Comienzan las negociaciones del acuerdo de libre comercio e inversiones entre Unión Europea y EEUU

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han iniciado la ronda de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio e inversiones, con la ambición de avanzar en áreas como regulación o tarifas y tras cerrarse una consulta pública sobre el instrumento de solución de controversias inversor-Estado.

El equipo negociador europeo, dirigido por Ignacio García Bercero, y el estadounidense, encabezado por Dan Mullaney, iniciaron una nueva semana de trabajos en Bruselas centrada en el intercambio de bienes y servicios, reglamentación, mercados públicos, protección ambiental y de los trabajadores y energía y materias primas.

El acuerdo pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo (supondría el 50 % de la actividad económica global) y sentar un referente mundial con la armonización de la regulación europea y la estadounidense.

La UE y Estados Unidos iniciaron la negociación del tratado comercial y de inversiones (TTIP, en sus siglas en inglés) en julio de 2013 y, un año después, están inmersos en los trabajos técnicos en áreas como las tarifas, las inversiones o la contratación pública, un tema sobre el que aún no han intercambiado las primeras ofertas, según fuentes europeas.

Destacaron que esperan que haya nuevas propuestas sobre la mesa en esta ronda de cara a elaborar un texto de consenso para septiembre próximo sobre estándares, conformidades técnicas y normas sanitarias y fitosanitarias.

Otros asuntos que se abordarán serán los relativos a comercio y desarrollo sostenible, facilitación del comercio en aduanas o energía y las materias primas (para lo que la UE pide que haya un capítulo aparte).

Fuentes comunitarias indicaron que las partes seguirán hablando de la posibilidad de integrar los servicios financieros en el acuerdo, lo que el bloque europeo defiende.

Uno de los asuntos más polémicos para diferentes sectores es la posibilidad de que el pacto incluya un instrumento de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas en inglés), que busca definir la protección de las inversiones.

Precisamente, el domingo pasado concluyó el plazo abierto por la Comisión Europea para recabar opiniones de todas las partes interesadas sobre si dicho mecanismo puede lograr un “equilibrio adecuado” entre la protección de los inversores y del derecho y la capacidad de la UE de regular en favor del interés común.

Hoy, la Oficina Medioambiental Europea (EBB, en sus siglas en inglés), la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y la organización Transporte y Medioambiente (T&E) instaron en un comunicado a la Comisión -la institución que negocia este acuerdo en nombre de los veintiocho Estados comunitarios- a que excluya ese instrumento del tratado.

Estas organizaciones, miembros del grupo asesor en el TTIP en representación de la sociedad civil, afirmaron que la consulta pública sobre el mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado es una “oportunidad clave para que la Comisión proponga un proceso totalmente transparente y que no admita comentarios anónimos o secretos”.

Insistieron en que un ISDS permite a las empresas pasar por encima de la justicia de los países y poder demandar a gobiernos directamente a través de paneles de arbitraje especiales por medidas que, a su juicio, pueden “poner en peligro” leyes diseñadas para proteger los intereses públicos.

“Mina el Estado de derecho, hace a los ciudadanos pagar por los riesgos corporativos y hace que los gobiernos no se atrevan a legislar por miedo a que (las empresas) les lleven a juicio”, señalaron en un comunicado.

Al respecto, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) señaló en otro comunicado que “un arbitraje secreto no forma parte en absoluto” de un acuerdo equilibrado entre los intereses públicos y privados.

BEUC hizo hincapié en otro asunto que levanta polémica en la negociación, el de la regulación de los químicos en Estados Unidos.

“Nos preocupa que tratamientos químicos como los que emplean clorina sean la solución fácil para limpiar la carne (…) La UE ha elegido un enfoque que es científicamente sólido”, indicó y, por ello, pidió que Europa “no sacrifique sus estándares de salud pública y protección de los consumidores, a cambio de negociar ventajas en el TTIP”.

Según fuentes europeas, “de ninguna manera nuestra posición sugiere debilitar las normas en ese sector”.

Una vez que el tratado entre en vigor, las partes creen que aumentaría el producto interior bruto (PIB) de la UE en 120.000 millones de euros y el de Estados Unidos en 95.000 millones.

Fuente: El Universal

Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales

Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.

Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EEUU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.

Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EEUU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.

Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.

“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

Documentos firmados por Wikileaks

Fuente: Libre Red

IU presenta una proposición no de ley contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con el objetivo de que el Gobierno se comprometa públicamente a rechazar el Tratado de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos si incluye rebajas en las regulaciones comunitarias o una cláusula de protección de inversiones.

