¿En qué consiste el pacto arbitral ficto?

“Pacto arbitral ficto”: una de las innovaciones más relevantes de la actual legislación arbitral colombiana.

Se trata de una herramienta que permitirá un mayor dinamismo del arbitraje y que promete sobrepasar algunos obstáculos, concretamente formales, de su práctica.

En el arbitraje las partes pueden, por voluntad, retirar la jurisdicción ordinaria para dársela a uno o varios particulares llamados “árbitros” quienes resolverán en derecho un determinado conflicto. Esta figura, sin duda, tiene sus ventajas frente a la cada vez más congestionada administración de justicia.

Para ello es necesario, que las diferentes partes del proceso consientan someterse al arbitraje mediante la demostración de la existencia de un acuerdo en la forma bien de “cláusula de compromiso”.

Hasta ahora, la demostración del acuerdo o pacto arbitral solo era posible presentando prueba documental de dicha voluntad. El nuevo estatuto arbitral, con la introducción del “pacto arbitral ficto”, introduce una suerte de flexibilización en la prueba del acuerdo arbitral, lo que permite llegar al arbitraje incluso sin la necesidad de contar con prueba escrita de la cláusula compromisoria o del compromiso, como hasta hace poco parecía imponerse.

En base al artículo 3º del actual estatuto arbitral, basta afirmar ante un juez o ante un centro de arbitraje que existe un pacto arbitral para que se entienda probada la existencia de ese pacto. Ahora, si ninguna de las partes lo niega expresamente al momento de la contestación de la demanda, se entenderá que ambos han entendido probada la existencia del pacto, sin necesidad de prueba adicional.

No obstantes, a pesar de las evidentes ventajas del “pacto arbitral ficto” -al menos en lo que respecta al intento de “relajar” la prueba del acuerdo arbitral-, la figura ofrece en sí misma un sinnúmero de retos tanto para la institución del arbitraje como para la salvaguarda de la voluntad de las partes, considerada desde siempre su columna vertebral.

Por ejemplo, si las partes no pactaron arbitramento y al momento de contestar el demandado omite hacer manifestación al respecto, ¿podría posteriormente objetarse la existencia del pacto arbitral en el que el demandante dice basarse pero que jamás existió? En los términos en los que está redactado el artículo 3º, la respuesta pareciera ser no. Si el demandado no hizo manifestación alguna sobre la inexistencia del pacto, se entendería que el mismo quedó probado y, en consecuencia, que las partes desplazaron la competencia del juez a los árbitros. No obstante, no puede menos que rechazarse tal interpretación.

La simple ausencia de manifestación del demandado no es posible -en mi opinión- restringírsele a este la demostración posterior de que tal acuerdo jamás existió. Decir lo contrario implicaría no solo desconocer la voluntad de las partes -esencia del arbitramento-, sino que además llevaría al absurdo de negar a los mismos árbitros la posibilidad de considerar que no son competentes para decidir el litigio si encuentran que, en efecto, jamás existió acuerdo o pacto arbitral.

Faltará ver cómo los jueces y los tribunales arbitrales interpretan la existencia de la figura del “pacto ficto”; más importante aún, de qué forma la articulan con la volunta de las partes, históricamente la esencia y columna vertebral de la  institución del arbitramento.

Fuente: La República

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Empresarios bolivianos piden ser parte en la redacción de Ley de Arbitraje

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha pedido a la Procuraduría General del Estado ser partícipe en la redacción del proyecto de la Ley de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de tener más inversiones.

El presidente los empresarios, Daniel Sánchez, informó a periodistas en la ciudad de La Paz que esta solicitud se la hizo ante el procurador Héctor Arce, cuya instancia a su cargo es la encargada de elaborar el proyecto de ley.

La Ley de Inversiones tiene que esperar un adicional que es la Ley de Conciliación y Arbitraje. El procurador del Estado está preparando esa ley, hemos hablado con él para que podamos participar de ella y una vez tengamos eso seguramente a fin de año vamos a poder empezar a canalizar las inversiones gigantescas en temas mineros”, declaró.

