Las lecciones que las Bitcoin pueden aprender del arbitraje internacional

bitcoinsLas monedas virtuales o cripto-monedas, con BitCoin a la cabeza (o BTC, ya que este acrónimo identifica tanto a esta como al resto de las divisas virtuales) han experimentado un importante crecimiento en su popularidad. Hasta hace poco tiempo, muy poca gente las conocía y, mucho menos aún, las utilizaba.

Pero su evolución, con todos sus beneficios y contratiempos, ha sido notable y continúa transformando el panorama financiero pero aún no ha sido reconocido por estados y gobiernos. Como consecuencia de ello, tampoco ha sido todavía ampliamente aceptado por los diversos actores involucrados en el comercio nacional e internacional.

El Arbitraje Internacional, hoy ampliamente utilizado y respetado, surgió en circunstancias similares. Por lo tanto, creo que BTC tiene mucho que aprender de esta metodología.

Cómo incorporar a BTC al sistema y lograr su aceptación por parte de los gobiernos de todo el mundo es algo que estas monedas pueden aprender del Arbitraje Internacional.

EL MODELO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL

Para que BTC obtenga una amplia aceptación, es necesario que se fortalezca por cuenta propia, creando reglas y procedimientos que puedan armonizar su uso. En este punto, se puede establecer una analogía con el Arbitraje Internacional, la metodología privada de resolución de disputas comerciales entre países. La comparación es posible ya que ambos nacen como alternativas privadas a mecanismos que se encontraban bajo la órbita de los gobiernos. En un caso la resolución de disputas y, en el otro, las transacciones económicas.

Durante cientos de años, el método preferido para la solución de controversias era utilizar los tribunales creados por cada país, con el juzgado designado por cada gobierno. Sin embargo, en el comercio internacional, ninguna de las partes en conflicto quería que el juez sea de un país rival. Por lo tanto, la necesidad de una alternativa a estas cortes gubernamentales fue un tribunal privado con jueces independientes, pagados por ambas partes, encargados de resolver la controversia

Pero este proceso no fue reconocido ni permitido por los Gobiernos (como sucede con BTC). De hecho, fue incluso ilegal en muchos países. Esto hacía difícil hacer cumplir las decisiones tomadas por estos tribunales privados. Reconociendo estos desafíos, las partes involucradas en el comercio internacional crearon normas, procedimientos y otros instrumentos para armonizar el sistema y también presionaron a sus gobiernos para que promulguen leyes que los legitimen. Tomó tiempo, pero ahora el Arbitraje Internacional es un método privado ampliamente aceptado para la resolución de disputas. Muchos países promulgaron leyes y estatutos que facilitan el proceso, así como también rubricaron acuerdos internacionales para el reconocimiento de los laudos arbitrales.

BTC tiene que seguir un camino similar. Aunque casi todos los países tienen su propia divisa, las monedas virtuales se han convertido en una alternativa privada a las transacciones en moneda nacional. Lograr que BTC resulte ampliamente aceptado, como lo es el arbitraje internacional, no será un proceso sencillo. La buena noticia es que ya son muchos, en todo el mundo, a quienes les gustaría lograr este objetivo. Lo que queda será crear regulaciones, alianzas y compromisos, para que el sistema puede llegar a ser universal.

El comercio internacional ha tenido éxito en la creación de un sistema de resolución de controversias completamente privado y por fuera de los tribunales establecidos por los gobiernos, pero ampliamente reconocido y aceptado por esos mismos gobiernos en todo el mundo. Lo mismo es necesario para BTC (y todas las cripto-monedas) para tener éxito: un sistema que funcione independiente de los gobiernos, pero reconocido por ellos.

Esta divisa resulta prometedora ya que estamos ante un mundo el que las monedas tradicionales (que responden a un estado en particular), están perdiendo la credibilidad que tuvieron durante siglos, la intermediación financiera es cara y obsoleta y en el que la tecnología y el mundo digital avanzan sin frenos.

Fuente: Cio América Latina

El Perito, figura clave en el Arbitraje de Inversión Internacional

Aquí os dejamos un interesante artículo sobre la figura del perito en el arbitraje de inversión internacional de José Rovira, socio de Accuracy España.

