El Ciadi condena a Venezuela a pagar 740 millones de dólares a Gold Reserve

El órgano de arbitraje del Banco Mundial, CIADI, ha condenado a Venezuela a pagar US$740,3 millones a la minera canadiense Gold Reserve por la expropiación del proyecto Las Brisas.

“Nos sentimos reivindicados por la clara conclusión del tribunal que el gobierno venezolano actúo ilegalmente al terminar el proyecto de Las Brisas”, dijo el presidente de Gold Reserve, Doug Belanger citado en un comunicado publicado el lunes en su sitio web.

Según el comunicado, los US$713 millones del laudo del CIADI (Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones) representan el valor de Las Brisas, una mina de oro y cobre situada en el sureste venezolano.

Otros US$22,3 millones representan intereses acumulados desde 2008 y US$5 millones gastos legales y técnicos.

Gold Reserve indicó que la cantidad debe ser pagada “inmediatamente”.

Gold Reserve adquirió en 1992 el proyecto Las Brisas, un enorme yacimiento con reservas de 10.2 millones de onzas de oro y 1.400 millones de libras de cobre, en el que invirtió US$300 millones, según la compañía.

Pero en 2009, la minera canadiense demandó a Venezuela ante el CIADI por incumplimiento de un tratado bilateral de inversiones entre Ottawa y Caracas después de que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez le revocó la concesión sobre el proyecto.

Venezuela en el Ciadi

Venezuela, el país con más demandas en curso ante el CIADI, se retiró de este órgano en 2012, cuando el gobierno cuestionó su imparcialidad y argumentó el “derecho del pueblo venezolano” para decidir sus orientaciones estratégicas.

No obstante, Caracas aún debe responder por los casos presentados con anterioridad a esa fecha.

La mayor parte de las demandas contra Venezuela en el CIADI son de empresas extranjeras que exigen ser indemnizadas por las nacionalizaciones de sus activos decretadas por el gobierno de Chávez (1999-2013).

Fuente: Estrategiaynegocios.net

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Venezuela apelará fallo arbitral sobre unidad en refinería Sweeny de Texas

El Gobierno de Venezuela ha dicho que apelará una sentencia arbitral que permite a la estadounidense Phillips 66 adquirir el 50 por ciento de su participación en Merey Sweeny, una unidad de la refinería Sweeny en Texas.

La Cámara Internacional de Comercio confirmó en abril el derecho de la estadounidense Phillips 66 de ejercer una opción de la participación de la estatal Petróleos de Venezuela en la unidad de coquefacción retardada, alegando que la petrolera venezolana incumplió con el contrato para el suministro de crudo a la planta.

“Sí claro, nosotros nos vamos a defender legalmente”, dijo a periodistas el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

La unidad tiene una capacidad para procesar 70.000 barriles por día en la refinería estadounidense Sweeny, cuyo volumen total es de 247.000 bpd.

La refinería Sweeny fue hasta el 2012 propiedad de ConocoPhillips que cedió sus activos a Phillips 66.

En el 2009, ConocoPhillips, ejerció una opción para comprar el 50 por ciento que Pdvsa ostenta en Merey Sweeny. Conoco alegó que Venezuela incumplió con un contrato para el suministro de crudo a la planta, por lo que notificó que ejercía la opción de compra contemplada en los términos de asociación entre ambas, reseñó Reuters.

Conoco interpuso un arbitraje internacional contra Venezuela en el 2007 para exigir compensación por la expropiación de un mejorador de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como varios proyectos costa afuera.

La petrolera estadounidense aspira a recibir una compensación de unos 30.000 millones de dólares, pero Venezuela se ofreció a pagar unos 2.000 millones de dólares.

Fuente: El Universal

Cinco aerolíneas se irán de Venezuela y acudirán a arbitraje internacional

Debido a la prolongada demora del gobierno en pagarle a las líneas aéreas internacionales que operan en el país, cinco de ellas suspenderán operaciones en Venezuela, afirmó una fuente de la industria que pidió no ser identificada.