En la iniciativa, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Economía, la coalición afirma que el TTIP UE-EEUU no busca una reducción de los aranceles entre ambas zonas económicas para potenciar el intercambio de productos, sino que pretende superar las diferencias regulatorias, que según ha reconocido la Comisión Europea (CE) son “el mayor obstáculo para incrementar el comercio y la inversión”.

Esto supondrá, continúa IU-ICV-CHA, un “una carrera hacia el fondo” de la “regulación a la baja” que provocaré el “desplome de los estándares laborales, medioambientales o incluso democráticos”. “Se trata de un proceso de mínimo común denominador cuyo resultado será la igualación al nivel de la regulación más laxa “, pronostica.

Tribunales de arbitraje

Otro peligro que entraña este tratado de libre comercio es, según la Izquierda Plural, la posibilidad de que se incluya en él una cláusula de protección de los inversores extranjeros, un mecanismo que ya existe para otros países y zonas económicas y que supone una “supraconstitución”, al conllevar la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las empresas pueden denunciar a los Estados por aprobar normas que reducen sus beneficios presentes o futuros.

En virtud de este tipo de cláusulas, Argentina ya ha recibido más de 40 denuncias por parte de empresas multinacionales, Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por no construir un pozo en el Amazonas, y Libia fue sentenciada a resarcir con 900 millones de dólares a un proyecto turístico paralizado, en el que “sólo se habían invertido 5 millones de dólares”, recuerda el grupo parlamentario.

Por todo ello, IU-ICV-CHA quiere que el Congreso pida al Gobierno que se comprometa públicamente a rechazar el TTIP en caso de que “incluya la armonización a la baja de las regulaciones de barreras no arancelarias como los controles de calidad y salud o las normativas laborales, o incluya una cláusula de protección de inversores extranjeros.

Fuente: Público

Crece oposición al Tratado de Comercio Trasatlántico, con sus arbitrajes paralelos y transgénicos

La Cámara de los Lores en el Reino Unido instó al Gobierno este mes a hacer adelantos en el Tratado de Comercio e Inversión de Asociación Trasatlántica (TTIP) pese a la creciente oposición que se vierte en los países de la comunidad Europa.

Los debates aumentan en todo nivel en la medida que se dan a conocer algunos aspectos controvertidos del TTIP como el hecho de no adherirse a la Justicia de los estados sino a un “polémico arbitraje paralelo”; o por no respetar las restricciones que protegen la salud europea, como las precauciones a los productos transgénicos entre otros; y por no significar realmente ganancias aseguradas, entre otros numerosos puntos de discusión.

El argumento que dieron el 14 de mayo los Lores es el crecimiento económico para Europa, citado con énfasis en la propuesta de inicio, sin embargo el medio informativo inglés International Busines Times que dio la noticia,.cita el análisis de Ferdinando De Ville, de la Universidad de Gante y Gabriel Siles de la Uiversidad de Manchester, en el que declaran que estos beneficios son dudosos.

“Los número de la tesis se presentan como estimaciones fiables del futuro mientras que en realidad son todo menos que fiables”, dijo Siles al referirse a las cifras de ganancias estimadas por los sostenedores.

“En el pasado, el uso de los modelos económicos políticos para argumentar a favor los diversos acuerdos de libre comercio han demostrado ser una falacia”, añadió el reporte, que enumeró entre éstos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN.

El Canciller austríaco Werner Faymann lleva también una creciente oposición contra el “Arbitraje polémico” con que el TTIP pretende asegurar la legalidad de las gestiones financieras, al margen de total justicia ordinaria. Se trataría de arbitrajes supuestamente independientes según propone el tratado.

La agencia Ots comentó el 13 de mayo que en Austria todos los partidos políticos se unieron en contra de los polémicos tribunales paralelos.

“Los tribunales de arbitraje no están ahí para socavar los derechos sociales y ambientales a través de la puerta trasera. Sólo si esto no se hace y se reconocen a los aspectos sociales y ambientales, podemos estar de acuerdo con ese acuerdo desde una perspectiva austriaca”, comunicó el canciller Faymann según cita la ONG Greenpeace austríaca el 26 de marzo.

“El Consejo Nacional de Austria podrá vetar los polémicos “tribunales paralelos”, dijo a su vez Greenpeace. “Hay una amplia mayoría de la población y en el Parlamento en contra” y agrega que “más de 50.000 personas firmaron una petición de Greenpeace en contra de TTIP” .