José Rovira, socio de Accuracy España Eficiencia y maximización son dos términos muy de actualidad, tanto a nivel empresarial como en el ámbito personal. No dejan de ser otra cosa que ahorrar y optimizar en tiempo y recursos, potenciando al máximo los resultados. Esta simplificación en tiempo y costes también se encuentra en búsqueda permanente en el apartado de resolución de conflictos de las empresas e instituciones.

En los últimos meses hemos contemplado cómo los procedimientos de arbitraje internacional se han multiplicado. En 2012 se alcanzó un récord de casos en el organismo internacional de arbitraje, CIADI, llegando al nada desdeñable número de 50.

La razón de este repunte es que las empresas ven en el arbitraje de inversión un medio de solución de controversias disponible para poder reclamar en un plano internacional contra los Estados en caso de que éstos afecten a sus inversiones, por ejemplo mediante expropiaciones y nacionalizaciones. Se tarda menos tiempo, la resolución es habitualmente más práctica y el coste, por lo general, suele ser menor. Es por ello que en los últimos 5 años, el Organismo dependiente del Banco Mundial, CIADI, ha registrado el 47% de los casos desde su puesta en funcionamiento, hace más de 40 años.

De forma paralela a este aumento de actividad arbitral se han introducido cambios en la normativa y regulación , tanto a nivel internacional como local. El objetivo de estos cambios en la regulación no es otro que poner en valor y dotar de mayor relevancia del proceso, otorgando un papel fundamental a la figura del perito, un perito independiente y realmente profesional.

Estos cambios normativos favorecen, entre otros aspectos reseñables, la confidencialidad, la flexibilidad y la comunicación de los peritos con los árbitros, convirtiéndolos en auténticos auxiliares de los árbitros que buscan la consecución de acuerdos de diferentes dictámenes, permitiendo al árbitro centrarse en las áreas reales de desacuerdo.

El perito realmente profesional es aquella figura que es totalmente independiente, es decir, que no trabaja con honorarios de éxito, no forma parte de la misma organización que realiza la auditoría estatutaria, ni de la que realiza la labor de asesoría fiscal. En definitiva, un profesional que además de serlo, ha de parecerlo. El perito independiente es aquel que basa su labor en aportar claridad meridiana en el dictamen y el que realiza una descripción exhaustiva de los hechos en los que fundamenta sus opiniones para poder llegar a una conclusión válida. Por ello es una figura buscada y codiciada en la actualidad.

Es necesario desterrar rancias tradiciones por las que no era habitual documentar las afirmaciones ni se acreditaban los cálculos, basando las conclusiones únicamente en ese áurea y halo de falso experto para defender meras opiniones subjetivas y/o juicios de valor.

Es labor de todos los peritos de profesión y de todos los que, de alguna forma, formamos parte del arbitraje exigir independencia de todos sus profesionales con respecto al tribunal arbitral de las partes y de los abogados. Como diría un inglés, ‘it’s a must’. Hemos de acreditar que no existe interés económico alguno en los resultados, más allá de los propios honorarios.

Con estas novedades se pretende claramente acabar con cierto intrusismo en la profesión, la cual se ha acelerado en la medida que los litigios se han incrementado y se solicitan otro tipo de asesoramiento (M&A y Due Dilligence). Por otro lado, se consigue evitar el flaco favor que hacían ciertos peritos a determinados clientes, ocultando circunstancias que podían perjudicar la posición de independencia con la consiguiente recusación de la intervención.

En la medida que seamos capaces de avanzar en este camino, a la vez que se mejora y actualiza la normativa, seremos capaces de convertir al arbitraje de inversión en una clara alternativa a otros mecanismos de resolución de conflictos , para ser, como fue ideado en origen, un procedimiento más ágil, flexible y profesional.

Fuente: LawyerPress

Bolivia tendrá su propia Ley de arbitraje

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de arbitraje según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Al parecer, la nueva Ley será presentada en los próximos dos meses.

Por otro lado, la CEPB, que agrupa a todos los sectores empresariales bolivianos, ha recibido el proyecto de ley de inversiones que regulará las inversiones nacionales y extranjeras.