Ante la amenaza que en marzo pasado hizo el presidente Nicolás Maduro al sector, de confiscar la deuda a las empresas que abandonen el país, las líneas aéreas solicitarán un arbitraje internacional, agregó.

“Las casas matrices se sienten frustradas por lo que parece ser un nuevo engaño del gobierno venezolano, que desde octubre del año pasado ha ofrecido a las aerolíneas varias formas de pago, pero hasta la fecha ninguna se ha concretado”, dijo.

A pesar de que hace cerca de un mes, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Herbert García Plaza, informó en rueda de prensa que el Ejecutivo pagaría la deuda a la tasa que fue adquirida, las empresas recibieron otra información. La fuente señaló que García Plaza y el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Pedro González, convocaron a las líneas aéreas a una reunión y les notificaron que la cancelación del compromiso sería únicamente a tasa del Sicad I.

Al principio las aerolíneas rechazaron la propuesta y exigieron el pago al cambio al que fue adquirida la deuda. No obstante, después aceptaron la oferta, según la fuente. “En ese momento el gobierno le pidió a las empresas que presentaran propuestas en relación con el número de cuotas en que querían les cumplieran el compromiso”.

Las líneas, añadió la fuente, tenían mucha expectativa de que se les comenzaran a cancelar porque en el encuentro les aseguraron que el Ejecutivo disponía de 1,1 millón de dólares para honrar los primeros pagos. “Sin embargo, transcurrido aproximadamente un mes, desde que se llevaron a cabo las reuniones, el tema cayó en el mismo limbo de las ofertas anteriores”.

Fuente: El Nacional

Anglo American inicia arbitraje contra Venezuela ante el Ciadi

La minera Anglo American, con sede en Londres, ha demandado a Venezuela por la cancelación de unas concesiones, sumándose a la larga lista de empresas que han solicitado arbitraje internacional contra el país petrolero en los últimos años.

Venezuela enfrenta casi una treintena de demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por unos 45.000 millones de dólares. Los mayores reclamos son los de las petroleras estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips.

Anglo American, una de las mayores mineras del mundo, fue propietaria del 91,4 por ciento de la mina Loma de Níquel en Venezuela hasta el año 2012 cuando el Gobierno del fallecido Hugo Chávez le canceló 13 concesiones y se negó a renovarle otras tres, según relató la firma en su sitio web.

La minera es un gran productor de diamantes, cobre, níquel, hierro, carbón y el mayor productor mundial de platino, con alrededor del 40 por ciento de la producción mundial. Además, tiene operaciones en todo el mundo.

El arbitraje fue admitido por el Ciadi el pasado jueves, pero el tribunal dependiente del Banco Mundial no dio más detalles.

En el 2012, Chávez solicitó oficialmente abandonar el Ciadi, con sede en Washington, sin embargo ello no exime al país de cumplir los fallos que emita el tribunal por casos anteriores y por todos los que se inicien hasta por un período de 10 años.

Chávez, un socialista como su sucesor Nicolás Maduro, dijo que Venezuela no aceptaría ninguna resolución del tribunal arbitral, a pesar de tener casi 30 casos pendientes.

Fuente: Notimerica

El Ciadi falla a favor de Venezuela en el arbitraje con Highbury International AVV y Ramstein Trading

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha fallado esta pasada semana a favor de Venezuela en el arbitraje que mantenía con Highbury International AVV y Ramstein Trading, respecto a las concesiones mineras Alfa y Delta, ubicadas en la zona del río Bajo Caroní.

Petróleos de Venezuela informó en una nota de prensa que “la demanda presentada en octubre de 2010, por Highbury International AVV y Ramstein Trading contra Venezuela no procedió, debido a que este Tribunal declaró que carece de jurisdicción y competencia para conocer y resolver este caso“.

Además, añadió que “los demandantes no pudieron convencer al panel arbitral respecto a que eran titulares de un derecho que fuera digno de indemnización. La parte demandante aspiraba una indemnización por más de 633,2 millones de dólares más intereses”.

La nota de Pdvsa señala que la defensa de Venezuela fue llevada por “abogados nacionales e internacionales coordinados por el ministerio de Petróleo y Minería, bajo una estrategia procesal delineada en la defensa de los intereses” del país.

