El Financial Times se pregunta si Argentina también logrará acordar con los Holdouts

financialtimesSuperada la negociación con el Club de París, el diario económico enumera los acuerdos que alcanzó la Argentina y abre la incógnita por los Fondos Buitre

El diario económico Financial Times destacó este jueves en un artículo titulado “Argentina gana respaldo tras alcanzar un acuerdo con el Club de París”, la firma entre el Gobierno y el organismo y deja un interrogante:”¿Finalmente cerrará también Argentina un acuerdo con los holdouts?, esa es la pregunta del millón”.

El diario enumera los últimos entendimientos que firmó el país, como la compensación a Repsol tras la estatización de sus acciones en YPF, los arreglos por las demandas en el CIADI, unidad de arbitraje del Banco Mundial, y la introducción de nuevos métodos de mediciones para las estadísticas económicas a pedido del FMI.

El único caso ahora que traba el acceso a los mercados internacionales de crédito es la pelea con los holdouts que hasta llegó a la Corte Suprema de los EE.UU.

“Incluso podría pagarle a los holdouts con nuevos bonos, en lugar de dinero en efectivo (como en el acuerdo con Repsol). Una ventana podría abrirse luego de fin de año, cuando expire una cláusula legal que prohibe que el gobierno acuerde con Elliot mejores condiciones a las que ofrecieron al resto de los acreedores en el pasado”, plantea el diario .

Mientras tanto, el diario describe que “para los argentinos, la economía se ha paralizado y la inflación se mantiene alta después de una devaluación de enero diseñado para detener la salida de las reservas en dólares. Este problema es prioridad uno para Cristina Kirchner, que necesita llegar al final de su presidencia en diciembre de 2015, sin un estallido económico importante o una crisis en la balanza de pagos”.

“Todos estos movimientos están dirigidos a mejorar las relaciones financieras. Cuanto antes lo consiga, más pronto Argentina podrá obtener dinero fresco del extranjero”, concluye.

Fuente: Iprofesional

Acuerdo entre Repsol y Argentina por la expropiación de YPF

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM

El consejo de administración de la petrolera española ha aceptado la compensación de 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF. Repsol cobrará en deuda pública argentina. El acuerdo se firmará el próximo jueves en Buenos Aires.

El acuerdo, que debe ser aprobado por los accionistas de la petrolera, garantiza que Repsol recibirá bonos argentinos con un valor de mercado de, al menos, 4.670 millones de dólares y un máximo de 6.000 millones y supone la retirada de todos los litigios judiciales pendientes entre ambas partes, así como la renuncia a futuras reclamaciones.

Según ha explicado el grupo presidido por Antonio Brufau, Argentina reconoce que tiene una deuda de 5.000 millones de dólares que sufragará mediante varias emisiones de bonos y no quedará saldada hasta que Repsol cobre el importe completo.

Mediante diversos mecanismos, la compensación mantendrá su valor convirtiéndose de deuda a dinero en efectivo, una de las principales reclamaciones que había llevado a cabo Repsol. El Gobierno argentino entregará a la petrolera española un primer paquete de acciones nominales con tres tipos de bonos soberanos: dos ampliaciones de emisiones existentes -una por 500 millones de dólares y otra por 1.250 millones de dólares- y una nueva, por un total de 3.250 millones.

A la ampliación de 1.250 millones hay que añadir otros 500 millones de intereses capitalizados que se suman al nominal y no se abonarán en efectivo. De este modo, el valor real de la emisión es de 1.750 millones. Además, la nueva emisión de 3.250 millones garantiza el pago del 8,75% de los intereses durante los primeros 18 meses.

En caso de que la emisión de 5.000 millones de dólares emitidos (5.500 millones si se suman los intereses capitalizados) tienen un valor en el mercado inferior a 4.670 millones, Argentina realizará nuevas emisiones por hasta 1.000 millones.

Como garantía adicional de pago, el hecho de que el acuerdo esté validado por el Congreso argentino supone que la deuda está reconocida oficialmente, por lo que ante cualquier impago Repsol podrá reclamar todas las cantidades pendientes de cobro en un arbitraje internacional sin necesidad de valoración previa.

Fuente: Expansión

Ofensiva contra España por las renovables

La reforma eléctrica se complica cada vez más. Los grandes fondos de inversión internacionales han pasado de las amenazas a los hechos. Por primera vez, han demandado a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje que forma parte del Banco Mundial. España tendrá que defenderse ante el principal centro de arbitrajes contra Estados para la protección de inversiones. Es el mismo organismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF. El Estado español se jugará cientos de millones de euros en los tribunales por los recortes a las renovables.

