha, el Gobierno rehusa aceptar el fallo.

Al leer la petición que Enel Green Power hace al CIADI, deja ver que hay una especie de “terrorismo de estado” contra la compañía, y que en los procesos que se siguen en El Salvador ante los tribunales no tiene derecho a defensa por la forma en que está planteado el conflicto ¿Considera que el CIADI tiene facultades para interceder y llevar el litigio a un escenario con condiciones de igualdad para las partes en Washington?

Hemos expresado fuerte preocupación y sorpresa por la estrategia del presidente saliente de forzar con todas las herramientas posibles un abandono por parte de ENEL de sus derechos, incluso atacando su reputación y sus otras inversiones de afuera de El Salvador. ¿De qué otra manera se puede interpretar un embargo por 2 mil millones de dólares sobre bienes locales e internacionales de Enel Green Power, realizado sin notificar a la misma por los apropiados canales internacionales? Monto calculado sobre la base de parámetros absurdos, con base en un reporte pagado por la misma CEL. El embargo no tiene ningún fundamento porque el delito de peculado sólo puede ser cometido por un funcionario público; con este embargo se está responsabilizando a ENEL de manera subsidiaria por el 98% del supuesto daño patrimonial causado al Estado, sobre la base de la supuesta participación secundaria de un exempleado de la empresa, acusado injustamente con este propósito. Es más, medidas Provisionales solicitadas por ENEL ya han tenido un efecto positivo porque El Salvador ha anunciado al tribunal que no va a intentar ejecutar internacionalmente el embargo.

¿Que estaría esperando Enel Green Power en la primera fase del caso, con la petición de que el tribunal dicte Medidas Cautelares?

Enel Green Power espera que el CIADI ordene al estado salvadoreño que se abstenga de tomar medidas que supongan una agravación de la disputa y que menoscaben la jurisdicción del Tribunal para decidir dicha disputa.

Al haber consenso para el nombramiento de los árbitros propuestos por las partes y en espera del nombramiento del presidente del tribunal. ¿Cual sería el perfil de ese tercer árbitro que inclinará de algún modo la balanza con su voto para seguir el caso?

El tribunal está compuesto por prestigiosos y respetados juristas. No consideramos que la valoración y decisión del tribunal pueda depender de un perfil de árbitro particular. ENEL tiene un derecho ya reconocido por un tribunal competente y claramente establecido en los documentos contractuales. Las acciones promovidas por el presidente saliente son manifiestamente contrarias a los derechos que Enel Green Power tiene como inversor en El Salvador, reconocidos en la Ley de Inversiones de El Salvador.

Me remito otra vez a su escrito de la petición, donde deja ver que el gobierno de El Salvador viola sistemáticamente la jurisprudencia internacional el status quo al generar más conflictividad al caso en lugar de dar espacio para que se generen condiciones para que opere la justicia. ¿Cómo se sustenta esa postura y que implicaciones puede tener a su favor?

El Convenio CIADI establece que el tribunal del Banco Mundial tiene jurisdicción exclusiva sobre las disputas sometidas a su consideración, para que los estados no sean juez y parte en juicios que los ven involucrados. Al intentar el gobierno que la disputa se decida en foros locales se está violando esta disposición del Convenio CIADI así como también la disposición del Acuerdo de Accionistas que establece que las disputas deben decidirse por medio de arbitraje internacional. El presidente saliente (Mauricio Funes) y el Fiscal General han estado pateando el tablero de una forma que daña severamente la credibilidad del país.

¿Argumentan que están defendiendo los intereses del estado?

El gobierno tiene el derecho de hacer valer sus posiciones y defender lo que piensa que le corresponde, pero ese partido debe jugarlo con base en las reglas aplicables. En un partido de fútbol el gobierno puede poner pierna fuerte, hacer penales para que no le hagan goles y esmerarse en ganar el partido, pero no puede cambiar el árbitro que antes aceptó, ni achicar su arco, ni amenazar al otro equipo con cobrarle penales si hace goles, ni, mucho menos, desconocer el resultado del partido. Y sin duda, El Salvador no puede ser árbitro en el mismo partido donde está jugando. Lamentablemente esto es lo que estuvo haciendo el presidente saliente. Esto va a tener un efecto en la vocación de otros inversores, ya que el mensaje para la comunidad internacional es que quien invierta en El Salvador estará sujeto a este tipo de conductas. Muy pocos van a estar dispuestos a jugar un partido con estas reglas.

