Bolivia tendrá su propia Ley de arbitraje

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de arbitraje según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Al parecer, la nueva Ley será presentada en los próximos dos meses.

Por otro lado, la CEPB, que agrupa a todos los sectores empresariales bolivianos, ha recibido el proyecto de ley de inversiones que regulará las inversiones nacionales y extranjeras.

La CEPB, que está valorando el texto del proyecto, espera que la norma permita atraer la inversión extranjera y mejorar la inversión nacional; ya que, las recientes nacionalizaciones de distintas empresas dejaron en la incertidumbre a los inversores.

El presidente Morales comenzó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros que detentaban las transnacionales.

La medida determinó la expropiación de las acciones necesarias para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controlara como mínimo el 50 por ciento más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. Después se nacionalizó la mina de estaño de Huanuni y en febrero de 2007 se expropió la empresa suiza de fundición Vinto.

También se nacionalizaron la empresa eléctrica Valle Hermoso, donde la mitad del capital está en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia, y la cooperativa distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba.

Evo Morales ordenó el 1 de mayo de 2012 por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controlaba el 74 por ciento de las líneas de transmisión de electricidad del país. Horas después del anuncio, decenas de militares y policías tomaban, por mandato de Morales, las instalaciones de la firma expropiada en su sede de Cochabamba.

En diciembre de 2012 nacionalizó las empresas Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO S.A.), Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB) y Empresa de Servicios (Edeser), en manos de Iberdrola.

Fuente: Spanish.peopledaily.com

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La Audiencia Provincial de Madrid vulnera el Artículo 11Bis de la Ley de arbitraje

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

El pasado 5 de octubre de 2012, en la Jornada de Unificación de Criterios de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid se aprobó, en el punto 2 lo siguiente: 2.- A efectos de despacho de ejecución de laudo arbitral no puede considerarse convenio arbitral un acuerdo adoptado en Junta pero no votado expresamente por el ejecutado. Votaron a favor 17 magistrados, en contra 12 y hubo 5 abstenciones.

Lo que dicen los magistrados en este acuerdo es, esencialmente, que en la celebración de Juntas (sean Juntas de Propietarios, sean Juntas de accionistas), si se aprobase, incluso por unanimidad, que todas las controversias entre socios y de los socios con la sociedad o de los comuneros con la Comunidad de Propietarios y de los comuneros entre sí) se solucionarán por arbitraje, el convenio arbitral no sería válido para los socios ausentes o comuneros ausentes o para aquellos que asistiendo no lo votaron expresamente.

Este acuerdo vulnera flagrantemente lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de arbitraje, actualizada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que dispone en su punto 2 lo siguiente:

2. La introducción en los estatutos sociales de una clausula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social“.

Es obvio que el legislador no está pensando en el momento de constituirse una sociedad de capital, dado que todos los acuerdos se aprueban por unanimidad y todos los socios están presentes. El legislador entiende que una sociedad activa en la que los socios decidan incluir en los Estatutos que sus controversias se resolverán por arbitraje requerirá el voto favorable de dos tercios del capital social.

No entraremos a discutir si el legislador se equivocó al cambiar la unanimidad por una mayoría de dos tercios o si hubiese sido preferible una mayoría simple. Lo cierto es que el legislador tomó una decisión y los jueces, en aplicación del principio de legalidad deben aplicarlo.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, en reunión al efecto deciden (por mayoría simple, todo sea dicho de paso) que el convenio arbitral no será válido para el socio ausente ni para el socio presente que no lo vote expresamente, vulnerando de forma clara lo dispuesto en la Ley de arbitraje.

Pero, a mayor abundamiento, tampoco será válido el convenio arbitral para los socios ausentes cuando se apruebe por unanimidad de los presentes que, a su vez representen más de dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en que se divida el capital social.

Este hecho causa una inseguridad jurídica grave a los ciudadanos que ven frustrado su derecho a optar por solucionar sus controversias. Será frecuente que, por tanto, nos encontremos con acuerdos adoptados conforme a Ley a la que, esta vez y en Madrid, los magistrados hacen caso omiso, haciendo su interpretación paralela e injusta.

Lo mismo para acuerdos en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal donde es prácticamente imposible el quórum del 100% de los comuneros. ¿Qué ocurre si no acude un comunero moroso o si acude pero, al tener voz pero no voto, no lo vota expresamente? Pues que el convenio arbitral no es válido para ese comunero, igual que no lo es para el socio ausente a la Junta o presente que vote en contra.

A problemas graves, soluciones fáciles. Abogados, cuando aprueben la inclusión de una cláusula arbitral en Estatutos de sociedades de capital o en juntas de propietarios, pongan que aceptan el arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y que el lugar del arbitraje aceptado por las partes será ciudad distinta a Madrid. Esperemos que los magistrados de Barcelona, Valencia, Málaga, Salamanca, Palencia, Pontevedra, etc… no sigan este criterio contra legem.

Javier Íscar de Hoyos es secretario general de Aeade.

Madrid será la capital del arbitraje marítimo en diciembre

Los proximos días 13 y 14 de diciembre tendrá lugar el I Curso de arbitraje marítimo organizado por Blas de Lezo Abogados, la London City Law School y Aeade.

Madrid es la capital de España: es su centro político, financiero y económico. Es una ciudad viva con una magnífica oferta cultural, incluyendo museos, teatros, su ópera… Madrid es una de las mayores capitales europeas y puede ser un importante centro de arbitraje marítimo.

Este curso proporcionará a los asistentes una visión detallada de los temas de actualidad en materia de arbitraje marítimo en sectores como el transporte marítimo, transporte terrestre y la legislación europea.