De momento, los inversores internacionales han presentado dos solicitudes de arbitraje en el Ciadi frente a España. La primera la suscriben RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure II Lux. La segunda ha sido presentada por las sociedades Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar BV.

RREEF Infrastructure es un vehículo de inversión promovido por Deutsche Bank que tiene en España inversiones en energías renovables, tanto eólica como solar. Antin es una firma francesa de inversión en infraestructuras en la que BNP es socio de la gestora y el principal inversor del fondo con el que arrancó su actividad. Tiene inversiones en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, entre otros países. En España controla Axión (competidor de Abertis en el negocio de torres de comunicaciones) y también tiene inversiones en energía solar, las que provocan el pleito.

RREEF y Antin compraron a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y Andasol 2, en una operación que supuso una valoración en torno a los 830 millones de euros, deuda incluida. Cada uno de los inversores compró el 45% del capital, mientras que la empresa presidida por Florentino Pérez retuvo el 10% restante. Según las cuentas anuales de ACS de 2012, Andasol 1 y 2 tenían en 2012 unos activos de 620 millones y una cifra de negocio de 101 millones. Las dos plantas están situadas en Guadix, Granada, a unos 1.100 metros de altitud, y empezaron a operar en 2008 y 2009.

Las demandas de arbitraje se deben a los recortes en la retribución de las actividades termosolares. En la información sobre los activos de RREEF, Deutsche Bank señalaba para justificar su inversión que “ambas plantas se benefician de un marco regulatorio transparente, estable y atractivo con la venta de su producción garantizada durante sus vidas operativas”. RREEF y Antin pagaron un alto precio por Andasol 1 y 2 a ACS contando con la rentabilidad asociada a las primas a las renovables. Consideran que el recorte de la rentabilidad viola la seguridad jurídica de sus inversiones y supone un cambio retroactivo de las reglas del juego.

Según fuentes del Ciadi, ambas presentaron sus solicitudes de arbitraje el pasado 22 de noviembre. Ambas están representadas por la oficina londinense de Allen & Overy, el despacho de abogados más activo en las demandas contra España por los recortes en las renovables. Por parte del Estado español será la Abogacía General del Estado y la Dirección del Servicio Jurídico del Estado quienes tengan que hacer frente al pleito.

España solo había recibido hasta ahora otras dos demandas de inversores internacionales ante el Ciadi en los 19 años en que ha formado parte del organismo. La primera fue en 1997, cuando el argentino Agustín Maffezini demandó por una inversión en el sector químico a España, que acabó siendo condenada a pagar unos 350.000 euros. La segunda fue una demanda presentada el año pasado por una firma venezolana (IGB) por inversiones inmobiliarias en Las Rozas (Madrid) por unos 25 millones de euros.

Los países más demandados ante el Ciadi son con frecuencia los que tienen más problemas de seguridad jurídica. A la cabeza se encuentran Venezuela (que ha decidido dejar el organismo tras la avalancha de reclamaciones) y Argentina, por las frecuentes expropiaciones e incumplimientos de contratos.

Pero España afronta ahora el riesgo de recibir también un aluvión de demandas ante el Ciadi y otros organismos internacionales de arbitraje, no solo por los recortes a la retribución de las renovables ya realizados, sino también por los que están en marcha a punto de aprobarse.

Los recortes a la retribución de la energía fotovoltaica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya provocaron algunas demandas internacionales que denunciaban la violación del Tratado de la Carta de la Energía al aplicar, en su opinión, recortes con carácter retroactivo. Alegando esa violación, un grupo de 16 inversores (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energía Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) presentaron en noviembre de 2011 una demanda contra España bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, que fuentes del sector cifraban en unos 600 millones.

Este año, Abengoa, a través de su filial CSP Equity Investment Sarl, ha demandado al Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía por lo que considera una “expropiación” de sus legítimos intereses en las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2. El arbitraje será realizado en La Haya de acuerdo con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, según desveló Abengoa en un folleto de emisión registrado en Estados Unidos.

Pero fuentes del sector consideran que la ofensiva no ha hecho más que empezar y esperan muchas más demandas de los inversores, tanto por los recortes de primas a las renovables de finales del pasado año como por los que llegarán cuando se empiece a aplicar el concepto de “rentabilidad razonable” previsto en la reforma del sector, contestada también en los tribunales españoles por las empresas nacionales. España se juega cientos, si no miles, de millones en una reforma del sector eléctrico que se ha convertido en un gran negocio para los abogados.

