La Ley de Mediación sigue adelante

 

Congreso de los Diputados

La Comisión de Justicia del Congreso dio ayer su respaldo a las enmiendas de La Ley de Mediación. El texto que aprobó ayer el Congreso y que continuará su tramitación en el Senado, dejó fuera una enmienda del PNV que proponía que la mediación abordara también conflictos de consumo.

 El Congreso validó ayer el proyecto de Ley de Mediación que permite a las corporaciones de Derecho Público ser un canal adecuado para la solución extrajudicial de los conflictos. La redacción del artículo 5 de la Ley de Mediación, en el que se regula cuáles serán las instituciones de mediación, ha sido uno de los más debatidos en la Comisión, como también lo ha sido la cuestión relativa a la responsabilidad de las instituciones de mediación.

 Centros de mediación
Se modificará -mediante una disposición final la Ley de Colegios Profesionales (Ley 2/1974)-, habilitándoles como centros de mediación para desempeñar funciones de mediación y arbitraje mercantil, nacional e internacional.

Fuente informativa: Expansión

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Un poquito sobre el mediador en el RD Ley de Mediación

Ruiz Gallardón, ministro de Justicia.

Ruiz Gallardón en una de sus intervenciones.

En el Real Decreto se profesionaliza al mediador, que deberá recibir formación específica. Aunque no se exige titulación previa, sí prevén que el mediador cuente con una formación específica cuyo contenido y alcance está por regular. La mediación podrá ejercerse también a través de una institución encargada de efectuar los trámites necesarios y de designar al mediador o mediadores.

Asimismo, el Ministerio de Justicia contempla la creación de un registro de mediadores e instituciones de mediación que, según palabras del propio ministro de Justicia, ofrezca la máxima publicidad y transparencia, al mismo tiempo que asegure a los mediadores la libertad de ejercicio en todo el territorio nacional. Característica no contemplada en el actual Real Decreto Ley de Mediación que, previsiblemente, se verá modificado.

Como ejemplo del interés por aplicar la normativa, contamos, entre otros, con la iniciativa de una conocida entidad bancaria que ha establecido un sistema de mediación con las familias que tengan un préstamo hipotecario y se encuentren con dificultades para hacer frente al pago de las cuotas.

En un medio plazo, veremos cómo evoluciona el uso de la mediación en nuestro país y si realmente la sociedad española la acepta como alternativa y, de paso, permite aliviar la carga judicial que parece insostenible. Será una tarea ardua de los diversos públicos implicados: abogados, jueces, instituciones, administración… que deben saber transmitir los beneficios de esta apuesta del Ministerio de Justicia.

La mediación electrónica en el RD de Ley de Mediación

El pasado viernes 1 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de RD de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Se traspone con así una directiva comunitaria sobre asuntos transfronterizos que se debió incorporar al cuerpo normativo español en mayo del año pasado.

Según Sáenz de Santamaría: “El real decreto se tramitará como proyecto de ley en las Cortes para incorporar las enmiendas de los grupos parlamentarios.”

El Real Decreto Ley de mediación se extiende al ámbito civil y mercantil, con exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las Administraciones públicas, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria que se traspone.

Se incluye la mediación electrónica en aquellas reclamaciones de cantidad que no superen los 600 euros. Siempre que ambas partes tengan acceso a medios electrónicos.

Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para reclamaciones de cantidad.

El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, promoverá la resolución de los
conflictos que versen sobre meras reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las posiciones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que la institución de mediación facilitará a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima improrrogable de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud por la institución de mediación.

Por otro lado, las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. Para ello, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley y que su contenido no es contrario a Derecho.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente redacción: «Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se
despache ejecución sea superior a 2.000 euros.»