España acumula ya dos denuncias ante las cortes de arbitraje por las primas a las fotovoltaicas

La juez internacional, Gabrielle Kaufmann-Kohler, será la encargada de dirimir si España actuó de forma justa cuando tomó la decisión de reducir en un 30% las primas a las fotovoltaicas.

Esta medida fue adoptada en junio de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián y puso en funcionamiento un sistema mixto que fija un cupo de hora al año con prima y en el que, más allá de ese umbral, la electricidad generada se paga conforme al mercado. Una acción que ha llevado, por primera vez, a España ante los tribunales internacionales de arbitraje, donde ya constan dos denuncias por este tema.

Kayfmann-Kohler es una de las expertas que participó en I Congreso de Arbitraje de Inversión en Iberoamérica, organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid. Profesionales del sector destacan que las “primas a las fotovoltaicas ha desencadenado el cambio de paradigma por el que España ya no es sólo un país demandante en casos de inversiones afectadas en el extranjero y ha pasado a ser, por primera vez, denunciado.

Argentina, el país más demandado

Uno de los casos más importantes que afectan hoy en día a nuestro país es el enfrentamiento entre Repsol y Argentina, pero no es el único. El caso de Repsol será resuelto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que, dentro del marco del Banco Mundial, se concibió para dirimir disputas entre naciones y empresas de diferentes países, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Sólo en el último año, han demandado a diferentes estados compañías como Telefónica, contra México, Ipsolux, contra Perú, el grupo Francisco Hernando contra Guinea Ecuatorial y Valle Verde Sociedad Financiera contra Bolivia.

Fuente: El Confidencial

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Alternativas al Ciadi en Suramérica

En un interesante artículo de Hildegard Rondón de Sansó que hemos tenido la oportunidad de leer en la web entornointeligente.com expone cuáles pueden ser las alternativas para Latinoamérica al Ciadi por encontrar una vía sustitutiva “más justa y menos lenta y onerosa”, como sugier el autor.

Rondón de Sansó sugiere, entre las medidas, la reforma del CIADI: Que se separe del Banco Mundial para eliminar su vinculación con el Fondo Monetario Internacional; que se constituya un tribunal permanente ó, conforme varios tribunales permanentes; y procedimientos claros que eliminen lagunas, tales como las relativas a la jurisdicción; la apelación y la ampliación de la nulidad.

Otra alternativa, sería “La creación de jueces asociados en los tribunales nacionales. La figura del juez asociado aparece en el CPC venezolano. Es la posibilidad de que el tribunal se constituya con dos jueces más, con lo cual se propicia la celeridad, y la incorporación de juristas ilustres e imparciales, propuestos por la contraparte del Estado demandado.”

Una tercera opción, “la Creación de un Tribunal Supranacional, con respecto a lo cual existen algunas experiencias. Así, la Corte Internacional de Justicia; el Tribunal del Acuerdo de Cartagena; el Tribunal Administrativo de la OIT; el Tribunal de la Organización Mundial de Comercio; el Tribunal de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial; los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, como el de San José de Costa Rica; el Tribunal Penal Internacional.”

Expone también el autor como alternativa la “creación de un Centro Regional de Arbitraje. La denominación de “centro” revela que el modelo que se ha tomado en cuenta es CIADI. Es decir, que no se va a crear un tribunal permanente que decida la controversia, sino crear un instituto para que “administre” la formación de organismos con potestad jurisdiccional para dirimir las controversias entre los Estados y los inversionistas. V.- Creación de varios tribunales regionales. Proceder a la creación de varios tribunales regionales, mediante tratado que suscriban los países latinoamericanos que están afectados por los arbitrajes internacionales (Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua) y la adhesión de otros como Brasil y de México.”

Habla Rondón de Sansó de la “creación de un primer Tribunal Arbitral, que podría estar ubicado en Venezuela, por su ubicación geográfica.”

Y explica que quedaría “así en manos de los organismos políticos, gestionar la adhesión del mayor número posible de países. Se eliminaría la regla de la inapelabilidad de la decisión la cual se concedería por ante la Corte Internacional de la Haya, temporalmente, esto es, hasta tanto se cree un Tribunal de Apelaciones. Los jueces serían designados por la vía diplomática, es decir, a través de las Cancillerías. Los candidatos deberían reunir las condiciones que exigen cada país para ser Magistrado del más Alto Tribunal. Debe tratarse de juristas de altos méritos. Requisito negativo es no haber sido abogados asesores de las empresas trasnacionales, ni miembros de los directorios bancarios, ó pertenecientes a los grandes bufetes internacionales.”

Fuente informativa: http://www.entornointeligente.com