Fuente: El País

YPF y Chevron resolverán sus litigios en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional

El arbitraje se inició por la suspensión de gas a Brasil por parte de YPF y por haber rescindido en el 2009 los contratos de transporte y exportación a ese país con la energética AESU y la operadora de un gasoducto TGM

Uno de los aspectos que se destacan del contrato entre las petroleras para buscar hidrocarburos en Vaca Muerta, es la jurisdicción en la que se resolverán eventuales litigios. El escenario será el del Tribunal de Arbitraje de la ICC, donde ocupa un lugar nada menos que el abogado que logró el embargo de la fragata Libertad en Ghana. Por otro lado, en Wall Street están atentos a los aspectos reservados del acuerdo.

Entre las clausulas que incluye el acuerdo entre YPF y la estadounidense Chevron para buscar petróleo en la formación Vaca Muerta, muchas de ellas, de carácter reservado, se destaca la jurisdicción en la que las compañías resolverán eventuales litigios.

Miguel Galuccio confirmó la semana pasada que el contrato se regirá por la justicia de Nueva York y que en caso de pleito, el escenario será el del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), con sede en París.

En ese tribunal hay un viejo conocido de la Argertina. Se trata de Ace Anan Ankomah, el abogado que consiguió para el fondo buitre NML Elliot el embargo de la fragata Libertad en las costas de Ghana.

Tal como informó Urgente24 durante aquellos días de controversia con el buque escuela, Ankomah es socio del buffet Bentsi-Enchill, Letsa & Ankomah (BEL&A), una sociedad fundada en 1988.

El abogado fue designado en el ICC “para servir como miembro” del tribunal internacional por período de 3 años, desde el 1/7 último hasta el 30/6 de 2015.

Ankomah es uno de los 2 ghaneses que forman parte del tribunal de la ICC, pero el único con caracter permanente. El otro es Felix Ntrakwah, quien lleva el cargo de “miembro alternativo”.

De acuerdo a la página web de la ICC, su tribunal “es uno de los más experimentadas y renombradas instituciones de arbitraje internacional”.

Si bien Ankomah consiguió la retención de la fragata durante más de 70 días, la Corte Suprema de Ghana consideró, varios meses después de la liberación, que el embargo fue “injusto”.

Uno de los 9 miembros del tribunal, Kwasi Anin Yeboah, mantiene una vieja amistad con Ankomah. De hecho, el 3/9 el abogado publicó una columna en la que defiende al cortesano de los ataques del partido de gobierno ganhés, el Congreso Democrático Nacional, que lo acusa de decidir en base a “su filiación política”, ya que fue nombrado por la entonces administración del Nuevo Partido Democrático.

Volviendo al tema YPF-Chevron, hasta las manos del tribunal del ICC y de Ankomah podría llegar el reclamo de Repsol,  excontrolante de la petrolera, para conocer el contenido de las denominadas “cláusulas secretas” del contrato.

Las partes reservadas del acuerdo también estarían siendo seguidas de cerca por Wall Street. De acuerdo a comentarios de operadores a los que tuvo acceso Urgente24, el principal interés de la capital financiera es quién se hará cargo de los eventuales pasivos ambientales que dejen las operaciones en la provincia de Neuquén.

En Wall Street prestan atención a los antencedentes de Chevron en Ecuador, donde la herencia de Texaco es un enorme problema que trasciende la frontera del país de Rafael Correa. Basta recordar que la justicia llegó a embargar a la estadounidense en la Argentina, aunque zafó gracias a la intervención de la Corte Suprema.

Por otro lado, también resulta de interés el contenido del contrato por su presunto impacto en las acciones de Chevron. “La idea que circula es que será YPF la que asumirá los costos ambientales”, apuntan las versiones. Esto tendría un mayor impacto negativo en las acciones de la petrolera reestatizada.

 Fuente: Urgente 24

El Ciadi constituye el tribunal arbitral de la expropiación de YPF a Repsol

El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión) constituyó definitivamente la pasada semana el tribunal arbitral que decidirá sobre la expropiación de YPF.

Según indicaron fuentes consultadas por el diario El Economista, el organismo dependiente del Banco Mundial nombró, tal y como se había adelantado, como presidente del tribunal arbitral a Claus von Wobeser, un prestigioso abogado mexicano.