Después de un año que el Presidente de Estados Unidos Barack Obama el 12 de marzo de 2013 anunciara el inicio de las negociaciones de su país con la UE para el TTIP, ambas partes han avanzado “con total falta de transparencia: la mayoría de los textos negociados son secretos, incluso el propio mandato negociador”, según un análisis publicado por la diputada española Laia Ortiz, en conjunto con el economista Ernest Urtasun y el diputado y economista Alberto Garzón.

“Uno de los puntos más preocupantes es el mecanismo que utiliza el TTIP para la solución de controversias inversor-Estado: permite a los inversores estar al margen de la justicia y presentar sus quejas directamente a los “tribunales internacionales de arbitraje”, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas”, destacaron los políticos españoles en el documento,

A su vez aclararon que este ya “existe en otros acuerdos comerciales bilaterales y aplicado a un área UE-EEUU puede significar costes millonarios para decisiones de los Estados” .

Entre los ejemplos citados por “hipotecar el futuro democrático, económico, ambiental y social de “Estados de derecho”, están:

  • la aseguradora sanitaria holandesa Achmea ganó 22 millones de euros contra Eslovaquia por supuesto “lucro cesante” cuando este país paralizó el proceso de privatización de la sanidad.

  • Australia y Uruguay tuvieron que indemnizar a Philip Morris cuando estos países aprobaron legislaciones antitabaco más restrictivas.

  • La petrolera estadounidense Occidental recibió 1.770 millones de dólares cuando Ecuador puso fin a un contrato por incumplimiento y Canadá tuvo que pagar por una moratoria al fracking.

Según los economistas lo que pretenden empresarios de EE.UU. es “atacar el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea, para introducir sus productos prohibidos por ejemplo por causar efectos dañinos en la salud.

Además en otro aspecto de salud: “El TTIP amenaza importantes aspectos de los principios y protecciones existentes en salud pública: desde el acceso a los medicamentos esenciales y a los servicios sanitarios hasta el control y regulación del sector de la alimentación y los productos sanitarios”, comentó la Revista de Salud Europea European Journal of Public Health.

En el plano laboral se menciona que EE.UU. no tiene ratificadas 6 de las 8 normas de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lo que significaría una pérdida en derechos fundamental a vasta escala.

Según Ortiz, Urtasur y Garzón, hay que “luchar por la defensa de los servicios públicos, contra el fracking (la propuesta energética de Estados Unidos)”… y también contra el TTIP. Esto no es sólo comercio”, y citan al profesor canadiense David Schneiderman, quien alegó que el TTIP es un “nuevo Constitucionalismo, que garantiza derechos a los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos”.

El grupo político italiano Cinco Stelle se manifestó tambien contrario a la forma en que se desarrolla el TTIP. Como lema en estos días están promoviendo: “Transparencia en los acuerdos entre EE.UU y la UE.¡Queremos saber!”, comunicó el partido el 8 de mayo.

“EE.UU. y EU a las espaldas de los ciudadanos”, escribió en su twitter Beppe Grillo, creador de esta emergente fuerza política que se bate por el Parlamento Europeo.

A su vez el grupo Tsipras de Italia solicitó que el TTIP sea vetado de inmediato que el país obtenga la presidencia de la UE. A su vez condenó que “ a una multinacional le den derechos de ir a un tribunal paralelo para condenar a un país que se obstine por hacer valer los derechos de las leyes democráticas”.

Afirman con un ejemplo del queso Parmigiano de Parma, Italia, afirmando que bajo el TTIP los productos típicos de un país terminan siendo “culpables” y no víctimas, “por quitar espacio de mercado a quienes quieren hacerse llamar “Parmigiano”, aún cuando eso no sea Parmigiano”.

La mayoría de las organizaciones dicen que para los sostenedores de TTIP es bueno que los ciudadanos no sepan lo que está sucediendo, ya que se trata de quitar la protección a los ciudadanos en favor a las multinacionales.

“Bajo el ataque están las normas europeas que protegen a la ciudadanía de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o de la carne con hormonas y otras que se relacionan a la protección ambiental”, dice Tsipras.

“En Europa vale el principio de precaución, es decir lo que no está demostrado que no haga mal no puede circular. En EE.UU. vale el principio opuesto, en que es vetado solo si se demuestra que hace mal”.

Fuente: La Gran Época