La defensa de El Salvador asegura que el CIADI no tiene jurisdicción para conocer este caso porque desnaturalizaría el convenio al interferir en una disputa entre empresas privadas (Enel Green Power e Inversiones Energéticas, S.A. de C.V). ¿Puede explicar a donde está a su criterio el fondo del asunto?

La sugerencia de que esto es una disputa privada no resiste análisis. Varias autoridades públicas, tal como el presidente saliente, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, los funcionarios de CEL y el propio Poder Judicial han hecho manifestaciones reiteradas y han actuado como si ésta fuera una disputa entre Enel Green Power y el mismo gobierno relativo a un recurso del Estado. De hecho, el propio delito de peculado que falsamente se imputa, tiene como presupuesto una conducta de la administración pública. Por estas razones es evidente que la jurisdicción del CIADI es la más apropiada.

¿Se responde la pregunta entonces de por qué son representantes del gobierno los que dicen que no van a cumplir el laudo a favor de Enel Green Power dado en París y ratificado en la apelación?

Exacto. Los argumentos del gobierno sobre este punto son refutados cotidianamente por los dichos y hechos de las propias autoridades.

¿Cree Enel que el tribunal del CIADI podría incidir para abrir la puerta secreta de contabilidad y otras acciones desconocidas de INE, que están salvaguardas por su naturaleza de ser una subsidiaria privada de CEL?

No tenemos opinión sobre esto. Lo que hacen o dejan de hacer INE y CEL a nivel interno es ajeno y desconocido por Enel Green Power.

¿La demanda ante el CIADI por parte de Enel es para conseguir una nueva sentencia de un tribunal arbitral o para obligar a El Salvador a cumplir el laudo de CCI del que la defensa dice que no hay jurisdicción?

El reclamo es para conseguir un nuevo laudo arbitral que ordene al gobierno cumplir con sus obligaciones con Enel Green Power, una de las cuales es cumplir con los derechos reconocidos en el laudo arbitral y para que se compense a Enel por los daños sufridos como consecuencias de las acciones del gobierno dirigidas a socavar sus derechos y destruir el valor de su inversión.

¿Qué expectativas tiene Enel ante el cambio de gobierno en El Salvador y si consideran que podría haber un espacio de diálogo para subsanar diferencias?

ENEL siempre ha tenido y tiene plena disposición para negociar y llegar a un acuerdo. Aprovechamos esta entrevista para reiterar nuestro deseo de encontrar una solución razonable para ambos accionistas y cerrar de manera definitiva este tema. Cabe destacar que Enel Green Power ha ofrecido al gobierno saliente alternativas, entre las que se cuentan limitar el derecho de Enel Green Power a acrecentar su participación accionaria más allá del 51% de LaGeo, para asegurarle al estado una participación activa y substancial en la gestión de la compañía.

Pero siempre con mayoría…

ENEL no es un inversor financiero de corto plazo, llegó a El Salvador para aportar tecnología y capital de riesgo, y llegó para contribuir a transformar a LaGeo en una compañía líder del sector en América Latina, que exporte servicios, genere actividades industriales, forme profesionales del sector y enorgullezca a todos los salvadoreños. Enel Green Power todavía aspira a cumplir estas metas y desarrollar la geotermia en el país. Pero para lograr esto tienen que respetarse sus derechos como socio de este proyecto común. Mientras ello no suceda, ENEL defenderá sus derechos con todos los recursos que el derecho le brinda. Es evidente que al gobierno, a Enel Green Power y a todos los salvadoreños les iría mejor si el tiempo, los esfuerzos y los recursos dedicados a esta disputa fueran dedicados a producir más energía, sustentable y competitiva.

Fuente: El Salvador

Perú tendría que acudir a otro arbitraje para que Interoil pague

interoilExpertos juristas aseguran que en caso se demuestre un perjuicio financiero por el año extra que Interoil explotó los lotes III y IV, el Estado Peruano tendría derecho a recibir un resarcimiento económico. Pero sería necesario interponer un nuevo arbitraje si es que la petrolera se niega a pagar.

Tras las declaraciones realizadas por la petrolera noruega Interoil, sobre la supuesta inexistencia de obligaciones jurídicas de resarcimiento hacia Perupetro por el año adicional que explotó los lotes III y IV, La República consultó a dos expertos en materia de arbitrajes internacionales. 

Ambos señalaron que sí existió una pérdida económica para el Estado Peruano durante el año adicional que operó la empresa, una vez vencido su contrato de concesión, sí tendríamos derecho a solicitar resarcimiento de ello.

Domingo Rivarola, abogado especializado en arbitrajes y en litigios internacionales y, sugirió que el Estado Peruano debería hacer un peritaje económico para comprobar el perjuicio que le generó Interoil. 