Según Sánchez, el aporte de los privados al proyecto de ley es importante porque son los directos interesados en las inversiones y en que se garanticen esos recursos.

Además la CEPB planteó que las Cámaras de Comercio sean las instancias donde se ventilen los procesos de arbitraje, porque a su criterio estas entidades cuentan con la experiencia en estos temas.

La disposición transitoria tercera de la Ley de Promoción de Inversiones dispone que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de esa norma, elaboren la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, la cual incluirá regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones.

Según Sánchez, ese trabajo se inicia con la revisión de los aspectos hasta ahora regulados en Conciliación y Arbitraje, orientados a consolidar una cultura de paz, a generar las condiciones normativas e institucionales, en el marco de la nueva organización político administrativa del Estado y a compatibilizar la normativa interna con el derecho internacional.

El presidente boliviano Evo Morales informó que en 2013 la inversión extranjera llegó a 1.750 millones de dólares, mayor a la registrada en 2005, previo a su primer mandato, cuando llegó a un cifra negativa de menos 221 millones de dólares.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), en el primer trimestre de este año la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 469,1 millones de dólares, que representa un incremento de 37,9 por ciento con respecto a los capitales registrados en similar período en 2013.

Fuente: Spanish People

Nuevo centro de arbitraje en Camboya

El tan esperado Centro Camboyano Nacional de Arbitraje ha sido oficialmente inaugurado esta semana, en medio de las esperanzas de que el país se vuelva más atractivo para inversores tanto locales, como extranjeros.

La Ley de arbitraje de Camboya se aprobó en marzo de 2006 y entró en vigor a principios de 2007. Esta ley contemplaba la creación de un Consejo Nacional de Arbitraje para evitar que los arbitrajes domésticos no salieran del país, así como atraer arbitrajes internacionales.

Fuentes: GAR.

Bolivia tendrá su propia Ley de arbitraje

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de arbitraje según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Al parecer, la nueva Ley será presentada en los próximos dos meses.

Por otro lado, la CEPB, que agrupa a todos los sectores empresariales bolivianos, ha recibido el proyecto de ley de inversiones que regulará las inversiones nacionales y extranjeras.

La CEPB, que está valorando el texto del proyecto, espera que la norma permita atraer la inversión extranjera y mejorar la inversión nacional; ya que, las recientes nacionalizaciones de distintas empresas dejaron en la incertidumbre a los inversores.

El presidente Morales comenzó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros que detentaban las transnacionales.

La medida determinó la expropiación de las acciones necesarias para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controlara como mínimo el 50 por ciento más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. Después se nacionalizó la mina de estaño de Huanuni y en febrero de 2007 se expropió la empresa suiza de fundición Vinto.

También se nacionalizaron la empresa eléctrica Valle Hermoso, donde la mitad del capital está en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia, y la cooperativa distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba.

Evo Morales ordenó el 1 de mayo de 2012 por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controlaba el 74 por ciento de las líneas de transmisión de electricidad del país. Horas después del anuncio, decenas de militares y policías tomaban, por mandato de Morales, las instalaciones de la firma expropiada en su sede de Cochabamba.

En diciembre de 2012 nacionalizó las empresas Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO S.A.), Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB) y Empresa de Servicios (Edeser), en manos de Iberdrola.

Fuente: Spanish.peopledaily.com

La especialización en el arbitraje societario, protagonista en el CGAE

INVITACION COMITE SOCIETARIO

INVITACION COMITE SOCIETARIO

Esta tarde se presenta en la sede del CGAE (Pº de Recoletos, 13) el Comité de Arbitraje Societario y Mercantil de Aeade. Se trata de una continuación de la apuesta de la Asociación Europea de Arbitraje por la especialización en el arbitraje, en este caso concreto, en los sectores societario y mercantil.

