Abengoa demanda al Gobierno ante un tribunal internacional por el recorte de las primas a las renovables

La reclamación ascendería a los 60 millones de euros por cada año que no se resuelva el conflicto, un litigio que podría durar varios años y que también se dirime en la Audiencia Provincial de Sevilla. “Cada uno tiene que defender sus intereses”, espeta la compañía.

La batalla legal que ha desatado la reforma eléctrica del Gobierno por la rebaja de las primas de la energía termosolar ha cruzado fronteras. Abengoa ha planteado una demanda de arbitraje internacional en nombre de su filial en Luxemburgo CSP Equity Investment Sarl, según publica el diario ‘El País’ citando el folleto de salida a Bolsa de la sevillana en el Nasdaq.

“En junio de 2013, presentamos una demanda de arbitraje en nombre de nuestra filial CSP Equity Investment Sarl contra el Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía”, reza el documento presentado ante la SEC, la comisión del mercado de valores estadounidense.

El arbitraje se realizará en La Haya, siguiendo las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, con un tribunal formado por tres árbitros. CSP Equity Investment es el titular de las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2.

“Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment y constituye una expropiación”, añade.

Aunque el pliego entregado al supervisor no especifica a cuánto asciende la reclamación de Abengoa, fuentes de la compañía indicaron al diario de Prisa que rondaría los 60 millones de euros por cada año que no se resuelva el conflicto. Esta cantidad equivaldría a un recorte del 33% en los ingresos de las termosolares. El litigio podría durar varios años.

Por otra parte, Abengoa emprendió acciones legales ante un juzgado de Sevilla con respecto a la planta Helios I. El juzgado estimó que Abengoa debía agotar primero la vía administrativa ante el Ministerio de Industria. La decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Manuel Sánchez, consejero delegado de Abengoa, declaró tras el estreno bursátil en el índice tecnológico Nasdaq que “cada uno tiene que defender sus intereses” y retó a aquellos que ponen en duda la madurez de la tecnología termosolar, invitándoles a que visiten su planta en Arizona. “Si no se convence con la primera vuelta lo hará en la segunda o en la tercera”.

Fuente: Vox Populi

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España acumula ya dos denuncias ante las cortes de arbitraje por las primas a las fotovoltaicas

La juez internacional, Gabrielle Kaufmann-Kohler, será la encargada de dirimir si España actuó de forma justa cuando tomó la decisión de reducir en un 30% las primas a las fotovoltaicas.

Esta medida fue adoptada en junio de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián y puso en funcionamiento un sistema mixto que fija un cupo de hora al año con prima y en el que, más allá de ese umbral, la electricidad generada se paga conforme al mercado. Una acción que ha llevado, por primera vez, a España ante los tribunales internacionales de arbitraje, donde ya constan dos denuncias por este tema.

Kayfmann-Kohler es una de las expertas que participó en I Congreso de Arbitraje de Inversión en Iberoamérica, organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid. Profesionales del sector destacan que las “primas a las fotovoltaicas ha desencadenado el cambio de paradigma por el que España ya no es sólo un país demandante en casos de inversiones afectadas en el extranjero y ha pasado a ser, por primera vez, denunciado.

Argentina, el país más demandado

Uno de los casos más importantes que afectan hoy en día a nuestro país es el enfrentamiento entre Repsol y Argentina, pero no es el único. El caso de Repsol será resuelto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que, dentro del marco del Banco Mundial, se concibió para dirimir disputas entre naciones y empresas de diferentes países, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Sólo en el último año, han demandado a diferentes estados compañías como Telefónica, contra México, Ipsolux, contra Perú, el grupo Francisco Hernando contra Guinea Ecuatorial y Valle Verde Sociedad Financiera contra Bolivia.

Fuente: El Confidencial