“El tribunal arbitral consideró inválido el argumento de la petrolera sobre la necesidad de la prolongación del contrato por equiparar al fenómeno de El Niño un hecho de fuerza mayor. Esto quiere decir que la medida cautelar que obtuvo la empresa para continuar explotando los lotes no era necesaria. Durante ese tiempo la compañía estuvo operando sin un título válido y es probable que esto le haya generado una cuantiosa pérdida económica al Perú, ya que otra empresa pudo estar trabajando en dichos lotes”, manifestó.

Agregó que existe la necesidad de actuar eficientemente para que no se venzan los plazos en los que se puede plantear un arbitraje para solicitar el pago correspondiente.

“Primero debemos hacer un peritaje financiero. Si el resultado indica que efectivamente hubo un perjuicio, se debería interponer un arbitraje. Esto se recomienda efectuar en un tiempo no mayor de dos años, para no tener problemas con los plazos”, señaló.

Fernando Cantuarias, abogado y árbitro, señaló que la controversia es un tema netamente contractual y que es necesario analizar lo que las partes acordaron.

“El contrato entre el Estado Peruano y la compañía establece un tiempo determinado de duración. Si dicho plazo se vence y la petrolera sigue operando gracias a una medida cautelar, que posteriormente el laudo arbitral determina que no era necesaria, y esto le genera un grave perjuicio económico a una de las partes involucradas, sería absurdo que no se hable de resarcimiento alguno”.

Él considera, que en caso, se pruebe el daño económico, lo óptimo sería que ambas partes se sienten a negociar las condiciones de pago. Si no se llegase a ningún acuerdo, entonces se proceda a realizar otro arbitraje por el monto de indemnización. 

“En principio parece que sí hubo perjuicio. Si Perú demuestra que se generó dicho daño y luego intenta negociar con Interoil las condiciones de pago y no se llega a ningún acuerdo, es recién ahí cuando se tendría que iniciar un nuevo arbitraje en contra de la empresa petrolera”, declaró.

Fuente: La República Perú

Interoil invertirá 100 millones de dólares si gana el arbitraje contra Perú

La petrolera noruega afirmó su permanencia por un año en lotes III y IV en caso de que pierda. Si se queda, duplicará su producción.

Interoil ha confirmado que ha suscrito un contrato de licencia temporal con Perú-Petro para ampliar su permanencia en los lotes III y IV de Talara por 12 meses, pero aclaró que este acuerdo se aplicará solo si pierde el arbitraje que mantiene con el Estado en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París.

“Si el laudo es negativo y no contamos con un contrato como este, tendríamos que irnos inmediatamente, con lo cual todos perderíamos, pues nuestras operaciones generan 2.400 barriles diarios de petróleo y regalías para el Estado”, explicó Steven Benedetti, gerente general de Interoil.

El ejecutivo puntualizó que este convenio representa un ‘seguro’ contra dicha eventualidad y no una confesión de derrota. “Nadie sabe el resultado [del laudo], salvo que haya habido una fuga de información, cosa que dudo”, refirió.

La CCI tiene hasta el 31 de marzo para dirimir si la petrolera noruega pierde o no estas concesiones. Perú-Petro aduce que estas caducaron en marzo pasado, pero Interoil sostiene que siguen vigentes hasta octubre del 2014 (lote IV) y enero del 2016 (lote III).

Si el laudo favorece a Interoil, Perú-Petro deberá incluirla inmediatamente en la extensión de 10 años que beneficia a Sapet y a Petrolera Monterrico. Si pierde, tendrá que devolver los lotes a la agencia estatal para su licitación, pero “después de un período de transición ordenada de 12 meses”, señaló Benedetti.

La noruega informó que está preparada para participar en la licitación de los lotes III y IV. De conseguirlo, invertirá no menos de 100 millones de dólares para duplicar su producción corriente, de 2.400 a 5.000 barriles diarios.

Fuente: El Comercio

Miami acogerá el congreso del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial

iccaLa ciudad de Miami será la sede del Congreso bianual del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial (ICCA, por sus siglas en inglés) este mes de abril. La decisión de designar a Miami como sede de la conferencia se vio impulsada por el resurgimiento de la ciudad como una de las sedes más codiciadas para procedimientos de arbitraje en las Américas y su posición como un invernadero para la actividad comercial internacional.

Fundada en 1961, el ICCA es la organización líder a nivel mundial centrada en la práctica del arbitraje comercial internacional.

Este Congreso se celebrará del 6 hasta el 9 abril en el Hotel InterContinental de Miami y lugares cercanos al downtown de Miami, contará con la presencia de más de 1,000 autoridades de arbitraje y abogados de todo el mundo.