Antonia Magdaleno encabeza un Comité que representa a un nutrido grupo de expertos en el sector y al que introducirán, esta tarde, en la celebración de su presentación Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y César Belda Casanova, decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia.

El Comité de Arbitraje Societario y Mercantil se constituye en el seno de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade), al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.4 de su Reglamento. La iniciativa surge a raíz de la redacción dada por la Ley 11/2011 de reforma de la Ley 60/2003 de Arbitraje.

La Ley aclara los requisitos del arbitraje societario al exigir una mayoría legal reforzada de 2/3 para introducir en los estatutos sociales una cláusula de arbitraje; y establecer, como requisito para someter a arbitraje la impugnación de acuerdos sociales, que la administración y designación de los árbitros se haga por una institución arbitral, además de ampliar la posibilidad de ser árbitro en derecho a tener la condición de jurista.

Veremos cómo las sociedades valoran esta iniciativa…

Los expertos:

http://www.aeade.org/ficheros/ficheros/pdf/2012/arbitros-societario240412.pdf

Aeade y Caser ponen un seguro a disposicion de los árbitros de la Corte

Durante la firma.

Javier Íscar (Aeade) y José Manuel Nieto (Caser).

Aeade y Caser han firmado un convenio de protocolización de seguro para árbitros. En virtud de este acuerdo los árbitros de Aeade podrán contratar la póliza de Responsabilidad Civil profesional, de acuerdo con la nueva Ley 11/2011, de 20 de mayo, por la que se reforma la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y se regula el arbitraje institucional en la Administración General del Estado.

De esta forma, la corte arbitral Aeade cumple con una de las obligaciones recogida en la Reforma, que introdujo el siguiente párrafo en el artículo 21.1:

“Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este seguro o garantía equivalente a las Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones públicas.”

Las garantías de este Seguro de RC de árbitros e Instituciones arbitrales incluyen: la Responsabilidad Civil Profesional, daños a los expedientes y documentos confiados, reclamaciones por incumplimiento de la L.O.P.D., gastos de Defensa Jurídica y Fianzas, Responsabilidad Civil de Explotación, Responsabilidad Civil Locativa por daños al inmueble arrendado e incluso las reclamaciones a contrarios.

Aeade propone cinco medidas para favorecer el arbitraje

Imagen del edificio que alberga la sede de Aeade, en Madrid

Imagen del edificio que alberga la sede de Aeade, en Madrid

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, ha hecho un comunicado en relación con las últimas noticias relacionadas con la mejora de nuestro sistema judicial que reflejan una apuesta inequívoca y firme de Gobierno y oposición por herramientas extrajudiciales de solución de conflictos; pero que, sin embargo, ante la clara apuesta por la mediación, el arbitraje ha quedado en segundo plano.

Aeade explica que es necesario que se promueva la inclusión de cláusulas en los contratos, ya que el éxito de la opción extrajudicial no lo encontraremos en el número de procedimientos tramitados, dado que en las relaciones contractuales el plazo medio en derivar en conflicto es de cinco años, sino en el número de contratos que incluyen en su clausulado la mediación, el arbitraje o ambos.

El comunicado expresa que “Instituciones arbitrales como la nuestra estamos preparadas para asumir la administración de arbitrajes y mediaciones de manera eficiente tanto por experiencia, como por profesionalidad. Asimismo, trabajamos para fomentar su uso. Somos otro grupo de interés que también debería ser considerado por el Ministerio de Justicia en su trabajo hacia la mejora de nuestro sistema judicial.”

Las cinco medidas que propone son las siguientes:

1 Incentivar a la abogacía

2 Exigir unos mínimos para crear una corte arbitral

3 Formación: el arbitraje debería ser asignatura obligatoria para un abogado

4 Selección de árbitros transparente

5 Impulsar controles de calidad dentro de las Cortes

Leer comunicado completo