Wobeser será, por lo tanto, la persona que tendrá la última palabra en este delicado asunto en el que la compañía española reclama más de 10.300 millones de euros al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Junto a él, estarán en el tribunal arbitral el chileno Francisco Orrego, a propuesta de Repsol, y la francesa Brigitte Stern, en representación de YPF.

Wobeser es socio fundador del despacho que lleva su nombre y cuenta con más de 40 años de experiencia asesorando a algunas de las 500 empresas más grandes del mundo, así como a entidades gubernamentales.

El abogado tiene una amplia experiencia en controversias internacionales de inversión o comerciales en las que ha participado en más de un centenar y ha ejercido como presidente en al menos 15 de estos litigios, algunos de ellos todavía abiertos.

Su trabajo más reciente incluye la asesoría a Anheuser Busch Inbev en su reciente adquisición de Grupo Modelo y a The Coca Cola Company en varias de sus transacciones clave de fusiones y adquisiciones.

El abogado mexicano nació el 3 de febrero de 1954, estudió en la Escuela Libre de derecho de México y se doctoró en Derecho Mercantil Europeo en la Universidad Droit, d’Economie et des Sciences Sociales de París.

El nuevo presidente del tribunal arbitral trabajó en Union Carbide (1975-1977) en el despacho Goodrich, Riquelme y Asociados (1977-1985) y desde 1986 formó su propio despacho desde el que ha representado a empresas nacionales y extranjeras en arbitrajes internacionales conducidos bajo las reglas de arbitraje más variadas.

Sus tesis profesionales se titularon ‘Algunos aspectos constitucionales de la legislación de inversiones extranjeras’ y otra sobre el ‘Control de cambio francés frente al principio de libre circulación de capitales de la Comunidad Económica Europea’.

Fuente: El Economista

Repsol pone fin al arbitraje internacional que mantenía con Ecuador ante el Ciadi

El presidente de Ecuardo visita la sede de Repsol en Móstoles

El presidente de Ecuardo visita el Centro de Tecnología de Repsol en Móstoles

Repsol ha anunciado hoy mismo que ha acordado con las autoridades ecuatorianas finalizar el proceso de arbitraje internacional que inició la petrolera española en junio de 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El problema estalló cuando Correa, presidente de Ecuador, endureció el régimen fiscal de los denominados “excedente de precio del petróleo (diferencia entre el valor de la participación de cada contratista en los yacimientos, en función con la cotización del crudo” que se incrementó a medida que la cotización internacional del petróleo se disparaba alcanzando un récord histórico en julio de 2008. El Ciadi ha publicado hoy la resolución procesal que indica que el proceso de arbitraje ha terminado tras un acuerdo amistoso entre ambas partes.

El pasado 20 de abril, Rafael Correa visitó el Centro de Tecnología de Repsol en Móstoles junto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, dentro de la gira europea tras su reelección como presidente del país. En la visita, Correa no dejó de elogiar a la compañía española quedando así patente el buen momento que atraviesan las relaciones entre la petrolera y el país suramericano.

Fuente: Voz Populi

España acumula ya dos denuncias ante las cortes de arbitraje por las primas a las fotovoltaicas

La juez internacional, Gabrielle Kaufmann-Kohler, será la encargada de dirimir si España actuó de forma justa cuando tomó la decisión de reducir en un 30% las primas a las fotovoltaicas.

Esta medida fue adoptada en junio de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián y puso en funcionamiento un sistema mixto que fija un cupo de hora al año con prima y en el que, más allá de ese umbral, la electricidad generada se paga conforme al mercado. Una acción que ha llevado, por primera vez, a España ante los tribunales internacionales de arbitraje, donde ya constan dos denuncias por este tema.

Kayfmann-Kohler es una de las expertas que participó en I Congreso de Arbitraje de Inversión en Iberoamérica, organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid. Profesionales del sector destacan que las “primas a las fotovoltaicas ha desencadenado el cambio de paradigma por el que España ya no es sólo un país demandante en casos de inversiones afectadas en el extranjero y ha pasado a ser, por primera vez, denunciado.

Argentina, el país más demandado

Uno de los casos más importantes que afectan hoy en día a nuestro país es el enfrentamiento entre Repsol y Argentina, pero no es el único. El caso de Repsol será resuelto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que, dentro del marco del Banco Mundial, se concibió para dirimir disputas entre naciones y empresas de diferentes países, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Sólo en el último año, han demandado a diferentes estados compañías como Telefónica, contra México, Ipsolux, contra Perú, el grupo Francisco Hernando contra Guinea Ecuatorial y Valle Verde Sociedad Financiera contra Bolivia.

Fuente: El Confidencial