Fuente: América Economia

Ecuador pretende elaborar una “lista negra” de tribunales de arbitraje internacional

JORGEGLASS

Jorge Glass, Vicepresidente de Ecuador

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, anunció hoy que el Gobierno prevé elaborar una “lista negra” de tribunales de arbitraje internacional que intentan desprestigiar a “nuestros países”.

“Hemos tomado la decisión de contactarnos con países amigos para publicar en una lista todos estos árbitros internacionales que se han dedicado a tratar de destruir a nuestros países“, dijo Glas en el informe semanal de labores en el que reemplaza al jefe de Estado, Rafael Correa, que se encuentra de vacaciones.

Glas apuntó que prevén “hacer una suerte de lista negra de estos árbitros para que Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, denunciemos este sistema corrompido de arbitrajes“.

No vamos a permitir que estos tribunales de arbitraje traten de destruir la economía de nuestros países y, todos juntos, nos opondremos a cualquier participación de este tipo de árbitros que están dedicados a destruir la economía de nuestras naciones y de ser serviles o complacientes” con compañías trasnacionales, dijo.

“La dignidad de nuestros pueblos puede más que el bolsillo gigante que tengan esas compañías trasnacionales y sus acólitos también, algunos congresistas norteamericanos que se dedican a atacar a Ecuador”, agregó el vicepresidente.

En marzo pasado, Correa aseguró que su país daría una respuesta “nacional, regional y global” ante los “abusos” que, dijo, han cometido las multinacionales, sobre todo petroleras, con demandas al Estado en organismos internacionales de arbitraje. Además, afirmó que la Asamblea Nacional denunciaría o anularía los tratados de protección bilateral de inversiones (TBI) suscritos en el pasado .Ello porque, según dijo, los TBI sólo benefician a las trasnacionales, así como los tribunales de arbitraje internacional que acogen este tipo de demandas de grandes corporaciones.

Correa puso el ejemplo del caso de la petrolera Occidental (Oxy), que ha demandado a Ecuador por supuesta infracción del TBI con Estados Unidos, aunque el tribunal arbitral que trató el caso reconoció que la compañía violó el contrato que tenía con el Estado ecuatoriano.

Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, se declaró competente para conocer el caso, pese a que no podía hacerlo según el propio contrato firmado por la petrolera, señaló entonces Correa.

También se refirió al caso abierto con la petrolera Chevron, que logró que un tribunal de arbitraje de Naciones Unidas fallara contra el Estado por no haber impedido que se aplicara una multimillonaria condena contra la compañía en un juicio entre particulares sobre contaminación ambiental en la Amazonía.

Correa explicó que los pleitos de carácter privado no están amparados en el TBI con Estados Unidos y que el juicio ambiental no lo planteó el Estado sino comunidades indígenas y de colonos de la Amazonía por el daño ambiental que consideran dejó en esa zona la petrolera Texaco mientras explotó yacimientos entre 1964 y 1990.

Recordó, asimismo, que Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, abandonó el país en 1992 y que el TBI con EEUU entró en vigor en 1997, por lo que, a su parecer, el tribunal ejerció su fallo de forma retroactiva, lo que es improcedente.

Fuente: Diario Vasco

La empresa mexicana Gruma inicia un arbitraje ante el CIADI aunque sigue negociando con Venezuela

La productora mexicana de harina de maíz Gruma presentó el pasado lunes una solicitud de arbitraje en el Ciadi por la estatización de sus plantas en Venezuela. El Banco Mundial ha indicado que no se trata de una demanda para dirimir el conflicto, dado que la empresa sigue negociando con el Gobierno los términos de la nacionalización de hace casi tres años.

La solicitud aparece como “pendiente” y sin tribunal asignado hasta que el ente decida si la demanda procede. “No es una demanda. Es una solicitud de arbitraje para que las empresas del grupo puedan seguir operando en Venezuela como cualquier empresa extranjera. Esta solicitud es un evento incidental en el proceso de negociación”, indicó el portavoz de Gruma.

Fuente: El Nacional