Está diseñado para proporcionar un amplio aprendizaje para abogados y empresarios. El curso, que se impartirá en inglés, tendrá cabida para profesionales de España, de Europa y del resto del mundo; y ofrecerá una valiosa oportunidad para aprender de distinguidos académicos y profesionales del Derecho.

El programa está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de abogados y profesionales que puedan estar buscando ampliar su práctica en el campo del arbitraje en Derecho Marítimo, así como para cumplir con las necesidades de ejecutivos con interés en controlar las cuestiones jurídicas que puedan afectar a su ámbito comercial.

Lo marítimo, de moda
El derecho marítimo está muy de moda, como indican nuevas legislativas como el Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima.

Más: Informe sobre el anteproyecto de ley de navegacion marítima
Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima

El interés por el arbitraje en España crece entre las Cortes de América Latina

Aeade estará presente en dos congresos internacionales de arbitraje en Costa Rica

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, a través de su secretario general, Javier Íscar de Hoyos, estará presente en dos congresos internacionales de arbitraje durante la última semana de noviembre en San José, capital de Costa Rica.

El primero de los congresos, que trata sobre “Fortaleciendo el acceso a la justicia por medio de los mecanismo de Resolución Alterna de Conflictos”, está organizado por el Ministerio de Justicia y Paz y conmemora el 15 aniversario de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos de Costa Rica. Íscar de Hoyos hablará sobre “Arbitraje comercial. Una perspectiva desde la Europa mediterránea”. En el congreso participarán importantes personalidades del panorama jurídico latinoamericano y mundial como Rodrigo Oreamuno Blanco, árbitro internacional, José Rafael Fernández, presidente de ICC Costa Rica, y otros representantes del mundo arbitral de México, Argentina o Chile.

Por otro lado, el secretario general de Aeade participará también en el congreso sobre la “Propuesta de reglamento de defensa y protección del consumidor de seguros”, organizado por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica (CICA). Íscar de Hoyos expondrá la “Visión general sobre la tendencia de la solución de controversias en materia de seguros en la experiencia española y europea”.

Ambas jornadas tendrán lugar entre los próximos días 27 y 29 de noviembre.

Javier Íscar de Hoyos cree que, en ambos casos, “la actividad arbitral española, cada vez más, adquiere importancia mundial debido al movimiento de cortes arbitrales como Aeade, así como al interés creciente y manifiesto por impulsar estos mecanismos del estado español. Mi propósito, en estas colaboraciones, será el de dar una visión general sobre el tema, en la experiencia española y, en la medida de lo posible, europea.”

Rajoy, la Pepa y el arbitraje…

Rajoy durante la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz.“No se podrá privar a ningún Español del derecho de terminar sus diferencias por medios de jueces árbitros elegidos por ambas partes”, así versa el Artículo 280 de la Constitución de Cádiz de 1812. Y éste fue el artículo elegido por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para conmemorar el bicentenario de “La Pepa”.

El artículo ha iniciado la campaña organizada por Acción Cultural Española que ha pedido a políticos, académicos, periodistas y personalidades del mundo de la cultura que envíen desde sus cuentas de Twitter su artículo preferido de la Constitución de 1812 para divulgarlo a través de twitter y Facebook.

Nosotros estamos de enhorabuena, ya que el Artículo 280 nos concierne directamente y esperamos que, además, de la posible repercusión de las palabras del Presidente sea el bautizo de una campaña que reivindique el contenido de la primera Carta Magna promulgada en España.

Consultar el Discurso del Presidente Mariano Rajoy

Aeade y Caser ponen un seguro a disposicion de los árbitros de la Corte

Durante la firma.

Javier Íscar (Aeade) y José Manuel Nieto (Caser).

Aeade y Caser han firmado un convenio de protocolización de seguro para árbitros. En virtud de este acuerdo los árbitros de Aeade podrán contratar la póliza de Responsabilidad Civil profesional, de acuerdo con la nueva Ley 11/2011, de 20 de mayo, por la que se reforma la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y se regula el arbitraje institucional en la Administración General del Estado.

De esta forma, la corte arbitral Aeade cumple con una de las obligaciones recogida en la Reforma, que introdujo el siguiente párrafo en el artículo 21.1:

“Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este seguro o garantía equivalente a las Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones públicas.”

Las garantías de este Seguro de RC de árbitros e Instituciones arbitrales incluyen: la Responsabilidad Civil Profesional, daños a los expedientes y documentos confiados, reclamaciones por incumplimiento de la L.O.P.D., gastos de Defensa Jurídica y Fianzas, Responsabilidad Civil de Explotación, Responsabilidad Civil Locativa por daños al inmueble arrendado e incluso las reclamaciones a contrarios.

La mediación electrónica en el RD de Ley de Mediación

El pasado viernes 1 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de RD de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Se traspone con así una directiva comunitaria sobre asuntos transfronterizos que se debió incorporar al cuerpo normativo español en mayo del año pasado.

Según Sáenz de Santamaría: “El real decreto se tramitará como proyecto de ley en las Cortes para incorporar las enmiendas de los grupos parlamentarios.”

El Real Decreto Ley de mediación se extiende al ámbito civil y mercantil, con exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las Administraciones públicas, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria que se traspone.

Se incluye la mediación electrónica en aquellas reclamaciones de cantidad que no superen los 600 euros. Siempre que ambas partes tengan acceso a medios electrónicos.

Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para reclamaciones de cantidad.

El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, promoverá la resolución de los
conflictos que versen sobre meras reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las posiciones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que la institución de mediación facilitará a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima improrrogable de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud por la institución de mediación.

Por otro lado, las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. Para ello, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley y que su contenido no es contrario a Derecho.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente redacción: «Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se
despache ejecución sea superior a 2.000 euros.»