La CEPB, que está valorando el texto del proyecto, espera que la norma permita atraer la inversión extranjera y mejorar la inversión nacional; ya que, las recientes nacionalizaciones de distintas empresas dejaron en la incertidumbre a los inversores.

El presidente Morales comenzó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros que detentaban las transnacionales.

La medida determinó la expropiación de las acciones necesarias para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controlara como mínimo el 50 por ciento más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. Después se nacionalizó la mina de estaño de Huanuni y en febrero de 2007 se expropió la empresa suiza de fundición Vinto.

También se nacionalizaron la empresa eléctrica Valle Hermoso, donde la mitad del capital está en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia, y la cooperativa distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba.

Evo Morales ordenó el 1 de mayo de 2012 por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controlaba el 74 por ciento de las líneas de transmisión de electricidad del país. Horas después del anuncio, decenas de militares y policías tomaban, por mandato de Morales, las instalaciones de la firma expropiada en su sede de Cochabamba.

En diciembre de 2012 nacionalizó las empresas Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO S.A.), Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB) y Empresa de Servicios (Edeser), en manos de Iberdrola.

Fuente: Spanish.peopledaily.com

Solamente un 35% de las mediaciones civiles en Argentina retornan a los tribunales

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Elena Highton de Nolasco, ha presentado el estudio “Impacto de la Mediación Pre-Judicial Obligatoria en Argentina: Un aporte para el debate y la efectividad de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos”, que ha sido realizado por un grupo de consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este post vamos a destacar los principales hallazgos del estudio que se ha basado en datos obtenidos entre los años 1996 y 2010:

En el fuero Civil, el ingreso de acciones judiciales se ha reducido en un 28.6%, y podría llegar al 38.8% si se considerara el crecimiento natural del índice de litigiosidad entre 1996 y 2010.

En conflictos de familia, la reducción observada puede desglosarse de la siguiente
manera: ‘custodia de los hijos’ 18,56; ‘pensión alimenticia’ 28,50. Ambos ejemplos son mostrados para el período 23-abr-1996 al 31-dic-2010.

Del total de mediaciones realizadas en el fuero Civil, solamente el 35% (media histórica que ha ido reduciéndose paulatinamente) retorna al sistema como causa judicial, el 65% restante no deriva en juicio. El porcentaje de los casos mediados que reingresaron en el año 2010 bajó al 31,9%. Se puede inferir que actualmente se realizan más mediaciones que juicios en las temáticas de derivación obligatoria lo que repercute en la disminución de la litigiosidad.

No existe información completa sobre el porcentaje de acuerdos. Para las mediaciones de sorteo las cifras oficiales hasta el 2006 arrojan un 37% de acuerdos; para las mediaciones por elección del requirente o de ambas partes, según datos parciales del MJyDH, los acuerdos alcanzan un 34%, y según registros de una institución privada que agrupa mediadores, los acuerdos en mediaciones y por elección representan un 52% del total hasta el año 2009. Para los casos de daños y perjuicios por accidente de tránsito el nivel de acuerdo alcanza al 60% entre el 2004 y el 2008.

Entre las fortalezas encontradas en la gestión de los conflictos mencionados precedentemente, se destaca la celeridad para solucionar los reclamos: la resolución por vía judicial implicaría 3.1 años y la mediación 0.9 años.

En el fuero civil y comercial federal el 36% de las mediaciones ralizadas finaliza con acuerdo. La tasa de retorno a juicio es del 32% y el restante no se judicializó.

Leer el informe completo

¿El pago de las tasas judiciales invitará a usar el arbitraje y la mediación?

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esta ley el Ministerio de Justicia persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.

Constitucionalidad
En esta reforma se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, en la que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia.

La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste de servicio que se presta por la Administración de Justicia. En este mismo sentido, las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza.

Con esta reforma España homologa el sistema de tasas judiciales al que rige en los países de nuestro entorno, en el que, además de la financiación de la Administración de Justicia a través de los impuestos, se exige este tributo a los usuarios del servicio público.

Personas físicas y jurídicas
Con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas, y sólo se exonera a las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar, así como al Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas y organismos dependientes de ellas. Desde el punto de vista objetivo, se aplica la tasa a los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, aunque en éste último sólo en segunda instancia. Queda excluido el orden penal.

El hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación en las órdenes civil y contencioso-administrativo, y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

Se introducen distintas mejoras de gestión de la tasa, tanto para facilitar su pago a través del abogado y procurador (de especial utilidad cuando el litigante no reside en España), como para prever la modificación de la tasa a lo largo de la tramitación del proceso y la devolución de una parte importante de la tasa (el 60 por 100) cuando se alcance una solución extrajudicial del pleito.

La utilización de medios telemáticos también se bonifica, al objeto de favorecer su utilización en la Administración de Justicia.

Fuente informativa: Consejo de MInistros

La fiebre del “revised rules” en el arbitraje

El Reglamento Suizo de Arbitraje Internacional (“Swiss Reglas “) se adoptó en 2004 con el objetivo de remplazar las reglas de arbitraje existentes de las diferentes Cámaras de Comercio suizas (Basilea, Berna, Ginebra, Neuchâtel, Tesino, Vaud y Zurich) por un conjunto de reglas basadas en las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.

El objetivo era promover el arbitraje institucional en Suiza en base a una mejora conjunta de las normas. Siete años después del advenimiento del Reglamento Suizo y teniendo en cuenta algunos cambios importantes en el entorno del arbitraje (incluida la adopción de un código unificado de Procedimiento Civil en el arbitraje interno suizo, y la revisión de la CNUDMI y el Reglamento de la CCI internacional), en 2010, se creó un grupo de trabajo de las Cámaras de Comercio de Suiza para considerar la revisión de sus normas. El grupo de trabajo entendió que una “ligera” revisión de las Reglas suizas sería suficiente y procedió en consecuencia con estos tres objetivos: para fortalecer la independencia del arbitraje institucional y ampliar sus poderes; para mejorar la eficiencia del proceso de arbitraje en términos de tiempo y costes; y para preservar la flexibilidad del procedimiento y la autonomía de las partes y del tribunal arbitral.

Las nuevas Reglas Suiza entraron en vigor el 1 de junio de 2012 y se aplicarán a los procedimientos de arbitraje iniciados a partir de esa fecha (a menos que se acuerde lo contrario por las partes).

¿Quieres saber más?

La nueva Ley de mediación: adiós a la exigencia de “los 6.000 euros”

Según lo publicado hoy en Expansión, la mediación no será obligatoria. El proyecto de Real Decreto ley de Mediación que ultima el Ministerio de Justicia así lo detalla, por lo que quedará invalidada la controvertida obligación a acudir a la mediación para asuntos de menos de 6.000 euros.

En abril de 2011, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. La iniciativa, se enmarcaba en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, y representaba un importante impulso normativo para aliviar de carga de trabajo a juzgados y tribunales mediante la resolución de este tipo de conflictos en el ámbito extrajudicial.

Circunscrita al ámbito de competencias del Estado, la Ley de Mediación articularía un marco mínimo para el ejercicio de la mediación sin perjuicio de las disposiciones aprobadas por las Comunidades Autónomas. Asimismo, el Proyecto incorporará al Derecho español la Directiva Comunitaria del 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles, aunque ya está fuera de plazo.

“Principales características de la anterior Ley de Mediación

* Se establece para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos. Se excluyen expresamente la mediación laboral, penal y en materia de consumo.
* Las instituciones y servicios de mediación establecidas o reconocidas por las diversas Administraciones podrán asumir las funciones de mediación, dando continuidad a la tarea que ya vienen desempeñando.
* Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de reclamación de cantidad inferiores a seis mil euros en los que se exigirá el inicio de la mediación, al menos, mediante la asistencia a la sesión informativa gratuita, como requisito previo para acudir a los tribunales.
* Nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación.
* La solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o caducidad de acciones judiciales.
* El procedimiento garantiza la confidencialidad y la imparcialidad del mediador entre las partes, sin que éste pueda imponer solución o medida concreta alguna.
* Se fija un plazo máximo para la mediación de dos meses, prorrogable por otro más.
* Se establece la configuración del acuerdo de mediación como un título ejecutivo equiparable a los laudos arbitrales y a tal fin se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil las reformas precisas.”

Fuente informativa: Expansión y elaboración propia.