Lo más destacado de la agenda del ICCA 2014 incluyen un discurso de apertura por el juez Stephen M. Schwebel, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia y ex miembro de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional. Las sesiones del programa abordarán temas como los beneficios de distintas sedes de arbitraje en los EE.UU.; cómo el arbitraje se aplica en el fraude y abuso de derechos, los desafíos en relación con la legitimidad de arbitraje, y más.

“Los miembros de la comunidad legal de Miami han pasado la mayor parte de dos décadas desarrollando una infraestructura de arbitraje robusto con el objetivo de establecer nuestra ciudad como la capital de arbitraje para las Américas – y el mundo”, dice Burton Landy, presidente de la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami y miembro del Comité Organizador del evento. “La llegada del Congreso de ICCA en 2014 confirma que nuestros esfuerzos nos permite mostrar por qué Miami se ha ganado un lugar entre los mejores lugares a nivel mundial para los procedimientos de arbitraje”, agregó Landy, socio de la firma legal Akerman LLP.

El arbitraje internacional es comúnmente utilizado por las empresas para llegar a acuerdos en disputas sobre transacciones transfronterizas. El arbitraje es el método preferido de resolución alternativa de conflictos entre estas empresas por un número de razones, incluyendo la aplicación mundial de adjudicaciones arbitrales y la estabilidad y fiabilidad derivadas de llevar a cabo dichas acciones en un lugar neutral.

El crecimiento de Miami como una de las mejores ciudades del mundo para el arbitraje internacional y el derecho internacional ha sido impulsado por su ubicación como puente entre América del Norte, América Latina y el Caribe y Europa, su diversidad cultural y lingüística y por la creación de nuevas instalaciones y programas, incluyendo el segundo Tribunal del país de Arbitraje Internacional y programas de abogacía especializados y Especialización Internacional en Arbitraje ofrecido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami con cursos impartidos por profesionales en el campo del arbitraje más importantes del mundo, entre ellos el experto Jan Paulsson.

Igualmente importante, los grupos como la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami han ayudado a orquestar el paso de la legislación destinada a reforzar la viabilidad de la Florida como un destino de arbitraje neutral, que incluye la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Florida – que adoptó su versión más reciente de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional.

La viabilidad financiera es un factor clave en la decisión de organizar un procedimiento de arbitraje en Miami. Destino Florida, una asociación conjunta público-privada del Estado con el fin de promover el desarrollo económico y la conectividad con América Latina y el Caribe, realizó un estudio el cual reveló que el costo de los servicios, instalaciones y alojamientos en Miami se encuentra entre 30 y 60 por ciento menos que la de centros de arbitraje comparables en Ginebra, París, Londres y Madrid.

“Con más y más empresas en busca de maneras alternativas de resolución de disputas, Miami ocupa cada vez un mayor volumen de actividad de arbitraje de América Latina, Europa e incluso Asia”, señala Eduardo Palmer de Eduardo Palmer PA, Secretario de la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami. “A través de nuestros esfuerzos estratégicos para construir toda la infraestructura necesaria para proporcionar un sitio ideal para patrocinar procedimientos de arbitraje internacional, Miami se ha convertido en un sitio líder de arbitraje en las Américas y, por supuesto, cuando se trata de la asequibilidad, pocos lugares pueden competir con Miami.”

Estos factores han causado un aumento del volumen de arbitraje en Miami, donde el número de procedimientos de arbitraje pendientes ha aumentado de manera significativa al igual que la lista de casos de demandas civiles que se encuentran radicados por jurados ha disminuido tanto como un 25 por ciento, según algunas estimaciones. Algunas de las firmas de abogados más grandes del mundo están explorando esta actividad mediante el establecimiento de prácticas internacionales en el sur de la Florida.

Palmer explica que cómo la ciudad se beneficia de un repunte en la actividad de arbitraje: “El objeto de ser uno de los sitios del mundo para los arbitrajes significa un gran negocio para Miami. Más allá de la llegada de firmas de abogados nuevas, nuestra economía está recibiendo un grato impulso en manera de las estadías en hoteles, los cuotas por el uso de instalaciones para conferencias y oficinas, y la inscripción de proveedores de servicios que van desde reporteros de corte hasta traductores. Lo que antes era un subconjunto del sector jurídico ahora se está convirtiendo en una industria independiente por derecho propio”.

La inscripción para el ICCA 2014 ya está disponible en línea en www.ICCAMiami2014.com

Fuente: Noticias Jurídicas